La nueva justicia guatemalteca
Hubo un período largo en la historia de Guatemala en donde el predominio de la fuerza como forma de resolución de conflictos en el país, puso a la justicia en una condición marginal. Esta marginalidad se ha expresado en muy diferentes carencias y limitaciones: desde el hecho de que ser juez ha sido una ocupación casi despreciada socialmente, hasta la desatención presupuestal sistemática del Estado hacia el Organismo Judicial (Luis Pásara). Hubo es pretérito indefinido, porque algo está cambiando en Guatemala. Desde hace a lo menos dos años se han dado pasos significativos en contra de la corrupción y de la impunidad. Ese desarrollo es el resultado de una creciente presión de la sociedad civil que exige cambios orientados a fortalecer el estado derecho y una justicia independiente y confiable.
La aprobación de una nueva ley para la carrera judicial, en junio de este año, obedece al mismo propósito.
Esta evolución democrática cuenta con el amplio respaldo de la comunidad internacional, de los países donantes y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Hasta Holanda llegaron, hace escasos días, cuatro jueces relevantes de la nueva realidad judicial del mayor país de Centroamérica.
Yassmín Barrios, jueza presidenta del Tribunal que, el 10 de mayo de 2013 sentenció al ex Jefe de Estado (1982-1983) y general retirado José Efraín Ríos Montt, a un total de 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Días después, el fallo fue anulado por la Corte de Constitucionalidad por vicios de procedimiento.
El juez Miguel Ángel Gálvez, desde hace cuatro años está al frente del Juzgado de Mayor Riesgo B. En su judicatura ha conocido casos de alto impacto como el proceso en contra de Eduardo Villatoro Cano, por la masacre de policías en Salcajá, Quetzaltenango, y la desaparición de Cristina Siekavizza. En el último año ha tenido a cargo los casos La Línea, TCQ y Cooptación del Estado.
Haroldo Vásquez Flores, es Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. La Asociación proclama la integridad y la lucha en contra la corrupción en el ámbito judicial guatemalteco, a través de fortalecer la independencia judicial.
Claudia Elvira González, es jueza especializada en delitos de feminicidio y violencia contra la mujer. En Guatemala, entre el primero de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 se recibieron, en el Ministerio Público, 262 denuncias de feminicidio.
La recreación de la justicia guatemalteca no está exenta de dificultades y riesgos. Mientras producíamos el programa audiovisual, en vídeo, texto y sonido, nos enteramos de la amenaza en contra de Thelma Aldana, Fiscal General de la nación, que elevaron al máximo la alerta para preservar su vida. La Jefa del Ministerio Público dijo que se le advirtió que la organización criminal que planifica el atentado exige que se realice de inmediato. Es obvio que se trata de recursos utilizados por acusados o perseguidos por la ley, pero esa obviedad no reduce en nada la magnitud del propósito criminal.
Paralelamente, los actores en la sombra buscan establecer una relación entre la amenaza a la Fiscal General y la gira de los cuatro jueces. Han publicado en Facebook una foto de los jueces en la que supuestamente han sido comprados en euros para denigrar a Guatemala en el ámbito internacional. Como la mayoría del país no tiene acceso a lo que dicen los jueces en esas reuniones los impugnadores pretenden engañar apelando al patriotismo. Nada está más alejado de la realidad. Los jueces guatemaltecos que han estado en Holanda y ello queda reflejado en el vídeo, en la grabación y en el resumen escrito de la conversación tienen dos propósitos irrevocables que han repetido incansablemente en sus reuniones y actos públicos: fortalecer una justicia independiente y confiable y apoyar todo esfuerzo por solidificar el estado derecho en Guatemala. En su sector equivale a una justicia ajena a las rencillas ideológicas, a las intimidaciones de cualquier poder y esforzada en dictar sentencias apegadas a la ley sin distinción social, política o económica de las inculpados.
