Fiscal General de Guatemala: Pretenden ahogarnos económicamente
No cabe la menor duda que Thelma Aldana, Fiscal General de la República de Guatemala, concita reacciones encontradas. La Guatemala demócratica y la comunidad internacional unánimemente aplauden su proceder. Los inculpados y sus partidarios quisieran “desestabilizarla” por expresarlo diplomáticamente. No es para menos: orden de aprehensión en contra del ex presidente de la república, Otto Pérez Molina; orden de arresto y juicio a dos involucrados en esclavización de mujeres; orden de captura y juicio a once oficiales de alto rango por responsabilidad en al menos seis masacres.
Las mujeres son las víctimas propicias de todo conflicto social. Han sido violadas, obligadas a servir como esclavas a sus propios verdugos e ignoradas durante largo tiempo por una sociedad indiferente.
La corrupción no ha terminado. Apenas se ha roto un orificio por donde se escapa el horror de persecuciones, malos tratos, torturas, asesinatos y desapariciones. Unos pocos uniformados son llevados a la justicia. Pero es un comienzo que hay que respaldar.
Seguramente veremos maniobras, estrategias de las defensas que buscarán la prevaricación, la prescripción, a pesar que sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No es una suposición. El general en jefe del ejército de Guatemala intentó que se derogue el artículo constitucional que excluye de la amnistía a los crímenes de lesa humanidad. Es obvio que si se solicita esa medida es porque existe la certeza de que muchos son responsables de lo imputado. Nadie pide algo de esa naturaleza si se sabe inocente.
Tras una espera larga, por razones involuntarias a la Fiscal, Thelma Aldana accede a conversar con Radio Radio MediaNaranja.
Si hay algo que ha sorprendido a la comunidad internacional es el hecho que hayan variado sustantivamente las condiciones que posibilitan la actuación de la justicia en Guatemala, décadas después de ocurridos los crímenes y masacres en contra de gente civil e inocente. Qué razones han posibilitado este cambio.
Yo tengo casi los dos años de ser Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Cuando asumí, dentro de mis primeras acciones fue reunirme con muchos fiscales para ver nuevos casos y con otros para analizar el avance de los casos pendientes. Desde luego me reuní con el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos. Le pedí que me presentara los casos –son muchos, verdad- que tuvieran algún grado de avance que había que fortalecer o mejorar la investigación.
Recuerdo que uno de los primeros casos fue el de Sepur Zarco
(durante 1982 y 1983 al menos 15 indígenas q’eqchi fueron detenidas en el destacamento militar Sepur Zarco, en donde fueron esclavizadas, con violaciones sistemáticas, obligadas a cocinar y limpiar para los propios agresores. Al menos cuatro personas fueron asesinadas y desaparecidas)
el que, precisamente, fue uno de los primeros al que empecé personalmente a darle seguimiento con los fiscales de derechos humanos.
Siempre las mujeres, en todo conflicto social, como el conflicto armado de Guatemala, son las víctimas sin estar involucradas. Sucede lo mismo con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las pandillas. El conflicto armado interno no fue la excepción, al contrario. La mujer guatemalteca fue víctima directa. La violación sexual es un instrumento de guerra y particularmente cuando se trata de la mujer indígena. Por eso, en este caso de Sepur Zarco, le pedí a los fiscales que le diéramos todo el tiempo necesario para lograr llevarlo a los tribunales. Desde luego ha habido un acompañamiento importantísimo de las y los querellantes adhesivos
(Entretanto el coronel retirado Esteelmer Francisco Reyes Girón fue condenado a 120 años de prisión por delitos contra deberes de humanidad. Por el mismo cargo el ex comisionado militar Heriberto Valdez fue sentenciado a 240 años de prisión)
Durante mi gestión también empezamos con el caso Creompaz. De la misma manera, hace dos años, se me expuso el tema, vimos que avances tenía, que hacía falta, y era bastante. Es así como se fue trabajando para llevar un caso sólido ante los tribunales del país
(Más de 500 personas fueron desaparecidas por miembros del ejército entre 1981 y 1988. Fueron llevadas a la zona militar No. 21 en Cobán, Alta Verapaz y allí fueron asesinadas y enterradas clandestinamente. Desde enero del 2012 los desaparecidos empezaron a aparecer. Se encontraron 558 osamentas repartidas en 4 fosas. 90 menores de edad, 443 adultos, 3 adultos de la tercera edad, de 22 aún no se ha determinado su edad. Once de los 14 militares sindicados en el caso Creompaz, fueron ligados a proceso)
Otro caso es el de Molina Theissen que, de la misma manera, involucra también violación sexual y desaparición de un menor de edad
(El 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar. Llevaba propaganda de estudio y discusión política. y fue trasladada a una zona militar en donde fue torturada y violada. Logró escapar 9 días después. El 6 de octubre de ese mismo año, tres miembros del ejército vestidos de civil, llegaron a la casa de la familia Molina Theissen y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe. Desaparecido hasta hoy)
Tanto a Creompaz como a Molina Theissen les di la relevancia, más que a otros casos, porque hay sentencias en uno de ellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el propio Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad. De tal manera, ya que el Estado habiendo aceptado ante la Corte su responsabilidad y teniendo una sentencia, prioricé ese caso.
Creompaz también tiene una sentencia,. Solo que es nacional. Resulta que del caso Plan de Sánchez
( El día domingo 18 de julio de 1982, día de mercado en Rabinal. Aproximadamente a las ocho de la mañana, fueron lanzadas dos granadas de mortero en Plan de Sánchez. Posteriormente, llegó un comando del ejército de aproximadamente sesenta personas. Éste separó a las niñas y mujeres jóvenes de las mujeres mayores, los hombres y los niños. El primer grupo fue objeto de maltratos, violaciones y asesinatos. Los niños y restantes niñas fueron apartados y asesinados a golpes. Otras personas fueron obligadas a concentrarse en otra casa, la que fue objeto de disparos de manera indiscriminada y de ataques con granadas de mano. Alrededor de 268 personas fueron ejecutadas en la masacre)
que se dictó sentencia en el 2012, se ordenó al Ministerio Público que investigara en relación a Creompaz por el testimonio de dos personas integrantes del ejército que dijeron que allí habían fosas con víctimas del conflicto armado interno. Por eso también le di prioridad.
Hay que priorizar, porque como Ministerio Público no tenemos la cantidad de fiscales que quisiéramos para atender más causas. Luego, le dije a los fiscales, en el caso de genocidio contra el general Ríos Montt, hagamos de cuenta que el debate es en enero. Eso se los dije en mayo del 2014. Que siguieran preparándose y trabajando en la materia como se ha hecho hasta ahora.
A 14 militares detenidos se les vincula con seis masacres. ¿Cuál es la fortaleza de las acusaciones y las pruebas en contra de estos inculpados?
En este caso de Creompaz se logró excavar 14 sitios, en donde se encontraron 558 osamentas humanas. Tenemos 97 personas identificadas por ADN. Luego, elaboramos peritajes tanto militares, culturales, que los tiene ya el Ministerio Público. Hay diversos testimonios.
A mi juicio, sin lugar a dudas es un caso sólido. El hecho es que ya subimos a más cien personas identificadas por ADN. Por ejemplo, uno de los eventos de Creompaz es la desaparición de los hombres de Pambach (incursión militar al caserío el 3 de junio de 1982), que se los llevaron integrantes del ejército de Guatemala, diciéndole a las familias que iban a prestar servicio militar obligatorio. Nunca aparecieron. A algunos de ellos ya los tenemos identificados y aparecieron en esta fosas.
En cada uno de los eventos, que son muchísimos, que se relacionan con el caso que es muy grande, porque yo estimo que es una de las desapariciones forzadas más grande de América Latina, cada uno de los casos lleva su propio material de investigación. Hago relación a los hombres de Pambach porque este evento nos evidencia cómo, población civil no combatiente, fue sacada de sus casas y apareció en Creompaz. Esto nos va dando una luz de qué fue lo que sucedió, aparte de las declaraciones testimoniales y otro tipo de elementos de investigación.
Vuelvo al caso de Ríos Montt. La evasión de la justicia mediante artilugios legales es un recurso muy socorrido, no solo en Guatemala. A tal grado que las directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, dijo recientemente que: “Al permitir que Ríos Montt, la la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esta tragedia?
Es complicado porque este es un caso que lleva ya muchos años ventilándose en los tribunales.
Aparentemente la salud del general está en detrimento y en Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, así lo ha documentado en el expediente. Ante eso, como Ministerio Público, no podemos hacer más que seguir en lo que el litigio judicial nos lo permite. Lo que sí le puedo asegurar es que los fiscales que están a cargo del caso lo están batallando con objetividad y transparencia como debe ser la función del ministerio.
Entonces ya el general no puede estar presente en juicio, sino a través de un defensor. En esa medida estamos litigando el tema.
Las presiones adversas al cumplimiento de la justicia. Hace ya muchos años atrás, en una ocasión que visité Guatemala, fui testigo cuando un alto representante del estado Guatemalteco que tuvo que abandonar nuestra conversación porque había sido llamado por teléfono por un alto oficial del ejército, molesto por alguna actuación de esa persona. ¿Termino ese tiempo?
Yo le puedo responder por mí, tampoco por ese hecho que desconozco y que esté sucediendo con otras personas en este momento. Pero a mí, no ha llamado nadie. Lo he dicho reiteradamente, si alguien me llama para presionarme lo someto a los tribunales. A la Fiscal General de Guatemala no la puede presionar nadie. Este es un mandato legal que yo observo con mucho cuidado. Entonces, sin no le llevado a nadie a los tribunales por tratar de presionarme es porque nadie lo ha hecho.
¿Hay pese a todos los pesares una nuevas relación impunidad-justicia en su país?
La impunidad tiene muchas aristas. Impunidad es no denunciar y observar silencio. O denunciar y que el sistema de justicia no resuelva aquella denuncia. Cuando asumí como Fiscal General encontré un millón doscientos ochenta mil casos en mora. Aparte del medio millón que se recibe cada año y que se está tramitando.
Encuentro que desde que asumí como Fiscal se me ha tratado de ahogar con el presupuesto del Ministerio Público. En ese contexto, por supuesto que hay impunidad. Es evidente la falta de apoyo de quienes deben de hacerlo, Presidente de la república, El Congreso, el ministro de Finanzas, particularmente el gobierno anterior. De éste todavía le estoy dando el beneficio de la duda.
Ahogar al Ministerio Público con el ahogo que ya tiene en los casos y de medio millón de denuncias al año y una ausencia en la geografía del país, porque Guatemala tiene 340 municipios y solamente tenemos fiscalía en 34 de ellos, por supuesto que hay impunidad. Y no va a mejorarse la situación de la impunidad en la medida en que no se le dé al Ministerio Público el apoyo de presupuesto que se requiere.
El organismo judicial tiene una situación similar, aunque es más dramática la nuestra, que es un ente al que se le castiga porque trabaja, se le castiga porque tiene voluntad política de contribuir a cambiar las cosas en este país.
Esa relación impunidad-justicia, en cuanto a la primera, todavía se mantiene. En cuanto a la justicia estamos dando pequeños pasos para combatir, precisamente la impunidad y la corrupción.
La reacción internacional ha sido de unánime aprobación por el hecho de que las gestiones que usted ha realizado como Fiscal, tienden a avanzar en el camino en contra de la impunidad. Qué significación tiene este hecho.
A mi juicio es un acompañamiento vital para el país y el Ministerio Público. Por eso valoro muchísimo este respaldo.
Creo que si hablamos de Guatemala se necesita tener los ovarios muy bien puestos, perdóneme usted la expresión, para poder encabezar una acción de esta naturaleza. ¿De dónde saca usted la fortaleza?
De mi amor a la justicia, de mi convencimiento de que en la medida en que prevalezcan tanto la Constitución como las leyes, podemos cambiar. Podemos ayudar a combatir la pobreza, la desnutrición, la violencia contra la mujer. Atención en general a personas que la misma sociedad ha colocado en situación de vulnerabilidad. Es que la corrupción hace daño a las personas más pobres. Entonces, mi convicción de que la ley debe prevalecer sobre cualquier interés particular me lleva actuar dentro de la ley.
