Los votantes en Venezuela quieren paz, pero no sabemos a dónde va el país

Mayoría calificada o mayoría absoluta para la oposición venezolana en la próxima Asamblea Nacional. La pregunta que las engloba a todas es: ¿y ahora qué? De una parte el Presidente Nicolás Maduro, como dice el dicho popular, sale arrancando hacia delante, con declaraciones que se parecen demasiado a una invitación al conflicto. De otro lado, la oposición que recibe un claro mandato de los electores, pero que tiene por delante un camino azaroso, plagado de peligros que le van a dificultar la tarea de la institucionalización democrática, el pluralismo y solventar el binomio más prioritario para los venezolanos, la crisis económica y la inseguridad. Jesús María Casal, importante constitucionalista, hombre moderado, llega a Radio Media Naranja para hablar de facultades y desafíos.
Quisiera comenzar por las posibilidades constitucionales que a tener esta mayoría calificada de la Asamblea Nacional Venezolana. Qué pueden hacer.
Podemos distinguir dos ámbitos: el del control y el de la legislación.

En materia de control hay atribuciones muy importantes como aprobación de créditos adicionales, aprobaciones o no en la asignación del presupuesto. Luego hay atribuciones para autorizar la salida del Presidente del país por más de cinco días. Igualmente en el ámbito de c control político se puede aprobar una moción de censura contra cualquier ministro o vicepresidente ejecutivo – y la posición alcanzada de las tres quintas partes- que la oposición cuenta con esos votos, acarrea la remoción de ministros o del vicepresidente ejecutivo que no podría integrar el gabinete por el resto del período constitucional.
Hay una regulación muy particular, en el caso del presidente ejecutivo, si se producen tres votos de censura en un mismo período, luego el presidente puede disolver la Asamblea para que se convoquen nuevas elecciones. Ahí, en todo caso, la oposición administraría esa atribución. Pero lo cierto es que puede perfectamente destituir al vicepresidente ejecutivo a través de mociones de censura.

En el ámbito de la legislación, se pueden dictar toda clase de leyes, tanto ordinarias como orgánicas,. Esto es importante porque hay una serie de materias en las cuales la Asamblea no ha legislado y está en mora desde 16 años, desde que se aprobó la Constitución.
Así también puede legislar en materia de referendo para activar formas expeditas de participación. Referendos que se pueden activar mediante firmas de los ciudadanos u otros referendos que puede impulsar la propia Asamblea.

Existen figuras importantes como el referendo revocatorio que lo activa la ciudadanía o el que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que puede aprobar la mayoría de los dos tercios de la Asamblea Nacional.

De una parte tenemos, todo el movimiento que ha dicho: lo que quiere Venezuela es vivir en paz. De allí las voces que reclaman: “lo primero que queremos es los presos políticos pueden pasar la navidad en sus casas”. Es decir que se pueda dictar una amnistía para ellos. Sin embargo, el Presidente de la República, ha sido enfático en negar esa posibilidad.

Si. En el momento en que la Asamblea sancione la ley de amnistía, hay que ver a qué precisamente de refería el Presidente, porque, manejemos tres escenarios que prevé la Constitución:
– Cuando la Asamblea sancione la ley de amnistía, el Presidente simplemente no la promulgue. En ese caso, inacción del mandatario, la Constitución estable claramente en su artículo 216 que la directiva de la Asamblea, es decir, el Presidente y los dos vicepresidentes, deben ordenar la promulgación de la ley. Con lo cual, si él no la quiere promulgar, lo puede hacer la directiva del congreso.
– El segundo escenario es que el Presidente ejerza el veto y devuelva la ley, con observaciones. En tal caso no habría problema. La Asamblea debe estudiar esas observaciones y si no está de acuerdo con ellas puede insistir con la ley para el Presidente la promulgue.
– El escenario más difícil de manejar es que Maduro envíe la ley a la Sala Constitucional, alegando que tiene vicios de inconstitucionalidad. En tal caso la Sala tiene un plazo para decidir y si no lo hace en ese lapso el Presidente debe promulgarla y si no lo haría la Asamblea. Pero si Sala declara que el proyecto tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, la Asamblea debe someterse a lo que dice la Sala.

En el escenario que viene habrá mucha interacción entre los poderes. Algo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Se van a dar situaciones que quisiéramos pensar que son actos legítimos de control, como por ejemplo en la Sala Constitucional, y no un bloqueo político, una instrumentalización política que es muy probable que ocurra por la situación institucional del país.

En cualquier caso, escuchándolo, me da la impresión que habrá que esperar, para una eventual amnistía, a que se constituya oficialmente la nueva Asamblea.

Exactamente. Después del cinco de enero, una vez que instale la Asamblea tendría que discutirse en dos oportunidades el proyecto de ley de amnistía. Ojalá que en esas deliberaciones pueda lograrse un consenso político, depurando la redacción y el contenido, de manera que la ley se identifique como un punto mínimo que sea aceptable. No estamos diciendo que estén de acuerdo, porque pueden estar en desacuerdo, pero dentro de los límites de lo aceptable y, de esa manera, se promulgue la ley. Ahora, si no se logra ese consenso, existe una mayoría para promulgar la ley.

Ya se avecina, ese es el anuncio del gobierno de aprobar una serie de leyes, antes del cinco de enero y de nombrar nuevos jueces para la Corte Suprema. (Al cierre de este artículo se supo que el canal y la emisora de la Asamblea Nacional, ANTV y AN Radio pasarán a manos de sus trabajadores. El presidente Nicolás Maduro aseguró que: “contra el fascismo más socialismo”) Si ello ocurre, ¿está facultada la nueva Asamblea para revisar esas leyes y esos nombramientos y revertir la situación?

En el caso de las leyes pienso que sí, porque la asamblea con esa mayoría de los dos tercios puede modificar toda clase de leyes, también las orgánicas. Falta ver la discusión cuando se dicte, por ejemplo, una ley en el ámbito social, en caso que quiera hacer alguna modificación, aunque ese cambio no persiga reducir la protección social, pero no se puede descartar dentro de la situación política, que se pretenda decir que esa modificación va a mermar una protección social y de allí termine generándose un conflicto con el Tribunal Supremo de Justicia. Pero, desde el punto de vista de la facultad de la Asamblea, ella podrá modificar esas leyes.

En el caso del nombramiento de los magistrados es un tema más complejo, porque si bien es cierto que la Asamblea tiene la facultad de remover jueces con la mayoría de los tercios de los miembros, pero para hacerlo tiene que haberse cometido unas falta grave que, previamente, el Poder Ciudadano la haya declarado como falta grave. Con la situación actual del ejecutivo es difícil que aun existiendo esa irregularidad el Poder Ciudadano la declare como tal.
En realidad se trata de un intento desesperado, de última hora, de manera atropellada, hacer estos nombramientos para que futura Asamblea Nacional no pueda hacer estas designaciones, que en realidad le hubiera correspondido, porque se trata de magistrados que, en su mayoría, se vence en diciembre del 2016, con lo cual los nombramientos le correspondería a la Asamblea que se acaba de elegir.

Usted en un momento dijo algo muy significativo: todos esperamos que algunos temas que son fundamentales, que tienen que ver con el futuro de Venezuela, ojalá que se pudiese solucionar armónicamente y se pudiera satisfacer, de una u otra manera, a las partes. Si uno escucha –y yo sé que en política las cosas pueden cambiar- pero si escuchamos hoy el discurso del gobierno me da la impresión que en algunos temas esenciales vamos directamente al conflicto.

Eso es verdad, las declaraciones del Presidente son muy agresivas, gritando más a un escenario de conflicto, pero usted mismo lo señala, las cosas en política pueden evolucionar, y algunas veces, un escenario que se plantea en esos términos, viniendo de una fuerza política que sufrió una derrota muy fuerte, puede ser una forma de mostrar a la oposición que el escenario conflicto puede ser también inconveniente para ella.

Ojalá que esto sea un cierto forcejeo, aunque ya hay decisiones que se van a tomar, sea, digo, una demostración de fuerza que no conduzca al conflicto abierto, sino que más bien invite a los actores a entender que incluso desde el punto de vista de esa mayoría de los tercios, el escenario más útil de esa mayoría es aquel en el que hay un marco mínimo de institucionalidad común, respetado por ambas partes. El escenario de caminos paralelos, del ejecutivo por un lado y la Asamblea por el otro es altamente inconveniente para la institucionalidad del país y para sacarle provecho a lo que se deriva como mandato del voto popular a esa mayoría de los dos tercios. Sabemos que esto es muy difícil, pero ojalá que, manteniéndose la conflictividad, la cuerda no llegue a romperse y que en medio de estas tensiones que sin duda vienen, aunque sea tácitamente, porque tal vez es complejo que sean acuerdos explícitos, la oposición pueda avanzar en su agenda legislativa, de acuerdo al voto recibido y, al mismo tiempo, el gobierno pueda avanzar también en algunos aspectos en el programa político que lleva adelante, pero que se haga de una manera que se corresponda con lo que está pensado el electorado, sobre todo en los temas socioeconómicos.

A propósito de escenario. Hemos hablado particularmente de la derrota y de la situación en la cual se encuentra el gobierno encabezado por el Presidente Maduro, pero no hemos referido poco a la oposición, que tiene por delante un camino arduo, difícil. No le parece que va ser necesario también por parte de la oposición tratar de subir la vara y estar a la altura de las circunstancias.

Yo creo que la oposición debe pasar a la iniciativa porque tiene un mandato muy claro de seguir las vías políticas que estén a su alcance para lograr una rectificación. Dentro esas medidas está el diálogo político, el procurar espacios en donde, en conexión con el gobierno, se presenten soluciones concretas a los problemas. Abordar al ejecutivo, generar esos encuentros y hacer planteamientos y exigencias muy concretas, que identifiquen las posibilidades de rectificación para solucionar los grandes problemas de inflación, desabastecimiento y destrucción del aparato productivo nacional.

Me hago cargo que el tema económico es fundamental, como lo es también el de la inseguridad. Pero estoy pensando concretamente en la importancia de la institucionalidad en su relación con la democracia que necesita Venezuela.

Ahí me parece que es fundamental la recuperación de la institucionalidad democrática en el parlamento, lo cual implica abrirlo a los medios de comunicación de distintas corrientes, lograr y respetar una integración plural de las comisiones permanentes y de sus directivas. Ello no ha sido posible en estos últimos años porque la oposición fue excluida de todas las comisiones. Hay que solucionarlo de manera proporcional al número de los resultados electorales y que todos estén representados. Es decir, una dinámica de mucha participación, de respeto a los derechos de todos los partidos políticos. También una amplia consultada ciudadana en la elaboración de las leyes.

Debe abandonarse esa mala práctica de leyes habilitantes totalmente genéricas, indeterminadas, por un tiempo tan prolongado, como ha ocurrido últimamente. Hay que entender que la ley habilitante es un mecanismo sumamente excepcional, con normas muy precisas.

Pudiera pensarse que este es un planteamiento más bien teórico que práctico, porque la Asamblea no estaré pensando en darle una ley habilitante a Maduro. Pero no olvidamos que la Asamblea tiene un período de cinco años que va más allá del actual mandato de Maduro. Es decir, que este compromiso democrático debe regir también para un futuro gobierno, que pudiera ser de la oposición. Se trata del principio de no incurrir en estos abusos en el manejo de las leyes habilitantes.

En general lo que importante es establecer el parlamento como un espacio de verdadero pluralismo político.