Informe del Ejército chileno: importante lo que dice, fundamental lo que calla
El 22 de marzo salió a la luz pública el informe: “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos sobre el ethos militar”
Entre las premisas básicas del informe sobresale el número tres: “Que los militares, en toda circunstancia y escenario, deben siempre observar en el cumplimiento de sus actuaciones profesionales un trato digno y respetuoso con las personas, no sólo porque está ello normado en las leyes y tratados internacionales que el país ha suscrito, sino, porque es una conducta consustancial a la profesión militar”.
El capítulo cuarto se dedica a lo que el documento denomina “1973-1998 “Del gobierno cívico militar a los cambios institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”.
Esencialmente, por vez primera se reconoce abiertamente que las violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes del ejército constituyen una profunda herida ocasionada al deber militar. Se menciona a la Caravana de la Muerte dirigida por el general Sergio Arellano Stark y la responsabilidad intelectual y de mando de Augusto Pinochet.
La Caravana de la Muerte causó un irreversible daño a la población como consecuencia de sentencias de muerte ordenadas por Arellano. Sin un debido proceso las víctimas fueran sacadas de las cárceles y sus cuerpos profanados de forma vil antes de ser asesinada. Los hechos produjeron una grave lesión a la imagen del Ejército, porque algunos de sus miembros se vieron obligados a disparar contra civiles bajo amenaza de muerte, cuando algunas de las víctimas ya cumplían condena.
Hechos execrables como este o el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofia Cuthbert en Buenos Aires, forman parte del informe. El documento ha generado reacciones encontradas. En general no se desconoce su valía, no obstante, de un análisis sereno, emergen consideraciones que alteran el primer entusiasmo. Consultamos al abogado defensor de los derechos humanos Francisco Ugás, quien forma de un equipo jurídico que representa a las familias de personas desaparecidas y ejecutadas, y a víctimas sobrevivientes y familiares de estas, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados; y al abogado y excapitán de Ejército Rafel Harvey, quien, por denuncias de corrupción en la institución, fue acusado de traidor, perseguido, amenazado y dado de baja. Hoy espera que el gobierno del presidente Gabriel Boric le restituya su cargo y su dignidad.
En el informe del Ejército sobre su actuación en el último medio cobra particular relevancia el capítulo dedicado a la dictadura militar. Usted, como abogado de derechos humanos ¿Qué impresión tiene de este informe?
Francisco Ugás. Es una impresión que se condice con la valía del reconocimiento que ha hecho institucionalmente el Comandante en Jefe del Ejército, que renunció recientemente. Hay que precisar que en la parte introductoria se establece que este es un informe evacuado por él, discutido, conversado y reflexionado con el cuerpo de generales, pero es de él, como alto mando de la institución.
Es correcto que una institución que en el pasado participó en la comisión de múltiples crímenes del Derecho Internacional en nuestro país y que actualmente está muy desprestigiada por el abuso que han cometido los altos mandos al hacer mal uso de los recursos fiscales, apropiándose de ellos, asuma su responsabilidad. Es importante y lo reconozco como algo positivo.
Sin perjuicio de lo anterior, el reconocimiento debe ser precisado con algunas consideraciones. En primer lugar, el informe del excomandante en Jefe del Ejército se publica en circunstancias particulares. Hace poco, él renunció a la institución porque fue citado a declarar en calidad de inculpado por una ministra que instruye una investigación de fraudes perpetrados al interior de la institución. Nosotros, en el pasado, tuvimos otro Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien, en su oportunidad, a través de un discurso, llamó al Nunca Más a propósito de las violaciones a los derechos humanos del período 1973-1990. Con el devenir del tiempo se estableció, por parte de la justicia, que Cheyre tuvo participación en los crímenes de la Caravana de la Muerte, episodio La Serena, en el cual fueron ejecutadas 15 personas (la Caravana de la Muerte asesinó e hizo desaparecer a 97 presos políticos, en su paso por el sur y norte del país)
Entonces, a propósito del contenido del documento, la oportunidad en que este se hace público, y el contexto en que se genera, considero que hay un uso dirigido a producir un lavado de imagen de la persona que expresa estas reflexiones sobre el actuar del Ejército en los últimos cincuenta años.
En segundo término, los hechos criminales que se señalan y reconocen ya han sido resueltos por la justicia. Sin embargo, hay varios casos que están pendientes de juzgamiento, en los cuales participó la institución castrense y sobre ellos no se dice nada.
En tercer lugar, cuando sabemos que el Ejército es una institución jerarquizada, profesional, y que registra todo o casi todo sobre el comportamiento de sus integrantes, ¿por qué no entrega esa información que nos permita dilucidar o esclarecer dónde se encuentran los cuerpos de las víctimas desaparecidas? ¿Por qué no entrega la información para esclarecer otros hechos que afectaron a víctimas ejecutadas, y a víctimas sobrevivientes? Esa reconocida vergüenza del Comandante en Jefe presupone que esas conductas afectan al ethos militar. Asumir esa vergüenza, desde los presupuestos del Estado de Derecho y en la más elemental ética pública, exige que el ente establezca y propicie conductas que aporten al establecimiento de la verdad y reparación a las víctimas, como realizar aportaciones consistentes en pos de esclarecer los hechos criminales cometidos en perjuicio de las víctimas y determinar la identidad de los responsables, mediante información relativa al paradero y/o destino final de una víctima desaparecida, entre otros.
Reconozco su valía, insisto. Pero me gustaría contrastar esta con dos obligaciones internacionales que tiene el Estado de Chile, a propósito de los crímenes de Derecho Internacional que se cometieron en dictadura: la obligación de dar reparación a las víctimas y la de garantizar la no reiteración de estos hechos. Expresión del cumplimiento de la primera de las obligaciones señaladas es la aportación de información dirigida al establecimiento de la verdad; y, la declaración pública de la verdad, para que la sociedad toda sepa qué es lo que ocurrió realmente. A mi juicio, este informe deja mucho que desear, puesto que nada aporta a la obtención de la verdad.
En cuarto lugar, el Ejército dice que es un deber del Estado formar en derechos humanos al personal del Ejército, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, resulta que poco y nada se ha hecho al respecto. Esto es parte del cumplimiento de la obligación estatal de reparación de las víctimas, y también, tiene mucho que ver con el deber del Estado de garantizar la no reiteración de estos hechos. El Comandante en Jefe firmante dirigió la institución cuatro años, y poco y nada hizo al respecto.
Le puedo comentar una situación particular que me tocó conocer. El excapitán Rafael Harvey, en 19 ocasiones, propuso al Ejército la iniciativa de crear una oficina de derechos humanos que, entre otros asuntos, se preocupara de formar debidamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario al personal institucional. Siempre obtuvo el silencio por respuesta. Que ahora vengan a decir que esas son medidas que deberían haberse aplicado, pasa por alto que el señor Martínez Menanteau tuvo todo el poder para hacerlo con el respaldo del poder civil, y nada hizo.
Me parece que lo dicho y otros cuestionamientos morigeran la valía del informe.
Rafel Harvey. Además, me parece un acto de ironía del general Martínez o un aprovechamiento, porque, recordemos, él tuvo una causa judicial con Luis Mariano Rendón, abogado, activista y víctima reconocida por el Informe Valech. Rendón le escribió una carta, pidiéndole que sacara las fotos del Mamo Contreras, de la Academia de Guerra y de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.
Aclaremos que el Mamo Contreras, el general Manuel Contreras, para quienes no saben, fue el jefe de la DINA, la tristemente célebre DINA de Pinochet.
Exactamente. La petición de Rendón se la deniegan. Él tuvo que recurrir a la Corte de Apelaciones para cautelar su derecho fundamental del derecho a la honra, igualdad ante la ley en una acción judicial. El general Martínez perdió la acción judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile le ordenó al Ejército, por intermedio de su comandante en jefe, Ricardo Martínez, en el 2019, que sacara las fotos del Mamo Contreras -de este criminal condenado a más de 600 años de cárcel- de los establecimientos del ejército. Al general Martínez no le gustó la resolución judicial y apeló a la Corte Suprema para no sacar las fotos. Él mismo presenta la apelación. No mandó a un abogado que hablara en su nombre. Firma la apelación y le dice a la Corte Suprema: no voy a sacar las fotos porque es un personaje de la historia, incluso parecido a Manuel Rodríguez. Todo está en un escrito de la Corte. Ese es el general Martínez.
También, cuando en octubre del 2018, en la Escuela Militar en Santiago de Chile, donde se forman los alumnos que van a ser oficiales de Ejército, se hizo un homenaje al ex brigadier Miguel Krassnoff -hoy cumpliendo condena de 840 años en la cárcel de Punta Peuco- una ceremonia, en la que su hijo, el coronel Miguel Krassnoff Bassa, junto al coronel Germán Villarroel, resalta el nombre del padre y su actuación. El general Martínez le fue a mentir en su cara a los diputados de la Comisión de Defensa. Les dijo, está grabado, que él no aceptaba este tipo de situaciones y que había pasado a retiro y sancionado a los dos coroneles. Yo tengo las dos hojas de vida, los coroneles no tienen ninguna sanción. Los dos pasaron a retiro voluntario en lista 1 y con todos los beneficios. Ese es el general Martínez.
Finalmente, el 16 de septiembre del año pasado, hay una foto del funeral del coronel Marco Antonio Bustos, condenado por crímenes de lesa humanidad, en donde aparece el general Martínez con el uniforme de comandante en jefe del Ejército, que pertenece a todos los chilenos, no de un sector nomás, cargando el féretro en la capilla de la Academia de Guerra.
Nunca tuvo un acercamiento, una reunión, como si yo lo tuve con Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, o con la agrupación de Detenidos Desaparecidos. Pero sí hubo, por ejemplo, ceremonias, todos los años, una misa recordatoria de los dos carabineros muertos en el atentado a Pinochet, camino al Cajón del Maipo. Ese es el general Martínez.
El Ejército podría colaborar en la aparición por lo menos de los cadáveres de los desaparecidos, (3197 personas es el número total de víctimas reconocidas por la Comisión Rettig y por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y 1163 son las víctimas desaparecidas) para que sus familiares le den sepultura, ya que hasta el día de hoy no pueden hacer el duelo. ¿Usted cree que puede llegar el momento en que el ejército realmente entregue la información ¿O tendrá el país que resignarse a que no ocurra?
Francisco Ugás. Creo que sí, porque este país tiene muchas heridas que son testimonio vivo de esas violaciones a los derechos humanos, que dejaron tanta muerte y desaparición, tortura, tanta afrenta a la dignidad de mucha gente de nuestro país. Para que sanen esas heridas, entre otras cosas, es esencial que surja y se aporte esa información.
El Ejército de Chile ha sido depositario de registros documentales de información de organismos de la dictadura, a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Por ejemplo, conservó los microfilms de la Central Nacional de Informaciones, CNI. Este antecedente surgió a propósito del caso Eduardo Frei, y actualmente se encuentran acusados tres funcionarios que participaron en la destrucción de ese material, quienes reconocen lo anterior, y lo hicieron sin acta, sin respeto alguno a las normas reglamentarias establecidas y desconociendo que se trataba de información esencial. Yo, siéndole bien franco, no me creo esa explicación. Las instituciones armadas conservan esa información. Tiendo a presumir que esos antecedentes son conservados; me resulta complejo entender que los eliminaron sin más, atendiendo el modo en que opera una institución como esta. Y si está esa información, el deber del Ejército, como órgano del Estado, es ponerla a disposición de la Justicia y de la sociedad.
Me ha tocado conocer múltiples casos de crímenes cometidos durante la dictadura. En algunos de ellos, he sido testigo de cómo, en un principio, se decía que no había ningún antecedente y, a cuentagotas, ha ido apareciendo información que supuestamente antes no estaba, no existía cuando se le requería judicialmente. Entonces, francamente, dudo que el Ejército no tenga la información en cuestión.
Aquí es muy importante que el Poder Civil realmente tenga un debido y riguroso control sobre el estamento militar. No podemos seguir bajo la falsa ilusión de que el Ejército cumple lo que le ordena el Poder Civil; y este hace como si el Ejército cumple lo que se le manda. No, el Poder Civil tiene que hacer valer su autoridad sobre el Poder Militar y éste debe ser obediente a él. Esto es fundamental.
Otro aspecto vinculado al develamiento de la verdad, es que los integrantes del Ejército sean educados y formados en nuestra historia reciente; sus integrantes deben conocer que se organizaron Centros de Área de Jurisdicción de Seguridad Interior en septiembre de 1973, para que cometer terribles y cruentos crímenes en todo el país, ejecutados por agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden que se habían repartido el control de las principales ciudades de Chile luego del golpe de Estado; hay que enseñarles que dichos crímenes han sido juzgados por la Justicia, reconociendo que son crímenes de lesa humanidad y, algunos, además, crímenes de guerra; deben saber cómo funcionarios de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden pasaron, mediante comisiones extrainstitucionales de servicio, a conformar las policías secretas -DINA y CNI-, y que estas cometieron crímenes contra civiles. Eso tiene que saberse, para que nunca más vuelva a ocurrir. Es brutal lo que ha podido establecer la justicia en los procesos judiciales. Aquí, veo falta de iniciativa de las instituciones castrenses.
¿Es dable imaginar que, desde el final de la dictadura hasta el día de hoy, aunque no haya una oficina de derechos humanos, hay un cambio de mentalidad radical dentro del Ejército de Chile?
Rafael Harvey. No, por ningún motivo. Hay una extrema pinochetización del Ejército porque así se les enseña a los oficiales desde que entran en la formación. El año 2018, cuando asume Martínez yo pregunté por la transparencia a nuestro ejército: ¿Cómo se le enseña a los cadetes de la Escuela Militar, a los alumnos a denominar el periodo de la historia entre el 73 y el 90? los años de dictadura. Me responden por escrito y con un programa docente firmado por la Escuela Militar: nosotros enseñamos a los cadetes a denominar ese período de la historia como Gobierno Militar. Cuando se habla de un gobierno quiere decir que hay separación de los poderes del Estado, que no hay violación sistemática de los derechos humanos. Entonces el cadete desde la Escuela Militar dice que fue un gobierno militar. Así, Pinochet fue un presidente legítimo. Eso les enseñan. Y no ha cambiado. Todavía existe una medalla con el nombre de Augusto Pinochet que se entrega en el Ejército. Sigue vigente esa cultura de que la dictadura no fue dictadura. Hay mucha cercanía, que la encuentro nefasta, con el sector político de RN, la UDI, Evópoli y el partido Republicano (agrupaciones de la derecha chilena). Eso también nos lleva a una idolatría por ese período de la historia.
Francisco Ugás. Es necesario provocar en los miembros del Ejército y de las ramas de las fuerzas castrenses y de orden un cambio radical. En ello, es esencial inculcar en las instituciones castrenses el estatuto de protección del ser humano, instituido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que emana de fuentes que son tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos o de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, de los que Chile forma parte. Este es uno de los grandes desafíos para el Gobierno que el viernes 11 de marzo de 2022 asumió la responsabilidad de dirigir los destinos de Chile.
