Sala de lo Constitucional de El Salvador: conocer la verdad y contar con las víctimas

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador sorprende a propios y ajenos al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía que perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil entre 1980 y 1992. Entrevistamos de forma exclusiva al magistrado Sidney Blanco.

Cuatro de los cinco magistrados califican la ley de 1993 de inconstitucional por ser «contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales». Al tiempo dicen que esa amnistía violenta el «derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario». La Sala anula la ley porque viola dos artículos de la Constitución de El Salvador que están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

Para Belarmino Jaime, magistrado que votó en contra, la amnistía fue el precio para terminar el conflicto armado. La sentencia de sus colegas reabre -dice- el enjuiciamiento de los 32 casos consignados en el Informe de la Comisión de la Verdad inobservando los principios de juridicidad, irretroactividad de las leyes, seguridad jurídica y la prohibición de doble juzgamiento. Jaime considera que los cuatro magistrados exceden los límites de la competencia dada a la Sala por la misma Constitución.

Lo cierto es que el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional rompió el dique de contención del silencio. La controversia está en pleno desarrollo.

La Comisión de la Verdad estableció que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas durante la guerra. Los agentes del estado, los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte son responsables de 90% de los crímenes, el 3,3% le corresponde a la guerrilla y el resto a gente armada no identificada.

Los detractores de la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que se encuentran tanto en el gobierno del FMLN como en la oposición, principalmente el partido ARENA, levantan la bandera del miedo para pronosticar riesgo de desestabilización y conflictos sociales. Los adversarios más radicales acusan a la Sala de dictadura judicial o de irresponsables de cara al futuro del país.

Con los crímenes de lesa humanidad que eluden el tratamiento jurídio y social sucede algo similar que con las fallas tectónicas. Exceptuando la de San Andrés, las otras placas como la  sudamericana, la de Nazca, la de Cocos, la el Caribe, y la de Norteamericana no son visibles a simple vista, pero están allí y tarde o temprano provocarán sismos de gran intensidad. El silencio que intenta mantener en el olvido grandes tragedias humanas hace crisis en algún momento y los cadáveres emergen a la superficie con fuerza. Así ha sucedido una y otra vez en la historia. Por eso los obispos salvadoreños, que celebran la derogación (declaración del 20 de julio), piden a sus compatriotas  enfrentar esta hora con madurez y serenidad. Ellos también son víctimas, pero no tratan de llevar a nadie a la cárcel, «solamente pedimos que se conozca la verdad y se pida perdón, para inmediatamente ofrecerle perdón a quien corresponda». Ahí están aguardando justicia Monseñor Óscar Arnulfo Romero, los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, y por lo menos 12 monjas y sacerdotes de la iglesia Católica de El Salvador.

El magistrado Sidney Blanco resalta el hecho de que la Sala de lo Constitucional ha elevado a la categoría de rango constitucional el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Resolución extraída de los artículos dos y seis, que son de los derechos llamados implícitos, que aunque no están expresamente regulados y reconocidos como tales, la Sala, por la vía de la interpretación, ha considerado que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. Así, ha resuelto casos, como el de la masacre de Tecoluca (25 de julio de 1981. 45 muertos y una docena de heridos), en donde se reclamaba que se había negado el derecho a conocer la verdad.

Pareciera que no se ha considerado suficientemente una de claves del momento para tomar distancia de las interpretaciones en blanco y negro, demasiado cercanas a la impunidad o a la venganza. Esta derogación bien podría ser un momento propicio para conocer la verdad, para juzgar sin que ello implique única y exclusivamente la pena carcelaria. Las víctimas, como se dice comúnmente, están en otra. Quieren ser escuchadas. Lo dice muy bien Eduardo García, de la Fundación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, ellas hablan de resarcir, más que de reparación, porque resarcir  llena el corazón, mientras la reparación solo llena el bolsillo. La paz se firmó sin las víctimas. Fue un acto político de trascendencia histórica, qué duda cabe, la negociación más exitosa auspiciada por Naciones Unidas. No obstante ahora parece haber llegado el momento de contar con la tercera parte de una historia cruel, aquella que padeció persecución, tortura, cárcel y muerte.

La restitución de las dignidad de las víctimas vinculada al inicio del largo camino que conduce a la renovación ético moral del país puede devolver la confianza de los salvadoreños en la justicia y sentar las bases para una verdadera reconciliación, no la convivencia forzada y el rencor mal disimulado que embarga todavía a muchos salvadoreños.

Los cuatro magistrados de la Sala de la Constitucional de El Salvador y el voto adverso del quinto, puede ser el resultado de muchas consideraciones y especulaciones interesadas, pero, a distancia humana considerable, ningún argumento exculpatorio o amenazante logrará superar la convicción de que el conocimiento cabal de lo sucedido con los crímenes de lesa humanidad, lejos de perjudicar al país, crean la oportunidad de que perpetradores y víctimas se miren a la cara para escuchar las razones de unos y otros y confiar en que la razón postconflicto ilumine el sendero del mañana.

Aquí puede acceder al texto de la entrevista con el magistrado Sidney Blanco