La justicia en México o cuando las carencias frustran a todo el país. Habla un miembro de la Corte Suprema

Si usted habla sobre la justicia mexicana con alguien del país, no se extrañe que le responda, irónicamente: ¿cuál justicia? Es este el tiempo en el que percepción popular desconfía, no cree y se siente más bien desamparada ante los actos de corrupción del Estado y la connivencia de autoridades con el delito y el crimen. Por eso cobran singular importancia estas palabras de un hombre que ocupa una silla en la Corte Suprema de Justicia de México, José Ramón Cossio Díaz.

Un artículo suyo, en el diario El País, dice algo atroz: que esa noche triste es la de las 49 personas destruidas por delincuentes creados o solapados desde el Estado. En ello no hay posibilidad alguna de justicia. Es la más evidente ausencia de ella. Que un juez de la instancia máxima de un país asegure eso como para ponerse a llorar.

Yo trataba de hacer esta analogía que usted vio, respecto a la noche triste que aprendí como estudiante, la noche triste de Hernán Cortes, huyendo la Ciudad de México, perseguido por las tropas del emperador Moctezuma. Esteban Illades escribió un libro muy interesante, sustancioso, llamado La noche más triste. La analogía hace referencia a lo que aprendí y Esteban, como un joven de esta generación, percibía.

En el relato que él hace dice que participaron autoridades políticas, policiacas, ministeriales, judiciales, del Estado de Guerrero. En consecuencia, quienes deberían ser las autoridades que estabab allí para proteger, para cuidar y distinguir a las personas, son las que precisamente las atacan.

Si entonces pensamos que la justicia es una acción que se lleva desde el Estado, no hay unas posibilidad de justicia porque el mal vino desde el Estado.

Por eso que en una de las grandes manifestaciones que se hicieron posterioridad a ese drama, unas gran antorcha en el Zócalo iluminaba una frase decisiva: fue el Estado

Sí. El Estado como entidad total, sin distinguir aquí autoridades de qué nivel, competencia, jerarquía, efectivamente fue. Creo que esto es lo que está lastimando mucho a la sociedad mexicana. Porque la delincuencia sabemos que es una actividad que trata de lastimar, obtener resultados a través de métodos muy violentos. Está allí y contra ello hay que contender; pero cuando la acción viene del mismo Estado, esto sí es gravísimo para cualquier sociedad. Esto es parte de la manera tan lastimada, tan triste que se siente en el país.

Pienso que Ayotzinapa no solo es Ayotzinapa. Es mucho en sí misma, pero es también la manifestación de un hartazgo, de un colmo, de una imposibilidad de ver resultados.

Insisto, no las fracciones que vienen de la delincuencia, sino de las acciones que no están enfrentando a la delincuencia o que, inclusive, están tan relacionadas las autoridades con la delincuencia que acaban siendo parte de lo mismo. Por eso es tan simbólico el caso de Ayotzinapa.

Usted lo ha dicho, la desesperanza se va acumulando, va creciendo. ¿Es posible ofrecerle a esa desesperanza una lucecita?

Creo que sí. Hay acciones que son muy básicas, pero que se van confrontando. Tanto en contra de la delincuencia como de estos agentes del Estado que están involucrados o relacionados con ello. O inclusive que tienen su propia lógica delictiva.

Hemos tenido avances numéricos. Es triste medirlo así, sin embargo no hay otra manera de cuantificarlo. Una disminución de muertes violentas. Empieza a haber procesos en contra de agentes del Estado que se han involucrado con el narcotráfico, la delincuencia organizada. Hay avances también en la manera en la que se están denunciando los casos de tortura, los de desaparición. Se acaba de crear un protocolo para que todas las procuradurías del país tengan un método de identificación y actuación. El Congreso anuncia para el período de otoño la emisión de la ley de desaparición forzada de personas. Es decir, empieza a haber algunos pasos institucionales, que tomarán tiempo, pero me parecen señales positivas para tratar de contender contra el fenómeno, así como generar alguna luz en este sentido.

Lo que parece evidente entretanto es que la demanda de justicia insatisfecha es una realidad inocultable en México.

Desde luego que sí, y hay cada vez más más desazón en la manera en que en las redes sociales se expresan las personas, los comentarios ácidos, los niveles de evaluación que tienen los distintos dirigentes políticos y judiciales, desde luego nos están indicando que hay un sociedad frustrada, irritada, que se siente desamparada en muchos sentidos. Este es un tema que no podríamos ocultar. Es una sociedad lastimada la que tenemos enfrente y hay que dar resultados en disminución de delincuencia, en aprensiones, en combate a corrupciones. Son muchos los focos que hay que atender.

Voy a insistir en esto. Le leo un fragmento del análisis que hace una organización de derechos humanos:

El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad.  Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.

¿Es cierto todo esto?

No sé si todo es cierto y no sé si con ese énfasis, pero mucho de lo que se dice ahí, sí. Usted sabe que nosotros estamos migrando a un sistema oral acusatorio. En junio del año entrante tendremos que tener a todo el país trabajando con este sistema. Esta es de las medidas importantes que se han tomado en los últimos años para tratar de remediar, no sé si todos, pero sí muchos de los elementos que señala esta ONG.

Tenemos una idea de lo que son los juicios orales acusatorios, tenemos la equidad de las partes, audiencias transparentes, la necesidad del desahogo de las pruebas en la audiencia misma, una garantía mucho más clara de la presunción de inocencia, jueces de garantía…es decir, hay esfuerzos que se están haciendo para tratar de atajar esto.

Pero la imagen –no estoy diciendo rigurosamente en todos los ámbitos- que tienen sectores importantes de la sociedad sobre la justicia, es la que describe esta organización. Creo que si uno se pusiera de contrastar punto por punto, habría niveles, unos pocos más, unos pocos menos, habría posibilidad de discutirlo empíricamente. Pero el nivel en el imaginario de los que estamos haciendo en la justicia, lo que estamos resolviendo, a quiénes estamos castigando, a quiénes estamos exculpando, sí siguen siendo muy frustrantes para la sociedad.

Siempre se le carga la mano al Estado, pero tengo la impresión que en cuanto a la responsabilidad por el tema de la corrupción también habría que hacer una referencia seria y enfática sobre la responsabilidad social. Estoy pensando en la mordida, en la purificación, en toda una costumbre cultural de la pequeña corrupción.

Eso que trata usted es muy importante, porque normalmente se piensa que los políticos son los únicos que corrompen. Puede haber casos en que así sea, cuando toman dinero del presupuesto, cuando lo desvían, cuando tienen privilegios que no están autorizados…pero también  hay una parte muy importante que se da con los empresarios, cuando se hacen venta o adquisición de bienes públicos, cuando se asignan obras y se reciben sabiendo que se trata de un hecho ilícito. Cuando, usted lo dice bien, se paga una mordida. Es decir, creo que habiendo mucha corrupción en el ámbito político y pudiendo haber muchas manifestaciones de ella, también me parece que se simplifica el fenómeno, se hace una especie de chivo expiatorio único a la clase política y todos los demás se sienten tranquilos, contentos, identificando a un solo responsable. Es un fenómeno social muy generalizado porque hay muchos niveles y formas. La más simple es la mordida para no ser procesado o multado, pero hay muchas otras maneras a las que no solemos identificar. Cuántas personas están lavando dinero, que saben que es ilícito, que proviene de actividades criminales. Se ven aparecer inmuebles, edificios. No solo en México. De dónde salen esas enormes cantidades de dinero.

Es verdad que hay una corrupción entre las clases políticas, entre los servidores del Estado, pero quién los corrompe, con quiénes se asocian. Si la reforma anticorrupción no tiene la capacidad de visualizar el fenómeno en su totalidad, pues estamos teniendo un sistema bastante pobre con esta concepción.

No es un problema de responsabilidad administrativa, porque esta recae solo en el servidor público. En cambio, la responsabilidad general, penal, civil, abarcan a la totalidad de los sujetos.

Un caso particular que no puedo obviar. Los periodistas se sienten huérfanos de protección y de ley. Los ultiman sin consecuencias. Es como que quisieran matar a la verdad. Por qué la ley es también inútil con los periodistas, a los también persigue la triada malévola de narcotraficantes, policías y políticos.