Ayotzinapa: Quieren culpar a las víctimas de su propia desgracia

Un estudiante, un padre que tiene a su hijo desaparecido y un abogado defensor de derechos humanos es la delegación mexicana que recorre Europa en estos días. Lo trae el propósito de contar lo ocurrido en esa localidad que tiene nombre derivado del Náhuatl, Ayotzinapa, y que significa río de calabacitas o tortuguitas. Tierno apelativo manchado por un episodio execrable que compromete la vida de 43 jóvenes. Omar García es uno de los estudiantes que sobrevivió al drama. Eleucadio Ortegas es padre del desaparecido Mauricio Ortega. Román Hernández es abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.

Ayotzinapa, síntesis cruel de lo que sucede en México. Según cifras del gobierno, desde el año 2006, han desaparecido a lo menos 22610 personas. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, ha establecido que entre los años 2007 a 2014 desaparecieron 6998 menores de 18 años.

Tan grave es la situación que la Cruz roja internacional pidió crear un urgente protocolo de búsqueda que pueda dar respuesta a los familiares de las víctimas.
Otro dato macabro es que desde el primero de diciembre del 2006 y hasta el 28 de febrero de este año se han encontrado  601 cuerpos enterrados clandestinamente en 174 fosas comunes. El 80 por ciento de estos cadáveres no ha sido identificado, según un informe de la Procuraduría General de la República ,PGR. El estado de Guerrero es el que registra la mayor cantidad de fosas. Se trata de uno de los Estados más golpeados por la violencia y de los pobres entre los pobres. En México viven 53.3 millones de pobres, de continuar la tendencia, en 2018, en el último año de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cifra podría llegar a los 55 millones de personas.

Son algunos datos, pocos en comparación con el total de graves de violaciones a los derechos humanos perpetrados sistemáticamente en México.

Pero la realidad no basta para que las autoridades reconozcan la magnitud de lo que ocurre y la responsabilidad que le corresponde al Estado en esta situación. Así lo dice José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Right Watch.

La búsqueda de invisibilidad de la verdad, de evitar que el Estado se vea involucrado en crímenes de lesa humanidad lleva las autoridades a tomar medidas reñidas con la razón. Como calificar los delitos en torno a los 43 estudiantes de secuestro, delincuencia organizada e incluso atentados a la salud. Lo importante es evitar lo que todo el mundo sabe, que se trató de desaparición forzada. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha recomendado, precisamente, llamar desaparición forzada a lo ocurrido en Iguala.

Esta misma comisión de cinco expertos, que está en el país desde el mes de marzo pasado, ha dicho en su tercer informe que lo prioritario es la búsqueda de los 43 estudiantes. Es decir, descarta, por el momento, la tesis de las autoridades mexicanas que aseguran que los muchachos fueron incinerados y sus cenizas echadas a un río.

De ser cierto lo que asegura la asambleísta Zuleyma Huidobro que próximamente desaparecerán de la Cámara de Diputados del Senado 19 comisiones especiales, entre ellas la que investiga la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, se trataría de otra vuelta a la tuerca de la ocultación y un gesto torpe que esgrime como excusa que se trata de una medida adoptada hace ya tiempo. Lo importante en el caso de los 43 no es el tiempo es la voluntad decidida en la búsqueda a toda costa de la verdad. El país entero la desea, la comunidad internacional la espera.

En todo caso agentes federales mexicanos realizaron la última detención importante al capturar a Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía municipal de Iguala cuando los jóvenes desaparecieron. Valladares es una pieza clave de los hechos.

Pero queda mucho por averiguar. Los expertos de la CIDH desean entrevistar a personal militar del batallón 27 de la zona, quienes son señalados por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia. Lo que apuntaría a una acción coordinada de esta sociedad para el crimen entre la policía municipal, el ejército, y los narcotraficantes a solicitud del alcalde y su mujer.