Pedimos justicia fuera porque nos la niegan en nuestra casa paraguaya
Un grupo de ciudadanos paraguayos encabezados por el especialista en derechos humanos Martín Almada, presentó ante la justicia argentina un pedido para que 20 mil crímenes cometidos durante la dictadura, 1954 – 1989, sean investigados bajo el principio de «justicia universal». La causa fue admitida por el juez federal Norberto Oyarbide. El pedido promueve una «querella criminal por la comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad.
El instrumento judicial calcula en 20.090 el número de «víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos», fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Giménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes -entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino-, además de dos organismos defensores de derechos humanos.
Almada ha dicho que fue un «gran paso» el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.
La investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5.000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas. También asegura que puede identificar a 448 torturadores actualmente vivos
«En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Plan Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la iglesia católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo `receta Banzer` se aplicó en todos los países del continente», detalló Almada.
«El Plan Cóndor tuvo dos velocidades -ilustró Almada-. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años 70 había una gran movilización social y política» El reclamo judicial, de 116 fojas, se explaya en las vejaciones y atrocidades sufridas por cada uno de los querellantes, y explica que «todos los hechos relatados fueron documentados por la Comisión Verdad y Justicia y trasladados en su Informe Final a la Fiscalía para que abriera investigaciones, sin que a día de hoy se haya comenzado una investigación de oficio».
“El delito de genocidio en el que se sustenta la acusación se refiere a la persecución contra Pueblos Originarios durante la dictadura, principalmente en los años ‘70 contra la comunidad Aché. Igualmente la querella se centra en delitos contra la humanidad cometidos en ese mismo periodo, principalmente detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, exilio forzado y otros crímenes como esclavitud sexual o trabajos forzados.
La querella describe el contexto delictivo, la sistematicidad y planificación de los hechos, así como la participación del gobierno de los Estados Unidos en el asesoramiento y la instalación de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, sede de torturas y planificación de la represión, hoy Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos.
La búsqueda de más de 500 detenidos desaparecidos lleva años sin que se agilice desde el Estado Paraguayo los recursos mínimos indispensables para avanzar en el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos. La Fiscalía General del Estado no ha hecho prácticamente nada sobre esta materia.
La impunidad reinante en Paraguay se traduce en el hecho de que muchos de esos responsables, vivos todavía, se pasean libremente por las calles del país sin que la Justicia los persiga por su responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales que son imprescriptibles y pueden ser perseguidos por jurisdicción universal. La jurisdicción universal es un mecanismo de lucha contra la impunidad que entiende que los crímenes contra la humanidad atentan contra toda la humanidad, por lo que son perseguibles por parte de cualquier tribunal de cualquier país, al margen de que los crímenes no se hayan cometido en su territorio, en caso que la jurisdicción territorial competente no persiga a los responsables como es el Paraguay. Desde el año 2006 Argentina ejerce la jurisdicción universal.
Entrevistamos a Judith Rolón, directora de la Dirección de Verdad y Justicia y Reparación del Paraguay y víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner:
