Recuperación de la justicia en Guatemala con rostro de mujer

El Tribunal de Mayor Riesgo C, condenó a 58 años de cárcel a tres militares retirados a 33 años y a un soldado por la desaparición del menor Marco Antonio Theissen y el secuestro, torturas y violaciones a su hermana, Emma Guadalupe Molina. En Guatemala hay cinco mil niños desaparecidos durante la guerra civil que vivió el país entre 1960 y 1996. Los condenados son Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.

De izquierda a derecha, Emma, su madre y su hermana. En el pecho, la foto de Marco Antonio.
De izquierda a derecha, Emma, su madre y su hermana. En el pecho, la foto de Marco Antonio.

Érase una vez en el país de los colores una niña de 15 años que quería cambiar el mundo. En su cabeza revoloteaba la miseria, la injusticia, la revolución. Entonces decidió repartir propaganda e información sobre las circunstancias que vivían los suyos. Era el peor momento, el ejército había puesto en marcha la táctica de tierra arrasada que significaba, literalmente, no dejar piedra sobre piedra.

Las víctimas propicias fueron especialmente la población maya ixil del departamento del Quiché. Emma, militante de una organización guerrillera, el Partido Guatemalteco del Trabajo, fue detenida con propaganda política. La llevaron a la base militar de Quetzaltenango. Miembros del ejército la torturaron, la violaron y la sometieron a todo tipo de vejámenes para destruirla física y emocionalmente.

Por esas cosas de la vida que suelen pasar por milagrosas, Emma Molina logró escapar del cautiverio al noveno día. Lo hizo caminando por la base y salió por una garita de control. Cree que los militares la confundieron con una prostituta. La fuga se cerró con su abandono de Guatemala con destino a México.

La chica revolucionaria se sentía victoriosa, había conseguido burlar a sus captores. Seis meses más tarde su mundo se vino abajo cuando se enteró que un día después de su fuga miembros del ejército llegaron a su casa. Como no la encontraron se llevaron a su hermano menor, Marco Antonio, de catorce años, con una cinta adhesiva en la boca, como si temieran que el chico pudiera pedir auxilio en una tierra en todos miraban a otro lado dominados por el miedo. O a lo mejor que el niño pudiese pronunciar palabras que hirieran la sensibilidad de sus captores. Nunca más apareció.

A partir de allí la depresión invade a Emma para no soltarla durante más de tres décadas. En ese tiempo, en varias las ocasiones piensa seriamente en suicidarse. No soportaba cargar con el peso de la culpa por la desaparición de su hermano. Racionalmente sabía que no era responsable, pero eso no servía de nada. Tampoco ayudaba la generosidad de la madre, Emma, las hijas María Eugenia y Ana Lucrecia que le repetían incansablemente que no era su culpa. Fue más fuerte el grito de que Marco Antonio no estaba porque ella había huido.

Lo sufrido no puede borrarse. Emma lo llama huella macabra en su vida. Hay que imagínese que era tanto el terror que ni si siquiera tenía fuerza para sentir rabia u odio en contra de las personas que hicieron lo que le hicieron. El daño es profundo y permanente.

Los represores se encargan de inducir una culpa que no les pertenece a las víctimas, y lo logran, porque no hubo nadie que dijese las víctimas tienen razón, dicen la verdad, procesen a los responsables. La destrucción de la dignidad fue a tal escala que las víctimas llegaron a pensar que no merecían que se les hiciera justicia. Eso es lo que ahora ha cambiado.

“Es hasta este proceso de justicia que logro deshacerme de la culpa. Es un país, el estado diciendo lo siento. Siento lo que les hicimos, los dañamos irreparablemente, vamos a tratar de reparar al menos colocando la responsabilidad, las culpas, sobre quienes las deben asumir.

En mi caso es tan profundamente sanador, tan reparador, que con eso ya me siento satisfecha con el proceso.

Más allá de la pena impuesta, de la lista de cosas que quien sabe si se van a hacer, la posibilidad de contar la verdad, de recibir solidaridad a partir de esa verdad prevalece la oleada, la avalancha de amor de parte de miles de guatemaltecos. Eso es lo que repara.

Las injusticias deberían encararse de dos formas: una, poner la responsabilidad sobre quien la tiene; la otra repararle el alma a una. Oír de parte de la gente, lo siento, estoy con usted, lamento que mi estado haya hecho esto.

Ahora tenemos una resolución jurídica que ordena al estado buscar los restos de mi hermano. Con la solidaridad nacional e internacional vamos a seguir en este empeño toda la vida”.[i]

Los militares guatemaltecos condenados
Los militares guatemaltecos condenados

El juez Pablo Xitumul de Paz al dar lectura a la condena dijo que los acusados son responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad”. “Esto ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar en la impunidad”, dice Xitumul y agrega que reclamar que no hubo guerra interna sino un “enfrentamiento entre guerrilla y ejército” es un argumento “insostenible”, pues se involucró a la población civil para luego “atacarla sin misericordia, como lo hicieron”.

Emma Molina que se opuso porfiadamente a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue finalmente convencida por mujeres que ella debía salir con su propia voz a decir la verdad. En esa búsqueda de la persuasión tuvo decidida influencia el caso de las mujeres de Sepur Zarco[ii] que la inspiraron a hablar, a contar lo sucedido. Las viejas perdieron el miedo, fueron a los tribunales para contar su historia de esclavitud sexual y laboral en una humilde comunidad.

El resultado de los procesos de Sepur Zarco y ahora el de Emma fracturan la tradición de impunidad que reinaba en el país centroamericano. Thelma Aldana, Fiscal General y la misión de Naciones Unidas son partícipes del proceso de normalización democrática, de recuperación de la justicia.

Hay ansiedad de justicia que incluye la puesta en prisión de un expresidente, Otto Pérez Molina y de otros ex personeros del estado. Es bastante, pero es insuficiente de cara a lo que todavía debe alcanzarse para restablecer la normalidad: las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes.

Son las mujeres las protagonistas, no exclusivas, del esfuerzo de devolución de los derechos hurtados, de la recuperación de la dignidad, del rechazo al miedo, de la recusación de culpas que deben asumir los culpables verdaderos.

“La fragilidad de la justicia guatemalteca no impide calificar a esta condena como decisiva porque se ajusta no solo a nuestra ley sino también a las convenciones internacionales. Es transformadora porque pone en el centro de la atención a las víctimas, dándole el poder a su testimonio como suficiente prueba. La gran utopía es que Guatemala se ponga a la altura de las naciones que han superado el horror de la guerra, la discriminación, el racismo muy particularmente en el caso de Guatemala y en donde la población sea el foco del interés de toda acción estatal. No es un camino fácil. Hay poderes enquistados que se han debilitado, pero que aún tienen preeminencia sobre personas y sectores de la población. Me refiero al ejército y a los sectores más recalcitrantes y mafiosos”.

 

[i] Entrevista telefónica con Emma Molina el miércoles 30 de mayo del 2018.

[ii] El Tribunal “A” de Mayor Riesgo de Guatemala condenó a dos exoficiales militares de crímenes de lesa humanidad por delitos de violación, asesinato y esclavitud en Sepur Zarco. Asimismo, resolvió que se concedieran reparaciones a las Abuelas de Sepur Zarco y a sus comunidades q´eqchi´.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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