Los 134,257 desaparecidos son un puñal clavado en el alma de México

«Hay que mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido.» Así expresaba Julio Cortázar la lucha por la memoria. Olvidar es matar a los desaparecidos dos veces. Rubén Ortiz Rosas es doctor en historia moderna y contemporánea de la Universidad Autónoma de México (UNAM)

He leído su estudio, los indicios relegados sobre los destinos finales de los desaparecidos. Es singular porque creo que el caso mexicano podría ser una excepción en el contexto latinoamericano, en el sentido de que en la mayoría de los países existe la convicción de que los desaparecidos están muertos. Sin embargo, para usted hay cuatro indicios distintos de lo que podría ser el destino de los desaparecidos. Comencemos por los desaparecidos en la indigencia.

Hablo de los desaparecidos de los años 70-80. He trabajado con familiares de personas desaparecidas. Ellos cuentan que en las reuniones con autoridades les decían a modo de mofa: “¿Por qué no salen a buscarlos a las calles?” Las mamás, las esposas decían, pero si ustedes se los llevaron porque no los liberan.

Hasta que fueron apareciendo los primeros desaparecidos. Llegaban en pésimas condiciones, similares a la indigencia, e incluso algunos contaron que vieron a más compañeros ser liberados, pero que estaban mal de la cabeza, como consecuencia de la tortura, y estaban como ausentes y quedaban en las calles; pero no sabían los nombres.

Lo lamentable es que la vida en la indigencia es muy corta. Creo que un español y un gringo coinciden en que la esperanza de vida de una persona indigente es de dos años. Creo que en América Latina y especialmente en México, y más en esa época, es de unos meses.

El segundo caso es el traslado de personas arrestadas desaparecidas a clínicas psiquiátricas.

Aquí nos enfrentamos a una situación en la que la información podría estar en los archivos; son archivos que nos han querido abrir la clínicas psiquiátricas. Hace 20 años, cuando Vicente Fox era presidente, creó la Fiscalía Especial para investigar delitos del pasado, encontraron registros de personas que estaban desaparecidas que pasaron por hospitales psiquiátricos. Uno de ellos se llamaba Freddy Cancel. Tenía un registro en un hospital psiquiátrico. Creo que su último movimiento dentro del hospital fue en 1990. Ya llevaba más de diez años desaparecido.

Luego los hospitales psiquiátricos se dispersaron por el país en unas especies de granjas y quedaron en zonas bastante deshabitadas. Nadie se ha atrevido a ver qué pasó dentro de estos espacios.

El tercer caso son las prisiones dentro de las prisiones.

En el 2007, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que había dentro del penal de Santa Marta, un espacio llamado Zhao, que era Zona del olvido o zona cero, como se le quiera llamar. Era un dormitorio al que llevaban a los detenidos. Una especie de jaula de acero que controlaba las puertas con soldadora autógena, de gas. O sea, quien entraba ahí jamás salía. Solo había una persona dedicada a darles de comer. En la página del Gobierno de la Ciudad de México se reconoce la existencia de este espacio. Lo que no dicen es qué pasó con los detenidos hasta 2007. Desmantelaron el lugar cuando gobernaba la izquierda en la Ciudad de México. Hablamos de un tercer periodo de una izquierda gobernante que mantenía este lugar. Nunca informaron, nunca han dicho qué pasó con la gente que estaba allí.

Hay testimonios de detenidos que estuvieron con presos en pésimas condiciones. Estaban mal de la cabeza porque los tenían aislados. Llevaban meses, algunos años, en aislamiento total. No tenían luz. Ni siquiera tenían dónde hacer sus necesidades. Solo había un hoyo por donde tenían que meter la mano para sacar agua. Ellos vieron a los desaparecidos.

El caso es que esas personas no las anotaban en el registro oficial de la prisión; entraban en secreto. Este es el chiste macabro de la desaparición, negar la retención.

En algún momento, en algún lugar, debió haber un registro. Si nosotros pedimos transparencia o información pública de los detenidos, no la darían, a pesar de que el gobierno admite que existió hasta el 2007.

Casualmente, en el terremoto del 2017, mientras la ciudad estaba colapsada, irónicamente metieron maquinaria en esa primera semana y demolieron la cárcel. Ya no existe, aduciendo daños estructurales, pero no es cierto. El Estado busca borrar los rastros.

Nosotros, cuando investigamos, ¡de repente llega el Estado y! ¡pum! Termina por borrarlo. Irónico porque se supone que gobierna la izquierda en el país.

El cuarto tema se relaciona con el traslado de  personas desaparecidas a las Islas Marías.

Las Islas Marías fueron un espacio de castigo. A mediados del siglo pasado eran presos obligados a trabajar en unas salinas. Eran jornadas extenuantes, casi de esclavitud. Ahí se mandaba a detenidos peligrosos. En cierto momento empezaron a llevar gente vinculada a la izquierda. Hasta que empezaron a llegar a la ciudad delincuentes comunes que habían estado en las Islas. Buscaban a familiares de desaparecidos para contarles: Yo vi a su esposo; él quiere que ustedes sepan que está bien.

Las Islas Marías han estado siempre bajo control militar. Solo a través de la Marina se puede llegar al lugar. Cuando el presidente Vicente Fox abrió la Fiscalía Especial, algunas familias pudieron viajar a las islas. Cuando pidieron los libros de registro, casualmente en los años en los que se suponía que sus familiares habían estado en las islas, los libros habían desaparecido. Dicen que un huracán los destruyó. En conversación con detenidos de la tercera edad, confirmaron que había hombres de Guerrero. Gente que había estado en la guerrilla. Les contaron que les daban un trato peor que el de los demás reclusos. A algunos los dejaron morir en las salinas. Además, tenían un dormitorio especial para evitar que se mezclaran con los demás presos. Pero ellos se las arreglaban para hablar.

A veces los trasladaban; los militares se los llevaban de noche, en secreto. Todo quedó casi como un rumor.

Toda esta zona del penal, el presidente Andrés Manuel López Obrador la transformó en una zona turística controlada todavía por la Marina. Dicen los nuevos marinos que cuando llegaron había registros, pero les ordenaron tirarlos.

De lo registrado hay un caso de desaparecido en 1903. Se trató, creo, de casos no normalizados por el Estado hasta que llegó la Guerra Sucia en los años 70-80. En el 2006, con la declaración de guerra al crimen organizado del presidente Calderón, aumentó la desaparición de miles de personas. Seguramente alguien no muy enterado del asunto diría: pero los desaparecidos por el crimen organizado son algo distinto del Estado. Pero esa gente ignora que no en todas, sino en numerosas ocasiones, hay connivencia de representantes del Estado con el crimen organizado para desaparecer personas.

En buena medida, el crimen organizado actúa como una especie de paramilitarismo oficial. El gobierno mexicano, como institución, lleva décadas perfeccionando sus formas de represión. Usted comenzó con algo importante, mencionando que sale de esta cotidianidad represiva latinoamericana de dictaduras en las que se tiene la certeza de que están muertas. Acá es algo más complicado. En México se tiene la sospecha de que se hacía una especie de juicios secretos contra las personas que estaban detenidas en los años 70-80 y se decidía lo que iba a pasar con ellas. Al parecer, para algunos, la ejecución; para otros, cadena perpetua en espacios secretos.

Hablamos de un estado que fue el primero en usar abiertamente al Ejército, a la Marina, contra sectores de la población, porque era específica. No fue generalizada y en los casos en que se aproximó a ello, casi provocó una revuelta. En los años 70 ya sabían que sacar al ejército a las calles era peligroso. Entonces recurrieron a grupos paramilitares. De repente arrasan con las poblaciones indígenas y el lugar queda desolado. Después llega una minera canadiense. Actualmente el Sindicato Minero Nacional denuncia que las mineras canadienses contratan grupos de delincuentes para amedrentar, asesinar, expulsar y desaparecer a trabajadores para favorecer la llegada de estas compañías. El Estado pareciera ser un observador. No obstante, se aprueban los permisos legales para estas compañías. Así es justo hablar de una tercerización de la violencia, bajo participación estatal.

Según datos oficiales, existen a lo menos 135.000 desaparecidos en México. Paralelamente, el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma que el Estado mexicano tiene una robusta institucionalidad jurídica para proteger a la gente y condenar las desapariciones.

Se ha creado todo un entramado judicial para la protección. Pero ¿de qué nos sirve la ley si no se lleva a la práctica? Si no se ejecuta. Se habló mucho de la gran reforma judicial implementada por el Estado mexicano. Pero es una reforma judicial que no tocó la base. ¿De qué nos sirve que tengamos jueces políticos cuando la policía encargada de hacer las investigaciones, los ministerios públicos o la misma Fiscalía están coludidos o desbordados en el mejor de los casos, están desbordados en el peor? ¿De qué nos sirve a la gente de a pie que exista un entramado jurídico como la Constitución mexicana de 1917? Era de lo más novedoso del mundo, pero siempre fue letra muerta. Es la ironía de la vida.

Existen, según estimaciones, a lo menos 500 agrupaciones de mujeres buscadoras de sus parientes desaparecidos. Esto muestra una medida de la impunidad.

De hecho, se trata de un Estado perverso. Por un lado, no investiga y delega la búsqueda. No hay que olvidar que investigación y búsqueda no son sinónimos. Delega la búsqueda en las familias. Crea una institución que se supone que es una comisión de búsqueda con facultades para investigar. Legalmente, la única facultada para investigar es la Policía Judicial o la Fiscalía, pero están desconectadas de la búsqueda. Crean una segunda institución: las comisiones de búsqueda. Hay 33 en la zona federal y en cada estado. Sin embargo, tampoco buscan y terminan haciéndolo las familias. La desesperación familiar es entendible. Sin embargo, es una desesperación que el mismo gobierno ha fomentado incluso en las comisiones de búsqueda o desde las instituciones gubernamentales de derechos humanos, no las autónomas, sino las que manejan las secretarías de Gobierno. Ellos mismos resguardan los instrumentos con los que las mamás o las agrupaciones salen a buscar. Lamentable porque buscan muertos. Actualmente, la desaparición es sinónimo de muerte. Un ejemplo, si a mí me desaparecen hoy, mañana mi familia va a buscar un cadáver y va a salir al monte a buscarlo. No van a pedir mi liberación. Independientemente de si a mí me llevó la policía. Es lamentable. Naciones Unidas establece que a un desaparecido se le debe buscar con vida hasta que haya indicios de lo contrario. Las familias que salen a buscar con unas varillas que entierran. Salen con palas, con cualquier cosa para remover la tierra.

Como han ido aprendiendo, han hallado restos. Los exhuman y los mandan a las fiscalías o esperan que lleguen las fiscalías, lo cual casi nunca sucede. Entonces ellas se encargan de los traslados de los restos. ¿Cuál es el problema? Que rompen la cadena de custodia. Si en algún momento se llegara a detener a sospechosos, el abogado defensor preguntaría: ¿Cómo sé que esos restos fueron encontrados? ¿Cómo sé que ellas no los sembraron? Como no hay cadena de custodia, van a engrosar la impunidad. Si estos grupos de búsqueda han encontrado, supongamos, 20.000 restos humanos, son 20.000 casos de impunidad total que el Estado ha fomentado porque no hubo cadena de custodia. Y al final, cuando se exija justicia, siempre va a pasar, el gobierno mexicano se defenderá: “ustedes los buscaron, ustedes los encontraron, ustedes háganse bolas”.

El 10 de mayo, Día de las Madres, algunos partidos y funcionarios que han competido en elecciones regalan instrumentos de búsqueda, sean palas o varillas, a madres buscadoras. Tristísimo cómo juegan con el dolor. Y de eso no se habla. Incluso instituciones extranjeras que llegan a México a analizar el caso hablan de crisis forense como sinónimo de desaparición. Cuando crisis forense no tiene nada que ver con desaparición forzada; lo que no nos dicen es que la cantidad de dinero que el gobierno mexicano da a estas organizaciones para que hablen de crisis forense, pero no de desaparecidos.

Una pregunta en dos partes. La primera. Supongamos que el Estado digiera; vamos a resolver definitivamente el caso de los desaparecidos. Daremos órdenes a las fuerzas armadas, a las procuradurías y a los servicios de inteligencia, que entreguen toda la información disponible para que terminemos de una vez por todas con esto. ¿Se resolvería el problema?

Probablemente sí, porque estaríamos viendo la perversidad del sistema mexicano. Algo que no se ha querido admitir es que la base del sistema político mexicano es la violencia. Sería revelar todo y mostrar esta inequidad. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García, que, incluso, políticamente, se presume como Omar Jarmusch, omite decir que su primer apellido es García. Su papá era Javier García Paniagua, jefe de la Dirección Federal de Seguridad. En la que ocurrieron cientos de torturas y desapariciones forzadas. El abuelo fue Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, durante la masacre de Tlatelolco, en 1968. Es que es un rollo familiar. Grandes narcotraficantes del país eran egresados de la Dirección Federal de Seguridad. Qué casualidad.

Usted respondió gran parte de la pregunta. Es que es prácticamente una estupidez. Quiero decir, no lo van a hacer nunca.

No, es jugarse el sistema político entero. Existe una oligarquía que vive del dolor. Un ejemplo: Carlos Slim, su hermano Julián, fue subdirector de la Dirección Federal de Seguridad. Nunca se ha explicado cómo fue su cercanía al poder para comprar Telmex con crédito. Es el caso de familias completas de la oligarquía mexicana que harán todo lo posible para que esto no salga a la luz pública.

Acabo de recordar la declaración de una funcionaria del Estado que cuando le preguntaron sobre sobre el tema dijo: La prioridad número uno de este gobierno es conocer la verdad y aclarar el tema de los de los desaparecidos. Me pareció un mensaje protocolar.

Yo acompaño a algunas familias de desaparecidos. Eran miembros del Comité Eureka, creado por Rosario Ibarra. Las acompaño a la Fiscalía. Irónicamente, es bueno el trato cuando sus casos son mediáticos. Cuando termina el periodo, nos alargan las citas. Primero, las reuniones son cada semana con grupos de trabajo. De repente, no. El Ministerio Público no está disponible. Se alargan las citas. Últimamente son una por año. Ya ni siquiera nos recibe el MP, sino los secretarios. El lenguaje es el mismo: “Ya estamos cerca, estamos obteniendo resultados”. Es tremendo ese protocolo retórico.

Sabemos cuál es la actitud del Estado y sus representantes. Sabemos cuál es la actitud de las organizaciones de derechos humanos y de las madres buscadoras de México. Lo que no sabemos es cuál es la actitud de la sociedad mexicana.

Bastante lamentable. Carlos Monsiváis escribió sobre la nota roja. Él decía que vemos la nota roja con una curiosidad morbosa, porque esperamos nunca encontrarnos ahí; pero, irónicamente, la nota roja es el único espacio donde el pueblo puede aparecer en el diario.

Cuando se le pregunta a la gente, dice: sólo sé que desaparecen porque en algo andaban o algo hicieron. Trabajo en el Museo de la Memoria del Comité Eureka. A veces me toca dar guías a la gente, una introducción al museo. Les pregunto si conocen a algún desaparecido. Lo más tremendo es que en los últimos años las personas conocen a gente desaparecida, tienen una vecina, una prima, un hermano o una hermana. Entonces pregunto: ¿a quién conoces? ¿Estaba metido en algo? No, no lo estaba. Solamente un día ya no regresó a casa.

Es un infierno. ¿Qué hacemos? Nos rehusamos a ver. Verlo es un espejo en el que no queremos reflejarnos.

Me da la impresión de que en México algo se ha roto.

Estamos en una distopía. Cuando le pregunto a la gente que estuvo en grupos armados, en guerrillas, que fue luchadora social, qué piensa, nunca esperó que esto pasara. Nadie se imaginó este desenlace. Es gente que no tiene trabajo porque no lo hay. Y cuando salen a buscar trabajo, resulta que es publicidad falsa y los secuestran, los desaparecen. No hay salida. No hay para dónde ir. Ya ni siquiera se puede migrar. No hay forma. Estamos en el hoyo y es una realidad tremenda de aceptar.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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