Ortega hará cualquier cosa para mantener el poder en Nicaragua

El título debería ser: No olvidemos a Nicaragua. Ahora, cuando la dictadura ha perdido el pudor, tratamos, en una trilogía periodística, vislumbrar las razones que encaminan a las causas libertarias por senderos totalitarios. En esta primera entrega, hablamos con Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos y, obligado a exiliarse en Cosa Rica, para evitar lo peor

Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos de Nicaragua

La mayoría del mundo, no sólo de los nicaragüenses, han vivido con asombro esta transformación, conversión del presidente Daniel Ortega, de un revolucionario que libera al país junto con sus compañeros de la dictadura de Somoza, para convertirse a su vez con el pasar de los años también en un tirano. Me consta que la explicación más socorrida es el amor por el poder. Pero ¿alcanza a explicar eso toda la importancia que tiene esta conversión?

Hablamos de un modelo, de una red de corrupción. Ortega, por más de 10 años, se mantuvo en una estabilidad económica y política importante. ¿Cómo explica eso? La estabilidad estuvo marcada por una alianza con el gran capital de Nicaragua.

En Nicaragua hemos soportado dictaduras, de gobiernos que responden a un modelo que va más allá de Ortega, aunque él tiene una responsabilidad individual en lo que pasa y en la crueldad con la que se implementan las decisiones de Estado. Como colectivo de derechos humanos, fíjate que hemos documentado más de 100 casos de tortura desde el 2018. Vemos, como política de estado, un sentido claro de venganza con acciones crueles.

Pero como digo, no es una cuestión que tiene que ver únicamente con Ortega, sino con un modelo, con un sistema que los nicaragüenses ansiamos transformar.

En el 2018, cuando salimos a la calle centenares de miles de personas, las peticiones principales eran libertad, democracia y justicia. Y esas exigencias persisten.

Cuando Ortega asume el poder se acentúa una serie de prácticas violatorias y desde el 2018 incluso con crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

Cuando estalló la población de Nicaragua para reclamar mayor libertad en el 2018 una de las reacciones más conocidas a nivel internacional fue la de la señora Murillo, quien dijo “vamos con todo” y efectivamente han ido con todo hasta el extremo de que, de los 34 detenidos más importantes en los últimos dos meses, más de una decena de ellos son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y arriesgan entre 15 y 25 años de cárcel.

Tenemos que distinguir dos circunstancias importantes que tienen que ver con lo que sucede en este momento. En los 90, cuando se dan las elecciones y gana Violeta Barrios de Chamorro, el Frente Sandinista tenía una convicción casi absoluta que ganaba. Hoy día, están absolutamente conscientes que en elecciones mínimamente democráticas y con garantías serían completamente derrotados, porque hay un rechazo muy fuerte. A Ortega solo lo sostienen sus fuerzas paramilitares más algunos grupos de poder económico, y gente del Frente Sandinista, para la que Ortega sigue siendo su hombre fuerte

Y el ejército…

La policía, sus fuerzas parapoliciales. En el 90 hubo un esfuerzo de institucionalidad en el ejército. Todo eso con Ortega se fue al caño, a la basura. De ser una institución creíble, recuerdo que cuando estábamos en Nicaragua como organismo de derechos humanos nos invitaban a su presentación de informes. Hoy eso es impensable. Había diálogo, interacción con el ejército, con la policía. Ortega, ha construido todo un modelo económico político que gira en torno a mantener el poder, hará cualquier cosa -y ahí se explica el “vamos con todo”- para preservarlo, porque el modelo que ha desarrollado y fortalecido en este último año, funciona únicamente con Ortega.

No hablamos de cualquier poder, sino del que se ejerce de manera absoluta, contrariando cualquier marco de normativa jurídica. Nicaragua no es una discusión legal, porque la ley no importa, la que se impone es la ley que viene del Carmen (barrio en la que está la casa expropiada al empresario Jaime Morales Carazo durante La Piñata) es la ley dictada por Ortega y Rosario Murillo.

En esa lógica es que intentas entender las decisiones que adopta Ortega, que también están señaladas por la venganza. Porque es una persona de profundos resentimientos. Ese señor no perdona que en el 90 el pueblo le haya dado la espalda. Y entonces nos castiga. Lo que hace no tiene sentido si no comprendes que hay una suerte de venganza hacia ciertos sectores. El CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) donde trabajé hasta el año 2018, cuando nos cierran, nos persiguen y nos criminalizan, surgió en el contexto de la pérdida del poder del Frente Sandinista, y acompañó las luchas en los años 90 contra el modelo neoliberal, pero el Frente no perdona.

Nosotros acompañamos la denuncia de Zoila América Narváez Murillo por abuso sexual. Esa es una de las razones del cierre del CENIDH. Hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a la víctima. En el 2018 hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a las madres de los asesinados y eso Ortega – Murillo y su cúpula no lo perdonan.

El Gobierno lo ha dicho desde el primer momento y lo seguirá repitiendo cuantas veces sea necesario, que todo es una gran conspiración puesta en marcha por los traidores a la Patria, con el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos. Yo sé que la oposición lo considera esto una burda falsedad. Pero ¿hay muchos partidarios todavía de Ortega que creen en eso?

Creo que sí. He tenido la oportunidad, incluso en 2020 hice una gira más allá de los partidarios que son casi secuestrados como la mayor parte de la población. Es decir, no tienen otra opción. El salirse de la fila del Frente o cuestionar a Ortega o a Murillo o a sus decisiones, implica la cárcel, la pérdida del empleo en el menor de los casos. Hay que ver ahorita, la saña con la que se ha perseguido a ex compañeros como Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, en donde hay una especial crueldad con su hija, que tiene cáncer y que prácticamente está moribunda y pide ver a su papá y no hay respuesta. Salirte del redil, cuestionar al “líder”, implica ser aplastado.

Pero en el 2018, una parte importante de los que salieron a la calle eran militantes del Frente Sandinista, incluso ex compañeros de celda de Ortega. De tal manera que es verdad que hay una militancia cautiva y ellos lo saben.

La brutal represión, la saña, la venganza, han creado un miedo considerable entre la población y no solo entre la población, sino también entre aquellos que han levantado su voz y aportado con su intelectualidad o con su actividad política al desarrollo del país. Los efectos del miedo son nocivos.

Hay mucho miedo. Hay terrorismo de estado y pronto va a salir un informe interinstitucional en donde se plantea ese terrorismo de estado. El miedo es un mecanismo para que Ortega mantenga controlado al país y neutralice las protestas. Salir a la calle a manifestarse tiene como consecuencia no solamente ir a la cárcel, significa un hostigamiento sistemático y brutal, un ahogamiento económico. Hemos documentado los casos de excarcelados políticos. El gobierno quiebra sus pequeños negocios, sus pulperías o sus hoteles. Hay algunos que tienen algunos emprendimientos y no les permiten que entren los clientes. Todo eso genera miedo y, al final, se van porque no tienen forma de subsistir frente a quien les declaró la guerra.

Aunque la lucha ha sido cívica, el gobierno ha respondido con tácticas y mecanismos de guerra. No me refiero solo a la Operación Limpieza del 2018 (4 de julio. Murieron 38 personas. 31 opositores, cuatro policías y  3 miembros de las fuerzas de choque del gobierno) actuaron hasta con once tipos de armas, según estudios, como el de Bellingcat (12 de febrero del 1019) con personas con experiencia militar, incluso con participación del ejército para atacar y asesinar.

Luego vino una oleada de capturas masivas. Más de mil personas fueron detenidas y procesadas, algunas fueron condenadas a una pena de 216 años, como es el caso del dirigente campesino Medardo Mairena.

La política de hostigamiento que se ha incrementado de manera considerable con las capturas de las últimas semanas. Ellos se suman a los más de 120 que tienen meses y años de encarcelamiento.

Acabamos de tener una audiencia de seguimiento de las medidas provisionales. Se le ha planteado a la Corte Interamericana que estamos ante desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad.

Acaba de salir un informe de Amnistía Internacional (25 de agosto) que da cuenta de desapariciones forzadas y cita 10 casos específicos en Nicaragua. No quiero exagerar, pero da la impresión que la comunidad internacional se ha contentado con poco.

A lo mejor en relación a las instancias políticas de los gobiernos. A lo mejor pudieran plantear posiciones más claras. Los sistemas de protección, como la Comisión Interamericana, incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han hecho lo que han podido. Acordate que estos sistemas están limitados y carecen de acciones coercitivas.

He visto, y es mi esperanza, cómo algunos gobiernos han marcado una clara distancia, incluso gobiernos que apoyaron a Ortega, como México o Argentina, que llamaron a consulta sus embajadores. Yo quisiera ver la votación en órganos políticos, porque una cosa es llamar a consulta, pero otra es el voto en órganos como la Asamblea de la OEA.

Por otro lado, hay gobiernos que han implementado una serie de sanciones, incluso la Confederación de Suiza. Llama la atención porque establecen sanciones y, básicamente dicen, no queremos que vengan a meter dinero sucio. Dicho en términos simples ¿verdad? Los canadienses plantean también varias sanciones. Los norteamericanos ya ni se diga. Aclaro que la ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, es una sanción de tipo individual. Aplaudo ese tipo de sanciones porque que si la irregularidad persiste puede venir una serie de medidas con consecuencias más allá de lo individual, como por ejemplo la suspensión de los acuerdos de la Unión Europea. Nicaragua es parte de la región centroamericana del acuerdo con la Unión que contiene cláusulas específicas en materia de derechos humanos o más grave todavía, la suspensión del DR-CAFTA. De hecho, el primer socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos.

Es decir, hay una acción, a veces uno desearía más. Sin embargo, esto no es solo responsabilidad de la comunidad internacional. Lo subrayo y lo recalco, pero nosotros los nicaragüenses somos los primeros responsables. Ahora, desearíamos más porque estamos frente a una fiera. Ortega y Murillo es una fiera en el sentido literal de la palabra, apuntan a la destrucción de cualquier adversario o disidente Acordate, que en 2018 sus operadores políticos recetaron la cárcel, el cementerio o el exilio.

Uno podría decir que el pueblo nicaragüense tiene que prepararse para una lucha larga, dolorosa e incierta.

Coincido que es una lucha larga porque la lucha por la justicia es siempre larga. Se ve todavía en Argentina, en Guatemala, o en la misma España. Y esto no es para consuelo de tontos. Es una realidad la lucha por la justicia y por construir país que desafortunadamente no hemos conseguido. Pero yo creo que esta vez lo vamos a hacer diferente. Porque yo nunca había visto un movimiento de víctimas tan fuerte que a pesar de la represión se alzó una voz tan clarita de las víctimas demandando justicia.

Esta última etapa puede ser larga. No sé cuánto va a durar, pero están acabados. La mayoría del pueblo no los quieren, se mantienen por la represión, porque han sido muy efectivos en eso.

Esto no termina con la salida de Ortega, hay que comenzar acciones encaminadas a la verdad, a construir memoria, la búsqueda de la justicia para la reparación de las víctimas y el compromiso de la garantía de no repetición.

Creo que por ahí es el camino y ojalá que no nos perdamos y que seamos acompañados por la comunidad internacional en la construcción de ese país que nos merecemos y que tarde o temprano lo vamos a tener.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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