Crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El Estatuto de Roma de 1998 estableció la creación de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, destinada a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, de guerra y agresión. La Corte ejerce sus funciones cuando un estado deniega la justicia y no persigue a los acusados. Ese parecer ser ahora el caso de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidió a tres expertos internacionales elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Manuel Ventura Robles es uno de ellos. Radio Media Naranja lo llamó a San José de Costa Rica.
La exhaustiva investigación concluyó con un documento en el que se establece que el estado venezolano ha transformado a parte de su población en enemigos internos y objetivos militares. Con palabras distintas, la situación es extremadamente grave.
Se habla de tortura como método de estado. No son excesos, o prácticas desautorizadas, ni tampoco algunos más papistas que el Papa las perpetran por cuenta y riesgo. Ventura asegura que en cuarenta años de actividad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos jamás había tomado conocimiento de tan horripilantes, crueles y sistemáticas prácticas que consigna el documento. La tortura como método para atemorizar a la población y silenciar a los opositores.
De las once categorías de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, el panel de expertos identificó siete que fueron cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Citan más de 8 mil asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por fuerzas regulares y paramilitares. Reportan doce mil casos de detención arbitraria, casi todos con la complicidad de jueces y fiscales. Presentan evidencia de 289 casos de tortura, muchos de ellos acompañados de violación y tortura sexual.
Son solo algunos datos ilustrativos. Toda esta realidad es la que ha llevado a los expertos Santiago Cantón de Argentina, Irwin Cotler de Canadá y Manuel Ventura de Costa Rica, a concluir que existen todas las razones para llevar el caso a la Corte Penal de La Haya. Es tan grave la situación -dice Ventura- que no podía ser otra la recomendación.
Según los expertos habría que investigar a doce personas vinculadas estrechamente con el presidente y al presidente mismo. Paralelamente se entregó una lista de más cien sospechosos que habrían o participan en el mecanismo de la represión.
El gobierno de Venezuela no se presentó a conversar con el grupo de expertos porque considera que no existe crisis humanitaria, ni mucho menos crímenes de lesa humanidad de los que tenga que responder el gobierno de Caracas.
Hay un momento en el informe que se habla del hambre y la enfermedad como política de Estado que han sido convertidas en armas en la guerra contra la población civil. No hay una pizca de exageración en esta constatación. Al contrario, las palabras no alcanzan a dar cuenta de la magnitud de la tragedia humanitaria que vive el país.
Pocas horas antes de nuestra conversación con Manuel Ventura la Organización de los Estados Americanos, OEA, condenó lo que llama la “farsa electoral” de mayo de Nicolás Maduro y declaró que existe una “alteración” en el orden constitucional de Venezuela. Se trata de una resolución que puede allanar a corto plazo el camino para la suspensión de Venezuela de la OEA.
En la línea habitual del discurso del presidente venezolano, éste dijo que el día que la OEA expulsará a Venezuela de la organización lo declararía día nacional.
Condena de la OEA, informe demoledor de tres expertos internacionales, mayoría nacional en contra, realidad económica al borde del colapso, pero nada hace suponer que exista la mínima de regresar a la normalidad democrática y eso significa en el futuro mayores padecimientos para la población venezolana.
Manuel Ventura confirma que efectivamente el panorama no es por el momento alentador y que la oposición tiene en esta crisis una gran responsabilidad porque no ha estado a la altura de la gravedad de la realidad venezolana y no ha logrado unirse en torno a una estrategia clara con un camino conjunto de recuperación democrática.
