Erika Aifán: Llamado a la unidad para salvar el estado de derecho en Guatemala

Por el momento han podido más la corrupción y la impunidad en Guatemala. Tras el acoso, las amenazas y la persecución la jueza del juzgado D de mayor riesgo se ha visto obligada a renunciar y partir al exilio. Una más que se suma a la lista de larga de los perseguidos por instancias de los tres poderes del estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial

Señora Jueza, cuando venía hoy en el tren para realizar esta entrevista, me acordé de un caso que me sucedió hace ya muchos años, cuando yo trabajaba para Radio Nederland y un juez de su país, Guatemala, salió al exilio a España. Cuando lo entrevisté le pregunté cuánto decidió salir de Guatemala. Me dijo: un día llegué a mi casa y me habían dejado sobre la cama una corona funeraria. ¿Le ha sucedido a usted también en un momento especial? O es la acumulación de la persecución, de la criminalización de la que ha sido objeto por parte del crimen organizado y de autoridades de su país.

En mi caso han sido varios años de hostigamiento, de amenazas, de seguimientos, vigilancias, que ellos se encargaron de hacer visibles y notorios a través de grabaciones que han sido publicadas, de reuniones que tenía con otros compañeros jueces, así como la presencia de personas extrañas vigilando la casa donde vivía en Guatemala y vehículos sin placas que me seguían, denuncias que se presentaron pero que fueron archivadas por el Ministerio Público. No obstante que las circunstancias estaban acreditadas.

En ese contexto de hostigamiento, se han presentado en mi contra muchas denuncias sin fundamento y lamentablemente ha existido un conflicto de interés en quienes tienen que conocer y resolver esas peticiones presentadas en mi contra y el cúmulo de mis peticiones que no han sido resueltas.

Los hechos marcan para mi el fin del Estado de Derecho en Guatemala, porque se niega dos principios fundamentales: el de petición y el derecho de defensa. Es el punto más álgido de mi situación en ese contexto y es a partir de allí que empiezo a conversarlo con mi familia y mis abogados para tomar la decisión, en primer lugar de salir de vacaciones. No lo había hecho en mis últimos cinco años, para separarme del ambiente enrarecido y presentar mi renuncia al cargo. Ello significa el retiro de las condiciones de seguridad que tenía en Guatemala. En consecuencia se imposibilita mi regreso al país

Me imagino que no debe ser fácil…

Es una combinación de sentimientos, porque me siento más segura en este país, pero dejo atrás casi 20 años de estar al frente de una judicatura, toda una vida. Dejo todo, la familia, los amigos, los afectos. Esta es una cultura diferente. Con decirle que vine solo con una maleta. Es todo lo que tengo y es un empezar de nuevo, una fase que no fue planificada o buscada, con ilusión, digamos. Entonces es empezar a partir de cero.

Usted ha dicho una palabra clave, ilusión, porque estar a cargo del Juzgado D de mayor riesgo de Guatemala, que conoce los casos de corrupción de alto impacto, que comprometen a personalidades del país y a figuras importantes del crimen organizado. No es tarea fácil. Se necesita un espíritu especial. A la vista de esos antecedentes ¿es dable imaginar que estas cosas sean principalmente porque usted ha llamado la atención sobre la acción del Presidente de la República?

Son aproximadamente 23 operadores de justicia los que han abandonado el país. Alguien hablaba de una lista de más de 40 personas que consideran su evacuación de Guatemala. La mayoría son fiscales. En el exilio somos básicamente tres los jueces.

Algunos compañeros jueces, por lo menos se de la situación de dos de ellos, que se quedaron en Guatemala les han retirado su inmunidad y podrían ser citados o detenidos. En todo caso fueron separados de sus judicatura.

Es una situación compleja la que vive el país. Creo que en la historia de ningún país democrático se ha presentado un fenómeno como este, porque los exilios se han producido en el último mes, en febrero en su mayoría.

Y el Presidente…

Ah, bueno. Es curioso también analizar que la mayoría de operadores y jueces que estamos en el exilio han sido precisamente derivados de acciones y persecuciones por estos procesos de alto impacto en los que está señalado, por un testigo, el señor Presidente, como también otros funcionarios, empresarios, políticos y a lo menos siete magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia.

Usted ha trabajado 19 años en la judicatura. Es posible concluir, de acuerdo con las investigaciones que se trata de una coordinación de alto nivel o son casos aislados con gente con poder, el famoso poder en la sombra.

De hecho hay estructuras muy sólidas que actúan de manera coordinada. Precisamente es lo que se analizó cuando se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que se trataba de estructuras paralelas incrustadas en las instituciones del gobierno. Las investigaciones en los casos de alto impacto que se juzgaron evidenciaron la existencia de esas estructuras y como estaban entrelazadas, no sólo para la comisión de hechos delictivos y la obtención de ganancias prohibidas, sino el saqueo del Estado junto a la generación de impunidad y el mantenimiento de la corrupción para esos fines.

Y esto alcanza a las tres instancias del Estado al Poder Ejecutivo, al Legislativo y el Judicial.

Lamentablemente sí. Lo demuestra uno de los casos que tuve a mi cargo, en el que funcionarios de alto perfil de estos tres poderes del Estado fueron señalados y llevaban a cabo investigaciones de los hechos que fueron denunciados.

Dentro de esta figura y coordinación, sobresale el nombre de una colega suya, Consuelo Porras, Fiscal General de la Nación.

En el proceso surgió información de que podría haber filtración de la información que obteníamos en investigaciones del mismo despacho de la fiscal Consuelo Porras. Esa fue una investigación que una de sus fiscales separó del proceso que yo tenía a cargo y me negó la información siendo jueza contralora. En ese contexto, el Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal -que se encuentra incluida en la lista de actores corruptos de Estados Unidos- ha sido instrumentalizado para generar persecución en contra de operadores de justicia que luchan en contra de la impunidad y la corrupción.

No es difícil suponer, que uno a uno, los operadores de justicia en Guatemala que luchan en contra de la impunidad, van siendo no eliminados físicamente, pero sí, cívicamente, para impedirles que puedan realizar su trabajo. ¿Podrían ponerse peor las cosas?

Permítame reiterar que jueces somos tres mujeres. Los demás son fiscales. Es importante esta aclaración porque la persecución y el ataque se intensifica en contra de compañeros y compañeras, juezas y jueces. Después de esta barrera de protección que constituimos los jueces para la ciudadanía por ser defensores de derechos humanos, los ataques se enfilan en contra de periodistas independientes y de quienes dirigen instituciones de sociedad civil protectoras de derechos humanos, así como de defensores de derechos humanos de los pueblos originarios.

De tal manera que el crimen organizado y las autoridades comprometidas en delitos no quieren dejar ningún espacio, ya sea tanto en la justicia como en la sociedad civil, para expresiones de rechazo a la impunidad.

El país se dirige a consolidar un autoritarismo. Nunca antes habíamos visto tan alineados los tres poderes del Estado. Es sorprendente, siempre comentamos que en Guatemala, cuando creemos que no se puede hacer más daño al estado democrático, surge una nueva acción en contra de que sí puede.

Siempre se puede estar peor.

Sí.

Es indudable que hay una gran solidaridad con la gente perseguida del Poder Judicial. Eso, siendo muy importante, no es suficiente, porque lo que necesita Guatemala es una institucionalidad democrática. ¿Cómo se hace eso?

Qué difícil. Voy a retomar algo que usted me preguntó hace un momento. Creo que en Guatemala hay mucha gente que está luchando por mantener ese estado democrático y evitar la regresión hacia etapas dictatoriales o autoritarias en el país. Sé que hay jueces y juezas independientes comprometidos. Nosotros, desde el exterior, estamos llamando la atención sobre Guatemala para que quienes todavía están dentro puedan tener las protecciones y las condiciones necesarias para ejercer su trabajo, para mantener el estado de derecho, para que pueda salvarse la democracia. Como usted bien dice, hemos encontrado mucha solidaridad y respaldo en instituciones internacionales que buscan rescatar a Guatemala.

No quiero sacar conclusiones equivocadas, aunque todo hace suponer que esta es otra de las tantas consecuencias que ha dejado el conflicto armado en Guatemala.

Así es. Las estructuras paralelas devienen de esa época y en este ataque y persecución a operadores de justicia prevalecen muchas de las estrategias que fueron utilizadas para socavar los derechos humanos en la época del conflicto armado interno. Vemos, por ejemplo, la utilización de lenguaje militar, de expresiones -sobre todo en las amenazas- que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos, de eliminarnos, de perseguirnos por una supuesta ideología. Los jueces somos totalmente apolíticos. Nosotros juzgamos con base en la ley, los argumentos de las partes y las pruebas. El hecho de que nos señalen ideológicamente es un aspecto tan subjetivo. Nos tildan de comunistas, de terroristas. Yo debo decir que cuando sucedieron estas circunstancias en el país yo era una bebé. Entonces no podía haber participado en ninguna de esas circunstancias.

En Guatemala creíamos que se había superado ese terrible conflicto armado, pero la persecución de hoy tiene mucha orientación de esa época.

De tal manera que no es difícil concluir que muchos de los cesantes del conflicto armado están comprometidos en estas instancias delictivas.

Hay algunos procesos de justicia transicional, que juzgan graves violaciones a derechos humanos del tiempo del conflicto armado. Hemos encontrado organizaciones que abiertamente hacen referencia al apoyo hacia estos actores y así, se suman a toda la estructura del crimen organizado y creemos que también hacen parte del ataque contra operadores de justicia independientes.

En este sentido es importante mencionar que el fundamento de todo Estado democrático es la independencia de poderes y el respeto a los derechos humanos. Es fundamental que el tema de Guatemala sea conocido a nivel mundial, que se analice el impacto que va a tener en otros países. Yo sé que el mundo tiene muchos problemas graves y ese contexto puede perderse el conocimiento de esta grave situación que vive mi país. No debe escapársenos que estamos ante un fenómeno que está abarcando como un cáncer a toda la región centroamericana. Entonces debemos insistir en la necesidad de apoyo a compañeros y compañeras que siguen en el país, expuestos al peligro, tratando de defender la independencia judicial, de defender el Estado de derecho. No olviden a los jueces y juezas independientes, a los periodistas, a los líderes de sociedad civil.

Toca usted un punto fundamental que, sin decirlo directamente, es una de las claves para tratar de revertir esta situación dramática que vive Guatemala. Es que lo peor que puede pasar en una nación que atraviesa una crisis democrática de esta naturaleza es la resignación. Y justamente sus colegas, los que siguen trabajando ahí, son los que están totalmente en contra de la resignación.

Sí. creo que no es algo que puedan solucionar una o dos personas. Debemos unirnos, buscar nuevas soluciones. Repetimos algunos patrones de defensa que no han funcionado. Hay que buscar nuevas rutas sustentadas en la unión de todos los guatemaltecos honestos, de los organismos y las instancias, los países que nos brindan acompañamiento, apoyo. Es un llamado a la unidad para evitar la destrucción del estado de derecho en Guatemala.