La denegación de justicia en El Salvador obliga a la búsqueda de la justicia internacional
Lo dijo el sacerdote José María Tojeira: «los muertos con espíritu van venciendo gradualmente a quienes los asesinaron». La decisión de matar a Ellacuría y a todos los que estaban con él en ese momento se decidió la noche del 15 de noviembre en una reunión en la sede del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, situado, torpezas del destino, a un kilómetro de la Universidad Centroamericana. El jefe del Estado Mayor, el coronel René Emilio Ponce, dio la orden de asesinar a Ellacuría. Lo dice la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.
En la madrugada del 16 de noviembre, se ejecutó la misión. Soldados asesinaron a Ellacuría y otros cinco jesuitas, a la empleada doméstica de los sacerdotes y a la hija de esta.
Los jesuitas no eran comunistas. Lo que ellos pretendieron, a toda costa, fue el diálogo entre las partes enfrentadas. Seguramente esta veleidad fue la razón para matar a Ignacio Ellacuría, al jesuita Rutilio Grande, a Monseñor Arnulfo Romero, a varias religiosas norteamericanas, y a miles de campesinos que reclamaban sus derechos.
Ignacio Ellacuría defendía la liberación, entendida como la salvación integral del ser humano, en su dimensión espiritual, individual y plural y en dimensión social y política. La opción por los más débiles la hizo suya tras los pronunciamientos del episcopado latinoamericano en Puebla y Medellín.
Conversamos con el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador. David Morales y con José Sols, Doctor en Teología, Licenciado en Historia Contemporánea y Director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del Instituto Químico de Sarrià de la Universidad Ramon Llull.
Debemos tener en cuenta que este período de casi 27 años ha sido una etapa muy larga, pero de una activa lucha por la justicia. Inicialmente, tanto la comunidad internacional, como la Universidad Centroamericana, la Compañía de Jesús y las organizaciones de derechos humanos en El Salvador, se esforzaron para que se avanzara en el proceso de justicia. Lamentablemente en la década de los noventa hubo ese juicio que se vio afectado por muchas irregularidades y que fue catalogado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como juicio simulado.
Posteriormente en la década de los dos mil las víctimas, representadas por la Universidad Centroamericana libraron una lucha por la justicia interna en El Salvador, para que fueran juzgados los autores intelectuales, que es el grupo de ex generales del alto mando de la fuerza armada en los días de la masacre. Sin embargo, todos los esfuerzos se encontraron con decisiones arbitrarias de la Fiscalía General y de los tribunales salvadoreños que negaron el acceso a la justicia. El agotamiento de los recursos internos habilitaron que se buscara la justicia en otro país, concretamente en los tribunales españoles, invocando el principio de justicia universal.
Luego, en los años 2010 al 2012 el tribunal español solicita colaboración a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que le fue negada, con argumentos cuestionables que violan el derecho a la justicia.
Sin embargo, el año pasado algunos de los criterios jurisprudenciales que habían dado pie a que la Corte denegara las peticiones de extradición cambiaron. Esto llevó a que el juez español, Eloy Velasco, reiterara las órdenes de detención para renovar las peticiones de extradición, lo que generó nuevas condiciones para el caso se replanteara.
Fueron los mismos tribunales salvadoreños los que excluyeron de la amnistía de 1993 a los crímenes de lesa humanidad. Pese a ello la corte Suprema declaró que a pesar que la amnistía no era aplicable al caso de los jesuitas, el tiempo transcurrido hacía prescribir la acción penal. Criterio de fue rechazado por la Procuraduría de Derecho Humanos de aquel entonces, porque la amnistía y la prescripción, como figuras similares, excluyentes de responsabilidad penal no pueden ser aplicables a este tipo de crímenes contra la humanidad. En consecuencia el fallo de la Corte es un fraude a la ley.
Uno de los argumentos que mayor indignación causó es que se dijo que las víctimas no habían acudido en tiempo a la búsqueda de la justicia, lo que era un falsedad absoluta. La Procuraduría dijo entonces que se trataba de una aplicación perversa de la justicia en el país.
