Filósofa colombiana Laura Quintana: “El gobierno ha sido sordo, desprecia a la gente»”
El incendio social de Colombia no debería ser una sorpresa. El resentimiento social nacido de resquemores legítimos alcanzó su punto de inflamación. No existen los padecimientos perpetuos, salvo en aquellos que acepten para siempre su condición. Los colombianos se rebelan a esa pretensión. Existe dos visiones de país que, por el momento, parecen irreconciliables. La una la representa las palabras de una senadora oficialista que pide “Una acción militar contundente y sostenida para restablecer el orden social” (Paloma Valencia) La otra mirada es un senador de la oposición (Jorge Enrique Robledo) “El Paro Nacional debe adelantarse atendiendo las necesidades del conjunto de los colombianos”

Nuestra entrevistada, Laura Quintana, lo dice ella misma: “Soy filósofa de la Universidad de los Andes e hice mi maestría y doctorado, también en filosofía, en la Universidad Nacional de Colombia. Mis trabajos más recientes están encaminados a comprender las afectividades políticas. Es decir, los “estados emocionales” de la colectividad. Me he concentrado en la rabia y el resentimiento, pues me interesa distinguir estos dos afectos, comprender en qué casos son destructivos y en qué casos no lo son, y cómo cada uno mueve a la acción política.
Profesora, ¿no le parece que hay que estar demasiado desesperado para salir a protestar a las calles corriendo el riesgo de morir por una bala o por el contagio del coronavirus?
Sin duda. La gente siente una gran desesperación y desesperanza, porque en términos generales, aunque es un paro muy polifónico, la población está agotada de un orden social cada vez más excluyente y de un crecimiento de la pobreza. Colombia hoy en día tiene cuarenta y dos por ciento de pobreza, que es una situación de precarización acentuada por la pandemia. Sobre todo los jóvenes, están cansados de sentirse invisibilizados, que no se cuente con ellos y de sentir que no tienen futuro. De hecho, una de las proclamas del paro que ya venía del 2019 es: “ se nos ha quitado tanto que también se nos quitó el miedo”.
Las personas que se congregan, aunque responden a intereses, exigencias y expectativas muy diferentes, están determinados por un deseo de ser contados, de tener futuro, porque realmente lo que se ha producido es una cierta desposesión del mañana.
Este incendió tiene origen en numerosas llamaradas y de ahí que haya más de 100 reivindicaciones de carácter social. A pesar de ello, quisiera rescatar a lo menos tres que me parecen esenciales. La primera tiene que ver con lo que usted acaba de señalar, la situación económica. Colombia en las últimas décadas ha tenido una estabilidad económica aparejada con ser el segundo país de la región que tiene una distribución de la riqueza más injusta y es el octavo del mundo en este defecto. Yo me imagino que la pandemia lo único que hace es agravar la situación.
Se ha agravado por unos programas neoliberales que han sido privatizadores, que han desmantelado políticas sociales, que han impedido que se lleven a cabo programas para promover los derechos sociales, y han favorecido sobre todo a los grandes capitales. Aunque es una economía que dio mucha estabilidad internacional, eficaz en ese sentido, pero desde otros aspectos fue generadora de grandes deudas con la población, porque fueron programas económicos que redujeron el Estado para convertirlo en un instrumento que podía asegurar estabilidad a la inversión extranjera, que supuso la implementación de programas que terminaron por precarizar mucho más a la gente. Eso también tiene que ver con el descontento social, porque, por ejemplo, la reforma tributaria que se tumbó, contra la cual la gente protestaba, incluía un alto gasto militar en unas condiciones sociales críticas. Es, como usted dice, el segundo país más desigual en Latinoamérica y el cuarto en América que usa sus recursos públicos para gasto militar.
El segundo aspecto tiene que ver con la ansiedad social de una reestructuración o una refundación de la policía que tiene, a lo menos, dos grandes temas pendientes: de una parte, una unidad (ESMAD) que, por decirlo diplomáticamente, se ha excedido en la violencia. Y, por otro lado, se trata de un organismo que depende del Ministerio de Defensa, lo que agudiza su carácter militar.
El problema fundamental con la policía y también con el Ejército es que responden a lógicas de guerra muy acentuadas en el país. Por un lado, la respuesta guerrerista, de acuerdo con la cual el adversario es un enemigo que hay que destruir, que persigue el disenso, disenso que por mucho tiempo se vinculó con los grupos guerrilleros durante el mandato de Álvaro Uribe, y continuó extendiéndose con Iván Duque. El guerrillero era el terrorista.
A partir del vínculo entre guerrillero y disenso de cualquier tipo, se persiguió todo desacuerdo. La fuerza pública considera el derecho a la protesta como algo que perturba el orden público, entonces tiende a ser criminalizada y asociada con un estado de caos y anomia que hay que reprimir.
El segundo punto es la busqueda de enemigos internos que amenazan el orden social. Se lleva a la práctica desde una visión excluyente que resulta antidemocrática, porque los derechos a la protesta y a disentir son principios básicos de la democracia.
Así, creo que la gente está exigiendo que realmente la fuerza pública cambie esta mentalidad de una manera más acorde, sobre todo con los acuerdos de paz, con el respeto a la oposición, con el respeto al desacuerdo y a los derechos humanos.
Justamente el tercer aspecto tiene que ver con estos acuerdos de paz firmados en el año 2016. Este es un país en el que durante todo este período se ha asesinado a ex guerrilleros, dirigentes sindicales, líderes sociales. Hablamos de no menos de 904 personas.
El paro también es contra la destrucción de la promesa que implican los acuerdos de paz, de acabar una guerra muy cruenta en Colombia y avanzar en puntos fundamentales. Por ejemplo, políticas de restitución de tierras, porque sabemos que el gran problema de guerra en Colombia ha tenido que ver con la tierra o con el hecho de que ha habido siempre una política de desposesión de la tierra por parte de las élites del país, así como con intereses de grandes capitales para proyectos de extracción intensiva. Se ha dado lo que en estudios sociales se conoce como un vaciamiento territorial que propicia el caos y el terror en los territorios para que la gente se desplace y esas tierras queden en manos de grandes propietarios que las dedican a la extracción intensiva y extensiva.
En Colombia se ha dado una reforma agraria invertida durante todos los años de guerra. El acuerdo de paz incluía puntos sobre restitución de tierras y programas para la transformación de los cultivos de coca, porque evidentemente la producción de coca tuvo que ver con el conflicto armado violento que vivimos.
Entonces, una serie de programas estaban destinados a hacer posible otro país, hacer posible otro futuro, pero los proyectos que sí se están llevando a cabo revelan la verdad fáctica que estuvo en juego en la guerra, la manera en que todo esto fue impulsado por empresarios que se sirvieron del paramilitarismo para perseguir sus intereses. Y creo que el gobierno actual se ha dedicado a desmantelar todo esto, porque hay una preocupación de que se descubra esa verdad. Creo que el paro también va en contra de este desmantelamiento.
Tres temas. ¿Usted agregaría alguno más? Estoy pensando, por ejemplo, en la salud, que al parecer, y no solo por la pandemia, se trata de algo fundamental.
Sí, la gente está agotada de ser tratada como vidas que no valen la pena, porque hemos tenido unos programas neoliberales que han reducido el servicio de salud como a un derecho poco garantizado y han desmantelado el servicio público de salud. Entonces, la Ley 100 que la promovió Uribe hace muchos años, en los 90, inició ese proceso de privatización y ahora hay una reforma a la salud que quiere acentuar la privatización en muchos sectores públicos.
Los médicos en Colombia realmente tienen unas condiciones laborales difíciles, reciben muy poco salario, tienen pocas garantías sociales. La salud está a cargo de empresas privadas que siempre ponen problemas para dar cobertura a la gente. Produce hartazgo no poder contar con este derecho social.
Dos teorías de la conspiración o conspiranoicas como le gusta decir a la gente. La primera dice que lo que se ha puesto en marcha en Colombia es una revolución molecular atenuada, frase del neofascista chileno Alexis López. Para resumir, una izquierda buscando el modo de crear el caos para destruir las instituciones del Estado.
ES una teoría realmente problemática y recientemente el presidente Uribe la invocó. No solo tiene que ver con ideas neonazis, sino también con algo muy serio y es que pretende volver objetivo militar a los ciudadanos que protestan, quiere que se vea al manifestante como terrorista que pone en cuestión el orden social. Lo que me llama la atención es que esta noción de revolución molecular disipada realmente trastoca una noción que yo he estudiado, introducida por Félix Guattari y trabajada por Gilles Deleuze. Así, desde la revolución molecular, que en realidad tiene un sentido antifascista porque lo que quería decir, es que hay que cambiar nuestros cuerpos, hay que hacer toda una revolución corporal, afectiva, estética, para que podamos luchar contra esos micro fascismos, contra esos fascismos moleculares que nos hacen estigmatizar a los otros, que nos llevan a despreciar la diferencia, que nos hacen temer un mundo múltiple.
Paradójicamente, lo que sí necesitamos, es una revolución molecular que cambie prácticas extractivas, expansivas que están destruyendo el planeta y que pertenecen a un capitalismo depredador que está haciendo el mundo invivible. Pero obviamente para el fascismo que los cuerpos se vuelvan indóciles, que quieran cambiar el statu quo, es muy peligroso. De modo que esta afirmación de Uribe es muy desfachatada porque pone de manifiesto todo su proyecto fascista.
La segunda teoría conspiradora es la de aquella gente que acostumbra a decir lo siguiente: Mire, no es nada extraño que en lo que está pasando aquí Maduro tenga metidas las manos.
En Colombia, los años de guerra también tuvieron que ver con las narrativas de la Guerra Fría, la persona de izquierda se considera peligrosa y se desfiguró, pues, a la persona de izquierda como el comunista guerrillero. Y tuvo que ver, como usted lo señalaba, con el hecho de que en Colombia hubo movimientos de izquierda que justificaron todas las formas de lucha y que estuvieron vinculados con movimientos guerrilleros.
Ahora, en Colombia se han dado procesos de desmovilización que son muy importantes, pero sin embargo en la fuerza pública no se ha desmovilizado esta mentalidad de la Guerra Fría y muchos sectores de la sociedad siguen viendo a la izquierda como un peligro. Esa sensación de amenaza se incentiva con el hecho de que el proyecto autoritario de izquierda, muy desfigurado por Maduro, llevó a Venezuela a una debacle social.
En Colombia la derecha siempre ha movilizado ese temor para impedir opciones transformadoras en el país. A la derecha -que se ha enriquecido con las enormes desigualdades que se han dado en el país- no le conviene que haya un proyecto redistributivo que tenga más conciencia social. Entonces tiende a desfigurar como peligroso y amenazante toda iniciativa seria de transformación.
Interesa mencionar estas teorías porque tengo la impresión de que muchas veces, la mayor parte del tiempo, la gente que las esgrime no se da cuenta o no quiere darse cuenta que comete injusticia y una ofensa a todos aquellos que son la mayoría y que salen a protestar en las calles de forma pacífica porque están hartos de soportar tantas limitaciones y tantos dolores durante tantos años.
Totalmente de acuerdo. En Colombia, además, hay un nudo ciego que se retroalimenta. Y es que por una parte están estos discursos que en realidad promueven el statu quo, que son regresivos en derechos, son de derecha y ultraderecha. Pero por otra parte, hay una mentalidad institucionalista liberal que muchas veces teme a las grandes transformaciones. Y entonces esas dos mentalidades crean nudos ciegos en el país, porque siempre se sospecha cuando hay deseo de transformación en las personas que hoy en día, de hecho, la mayoría no se inscribe en ninguna opción partidista. La característica del paro actual es que no responde a configuraciones partidistas tradicionales. No se puede decir de derecha ni de izquierda, aunque tiene una demanda muy grande de transformación social. Creo que es preciso pensar de modo distinto a las formas de representatividad y liderazgos tradicionales.
En toda crisis social, no hablo solo de Colombia, sino en cualquier país, invariablemente, un pequeño grupo, que representa a la minoría más absoluta de la población, aprovecha la ocasión para hacer sus desmanes, para implementar la violencia, para hacer saqueos. Se trata, repito, de una ínfima minoría, pero a veces provoca tal daño que resulta irreparable para la crisis.
Digamos que en esa cuestión que se suele llamar vandalismo, hay muchas cosas. Por un lado está el interés de los gobiernos de derecha que buscan proteger el statu quo asociando la protesta con el vandalismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque antes de que suceda la protesta social en Colombia siempre la ciudad se militariza. De antemano se anuncia que se va a tratar la manifestación como problema de orden público.
Segundo, hay investigaciones sobre esto, la misma policía infiltra la protesta para cometer actos vandálicos de modo de promover su deslegitimación.
En tercer lugar, los medios corporativos hegemónicos tienden a enfocarse sólo en esos actos de vandalismo y eso contribuye a la criminalización de la protesta.
En cuarto lugar, mucha gente cansada, a veces de verdad pasando hambre puede cometer actos vandálicos en medio de la protesta. Esos actos tienen que ver con actores criminales que hacen parte del crimen organizado e incluso micro mafias que existen en Colombia desde hace mucho tiempo. Pero también tienen que ver con sujetos simplemente agotados que aprovechan la sensación de caos para agarrar un poco, porque realmente están desesperados y porque en Colombia el orden social ha sido realmente violento con las personas y no ha habido la construcción de un espacio público incluyente. Entonces la gente realmente no tiene respeto porque siente que todo lo público ha maltratado mucho sus intereses, malogrado mucho sus vidas. También hay una desafección hacia empresas privadas y demás que se asocian con políticas extractivas y de desposesión social. Entonces se combinan todas estas cosas y reducir el asunto a un desbordamiento vandálico, oculta muchas de esas complejidades.
Soy consciente de que cada país tiene sus particularidades y su propia realidad, pero ¿no le parece que hay, de una u otra manera, cierta vinculación, no sé si espiritual o como llamarla entre las protestas en diferentes latitudes?
Hay una especie de no va más con los programas económicos neoliberales y eso está presente tanto en Chile como en Colombia. Sabemos que en Chile se experimentó por primera vez el neoliberalismo y luego se trasladó a otros lugares del mundo. Pero en Colombia hemos sufrido mucho esa política y eso es lo que quiero sugerir, de manera muy abierta, porque se han promovido nuevas formas de autoritarismo corporativo y, de hecho, los intereses de las grandes corporaciones cada vez más se funden con los poderes del estado. Tenemos un ejecutivo cooptado porque responde a esos intereses de los grandes capitales que financiaron sus campañas. Un Legislativo que también responde a esos intereses, porque hubo financiación de campañas y lobbies, incluso poderes que tienen que ver con el control judicial son atraídos por estas fuerzas, entonces se pierde la división de poderes del estado y eso da lugar a una enorme corrupción.
Pero por otro lado, en el presupuesto nacional se incluye mucho gasto público para defensa y seguridad, y no se trata el problema de fondo, que es la enorme desigualdad social. Hay un hartazgo porque en Latinoamérica cada vez más son unos pocos los que se enriquecen y muchos los que padecen una precariedad y su malestar es reprimido, y todo vuelve a la reiteración de lo mismo.
Incluso en Colombia creo que hay algo que se ha estudiado en África. Y es que hay prácticas de necropolítica (Achille Mbembe) destinadas a matar personas para poder desarrollar programas de inversión en ciertos territorios.
Sí, hay como vínculos en varios lugares que tienen que ver con poner en cuestión los programas neoliberales que destruyen la vida de personas, como también la vida del planeta. La crisis ambiental clama por la necesidad de un cambio de modelo económico hacia un capitalismo como menos acaparador, menos acumulativo, mucho más redistributivo, que ponga en cuestión estas formas de capitalismo contemporáneo.
Da la impresión, sin poder asegurarlo totalmente, que el gobierno lo que hace es apostar al desgaste de las protestas y a la agudización de las contradicciones en el seno de los que protestan.
De acuerdo, lo estamos viendo de manera aguda porque las protestas en muchos lugares están paralizando la actividad económica. Y aunque se ha comprometido mantener la circulación de alimentos, en otros ya se presenta el desabastecimiento. En algunos lugares se ha debido acordonar sectores de la ciudad para protegerse, porque realmente la brutalidad policial ha sido muy grande. Pero todo ello puede producir desapego en ciertos sectores de la población que no apoyan del todo la movilización. El Gobierno se aprovecha de ese cansancio y empieza a divulgar imágenes de desabastecimiento, de gente que no puede circular, dicen que la gente se siente secuestrada. Son discursos que apuntan a deslegitimar la protesta y a invisibilizarla. Es un momento complejo porque esta manifestación no se deja conducir por los líderes de oposición, porque excede esa representatividad.
Tenemos a lo menos treinta y siete muertos, muchísimos desaparecidos, mucha gente herida. Y ahora ¿qué? Con otras palabras, ¿cómo se supera esta grave situación que vive Colombia?
La respuesta a esa pregunta es muy compleja, pero la conversación nacional que promueve el Gobierno no puede incluir a los mismos sectores de siempre. Tienen que realmente sentar a personas que han tenido una representatividad en las calles, en los territorios y escuchar. Este gobierno ha sido sordo, no escucha a la gente, desprecia realmente a la gente, solo escucha a los gremios. Hay que sentar a quienes que están hoy en día las calles, escoger líderes de allí y escucharlos.
En esos diálogos tiene que prevalecer la verdad acerca de que pasó con las personas desaparecidas. La cifra exacta no se conoce, pero se habla de 900 personas, otros de 500 y pico. Es decir, es muy grave que en 12 días de protesta haya tantas personas desaparecidas. En cuanto a los muertos, ya las cifras parecen superar los 40. Es un caso de violencia social muy grave. Asimismo creo que es indispensable lograr acuerdos económicos, que tengan más en cuenta las necesidades de las personas, porque no se pueden diseñar programas con expertos en economía neoliberal que desconocen por completo las condiciones de la gente. Ese era uno de los problemas de la anterior reforma tributaria, que incluía un supuesto subsidio solidario para las personas en peores condiciones económicas, pero lo hacía exigiendo un sacrificio de las clases medias, que también se sienten muy precarizadas. Todo eso más una conciencia de que realmente hay que cambiar la mentalidad de la fuerza pública. Son cuestiones van de la mano con respetar lo acordado en los acuerdos de paz y suspender programas neoliberales como la planeada reforma de la salud, que exacerba el malestar social.
Hasta que no se escuche a la gente, hasta que no se reconozcan los hechos tan graves que no son meramente desmanes y abusos e irrespeto a los derechos humanos, va a ser muy difícil poder canalizar el descontento y hacer algo constructivo con él.
Pero creo que a mediano plazo Colombia está llamando a un proyecto diferente de país y ojalá en las elecciones del 2022 podamos elegir una opción política mucho más consciente de los problemas sociales que vive el país.
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