Nadie firma un tratado en ejercicio pleno de su libertad para perderla

Javier Murillo de la Rocha, sabe de qué habla. Es un experimentado diplomático boliviano, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto y ha participado en diversas negociaciones con Chile sobre la demanda de una salida soberana al Pacífico para su país. Cuando le plantee la idea de dos entrevistas, la suya y la de Luis Maira, aceptó de inmediato. Escribieron juntos, en el 2004, el libro “El largo conflicto entre Chile y Bolivia, dos visiones”.

Murillo considera que hay que mirar lo ocurrido en 1879 desde una perspectiva geopolítica. En ese momento Chile iniciaba un proceso expansionista para resolver dos factores fundamentales: espacio vital, que permitiera que su territorio fuese menos vulnerable y, precisaba de recursos para financiar su desarrollo. Ambos factores estaban al norte de Copiapó, vale decir en territorio de Bolivia y del Perú.

J.Z. No es cierto entonces, a su juicio, que Chile era un país agredido por un alianza peruano boliviana que ponía en riesgo su existencia como nación.

J.M. La Confederación Perú-Bolivia era el mayor obstáculo que Chile tenía que vencer para avanzar hacia el norte. Chile decidió que tenía que hacer desaparecer la Confederación a cualquier costo y lo intentó dos veces. En la segunda, 1839, en la batalla de Yungay logra su objetivo.
J.Z. Concluida la guerra, 20 años después, en 1904, se firma el Tratado de Paz y Amistad, que según Chile es el que salda todas las cuentas pendientes y es el argumento para decir: “Chile no le debe nada a Bolivia”

J.M. Antes de la firma del tratado de 1904 estábamos, desde 1884, con el Pacto de Tregua. Durante ese largo período son las autoridades chilenas las que administran íntegramente los territorios ocupados. En 1904 Bolivia no tiene posibilidades de seguir resistiéndose a la firma de un tratado definitivo porque la situación interna era complicada. Habíamos tenido el conflicto con Brasil, que terminó en 1903 con el Tratado de Petrópolis, lo que hacía de la situación boliviana particularmente precaria. En esas circunstancias es que Chile ejerce una fuerte presión para doblegar la voluntad de Bolivia que durante más de 20 años se había negado a firmar.
No es posible sostener que Bolivia firmó el tratado de 1904 en ejercicio absoluto de su libertad, porque no tiene sentido que alguien ejerza su libertad para consentir un instrumento que lo que ha hecho es aprisionarlo en el centro de la región sudamericana, con todas las consecuencias que el enclaustramiento ha tenido para su desarrollo integral.

El tratado de 1904 cumplió con las formalidades. Se ha suscrito, se han intercambiado los plenos poderes, los congresos de ambos países lo ratificaron; por lo tanto, desde el punto de vista formal, que es lo que invoca Chile, se cumplieron los requisitos que lo ponen en vigencia. Pero, eso sí, es un tratado que no está orientado a fomentar la amistad, el acercamiento y la cooperación entre los dos pueblos, por el contrario, sus cláusulas generan barreras que durante más de un siglo han impedido que los dos países se entiendan y se unan en un proceso integracionista con perspectivas históricas.

De hecho Bolivia firmó el Tratado de 1904 inclusive bajo la amenaza de la reanudación de acciones bélicas, ya que el Pacto significaba eso, una tregua. Podría haberse repuesto el casus belli en cualquier momento.

J.Z. Chile asegura que ha hecho innumerables ofrecimientos y que Bolivia, por una u otra razón las ha rechazado.

J.M. Desde 1950, luego en 1975, siempre ha existido un compromiso formalmente declarado por Chile de buscar una solución sobre la base de la transferencia a Bolivia de una franja territorial soberana. El fracaso de esas dos negociaciones, que sólo pongo como ejemplo, no se ha debido a factores introducidos por Bolivia, sino a otras circunstancias.

J.Z. ¿Cuáles?

J.M. En 1975, Chile estaba obligado a obtener el consentimiento del Perú, por el Protocolo Adicional del Tratado de Lima de 1929. Resulta que, llegado el momento de la negociación, Chile trató de transferir a Bolivia la responsabilidad de obtener ese consentimiento, ¡cuando nosotros hemos sido víctimas, pero no parte de ese tratado!

La negociación fracasó porque Chile declinó considerar la base propuesta por el Perú para alcanzar el acuerdo previo. Además, cómo se puede llevar adelante una negociación, cuando una de las partes, que tiene que transferir el territorio, no muestra los títulos saneados para poder hacer esa transferencia. Eso hizo que la negociación entrase en un círculo vicioso: Chile le exigía a Bolivia que se definiera sobre el precio de la negociación y Bolivia le contestaba que estará dispuesta a formalizar el precio, cuando Chile muestre que tiene los títulos saneados que le permitan transferir el territorio.

La negociación arribó a un punto muerto y se produjo la ruptura de relaciones. Pero no fue la voluntad de Bolivia, fue que Chile no quiso seguir negociando porque indicó que el Perú estaba cambiando las bases de la negociación bilateral entre Bolivia y Chile, al pretender una zona de soberanía compartida al norte de Arica.

Bolivia no ha hecho fracasar todas las negociaciones, por el contrario, Chile no ha mostrado, históricamente, la voluntad suficiente como para remover los obstáculos que deben ser despejados del camino que nos lleven a la solución. Nada reemplaza la voluntad política de Chile y la voluntad viabilizadora del Perú. A esos dos factores hay que añadir el hecho de que en Bolivia se necesita un consenso mínimo sobre las características de la solución, las dimensiones del eventual territorio a ser transferido y los costos que esto podría significar. Pero Chile ha ido cambiando permanentemente su posición hacia Bolivia pero para seguir enclaustrándola.

En el proceso de negociaciones siempre se habló de soberanía hasta 1987. A partir de allí Chile radicalizó su posición y nos dice, olvídense de recuperar cualidad marítima porque cualquier cesión que se haga a futuro no podrá contemplar la soberanía. Es una lógica perversa que algún momento habrá que romper para que podamos entrar a un nuevo proceso de integración.

J.Z. ¿Qué efectos podría tener el veredicto de La Haya sobre el diferendo entre Perú y Chile?

J.M. Creo que no tendrá efectos muy grandes.

Si el fallo favoreciese a Chile y Chile recuperase la voluntad efectiva de facilitar a Bolivia una salida por el norte de Arica no habría problema porque el eventual frente marítimo de esa cesión, seguiría la línea del paralelo, que es lo mismo que se había negociado en los años 1950 y 1975. Si se optase porque no sea la línea del paralelo, sino una línea más o menos oblicua en dirección al sur, que es la posición peruana, eso tampoco impediría, porque la eventual franja territorial que recibiese Bolivia, se proyectaría siguiendo la línea definida por el laudo.

J.Z. ¿Ud. está de acuerdo que una salida al mar implica costos para Bolivia?

J.M. Habrá, obviamente, algún costo, porque ambos países, no sólo Chile sino también Perú, pedirían alguna forma de compensación. Para Bolivia es muy difícil aceptar el canje territorial. Eso tendría que llevarse a referendo ante la eventualidad que se presentara esa posibilidad.

Ahora, creo que hay otros elementos. Está el agua, el gas, en fin, que se pueden articular dentro de un proceso de integración entre el occidente de Bolivia, el norte de Chile y el sur del Perú. Para ello es necesario que las opiniones públicas de los tres países acompañen un eventual proceso de negociación, porque en 1950 la negociación fracasó debido a las reacciones de las opiniones públicas en Bolivia y en Perú por el hecho de que si no había canje territorial, se hablaba de la posibilidad de derivar aguas del altiplano hacia el pacífico, a la parte norte de Chile. Eso generó una reacción muy fuerte en las opiniones públicas boliviana y peruana. De manera que hay que persuadir a las opiniones públicas que hay ganancias para los tres en un arreglo marítimo.
Nuestro enclaustramiento tiene también costos políticos y económicos para Chile. Así se mostró en el fallido proyecto de exportación de gas boliviano por un puerto Chileno. Se cayó la posibilidad porque la viabilidad técnica, financiera y operativa no pudo superar la inviabilidad político diplomática e histórica. Ese es un costo para Chile, porque habría tenido una inversión de aproximadamente 1.500 millones de dólares en un área territorial deprimida, a raíz del proyecto.
La solución no se va a producir en tanto no se arreglen a un mismo tiempo los tres factores indispensables: la voluntad política de Chile, que es cardinal; la voluntad viabilizadora del Perú y una opinión pública favorable en Bolivia y que acompañe, finalmente, en los tres países, el eventual proceso de negociación.

Si no se reúnen esos tres factores a futuro tampoco va a ser posible lograr lo que estamos buscando con tanto afán.

J.Z. En el último mes se ha especulado mucho acerca de la reivindicación del derecho expectaticio por parte de Bolivia.

J.M. Hemos recorrido todos los caminos en el plano político diplomático y no hemos podido alcanzar la solución. Quedaba por recorrer el camino de acudir a una instancia jurisdiccional para que no se diga que no se ha intentado todo. Lo que vaya a ocurrir en la Corte Internacional de Justicia es de vital importancia.

J.Z. Hay profesores chilenos que aseguran que estos derechos expectaticios carecen de toda legitimidad jurídica.

J.M. Ya, pero hay jurisprudencia bastante interesante en la Corte de los actos propios. Nadie puede ir en contra de sus propios actos cuando, sobre la base de los actos propios se han generado expectativas ciertas, porque esos actos propios eran manifestaciones concretas de la voluntad de los países. De lo que se trata es de darle valor jurídico a esos compromisos formalmente asumidos por Chile, para tratar de encontrar una solución al problema del enclaustramiento.

J.Z. Otra argumentación chilena es la siguiente: “si tuviésemos que darle la salida al mar a Bolivia, tendría que devolverse Texas a México por parte de Estados Unidos, habría que reintegrar Panamá a Colombia, Paraguay debería recuperar territorio perdido con Argentina y Brasil…

J.M. Son apreciaciones exageradas que no corresponden a los mismos antecedentes que dejó la Guerra del Pacífico, porque si bien ha habido pérdidas cuantitativas en esos ejemplos, también Bolivia ha sufrido pérdidas territoriales cuantitativas con todos los países limítrofes, pero el problema con Chile es que Bolivia está enclaustrada como resultado de la guerra. Es decir, nuestro país ha perdido territorios con Paraguay, con Brasil, pero eso no nos ha sacado de la Cuenca del Plata, ni nos ha sacado de la Cuenca del Amazonas. Eso es algo que no se entiende a veces, se lo toma en forma superficial.

La situación es distinta, en este caso la pérdida cualitativa afecta enormemente al desarrollo integral del país. Se ha determinado en un estudio de Jeffrey Sachs, que los países mediterráneos en desarrollo, por el hecho de su mediterraneidad pierden el 0.7 del PIB anual. Eso significa para Bolivia 600 millones de dólares al año.

El daño es inmenso y nada comparable a pérdidas territoriales cuantitativas. Ese es un argumento que magnifica Chile para tratar de descalificar la demanda Boliviana pero que no es consistente precisamente por los ejemplos que usted ha mencionado.

El prestigio de los países no se mide por el PIB ni por el crecimiento de su economía, ni por los éxitos en el plano comercial; el prestigio de los países se mide por la voluntad sincera que estos demuestren para reparar daños, para superar injusticias y para contribuir a los procesos integracionistas y de solidaridad entre los pueblos del continente.

Pero al parecer todavía en Chile hay sectores que siguen una línea geopolítica vetusta que corresponde a concepciones del siglo XIX y que reflotan en pleno siglo XXI.

J.Z. El gobierno chileno ha sacado una declaración categórica diciendo que se han cerrado todas las puertas y que no hay ninguna posibilidad de nada hasta que dentro de x cantidad de años tengamos un veredicto sobre este reclamo boliviano.

J.M. Si uno actúa con criterios cerrados, como los que revelan esas declaraciones, eso puede ser así, pero hay que recordar que la propia Corte, a través de su reglamento, en el artículo 88, establece claramente la posibilidad de que las partes de la controversia pueden llegar a un arreglo amistoso, en cuyo caso se cancela el asunto en el registro de la Corte.

Mientras dure el proceso, todos los países podrían anticiparse al fallo y decir que están ya en un proceso de negociación, que al final es lo que se busca con el eventual dictamen de la Corte Internacional. Es decir, reponer ámbitos de dialogo sobre la base de los compromisos asumidos por Chile en los procesos de negociación.

J.Z. Usted en marzo del año 2009 dijo: “hoy, estamos más lejos que nunca del mar”. ¿Cuál es ahora la distancia?

J.M. Me ratifico en lo que dije, porque estamos viendo que Chile no muestra ningún vestigio de modificar esa voluntad política enclaustradora.

La voluntad para resolver los problemas es irremplazable e insustituible y tiene que ver con las asimetrías de poder de los Estados. Los problemas no se resuelven porque las fórmulas sean creativas o exista gran habilidad negociadora. La voluntad política tiene que ser más grande que los obstáculos que hay que remover para alcanzar un acuerdo de las dimensiones como las que se requiere en el tema marítimo de Bolivia.

Ver también: 

Bolivia demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia 

La salida al mar pasa por un trabajo de convencimiento político

Justicia internacional

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