La CICIG le tocó el alma al crimen organizado

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales vuelve a atacar a la CICIG. Resulta que ahora funcionarios del organismo serían terroristas y criminales. La declaración presidencial parece destinada a incluirse en el libro de la infamia. Entretanto, la Conferencia Episcopal Guatemalteca reclama a los representantes de los tres poderes del Estado no debilitar la lucha en contra de la corrupción, así como alejarse de políticas en favor de intereses económicos espurios y de defensa de privilegios en perjuicio de los más necesitados.  Entrevista con el Sociólogo guatemalteco Héctor Rosada Granados. 

Señor Rosada el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no se anda con chiquitas, fue a la Asamblea General de Naciones Unidas a decir que el organismo es una amenaza para la paz de Guatemala. Y que el representante de la CICIG, Iván Velázquez, el responsable de haber creado inestabilidad que amenazan la paz y la seguridad nacional. Con otras palabras, es un ataque a fondo y sin miramientos. ¿Por qué?

Una cosa es calificar la participación del presidente ante la Asamblea de Naciones Unidas desde la perspectiva de quien llega a dar un discurso y otra es entender el motivo histórico y político que tiene el mandatario para adoptar ese tipo de declaración.

De hecho, cualquiera que lo haya leído identificó que se trata de un documento que contiene muchas mentiras, imprecisiones y odio. Además de un desconocimiento absoluto de lo que está pasando en el país.

Lo que hay detrás de esto es un problema que nos viene del año 1954 cuando una invasión del exterior eliminó prácticamente el único gobierno democrático que habíamos logrado entre 1944 y 1954 (Árbenz respaldaba la inversión extranjera, pero con el debido respeto a las leyes nacionales. Los hermanos Dulles, uno Secretario de Estado y el otro director de la CIA, vinculados a la United Fruit Company vieron amenazados sus intereses y promovieron una invasión que se concretó en junio de 1954) La deposición del presidente Jacobo Árbenz Guzmán conllevó la instauración de dictaduras militares en Guatemala hasta más o menos el año 1996. La herencia es la entronización de la corrupción y la impunidad.

No hay gobierno, a partir de 1954, que no tenga las manos manchadas de sangre o que arriesgue la posibilidad de ser procesado por haber cometido delitos de corrupción.

En ese contexto llega un momento en la sucesión de esos gobiernos en que, por mala suerte para el país, los que llevan adelante la elección del 2016 eligen a un outsider, a un individuo que no tiene nada que ver con la política. Él es manejado por un partido fundado por la Asociación de Militares Veteranos de Guatemala, AVEMILGUA, que son los mandos que majearon la guerra y que posteriormente se convirtieron en el principal elemento de la corrupción y la impunidad.

En pleno ejercicio de sus funciones presidenciales se descubre que Morales recibió financiamiento electoral ilícito. No hablamos de diez quetzales, sino de entre siete y quince millones de dólares, lo que crea la posibilidad de que pierda la inmunidad presidencial para ser investigado y eventualmente sometido a juicio penal. Él sabe que cuando abandone el puesto de presidente va a ser investigado y sujeto de persecución judicial.

Lo segundo fue peor, porque en un caso de corrupción de vio involucrado su hermano y su hijo.

Junto a las demandas por corrupción Morales comete actos cuestionables. Por ejemplo, gastos innecesarios de la presidencia, o sobresueldos al ya abultado sueldo del mandatario.

Todo esto ha salido a la luz por la intervención de Iván Velázquez, que es lo mejor que ha tenido Guatemala en lo que es la persecución en contra de la impunidad. Ha trabajado mano a mano con el ministerio Público. Afortunadamente para nosotros y para Velázquez surgió una Fiscal General, Thelma Aldana, muy capaz. Es una pareja insobornable y dispuesta a lograr la recuperación de la justicia. Cada uno de sus actos son de conocimiento público. Es el pueblo el ve y escucha lo que están haciendo. Cuanto parecía imposible comienza a convertirse en realidad, los presuntos culpables son detenidos, sin importar ni el título ni padrinos que los protegen.

Tal vez lo que más asustó a los culpables fue el hecho del encarcelamiento de un expresidente y una exvicepresidenta. Los acompañan en la cárcel un montón de funcionarios públicos, empresarios, militares, sicarios.

Tan grave parece ser la situación que algunos guatemaltecos llaman golpe de estado en cámara lenta lo que hace el presidente Morales. Cree usted que realmente el ejecutivo está en condiciones de renunciar a las normas democráticas bajo la excusa, supongo, de combatir la extrema polarización del país y la intromisión inaceptable de Naciones Unidas en la soberanía nacional.

Golpe de estado técnico lo hemos vivido solo una vez, cuando un presidente disolvió instituciones y persiguió a sus oponentes (25 de mayo de 1993, por parte del presidente Jorge Serrano Elías) afortunadamente fue un golpe fallido. En este caso las cosas no van por allí. Lo que sí es cierto es que le han tocado el alma al crimen organizado.

Es un pleito interno que nos tiene en el esfuerzo de limpiar el país. El problema es que estamos en un momento preelectoral para el 2019. Ahí se mueven todas las aguas.

Ha habido una enorme cantidad de manifestaciones públicas pidiendo la renuncia del presidente y la de todos los funcionarios públicos y diputados.

Hay algo que a mi particularmente me preocupa, y es el crecimiento de un movimiento de regresión muy peligroso para el país. Así lo puso de manifiesto el presidente con su aparición pública rodeado de militares para criticar a la CICIG y Naciones Unidas. Es un mensaje inequívoco de intimidación para decirle a la población, miren, nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana porque tenemos la fuerza.

Si es cierto lo que dicen las encuestas, que el presidente tiene un apoyo del 15% y la CICIG de un 70%, uno podría pensar que están las condiciones para deslegitimar judicialmente a Jimmy Morales, si no fuera por un detalle decisivo: la posición del ejército. Usted es experto en la fuerza armada guatemalteca. Tan unánime es el respaldo militar al presidente.

Desde que terminó la guerra interna en 1996, el costo del fin del conflicto es enorme en vidas humanas y el ejército se divide en dos. Cuando yo estaba negociando había un sector que eran los Rambos, que buscaban seguir el ataque con violencia. Es allí cuando surge un sector muy profesional, que se autodenomina los Institucionales y Constitucionalistas.

En los días que corren crece el sector violentista, que son ellos los únicos que toman decisiones. Este es el sector que creo el partido político que puso en el poder a Jimmy Morales.

El 15% de apoyo al presidente es el porcentaje de los responsables del genocidio y su temor de que las cosas cambien. Son ellos y todos los que se han involucrado en la narcoactividad y el crimen organizado.

En qué momento estamos, más cerca del autoritarismo o más cerca de la recuperación democrática.

Veo lejos la recuperación democrática. Somos pocos los que tratamos de llevar adelante el proceso. Lo que más alienta es una esperanza tremenda porque tengo el privilegio de trabajar con jóvenes. He estado con los universitarios y veo que quienes hacen la protesta y la propuesta, son jóvenes.

Queremos reconstrucción democrática. Va a ser difícil, pero vamos a seguir.