Nueva constitución: ¿cuánta desigualdad es compatible con la democracia sin que estalle Chile?

Este artículo-entrevista parte de una premisa irrenunciable: la crisis social, política y económica de Chile solo puede superarse mediante la institucionalidad democrática, jamás a través de la violencia o el desconocimiento de la legalidad. El proceso constitucional busca cambiar una realidad injusta, ominosa y excluyente. El único Chile deseable es un país que respete la dignidad de todos. Cuando la polarización social está a flor de tierra, los puntos cardinales de la convivencia comunitaria abandonan a algunos. Como se dice en Latinoamérica: andan desnortados. En esas vive Chile. El aire que se respira no solo está contaminado por el smog, también enrarecen la atmósfera palabras que exaltan el miedo, que previenen con que Chile puede caer en manos similares a las que provocan la tragedia de Venezuela. Son razones rancias a las que se recurre por desesperación.

El constitucionalista chileno Javier Couso

En el otro extremo una minoría insignificante pero que causa mucho daño pretende, violencia mediante, desconocer la voluntad del pueblo que desprecia la fuerza y los desmanes. Por fortuna en cantidad creciente son más las personas y las organizaciones que condenan tanto los brotes de violencia de los extremistas, como la actuación perniciosa de una policía que aprendió a creer que las manifestaciones públicas son actos delictivos por antonomasia y que la represión es la única manera de combatirlas.

Esta crispación a la que se suma la pobreza política distraen de lo importante, ensombrecen el debate fundamental para superar una democracia anómala: qué Chile quieren los chilenos. Cuáles son artículos indispensables de la nueva constitución. Cómo sumamos voluntades distintas para garantizar la dignidad del otro.

Habla el constitucionalista, Javier Couso de la Universidad Diego Portales; profesor invitado de la Universidad de Utrecht, en Holanda. Experto en Derecho constitucional chileno, derecho constitucional comparado y estudios socio-legales.

Quisiera comenzar con una tesis y dice más o menos así: la Constitución de 1980, así tenga 40, 50 reformas, ninguna puede cambiar lo que es el alma de una Constitución que pretendía crear una democracia protegida como la llamaron sus autores. Y esa seguramente es la razón por la cual la mayoría de los chilenos quiere cambiarla.

Yo creo que usted ha dado en el clavo. Es una tesis que considero correcta, así que estoy muy contento de estar en total acuerdo con usted.

Como complemento agregaría que, Jaime Guzmán, que fue el ideólogo de esta Constitución, aclaró, on the récord, como dicen los anglosajones, que para él los cuarenta años democráticos que transcurrieron entre el año 1932 y 1973 -después de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) en un período de gran convulsión política- esas cuatro décadas, para Guzmán, fueron de demagogia y partidocracia. Y lo que él llamaba régimen militar, que nosotros llamamos dictadura, era una ventana de oportunidad para la racionalidad. De ahí la hostilidad hacia la democracia.

Finalmente, la idea de democracia protegida se vale de la Constitución para resguardar el modelo, porque todas las reformas que ha habido en Chile no tienen una letra ni una coma que no hayan pasado por el visto bueno de los herederos políticos de la dictadura. Del partido Renovación Nacional y de la UDI, porque se requerían dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio, o tres quintos, en el mejor de los casos, para algunos capítulos poco importantes de la Constitución.

De esta forma, como ellos tenían el sartén por el mango, por decirlo así, podían o no dar sus graciosas concesiones, porque eso es lo que fueron.

La democracia chilena partió con este vicio de origen de la Constitución, que no fue plenamente democrática hasta el 2005, cuando las mayorías políticas se expresaron en el Senado, y allí los gobiernos de centro izquierda nunca tuvieron mayoría hasta el año 2005, a pesar de que lograban mayoría en la elección de senadores. La presencia de los senadores designados, que los elegía una combinación de militares y civiles en el Consejo de Seguridad Nacional, y algunos lo eran por derecho propio, como Augusto Pinochet, que fue senador vitalicio hasta su detención en Londres, alteraba antidemocráticamente la composición en el congreso nacional.

La gente se olvida que en los últimos 30 años hemos vivido en una democracia semisoberana como la denomina Carlos Huneeus, un politólogo muy importante, que acierta plenamente con su interpretación, porque va al corazón de la realidad institucional y evita que los árboles nos impidan ver el bosque. Estamos tan involucrados en el debate constituyente que a mí me parece muy lúcido de usted ponga este tema al comienzo de esta conversación.

Cuando se despeja todo el ruido, lo central que queda es que, como lo dijo por escrito Jaime Guzmán: de lo que se trata esta Constitución es que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean forzados, obligados a hacer algo no demasiado diferente a lo que nosotros haríamos. O sea, cuando Fernando Atria (Doctor en derecho y presidente del partido Fuerza Común) habla de la constitución tramposa, allí está la trampa.

Si uno lo piensa bien, hay una perfecta coherencia entre el diagnóstico de Guzmán, quien supone que los cuarenta años previos al golpe de Estado de 1973 no fueron democráticos, si no demagógicos e irracionales, y que la dictadura militar que proveía esta ventana de oportunidad de racionalidad en política pública. Se trataba por cierto de racionalidad puramente neoliberal, porque Guzmán observó de cerca la transición española y había sido muy cercano al franquismo. Él no podía creer que, en tres años, lo que estaba atado y bien atado, se fue al garete y emergió una nueva constitución (29 de diciembre de 1978) en la que participaron en su redacción hasta los comunistas y el Partido Socialista Obrero Español, que era en esa época incipiente todavía, pero que tuvo mucha incidencia.

Entonces, no se puede entender el proceso constitucional chileno actual sin la tesis que usted acaba de plantear y sin recordar que la perfecta coherencia entre el diagnóstico de Guzmán, lo que dejaron, y el hecho de que cada cambio constitucional, cada palabra de las reformas, han sido posibles en la exacta medida en que los partidos herederos de la dictadura lo han querido.

Cómo extrañarse que ahora, muchos de ellos, los que no se han renovado, estén literalmente desesperados.

Aquí debemos enfáticos. La gran noticia del año pasado fue que, en Renovación Nacional, su presidente en ese momento, Mario Desbordes, que ahora es ministro de Defensa, rompió con la concepción del pasado. No habríamos tenido este proceso constituyente si Desbordes no se lanza con todo y dice yo represento a una nueva generación, él pertenece a las capas medias bajas, fue carabinero, estudió derecho en las noches. O sea, es una persona que no viene del riñón de la oligarquía tradicional, digamos, y de la alianza entre empresariado y dictadura militar.

Si esto es así, como usted lo explica, tiene una consecuencia muy grave. Aquella derecha que no se ha renovado, que sigue pensando igual que siempre, elude, en su campaña electoral por el rechazo a la nueva constitución, plantear el tema de fondo: lo que pasa es que nosotros lo que no queremos es que nos cambien el alma de nuestra constitución.

Totalmente. Su única estrategia es decir básicamente, para qué vamos a enfrascarnos en un proceso de dos años cuando la constitución no tiene nada que ver con las necesidades reales de la gente.

Los que estamos por el apruebo postulamos todo lo contrario. La Constitución está plagada de elementos que no son sólo históricamente hostiles a la democracia. Ahí están las leyes que regulan, por ejemplo, la educación. La enseñanza, para reformarla, requiere, no un cuórum normal de ley simple, sino que cuatro séptimos diputados en ejercicio. Que, entre paréntesis, es lo que muchos países requieren para cambiar la Constitución.

Les recuerdo a los chilenos que si quisiéramos un modelo de salud que no sea segregado, el 18 por ciento en Chile está las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional), y quienes contribuyen junto a gente que tiene altos ingresos, yo tengo ingresos que en Chile son muy altos, tienen más beneficios. Los que estamos en las ISAPRES tenemos un sistema de salud que no difiere en nada del de Holanda o el de Estados Unidos, países en los que he tenido la oportunidad de vivir.

De hecho, ese 18 % constituye el 40 por ciento del total del gasto en salud, y el 82 restante el 60%. La calidad de la salud es muy deficiente. Si uno quisiera avanzar hacia un sistema más integrado como el británico, servicio único, The National Service, sería inconstitucional en Chile. ¿Por qué? Por qué el artículo 19, número 9 de la Constitución es claro al establecer como derecho fundamental del ciudadano elegir si quiere el sistema público o el privado de seguridad social en materia de salud. ¿Y cómo esconden ellos esta situación? Dicen, no, porque de otra forma sería una cuestión opresiva. Yo les digo: pero, si es el modelo británico. Nadie podría decir que Inglaterra es Corea del Norte.

Lo que realmente se requiere es fortalecer el sistema público de salud.

Hay una mezcla en la retórica de tratar de esconder lo inocultable.

Lo mismo con la negociación colectiva. El gobierno de Bachelet II. Yo trabajé como asesor de ella en materia constitucional, de tal manera que puedo no ser objetivo respecto de eso, pero para mí fue el primer gobierno de la Concertación que realmente amenazó con echar abajo algunas de las premisas fundamentales del modelo económico. El pilar fundamental del modelo económico se establece en un lema: soluciones privadas para problemas públicos; pero, bajo el régimen de lo privado con lucro. No es sólo soluciones privadas para problemas públicos, como se hace en Holanda, por ejemplo, en educación, donde hay colegios privados como Montessori. Pero que no pueden lucrar. No es el mismo criterio del supermercado, en donde el lucro es la definición del negocio. En Chile lucran hasta con la administración de las cárceles, porque éstas se habían privatizado. El año 2012, The Economist, comentó con esa ironía notable que lo caracteriza que la situación era un desastre porque se había llegado a condiciones carcelarias infrahumanas. Es elocuente que ese diario de derecha diga que Sebastián Piñera ha llegado a la conclusión de que las cárceles van a ser administrada por el Estado. O sea, como diciendo hasta él presidente tuvo que reconocer que hay cosas que están mal.

El transporte público en Chile es privado. Obligar a una empresa privada que tiene fines de lucro que haga lo que se requiere para garantizar el trasporte público produjo el desastre del Transantiago, crisis que solventó en buena medida el metro que, por casualidad sigue siendo pública. Estados Unidos, tiene un sistema de transporte público, de tal manera que es socialista comparado con Chile.

Otro ejemplo constitucional. El artículo 19, número 16, establece que el derecho a la negociación colectiva es con la empresa, no dice simplemente negociación colectiva. Lo que se pretendía es evitar que se declarase inconstitucional la ley del plan laboral del hermano de Sebastián, José Piñera, que prohíbe la negociación por rama de actividad como existe en algunas democracias del norte europeo, como en Alemania, en que todos los trabajadores del sector pueden negociar con toda la empresa minera, porque eso les da más fuerza.

Uno podría incluso decir, está bien, si estas ideas no tienen cabida, que lo digan democráticamente y que prevalezcan al puro estilo Thatcher. Pero lo grosero es que la dictadura impuso su criterio y lo transformó en algo constitucional. No está condicionado por el libre juego democrático de una mayoría, como lo hizo Bachelet Dos, que aprobó una ley que incentivaba la sindicalización, simplemente la titularidad sindical que propende a impedir lo que se llama el free rider (El free rider o polizón es quien recibe un beneficio por usar un bien o servicio pero evita pagar por él) Hoy día el plan es tan perverso para los trabajadores que, si el sindicato consigue algo, todos los trabajadores se benefician de lo alcanzado. Como hay empresas que practican un antisindicalismo feroz muy poca gente se atreve a ingresar a un sindicato, porque los patrones tienen todavía la lógica de que los sindicatos son lo peor del planeta. Entonces las condiciones laborales desincentivan la sindicalización, porque igual se van a beneficiar de lo que consiga el sindicato. Ni siquiera tienen que pagar la cuota sindical. Bachelet trató de cambiar eso y se lo declaró inconstitucional.

La protección del consumidor. El SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, es un organismo muy débil. Bachelet quería darle dientes para reducir los abusos que son particularmente ominosos en un país en donde la electricidad, el agua, son monopolios naturales que están en manos de privadas con fines de lucro. No estamos aquí frente al caso de alguien que abusa del consumidor cuando este compra zapatos y le venden un calzado mal hecho. Nos referimos a las utilities, los servicios públicos básicos; las cuentas de todos los meses de recursos que estoy obligado a consumir. Estoy prisionero porque no me puedo cambiar de proveedor de agua o de electricidad. Bachelet cuando quiso modificar el sistema, la aspiración se declaró inconstitucional. Pero estamos en una realidad de posguerra Fría y postsocialismo del siglo XXI, porque el socialismo siglo XXI está muy desprestigiado por lo que ha pasado en Venezuela principalmente.

Tres cosas de futuro respecto de una nueva Constitución.

Hay un planteamiento bastante antiguo, yo no sé si es ocurrencia de Erasmo, pero entre otros, él lo planteaba. Decía que las constituciones no debían ser muy largas, que debían contener pocas cosas, lo fundamental, y para el resto estaban las leyes. Que la Constitución debería ser un cuerpo lo suficientemente breve para que todo ciudadano pudiera leerlo y entenderlo.

Yo comparto eso, sobre todo porque el riesgo que podría tener un proceso constituyente donde, por ejemplo, el centro izquierda tuviera los dos tercios fácilmente y escribiera, digamos, una Constitución a su pinta, sería una consecuencia democrática, por supuesto no impuesta por la bota militar, pero en el fondo se trataría de una Constitución que trataría de congelar presupuestos socialdemócratas, así como se congelaron presupuestos neoliberales en la de Pinochet. El efecto que eso tiene es que la Constitución se transforma en objeto del debate cotidiano y no en el marco en que todos nos movemos. De hecho, en Brasil se hizo una carta magna muy larga, y flexible, muy fácil de cambiar. Entonces ha sido objeto constante de revisión dependiendo de la ideología de los gobiernos de turno y eso me parece muy negativo.

Ahora, para mí grata sorpresa, porque la derecha levanta fantasmas, especialmente el fantasma histórico del Partido Comunista, que tiene una votación más o menos acotada. Pero el Frente Amplio es un partido que le ha dado mucha vitalidad, que representa un cambio generacional. Pues bien, la excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, tomó casi a la letra lo de Erasmo, dijo: Yo no quiero que la nueva Constitución sea la que a mí me gustaría, porque quiero que quepan todos, también a la gente del otro lado, de la derecha. No quiero repetir el hecho de que la constitución sea un elemento que genere división, sino que tiene que ser un lugar de inclusión.

En palabras mías: Necesitamos una constitución que deje gobernar a las mayorías. Así de sencillo. Cualquiera sea esta, si respeta los derechos fundamentales de los chilenos y los derechos fundamentales de la de las minorías.

Así que creo que efectivamente los dos tercios van a contribuir a que la constitución sea más breve.

Usted ha dicho algo que me sirve justamente para el segundo tema, debe gobernar la mayoría, Si es así, ¿no debería cambiarse el sistema presidencialista chileno en beneficio de un sistema que permitiera realmente que la mayoría gobernara, porque hoy día no lo puede hacer?

Pondría el caso en un marco más global. Hoy en día una de las cosas interesantes es que los politólogos consideran que en el sistema parlamentario hay una inherente superioridad en términos de estabilidad política y de seguir meses a mes a la mayoría.

Pero, lo que quiero plantear es que el desafío que tenemos hoy en América Latina, más allá del binomio de la desigualdad y la pobreza, es la pregunta que plantea el estallido social: ¿cuánta desigualdad es compatible con un esquema democrático sin que estalle Chile? Uno podría decir bueno, no teníamos un sistema plenamente soberano, democrático, entonces en algún sentido estalló por eso.

La segunda pregunta, más compleja en América Latina, es el tema de los líderes presidenciales que tienen una relación difícil con la legalidad, sean estos de derecha o izquierda. Tenemos a Jair Bolsonaro e Iván Duque, por una parte, pero también puedo decir que López Obrador ha coqueteado con una relación ambigua con las instituciones legales y Alberto Fernández parece ser alguien diferente a Cristina Fernández.

Mi impresión es que la gente solía asociar el caudillismo al sistema presidencialista y por eso no nos sorprende que haya un Duque, un Bolsonaro, un Trump. Pero el problema que a mí me ha suscitado, siendo partidario de un sistema parlamentario, es que la experiencia de Turquía, de Polonia, de Viktor Orbán en Hungría, demuestra que se puede ser igual de irrespetuoso de las formas legales, de los derechos constitucionales y de la independencia judicial, finalmente del Estado de Derecho sin necesidad de presidencialismo.

Dicho esto, culturalmente en América Latina está muy inscrito en los 200 años de historia que hay que elegir un presidente o una presidenta.

Ciertamente, en Chile, va a ser un presidencialismo mil veces más atenuado. Heredamos un presidencialismo donde el Congreso está totalmente debilitado. ¿A qué se dedica? A hacer cosas como las acusaciones constitucionales, que en algunos casos corresponden, como la de Andrés Chadwick, porque él era ministro del Interior y Seguridad Pública, a cargo de la policía cuando se produjeron violaciones a los derechos humanos después del estallido social. Pero cuando uno ve otras acusaciones que ocurren ahora, como la de Jaime Mañalich, es tan absurdo, porque en el fondo habla de una mutación constitucional antes de que haya una reforma o una nueva constitución. Se transformó la acusación en una censura parlamentaria por mérito de la acción, más allá de las evaluaciones personales de la gestión de Mañalich como ministro de Salud.

Un dato revelador, en los últimos treinta meses hemos tenido nueve acusaciones constitucionales. Y en los últimos 30 años, sólo 25. O sea, más de un tercio en dos años y medio. Esta es la forma en que el Congreso compensa su falta de poder real.

El presidente tiene iniciativa exclusiva física, que ni siquiera puede plantearse una ley sobre gasto, que tenga que ver con seguridad social, cuestiones laboral, por parte de un parlamentario. La agenda del Congreso vía las urgencias la controla el Ejecutivo, o sea cuando la ciudadanía elije un presidente, elije el Poder Ejecutivo más la mitad del Poder Legislativo.

Tercer planteamiento. En realidad, una tesis también. Es sorprendente que Chile haya logrado mantener una unidad territorial. Sin hacer regionalización verdadera. Me explico. Hoy día tenemos cuanto 15 regiones. ¿No deberían reducirse a 6 o 5 más poderosas, más relevantes para el país?

Este es otro de los temas inevitables. Chile debe ser el Estado unitario más centralizado de América Latina, con excepción de Uruguay, que es un país más pequeño. Colombia, por ejemplo, tiene muchísima más descentralización y algo de lo que usted menciona. De hecho, la idea de las macro regiones está brotando, pero, hasta que llegó Bachelet en su segunda encarnación, por decirlo así, el consenso entre los ministros de Hacienda, los economistas les tenían pavor a la descentralización fiscal, a permitir que haya algún grado de un impuesto regional, por ejemplo, un presupuesto, porque si no hay billetera, las macro regiones nunca van a funcionar.

En Chile está relativamente asentado el consenso de que no es viable un sistema federal. Ni la economía ni la población dan para un sistema federal.

Un botón de muestra que ilumina la centralización total en Chile. En Colombia sería realmente inconcebible que un bogotano fuera candidato a senador por Antioquia o Cali. No tendría ninguna posibilidad. En Chile solo tenemos una región que es la excepción, Magallanes. Hay que ser de allí para ser senador por la región. Pero Aysén, Arica, Iquique, en todo el resto de Chile, como que la gente piensa, mejor optamos por un santiaguino porque en la capital se encuentra el poder. Entonces, digámoslo, se práctica la trampita. El candidato pone una casa de verano en el interior. Andrés Allamand, senador por la región de Los Lagos, santiaguino; Ricardo Lagos Weber por Valparaíso. Es una tradición muy antigua, o sea, en el fondo uno elige donde está el poder y el poder está en Santiago. Y es una enfermedad, porque Santiago crece y crece. Tiene ya 8 millones de habitantes, de un país con poco menos de 19 millones (18.986.214) Es una locura.

Tal es el grado de centralización que una sucursal del Banco de Chile, que es privado, no da préstamos de más de 50 millones de pesos hipotecarios (aproximadamente 62 mil dólares) sin el visto bueno de la matriz de Santiago, lo que retrasa cualquier trámite.

La aspiración expresada por la inmensa mayoría de la gente que quiere una nueva Constitución es que se transforme efectivamente en una Carta Magna que represente al conjunto del país, en donde puedan verse representados todos desde la derecha a la izquierda. Pero es un deseo, no es una realidad ¿Es posible?

Aparte de lo deseable, el derecho constitucional comparado tiene alguna luces sobre este tema. La literatura señala que hay que esperar entre cinco y diez años para ver la efectividad o las limitaciones de la constitución. Sólo ex post uno sabe si la constitución adquirió legitimidad. Así ocurrió con la constitución de 1925, recién lo supimos el año 1932, por qué se aprueba el 25 de octubre y al poco tiempo comienza la dictadura de Ibáñez, en 1927. Hay una seguidilla de cinco gobiernos en un año, entre 1931 y 1932 (A la caída de Ibáñez le sucede la breve presidencia de Juan Esteban Montero, los doce días de la Junta de gobierno liderada por Arturo Puga que proclamó la “República Socialista de Chile”, y las posteriores presidencias provisionales de Carlos Dávila y Bartolomé Blanche) La constitución recobra su vigor cuando Arturo Alessandri gana la elección presidencial, porque él había elaborado ese proyecto constitucional con su asesor José Maza y en consulta con varios partidos.

Recordar esto es esencial, porque dos personas que estaban en las antípodas como Pinochet y Allende reivindican cada uno a su manera la constitución del 25. Salvador Allende muere invocando la Constitución, defendiendo La Moneda, durante cinco horas, porque era el presidente constitucional de Chile. A su vez, la Junta de Gobierno, cuando justifica el golpe militar, en el bando número uno, dice que lo hace para restablecer el orden constitucional quebrantado. Así, la constitución del 25, con todos sus defectos, era una Constitución en la que se reconocía gente que no podía estar más distante.

Lo que está claro es que el proceso partió bien, en el sentido en que, gracias a gente visionaria de la derecha, particularmente el grupo de Renovación Nacional que empujó esto, como también lo hace ahora Joaquín Lavín, cuya postura no es solo oportunismo político. No es que yo me crea todo su cuento, pero creo que hay algo de darse cuenta. Finalmente es una persona que está todo el día en la calle como alcalde. Cosa interesante, va a poner viviendas sociales en el corazón de un barrio carísimo. Esas personas en alguna medida ayudan a respaldar el clamor social que demanda soluciones. Cuando todo el polvo se asiente, cuando desaparezca la agitación social, veremos con mayor tranquilidad los aportes al proceso constituyente.

Para responder así en unas líneas, la pregunta que me hace, creo que hay más oportunidades de lo que incluso pudo tener la Constitución del 1883 y la de 1925. Solo hemos tenido tres intentos constituciones realmente históricos. La del 83 fue impuesta por los conservadores, pero era una reforma de conducta liberal, Por eso un liberal de finales del siglo XIX dijo: es una constitución crecedora, porque se le podían sacar algunas cosas y volvía a emerger.

Como dijimos la del 25 tuvo una partida a tropiezos. Una dictadura corta, no tan brutal ni genocida como la de Pinochet.

Sí esta tiene más chance.  Lo que no quita que echemos de menos un liderazgo. La constitución peruana tuvo de presidente de la Asamblea Constituyente a Víctor Haya la Torre. La de Sudáfrica tuvo como presidente de la República a Nelson Mandela, que empujaba la nueva Constitución. César Gaviria, en Colombia, de centro derecha fue una figura clave salir del impase. Habían asesinado a Luis Carlos Galán, a varios candidatos presidenciales el año anterior. Acá, Sebastián Piñera ha sido displicente. Esto es algo que le cayó, que no lo quería. Piñera no cree en esto y si buscara apropiarse de la iniciativa, nadie le creería porque está muy desacreditado.

Yo soy optimista. Sé que en la campaña van a cargar las tintas los grupos que quieren lograr mayorías en la Constituyente, pero una vez que ya muchachos, tenemos dos tercios, que es un porcentaje altísimo y con el peligro de que si no prospera -esta era la razón por la cual el Partido Comunista tenía sus dudas, se imaginaban que la derecha anti nueva constitución se iba a sentar, con el tercio más uno, a leer el diario, por ponerlo así, a esperar la falta de cuórum para el nuevo texto y, por lo tanto, seguiría rigiendo el actual.

Pero los sectores empresariales de derecha más modernos, más jóvenes y más democráticos que sus padres, piensan que Chile no va a resolver su problema constitucional si fracasa después de un plebiscito en donde rotundamente el pueblo dice, queremos nueva Constitución. Por eso es tan significativo lo del 25 de octubre.

Por eso si vota, por lo menos, un 50 por ciento estamos okey. Si lo hacen ocho millones es espectacular. Hay que tener presente que mucha gente no irá a votar. Acordémonos, Chile tuvo un récord de muertos por millón de habitantes en julio del año pasado. Pero a pesar de todas las adversidades el nuevo Chile comienza a despuntar.

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

Un comentario en «Nueva constitución: ¿cuánta desigualdad es compatible con la democracia sin que estalle Chile?»

  • el 19 octubre, 2020 a las 19:54
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    Excelente entrevista que da pie a un análisis del querido Chile, José y gracias por compartirlo.
    Ojalá que los chilenos construyan ciudadanía a cada paso y puedan producir los cambios
    que esperan a través de una Constitución que los represente. Gracias

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