Human Rights Watch: la impunidad en México es la norma

Lo sabíamos todos, íntimamente presentíamos que sería imposible rescatar con vida a los estudiantes de Iguala, México. No es mero pesimismo. El conocimiento del salvajismo con el que actúa el crimen organizado y sus socios estatales dejaba escasas dudas sobre el destino de estos 43 muchachos. Hablamos con José Miguel Vivanco, Director para las américas de Human Rights Watch.

Fue el Estado
Masiva protesta en el Zócalo, responsabiliza al Estado de lo ocurrido en Iguala

Hubiéramos esperado una acción  inmediata, de urgencia extrema por parte del Estado. No fue así. El Presidente Enrique Peña Nieto tardó cuatro días en reconocer el problema con el agregado de un comentario revelador al decir que el caso era de Iguala. Como si Iguala fuera Guatemala, cuando se trata de una localidad que queda a tres horas, en auto, de la capital federal mexicana. Esta reacción tardía agravó la situación porque se reaccionó tarde y mal. El propio Jesús Murillo Karam, el Procurador General, se involucró a los diez días de lo ocurrido. La indolencia hace más inviable el rescate con vida de los estudiantes.

Los familiares no creen la historia  contada por el gobierno. No solo es la reacción de cualquier padre o madre que se encuentren destrozados ante una noticia de esta naturaleza; que se resiste a aceptar la información proporcionada por  el Fiscal General. Es una reacción genuina de lo que siente México: una desconfianza total frente a las autoridades, especialmente sobre aquellas que tienen responsabilidad de orden público y justicia.

La impunidad en México es la regla. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, se cometieron 33 millones de delitos en 2013. No hay sanción alguna para 99.5% de los delitos que se cometen en el país. Entre 2006 y 2012, fueron asesinadas intencionalmente 131 mil personas.

Entonces, la reacción de esos padres es perfectamente justificada.

No se trata de poner en entredicho las declaraciones del Procurador Murillo Karam, lo que pasa es que el comportamiento de las autoridades explica la desconfianza generalizada. Empeora la situación el hecho de no existir evidencias físicas de los cuerpos de los jóvenes, porque aparentemente lo que hay son cenizas. De tal manera que no es posible confirmar la identidad hasta dentro de varias semanas o meses, cuando los peritos forenses austriacos puedan dar una respuesta fidedigna, especialmente a los familiares.

Para Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de derechos humanos los discursos son importantes porque siempre es preferible una retórica pro derechos humanos y no una adversaria a esos derechos. Sin embargo, al final del día, la trayectoria de un Estado, especialmente frente a sus ciudadanos se mide en función de los resultados y en el caso de México no existen.

José Miguel Vivanco: “El gobierno actual ha demostrado en los hechos no tener mayor interés en temas, no solo de derechos humanos, sino también de seguridad pública. Su agenda ha sido otra, la del desarrollo, el crecimiento, una agenda vinculada la privatización de sectores importantes de la economía. El problema es que ha abandonado por completo preocupaciones centrales en el ámbito de la protección de la población.

Lo que mueve al presidente de México y su gobierno es la proyección de una imagen del México ficticio, que no es el que viven las grandes mayorías, en donde en vastas regiones se sufren violaciones a diario, abusos, tanto por el crimen organizado como por agentes del Estado y no hay a dónde acudir. El abandono es prácticamente total. La corrupción promueve que la justicia se corrompa y esté penetrada por los mafiosos o actué para la extorsión y la intimidación”.

Vivanco 1
José Miguel Vivanco de HRW

Las promesas hay que medirlas en los hechos. De las escasas iniciativas valiosas de actual gobierno fue crear una unidad de fiscales, cuya tarea el averiguar el destino de los miles de desaparecidos que existen en México. De acuerdo a cifras oficiales hablamos de 25 mil. Eso es lo que explica que en el proceso de búsqueda de los estudiantes se topen con fosas y fosas clandestinas que son de otras personas que nadie reclama. Sin embargo, este año propuso la reducción, hasta de un 60% de su presupuesto. Son acciones bastante más elocuentes que los discursos.

No han faltado voces reclamando la imposición de la pena de muerte para estos crímenes aberrantes. El Director para las américas de HRW rechaza categóricamente estas declaraciones

“Es una soberana estupidez, normalmente promovida por políticos oportunistas que buscan un rédito rápido, electoral fácil, prometiendo resolver estos asuntos con más brutalidad. De lo que se trata es de construir un sistema judicial que a tomar probablemente muchos años y una administración, no solo de justicia, sino también policial y de seguridad eficiente, profesional, que pueda con credibilidad investigar estos hechos, prevenirlos y sancionarlos. Mientras no exista justicia y la norma sea la impunidad esto no va mejorar”.

Si se le pregunta al Estado mexicano cuántos funcionarios han sido condenados por desapariciones, durante los últimos ocho años, la respuesta va ser, ninguno. Este es el dato que genera fuertes incentivos para aquellos funcionarios, militares, marinos, policías, cuando actúan en tareas de seguridad, porque saben que nunca tendrán que rendir cuentas si comentan abusos, aunque sean incluso, torturas, desapariciones o asesinatos.

Lamentablemente el panorama es muy deprimente y triste.

“Cuando uno ha tenido el privilegio de reunirse con esos padres, apenados, acongojados, gente muy humildes, campesinos, que con las uñas lograron enviar a sus hijos a un internado y después de cuatro o cinco años pueden recibir un título de maestro y conseguir un salario superior al de sus padres. Con esa ilusión, muchachos de 19, 20 años fueron enviados a esa escuela y que terminen en esto, frente a un gobierno que muestra una inicial falta de interés mínimo en apoyar y en proteger a esas familias es realmente muy duro. Lamentablemente el actual gobierno ve estos problemas como crisis que hay que resolver improvisando, buscando alguna solución para luego dar vuelta la hoja.

Ojalá que de todo esto los mexicanos, porque en gran medida depende de ellos, le exijan a su gobierno federal una orientación, una actitud, un desembolso de recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, la mayoría en México, porque de lo contrario se agravarán los síntomas de un problema muy profundo que no va a mejorar sino hay una toma de posición por parte del pueblo de México que obligue a sus autoridades a adoptar políticas serias y rigurosas para mejorar el rendimiento del país en materia de justicia y derechos humanos”.

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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