Los corruptos de Guatemala en una cruzada en contra de la CICIG

Lo primero es destacar lo logrado. Hay causas que han concluido con la condena de culpables por crímenes de lesa humanidad y otros aguardan sentencia por corrupción a gran escala. En la corrupción e impunidad sistémica de Guatemala se ha abierto un forado. No ha sido fácil llevar a la cárcel a un expresidente y una exvicepresidenta de la república. Tampoco fue sencillo lograr la condena de oficiales en retiro responsables de masacres. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como lo dice un informe internacional posee el potencial para lograr poderosos cambios en la realidad de Guatemala. Parte sustantiva del éxito se debe a la entereza del representante de la Comisión, el jurista colombiano Iván Velásquez y al accionar del ministerio Público. Aquí habla el comisionado Velásquez.

Emprender la tarea de contribuir a la normalización del estado de derecho que vela por la aplicación de la justicia y llevar a los tribunales a los corruptos es un emprendimiento oneroso política y económicamente. Lo político.

Existe en Guatemala un gran respaldo de la ciudadanía, lo que es indispensable porque eso nos permite trabajar. Más ahora que hay una contradicción con el gobierno. Sin ese respaldo habría sido imposible funcionar adecuadamente.

También contamos con el respaldo político de la comunidad internacional, expresado en Estados Unidos, Suecia, la Unión Europea.

Decía usted contradicción con el gobierno.

A raíz de una investigación surge el compromiso del hijo del presidente de la república, José Manuel Morales, como el del hermano del mandatario, Samuel Morales Cabrera, con una entidad vinculada con el gobierno de entonces, del Partido Patriota. El Botín Registro Propiedad es un caso de corrupción mediante el cual se sustraían fondos del Estado guatemalteco por medio de la simulación de eventos que nunca se concretaron, según un informe del Ministerio Público y la CICIG.

El caso determinó un cambio en la actitud del presidente respecto de la actividad de la Comisión. De un respaldo que había expresado durante la campaña, como luego de haber sido electo, hacia finales del 2016 languidece hasta que francamente no existe respaldo desde enero del 2017, fecha en que sus familiares fueron vinculados a un proceso penal. Eso genera cierta dificultad política, aunque en todo caso, lo importante para la CICIG es contar con el ministerio Público, porque lo que hacemos en la investigación criminal es colaborar con el ministerio en las investigaciones que pretenden desarticular estructuras criminales. Esa colaboración durante todo el tiempo que he permanecido al frente de la Comisión ha sido muy sólida. Acaba de haber un cambio de Fiscal General a mediados de mayo recién pasado. Ahora estamos en la etapa de acoplamiento con la nueva Fiscal, María Consuelo Porras, para continuar con la actividad de la CICIG. Esperamos que la decisión de la Fiscal sea muy enérgica por continuar con la lucha contra la corrupción.

Lo económico. En Estados Unidos están congelados seis millones de dólares para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es la consecuencia de maniobras de los llamados poderes ocultos, que no lo son tanto, los corruptos no se han quedado de brazos cruzados ante las acciones legales en su contra e intentan por todos los medios deshacerse de la CICIG y especialmente de quien la dirige.

 ¿Tiene usted confianza en que esa materia se resuelva pronto?

Sí, muy próximamente, porque hay una indebida utilización de un caso en el que la CICIG participó en la investigación de una familia rusa que, por las actividades de mala información que se ha generado en Estados Unidos, pretenden que la CICIG representa intereses rusos en Guatemala.

Esta familia se dijo perseguida por Rusia y que había llegado a Guatemala huyendo. Sin embargo, todo el análisis judicial muestra que fue después de haber ingresado legalmente al país cuando compraron por 150 mil dólares tres identidades falsas.

Estas circunstancias han sido aprovechadas por personas que resultaron afectadas por las investigaciones de la CICIG. Han utilizado este hecho, con una gran capacidad de influencia que se advierte en las redes sociales. Toda la información distorsionada condujo finalmente a que un senador de Estados Unidos, Marco Rubio, solicitara el congelamiento de los fondos hasta que se aclarara la situación.

Nosotros hemos informado de todo lo requerido y tenemos la convicción de que estas acusaciones son absolutamente falsas y que finalmente el emprendimiento de la comisión, que interesa también a los propósitos de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en los países del triángulo norte de Centroamérica va a determinar que la congelación de los fondos sea levantada.

Entretanto la retención de los recursos económicos provoca un efecto perverso: envía una señal que alienta los propósitos de los corruptos.

El mal mensaje que se da es negativo, porque finalmente muestra que es posible afectar investigaciones serias, objetivas, que tienen gran respaldo probatorio, mediante gestiones de cualquier otro tipo distinto a las judiciales, como una manera de afectar las diligencias jurídicas y la buena marcha de la Comisión.

No es casualidad que por estos días importantes personeros del congreso de Guatemala alcen la voz en contra de las organizaciones no gubernamentales que inciden de una u otra forma en el desarrollo del país, con el viejo argumento de la soberanía nacional. Con otras palabras, las presiones institucionales y personales no son pequeñas.

En realidad, hay una situación de dificultad en el país. En cuanto todos estos sectores afectados por la lucha contra la impunidad y la creciente participación ciudadana, por el interés de la gente por lo público, se han embarcado casi que en una cruzada en contra de todo lo que significa el movimiento social, la campaña contra la impunidad, la lucha contra la corrupción.

Por eso el momento es de gran importancia para el país y el respaldo internacional que se puede dar a una lucha que se convierte en la búsqueda de condiciones democráticas que permitan afirmar la existencia de un estado de derecho real, que es a lo que tiene que contribuir siempre la administración de justicia.

Esta contradicción que se genera en el país, entre quienes propugnan mantener una situación de impunidad que ha existido por décadas en Guatemala frente a una acción del ministerio Público, a la colaboración que presta la comunidad internacional a través de la CICIG, a la reacción ciudadana que tiene esperanzas de transformación. Toda esa confrontación, esperamos que finalmente sea dirimida en favor de la democracia.

En este escenario de arremetida en contra de la CICIG se acercan dos instancias claves: la primera es el próximo mes de agosto en que se debe renovar su visa para permanecer en el país. No tengo dudas que habrá gente que presionará para que le nieguen la visa.

Sí, hay un peligro serio que la visa no sea renovada. Vence en el mes de septiembre. Espero que el gobierno atienda la orden la Corte de Constitucionalidad del año pasado cuando fue declarada mi expulsión del país. La Corte declaró que toda discusión sobre la conducción de la CICIG y la permanencia del comisionado debe ser tratada en conversaciones en Nueva York, entre Naciones Unidas y el gobierno. Confiamos en que esa decisión de la Corte de Constitucionalidad sea respetada sin recurrir a mecanismos como la no concesión de la visa, para proceder a mi expulsión indirecta de Guatemala.

La segunda instancia clave es el año entrante en que se debe renovar su mandato.

El tres de septiembre es la fecha de terminación del mandato de la CICIG, a menos que su continuidad sea solicitada por el presidente de la república, que es el modo como el convenio entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala prevé la prórroga del mandato.

Circunstancias difíciles porque además la CICIG con el ministerio Público adelantan una investigación por financiamiento electoral ilícito contra el partido de gobierno y unos empresarios que financiaron anónimamente la campaña presidencial del 2015. En esas diligencias resulta eventualmente comprometido el presidente de la república.

De verse esa posibilidad cierta de vinculación el ministerio Público tendría que formular con la CICIG una solicitud de antejuicio ante el Congreso de la república. La afectación directa al presidente seguramente incidirá en su ánimo de no renovación del mandato.

Dos aspectos más sobre la actualidad guatemalteca, el primero tiene que ver con la reciente aprobación de libertad para diez acusados de corrupción en el caso conocido como la Línea, uno de los más significativos del país.

Con personas que están privadas de libertad desde abril del 2015, el juez ha considerado que ya no existe peligro que interfieran con la investigación y que tampoco hay peligro de fuga. Es una valoración que hace el juez, pero que debería llevar a otra reflexión, y es que estas libertades que son provisionales deben conducir a que el país perfeccione su sistema de justicia, de manera que los procesos no sean tan demorados. Este del 2015 ya fue aceptada por el juez la convocatoria a juicio, pero apenas se están definiendo las pruebas que se van a practicar en el caso. De manera que con suerte se podría terminar este año, en primera instancia.

El país está profundamente golpeado por la erupción del volcán de Fuego el pasado cuatro de junio, que alcanza a la CICIG en la medida que representantes del estado han hurtado dinero público que podría haberse destinado a dar viviendas dignas y seguras a los sectores más pobres del país.

En todos estos temas de corrupción que han existido en Guatemala, hay una relación directa con las condiciones materiales deficitarias de la mayoría de la población. Niveles de desnutrición infantil en niños menores de cuatro años, que supera el 46% son cifras realmente inadmisibles. Es una situación realmente grave. Hay, digo, una relación entre la apropiación de recursos públicos y la falta de actividad para buscar soluciones en favor de esas comunidades. Una relación que nosotros hemos establecido entre corrupción, derechos humanos, impunidad. Es un círculo vicioso que mientras no se logre romper, no va a permitir que el país salga en búsqueda de caminos de mejoramiento de la situación de sus habitantes.

Tengo la sospecha que en el ámbito internacional existe desconocimiento de la realidad guatemalteca que comentamos, y eso afecta a la aproximación que pueden tener los países de la Unión Europea sobre el tema. Es de esperar que su visita ayude a una mejor comprensión de Guatemala. Porque el desconocimiento no debe confundirse con falta de voluntad política.

Es un propósito de la visita y además la voluntad de generar un conocimiento más amplio de las actividades de la CICIG y de la situación de Guatemala. La necesidad de respaldo de la comunidad internacional por establecer un estado de derecho realmente democrático es algo que debe interesar a todos, finalmente tendría que existir una voluntad universal en el proceso de construcción de estados verdaderamente democráticos.

Precisamente a eso iba. Entonces lo ideal sería que los países europeos miembros y no miembros de la Unión alzaran con mayor fuerza su voz sobre la realidad de Guatemala y la labor de la CICIG.

Eso sería lo deseable y desde la perspectiva que mencionaba porque la democracia debe ser un bien que interese a todos. En la medida que existan gobiernos democráticos la convivencia internacional será mucho más factible. Esa es la petición que formulamos en todas nuestras visitas. Mirar a Guatemala, mirar a Centroamérica, mirar el problema integral de América Latina para ver cómo desde Europa se puede contribuir al mejoramiento general de la región.