Al gobierno boliviano le disgusta la crítica
Raúl Peñaranda es autor del libro «Control remoto» en el que cuenta que, en los últimos años, el gobierno boliviano realizó gestiones para controlar importantes medios de comunicación. Entre ellos están las redes de TV nacionales ATB y PAT, los canales regionales Full TV y Abya Yala y el diario La Razón, a los que Control Remoto denomina “paraestatales”.
Hoy existe presión contra los medios y los periodistas. Se ha optado por penalizar y controlar la libertad de expresión.
¿Por qué no le gusta la crítica al gobierno que preside Evo Morales? ¿por qué considera vende patrias, agentes del imperialismo, derechistas a lo que no están de acuerdo con variados aspectos de su gestión?
En 2012 Bolivia ocupó el puesto 108 de 179 países sobre la libertad de prensa. En lo que va de 2015, ocupa el puesto 91 de 199 naciones. En América, Bolivia está en el puesto 22 de 35 países. Exhibe así un deterioro evidente. Conversamos con dos expertos bolivianos para conocer de cerca las causas de esta mala noticia. Se trata del periodista Raúl Peñaranda, reciente premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, de Nueva York, y Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo y participación comunitaria así como en medio ambiente, derechos humanos, salud y gobernabilidad de base. Gumucio, considera, entre otras cosas. impropio de una democracia las presiones a los periodistas y el excesivo presupuesto dl Estado para realzar la imagen del presidente de la republica
La ley antirracismo impulsada por el Gobierno de Bolivia tiene dos miradas por parte del periodismo independiente: por una parte, se trata de un propósito noble que busca, con justicia, impedir la discriminación histórica que ha caracterizado al país. Por otra parte, crea la posibilidad de cerrar medios y establecer juicios a los periodistas, que a juicio de las autoridades han violado la ley.
La Asociación de Periodistas de La Paz presentó un documento de recolección de firmas que llevan adelante instituciones de la prensa en todo el país, que desea eliminar los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo. Actualmente se tienen 391.000 firmas en el territorio nacional
Altos funcionarios de gobierno descalifican social o políticamente a aquellas personas que asumen posiciones críticas frente a las políticas o el accionar del Gobierno nacional.
La libertad de prensa y de expresión, son valores y cualidades que no, repito NO, deben ser reemplazadas, por criterios «dizque» reguladores, o autocontroles que se pretende impulsar desde algunos organismos estatales.
Los periodistas, profesionales, dirigentes y líderes políticos, analistas, politólogos y estudiantes de nivel superior; ya son personas respondables y ciudadanos hábiles por derecho. Lo que piensen y expresen por cualquier medio, forma parte de la «riqueza» generada por el recurso, a mi criterio, más importante de un Estado, sus recursos humanos; los gobernantes, cualquiera sea la ideología de turno, debe tener la amplia tolerancia para «administrar» o «canalizar» esta producción intelectual. El Ministerio de Comunicación es la instancia llamada a realizar una «lectura» adecuada y establecer, según sus valores, los niveles y jerarquías encargados de absorber toda esta producción, seguramente usaran medios informáticos, dados los grandes volúmenes de información, para su almacenamiento, procesamiento y difusión, dado el caso necesario.
De la manera indicada, como sugerencia, se tendría la posibilidad de estratificar y valorar las críticas, sugerencias como la presente, opiniones, denuncias, ideas sueltas, erc. en fin, podrán darles algun valor, tal vez mi sugerencia tendría un 2/10 y sea archivadas, o tal vez un 9/10 y sea canalizada a un nivel jerárquico capaz de impulsarla por ser «positiva».
Pero de ninguna manera debe coartar mi libertad de opinión, de expresión… de pensamiento.