La nueva ley de medios de México, objetivos traicionados

El Senador Javier Corral y miembros del Frente por la Comunicación Democrática en el estado de Chihuahua, desde el momento mismo de la aprobación de la nueva ley de medios han declarado que no desistirán en su lucha por la democratización de los medios. Corral es un convencido que el tema más traicionado con la reciente aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, es el combate contra los monopolios mediáticos que dominan México, lo que demuestra que una vez más no se han tomado en cuenta los derechos fundamentales de los mexicanos.

«La ley queda a deberle a las audiencias la garantía plena de sus derechos, toda vez que además de ser el catálogo muy limitado, deja la autorregulación de los propios medios en cumplimiento de estos derechos que debían de ser incorporados dentro de las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dejar la autorregulación de los códigos de ética es dejar las cosas como están, porque hasta ahora, así ha sucedido. Y la legislación carece de un fomento real de la producción independiente,  tal y como la Constitución ordenó desarrollar los mecanismos para ello y no se aceptó la creación del fondo para el fomento de la producción nacional independiente, un mecanismo con el que buscábamos impulsar una diversidad y pluralidad de contenidos en materia de radio y televisión, y obviamente para aumentar la calidad de dichos contenidos».

Corral Jurado reconoce que se ha agregado a la nueva ley un estímulo a toda aquella radiodifusora que apoye productos y proyectos de carácter independiente, pero se plantea de forma ambigua quién puede ser considerado productor independiente y ajeno a la corporación radiodifusora. «Ha quedado un estímulo de comercialización a los concesionarios de radiodifusión comercial para que contraten un porcentaje de producción nacional independiente, sin embargo, y es en lo que insistimos hasta el final de la batalla, que debía modificarse la definición de productor independiente, para que realmente este incentivo recayera en quienes no tienen una relación directa o indirecta con las empresas concesionarias.»

Corral Jurado ha pedido a los reporteros y profesionales de la comunicación informar a colectivos y periodistas sobre los contenidos reales y consecuencias de la ley de telecomunicaciones, y con ello difundir lo que realmente significa. El pedido lo ha formulado ante la falta de debate que imperó en la Cámara de Senadores: «No hubo en el Senado debate alguno de ninguna reserva, yo presenté 83 en total, y ninguna fue sometida a debate».

Esta es una entrevista exclusiva con el senador Corral en la que expresa sus reparos a la nueva legislación sobre medios en México.

J.Z. Después de leer diferentes ángulos de esta nueva ley de comunicaciones de México, uno podría llegar la conclusión que no es ni tan buena como levantarle un altar ni tan mala como para rechazarla de plano.

J.C. El balance general no es el que nosotros hubiéramos deseado, porque la reforma constitucional, que aprobó el congreso el año pasado, daba para mucho más. Estaba llamarda a ser concretada en la ley secundaria en una serie de figuras, de conceptos y de derechos que se establecieron. La reforma queda chica, a deber en muchos temas que se incorporaron por primera vez en la Constitución.

Hay una parte que podríamos señalar como positiva de la ley: la regulación a los agentes económicos en el sector de las telecomunicaciones. Particularmente la regulación que se hizo en el tema de la telefonía, en donde a los agentes preponderantes, se les imponen medidas asimétricas para obligarlos a una competencia mayor, para comprometerlos con los derechos de los usuarios de estos servicios.

Sin embargo, en aquella parte que fue uno de los objetivos más importantes de la reforma constitucional, que es la democratización de los medios de comunicación, el regular correctamente a la radiodifusión, no tuvo el mismo tratamiento.

Diría que la ley tiene un desequilibrio regulatorio evidente en favor de las televisoras. Un sector que en nuestro país se ha mantenido como un monopolio mediático y político tanto en el ejecutivo como en el congreso. Entonces, la ley tiene cosas buenas, sí; pero ha quedado en deuda con muchas más cosas y también tiene regresiones, cuestiones muy contradictorias con la Constitución que vulnera derechos fundamentales en el ámbito que más nos ha interesado a nosotros a lo largo de muchos años, que es la garantía de los derechos de las audiencias, del ciudadano como destinatario final de la comunicación, como sujeto esencial de la democracia en su relación con los medios de comunicación. En este ámbito ha quedado muy mocha la legislación secundaria.

J.Z. Qué va a pasar con los medios públicos. Se temía, antes de la aprobación, que estos iban a perder autonomía, que pasarían a depender exclusivamente de las autoridades, tanto para su funcionamiento como para los contenidos. ¿Ha cambiado ese sombrío panorama?

J.C. Esta es la mayor ausencia. Vamos a decir, la omisión más dolorosa de la legislación secundaria es el tema de los medios públicos. Mientras que la reforma constitucional estableció un conjunto de lineamientos a desarrollarse en la ley, en materia de opciones de financiamiento, mecanismos de participación ciudadana, reglas para la transparencia y la rendición de cuentas, acceso a las nuevas tecnologías, defensa de sus contenidos. La legislación secundaria omitió desarrollar estos lineamientos para dotarlos de una mayor independencia política, una mayor autonomía y, simplemente reiteró lo que la Constitución ordenó que se desarrollara.

Aquí es donde identificó el mayor faltante, porque estábamos llamados a equilibrar de una mejor manera el modelo comercial con el modelo público, que en nuestro país, a lo largo de la historia de la radiodifusión, ha prevalecido un modelo comercial. El Estado mexicano nunca le ha apostado a los medios de servicio público. Cuando lo ha hecho ha sido fundamentalmente para utilizarlos con fines de propaganda política, como instrumentos al servicio del gobernante de turno. En la reforma constitucional nos habíamos propuesto generar las condiciones para que se reequilibrara el modelo público frente al comercial. Se revalorara.

Se pudieron atajar algunas cosas que estaban colocadas como absurdos. Por ejemplo, el hacer depender a un organismo nacional de radio, de tradición de servicio público, de la tutela de la Secretaría de Gobernación. Quedó como un organismo descentralizado, pero no le ha dotado de los elementos suficientes para garantizar la pluralidad, la diversidad, la independencia política, la autonomía de su funcionamiento. Se ha dejado de desarrollar estos lineamientos fundamentales que podrían darle a los medios públicos una mayor presencia. Obviamente la posibilidad de ingresos adicionales a los del presupuesto público. Hubo una gran resistencia para que se admitieran otras formas de patrocinio o de ingresos por la venta de publicidad, así fuera en una mínima proporción. Esto los hace depender del subsidio oficial, que en nuestro país no tiene las reglas de transparencia y de autonomía que tienen otros países del mundo. Los medios públicos en la mayoría de los países se financian a través de recursos públicos. Acá hay una discrecionalidad que los deja a la deriva, de la buena voluntad, o de la voluntad en turno.

J.Z. ¿Y eso afecta directamente, por ejemplo a las radios universitarias?

J.C.  A todo el sector público, a las radios universitarias, a los sistemas de radio y televisión de los Estados, al conjunto de medios del gobierno federal, incluida la Comisión Nacional para Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, porque no les ha garantizado la legislación un estatuto propio, no les ha reconocido su madurez. Nosotros tenemos canales de televisión de servicio público o del Estado, desde hace más de cincuenta años. El canal once, luego el 22. Son medios que ya han acreditado una madurez en nuestra realidad y que merecían tener un reconocimiento jurídico pleno para que se desarrollaran los mecanismos de su autonomía y esto no ha sucedido.

J.Z. Me decía un destacado profesor mexicano en una reciente entrevista que si los mexicanos estaban esperando que el gobierno resolviera los grandes desafíos del país, en este caso de la comunicación, podían quedarse esperando mucho tiempo…es decir que la mayor confianza no debería estar necesariamente en el Estado, sino en otra parte, en la movilización social, en la participación más acerada de la sociedad civil. En síntesis, para que cambien los medios deberían cambiar primero elementos fundamentales de la sociedad.

J.C. A este proceso legislativo le ha faltado una mayor participación social y sobre todo, informada. El debate tiene una paradoja, la discusión sobre el tema de la democratización de los medios, cuanta con muy pocos medios de comunicación para hacerla efectiva. Esto implica que la gente no esté debidamente informada de las consecuencias de una legislación como esta. Incluso que pueda tener cauces de participación.

Nosotros tratamos de construir a lo largo de este proceso una base social de apoyo a las iniciativas de reforma integral. Sin embargo, un esfuerzo muy arduo, muy complejo, en condiciones muy adversas y fundamentalmente concretado en el ámbito académico, en el político, en el de los defensores de los derechos humanos. Por cierto que falta una mayor participación social para que este tema tenga una revalorización en términos de la propia clase política.

Si la única presión que el congreso y el Estado sienten es la de los intereses económicos de las empresas que se dedican a operar los medios, esa es la presión que contará al final de cualquier proceso, ya sea legislativo o de administración de la comunicación social en nuestro país.

Entonces, comparto que hay un déficit de ciudadanía que también se explica por la concentración que tenemos de muchos medios en unas cuantas manos. Pero ese fue el gran objetivo de la reforma constitucional, abrir la cancha para que hubiera más jugadores, incluso con medidas para desconcentrar a los actuales, para imponer límites a la propiedad cruzada de medios, a la concentración regional y nacional de  frecuencias y que son los objetivos francamente traicionados en la legislación secundaria.

El tema de medios no sufrió los cambios que la Constitución planteó y ello, por una valoración de la poca incidencia o exigencia social que tuvo esta materia.

J.Z. Perdone que insista en una pregunta que le hecho a través de los años, pero es que me sigue pareciendo paradójico que un representante de lo que se supone la derecha mexicana tenga una actitud mucho más cercana a lo que se busca democráticamente de aquellos que se dicen de la izquierda en México.

J.C.  Yo he colocado por encima de los intereses partidistas o de grupo el interés general. El tema de los medios de comunicación, efectivamente era incluso una causa de la izquierda mexicana durante mucho tiempo que fue abandonada conforme el pragmatismo en el que han venido cayendo las distintas posiciones ideológicas.

El tema de los medios de comunicación lo veo como un asunto que va más allá de las ideologías, más allá de las diferencias doctrinarias o filosóficas entre los partidos. Este es un tema esencial de los derechos humanos porque se trata del instrumento que posibilita derechos fundamentales como el de la expresión, el de la información, que son pilares en los que descansa el sistema democrático y en el que una democracia puede funcionar. No hay democracia sólida, fuerte, efectiva, sin un sistema democrático de medios de comunicación que le den a los ciudadanos los elementos de juicio, la información suficiente y objetiva para tomar las decisiones correctas. Y desde este mirador yo he colocado mi preocupación y he buscado construir un movimiento plural de legisladores de distintos partidos. También lo hemos logrado en esta ocasión, a veces contra la corriente en el propio PAN, porque es un tema que atraviesa muchos intereses multimillonarios, cuando converge sobre todo con comunicaciones y esos son los intereses a los que uno se enfrenta independientemente de la ideología en la uno milita.

J.Z. No teme usted, y ya no hablo del país sino a nivel internacional, que el Presidente de la república se apunte un mérito más en el sentido transformador de México, de modernización del país a pesar de estas víctimas del proceso.

J.C. Eso es lo que está montado. Toda una campaña para plantear un espíritu reformador e innovador. Pero lo que dice la ley secundaria no es así. Realmente pronto se va a demostrar la pifia que se ha cometido en la aprobación de esta ley secundaria porque los resultados, tarde o temprano, exigirán en torno a las metas que se anuncian.

No dudo que vamos a tener ahorros en materia de larga distancia porque se elimina ese cobro, pero reducir una reforma constitucional, como la que nosotros hicimos, a un plan tarifario de telefonía, no hace más que descubrir la pobreza y limitación de una reforma que estuvo llamada a combatir a los grandes monopolios. Cosa que no sucederá, porque se mantendrá el mismo sistema de gestión de los medios de comunicación en manos de unos cuantos.

La propaganda oficial podrá funcionar en los próximos meses, se podrá apuntar Peña Nieto esto como un logro, pero en el mediano plazo se verá que esta legislación no va a traducir las metas que se han anunciado.

Creo que el gobierno está tan consciente de que ha quedado mocha la reforma que ha tenido que echarle más imaginación a la propaganda oficial antes que sustentarla realmente en disposiciones efectivas en esta nueva legislación. Ha tenido incluso que echar mano a cosas que no vienen en la ley o que no son asuntos de legislación, sino más bien de política administrativa.

Yo sí creo que a mediano plazo nos encontraremos con el balance verdadero y a partir de ahí vamos a poder calificar si lo que se considera como un avance o paso reformador lo fue en realidad o no.

Ver también:

Libertad de expresión

México