Bolivia: sin independencia y calidad no hay justicia

La Constitución boliviana del 2009 estableció un sistema singular: la elección de las autoridades judiciales por voto popular. Por tratarse de un modelo único en el mundo, de contribuir al estudio de los procesos de selección judicial y de aportar sugerencias concretas para las autoridades bolivianas, la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación Construir realizaron un estudio de la experiencia de elección de autoridades judiciales del 2011 y sus impactos en el sistema de justicia. La investigación y redacción del informe estuvo a cargo de Luis Pásara, experto en temas de justicia en América Latina y senior fellow de la Fundación para el Debido Proceso. Por su parte el gobierno del Presidente Evo Morales ha llamado, para este mes de abril, a una cumbre nacional para debatir el tema de la justicia.

Al parecer hay unanimidad en calificar la situación crítica de la justicia, incluso por parte del gobierno.

Así es. Dos o tres entrevistados sostuvieron que era muy pronto para hacer un balance de lo que se había logrado y lo que no se había conseguido con la elección popular de las autoridades judiciales. Pero existe un amplio consenso, tanto del gobierno como de voces críticas de la oposición en que esto no ha funcionado. Y me parece que hay algunas evidencias que confirman la apreciación.

Precisamente hacia eso iba. Entremos en detalle. La independencia del poder judicial.

Hay evidencias contradictorias. Esto no era materia del informe y en consecuencia no se tuvo que profundizar en ello, pero hay grupos de trabajo que han estudiado la situación en detalle; estoy pensando especialmente en el Observatorio de Derechos Humanos, en el sentido que el gobierno ha utilizado el aparato de justicia como un elemento de persecución política. Por allí aparecen más o menos evidencias que llevarían a cuestionar si el poder judicial ha logrado cierto nivel de independencia. En todo caso, las concordancias con las personas con las que hablé en Bolivia y los documentos que he tenido a mano no indican una mejora en la independencia.

Como sabemos el caso de Bolivia es particularmente serio en América Latina, porque a lo largo de la historia boliviana el poder judicial no se ha caracterizado por ser independiente. Sobre eso no ha habido un cambio sustancial. No obstante, como usted pudo ver en el informe hay algunas resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que muestran cierto nivel apreciable de independencia.

Es curioso que, al mismo tiempo, el mayor cuestionamiento de los incidentes que ha habido en los últimos meses se haya producido entre el poder ejecutivo y el Tribunal Constitucional. No sé si estos gestos, estas decisiones que exhiben independencia, han sido  o no del agrado del gobierno. El hecho es que la Asamblea Legislativa ha destituido a dos magistradas del Tribunal Constitucional y ha puesto en el limbo a un tercero. No sé si podemos relacionar lo uno con lo otro, pero es la realidad.

Respecto de la elección por voto popular de los jueces, ¿son también contradictorias las opiniones?

No. Creo que ahí el consenso es más amplio. Me parece que el interés del informe –es importante remarcarlo- para un público que va mucho más allá de Bolivia es que con frecuencia cuando se confirma lo que sabemos de nuestros países y es que el poder judicial tiene un rendimiento muy poco satisfactorio, es poco independiente, es ineficiente, etc. y se cuestiona a los jueces, entonces se dice: “¿y por qué no los elegimos?”. Surge como un reclamo, como una propuesta. En el caso de Bolivia es el único  país, no solo de América Latina sino del mundo en el cual  se ha elegido a las más altas autoridades judiciales de esta manera, y, muestra que tampoco la elección es el mejor camino, incluso puede dar resultados muy frustrantes. Hay que subrayar que la elección no se hizo de una manera abierta, plural, de tal modo que se pudiera reclutar a los mejores candidatos. En realidad el proceso eleccionario estuvo orientado a un control político de parte del grupo mayoritario en el poder, el del MAS que lidera Evo Morales. De modo que se impuso un límite estrecho a la posibilidad de elección.

Pero tal como se hizo hay unanimidad en decir que la elección ha sido un fracaso.

Y a lo mejor allí, me da la impresión, está una de las claves de la crisis de la justicia boliviana. Es decir, no son los más aptos lo que ocupan los cargos en el sistema judicial.

No seamos ingenuos, cualquier sistema que se vote tiene sesgo político. En realidad ya no hay nada que se nos pueda ocurrir porque todos los sistemas han sido inventados y probados en diferentes partes. Entonces cualquier sistema que se examine posee esa característica. Sea que se elija mediante la elección popular, sea que se lo haga por el Congreso, por el Presidente, por un cuerpo autónomo, en cualquier caso hay sesgo político, porque la función judicial es demasiado importante como para que el poder político y el económico se desinteresen del tema de la elección de jueces. De modo que la elección de magistrados opera como una suerte de imán que atrae al poder político como elemento que trata de intervenir o de determinar el proceso. Eso es inevitable.

Lo que hay que hay que garantizar realistamente es que el modo de elección por el cual se opte, no rebaje la influencia de los ingredientes políticos pero si los armonice con sistemas relativamente objetivos de calificación. Y, en consecuencia, se pueda lograr que quienes son así elegidos tengan un mínimo de calidad profesional y técnica para desempeñar el cargo. Esto es lo que en caso boliviano no se ha garantizado. Todo el sistema que está escrito en detalle en el informe, no lleva a escoger a la gente con las mejores calidades entre los candidatos. Entonces ha predominado el sesgo político por encima de la consideración de las calidades profesionales.

Tiene usted razón cuando dice, no seamos ingenuos, en toda elección hay intereses en juego. Pero este argumento puede llevar a ciertos extremos. Le cito uno que aparece en su informe, el del vicepresidente García Linera, cuando dice: independencia de poderes, pero respecto a quién. “Esta es una ilusión liberal, creada para encubrir la dependencia real de la justicia hacia el poder económico moderno”. Aquí estamos frente a una interpretación radical del asunto.

El vicepresidente García Linera tiene una posición efectivamente radical repetida, porque no es solo esa que usted cita, son varias. Se burla de la independencia judicial, dice que no existe, que es una ficción.

Hasta este punto estábamos conversando usted y yo, de la necesidad –en el supuesto que se busque la independencia- es decir, de que los diversos actores participantes en el proceso de la elección de jueces, relativamente de buena fe, traten de procurar las dos cosas: independencia y calidad técnica. Podemos discutir sobre las mejores maneras de conciliar ambos requisitos. Pero si uno parte de decir, la independencia judicial es una  farsa, entonces el problema no es el de independencia judicial, y en ese sentido las declaraciones de García Linera son preocupantes. Por eso al final del informe se sugiere que el gobierno clarifique cuál es su punto de vista al respecto, porque si no se busca independencia la discusión es otra. Por ahora el hecho es cómo encontrar a los mejores jueces.

Tan grave es la situación en Bolivia que el mismo Presidente de la república, el señor Evo Morales, ha convocado a una cumbre de justicia para dentro de pocos días. Ya hemos nombrado naturalmente a algunos, pero en un intento de síntesis, ¿cuáles son a su juicio los principales que deberían debatirse en un encuentro de esta naturaleza?.

Hay una serie de estudiosos bolivianos que han examinado con más amplitud y profundidad que yo el tema. Hace poco ha aparecido un libro de Pamela Delgadillo y de Rogelio Mayta que parece un buen análisis (Laberinto.bo. Presentado en enero recién pasado) de la justicia boliviana, que es complicada, difícil, tiene lastres de diversos tipos.

Respecto a los nombramientos, que es el tema del cual pude ocuparme a través de este trabajo, creo que hay que reconsiderar el asunto. Hay que definir el punto de partida. En ese sentido, el sector mayoritario que es el del MAS, tiene que esclarecer qué es lo que busca con la elección de jueces. Eso me parece un punto fundamental y desde allí se puede recurrir a diversas fórmulas que tiendan a lograr, lo que decíamos hace un rato, buscar las mejores calidades posibles de entre los candidatos y nombrarlos de una manera tal que gocen de independencia, que no le deban el puesto a nadie. Lo que se ha hecho hasta ahora, desgraciadamente, no solo es cuestionar -digo el gobierno- a los elegidos, sino amenazar con que en cualquier momento los van a echar del cargo y esto me parece muy negativo. Ud. no puede sentarse a jugar con determinadas reglas y como no le gusta el desarrollo del juego, decide que va a cambiar las reglas. Así es que  echa a los jugadores que están participando. Esto lo ha dicho el Presidente Morales en más de una ocasión. A partir de más o menos abril del año pasado ha empezado a hacer cargos muy duros y a lanzar amenazas contra los actuales magistrados, los que fueron elegidos con el sistema de elección popular que diseñó el mismo gobierno de Evo Morales.

Me parece que hay que establecer reglas claras, que se mantengan y respetan, lo que puede darnos como resultado jueces que confíen en que la manera en que ejerzan el cargo no va a traer consecuencias en su carrera profesional. Es muy importante para la independencia.

Permítame insistir en este punto. Debo entender que usted es un firme partidario de la inamovilidad de los jueces.

Por supuesto, con cargo a que los jueces puedan ser procesados si es que cometen una falta importante, notoria. Procesados de una manera objetiva por un mecanismo y una instancia también independiente que pueda establecer responsabilidades. Pero salvo eso, los jueces no pueden ser destituidos cuando al Presidente o al Congreso nos les gusta lo que están haciendo.

El Presidente Evo Morales dijo en un momento determinado, que, efectivamente, el haber llevado a la justicia polleras, ponchos y sombreros no había servido de mucho para mejorarla. Tal vez uno de los problemas más profundos que tiene Bolivia en este caso es esa enorme herencia colonial y la manera de aproximarse al tema de la justicia que finalmente llevan a la injerencia y a la corrupción. Si eso es así, se necesita un largo proceso de reeducación cultural jurídica, por llamarla de alguna manera.

Es parte de un proceso más complejo, en el que no solo están incluidos los jueces. Son los abogados, que forman parte activa, operadores de ese proceso, en el caso de la corrupción, en determinado número; y también los ciudadanos. Hemos sido educados en sistemas que admiten ciertas prácticas, que están conducidos por ciertas creencias y valores que alimentan y reproducen una serie de vicios del sistema. Somos a veces un poco hipócritas cuando decimos que la responsabilidad está sobre los jueces, cuando en realidad lo somos todos nosotros en diferentes medidas.

Claro, hay un proceso de reeducación que hay que hacer, muy complejo, difícil. Hay que reconocerlo. En ese sentido, concentrar el tema de una justicia distinta simplemente en la elección de nuevos jueces para las cortes de las más altas instancias es una simplificación terrible. Y esto es parte del problema planteado en Bolivia. Elegimos a X número de personas que van a ocupar los cargos en cuatro instancias de importancia: el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental y ya vamos a tener unas justicia distinta. Es una promesa ilusoria. La reforma supone un proceso mucho más complejo que empieza en varios lugares de base, las facultades de derecho, la educación ciudadana en el sentido escolar y no escolar, etc. Y en un momento dado se puede pensar en mejores niveles de justicia, pero no es simplemente cómo nominamos a diez o a quince personas.

Aquí puede acceder al informe completo: 

http://dplf.org/sites/default/files/informe_bolivia_web2.pdf

Vi en su informe que un poquito más de un 0,5% del presupuesto nacional es el destinado a la justicia. Me parece realmente escaso.

Las cifras divergen según la fuente consultada. En todo caso no es más del 0,5%. Pero lo sorprendente es que el proceso de cambio que tiene lugar en Bolivia, liderado por el Presidente Morales, en los años que lleva en el poder, no ha aumentado en nada ese porcentaje. Es muy difícil pedir una justicia mejor con esas cifras que se muestran. Cuando uno visita juzgados exhiben un estado lamentable de los recursos, de la infraestructura.

Yo no digo que la reforma de la justicia consista en asignar más recursos. Eso está demostrado que es falso. Pero, cualquier cambio en un sistema de justicia, si no tiene recursos significativos para mejor las condiciones de trabajo, las materiales, no puede marchar. Buena parte de los municipios del país no tiene jueces. El aparato de justicia no cubre territorialmente todo el país. Entonces estamos frente a condiciones claramente insuficientes para que la justicia pueda operar…en el supuesto que tenga el personal más eficaz, el de mejor calidad profesional. Supuesto que creo no se da, pero si lo tuviera tampoco podría operar.