Hay que terminar con el ADN autoritario de la constitución chilena, con una nueva carta magna

Acuerdo histórico en Chile para que la ciudadanía se pronuncie en un referendo, en abril del próximo año, como primer paso para cambiar la Constitución
El plebiscito contará con dos posibilidades: una es la opción de una asamblea constituyente compuesta solo por ciudadanos elegidos; la otra sería una instancia que incluya la participación de al menos el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros de la sociedad civil.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: Pablo Ruiz Tagle: La Asamblea Constituyente es un término de doctrina constitucional. A veces se ha usado para designar grupos nombrados por sorteo. En otras oportunidades por designación gubernamental o mediante elección. O una mezcla entre parlamentarios y agentes sociales.

La Asamblea Constituyente es, en consecuencia, un concepto abierto. Lo es en tal medida que en el congreso chileno hay siete mociones diversas para instalarla.

La figura ha devenido, en parte, en un término con muchos contenidos y que es necesario precisar a la hora de abocarse a elegir un método para resolver la cuestión constitucional.

La idea original es que el Congreso en sus tareas ordinarias no debe mezclar sus funciones con la de elaborar una constitución. Ello supone separar el trabajo parlamentario o crear puentes entre las labores del Congreso y las personas que se dedican a hacer la constitución.

La verdad es que la idea de una Asamblea Constituyente no es un mecanismo que se pueda definir como esencialmente participativo. Es una forma alternativa de representación y funcionamiento. La participación directa de la ciudadanía se expresa mediante plebiscito, o en procesos en los cuales la misma Asamblea o un Congreso escucha las propuestas de la ciudadanía.

Pero la ciudadanía no puede engañarse y pensar que en la Asamblea, por definición, va a participar en forma directa. No es posible hacer una Asamblea de 17 millones de personas. Esta instancia por lógica tendrá carácter representativo.

Lo que pasa es que cuando una clase política ha perdido prestigio o tiene tareas que la absorben de tal manera que no puede dedicarse con exclusividad y legitimidad al trabajo constitucional, se justifica la instalación de una Asamblea Constituyente y eso hay que hacerlo, por cierto, cumpliendo con tres principios básicos:

• En paz y mediante mecanismos democráticos. Con la fuerza de la mayoría y respetando a las minorías. La constitución no es para los adversarios de Pinochet. Sino que para el conjunto de la población chilena.
• Tiene que hacerse mediante un cambio que se ajuste al derecho y al estado de derecho. No debe recurrirse a procedimientos violentos. Porque entonces qué diferencia habría entre un golpe de estado y una constitución.
• Desde el punto de vista político la fuerza que lidera este proceso debe ser de coalición. No puede ser un partido único. Hay que garantizar la alternancia en el poder y la existencia de visiones políticas distintas. Los procesos conducidos por monofonías políticas están condenados al fracaso.

Se ha dicho con toda razón en este caso específico que se trata de una innovación histórica porque nunca antes el pueblo chileno tuvo la oportunidad de participación directa. Eso podría significar varias cosas fundamentales, como por ejemplo, que la nueva constitución cambie radicalmente el cuórum calificado para realizar cambios constitucionales. Porque hasta hoy un tercio tiene derecho a veto en temas de interés nacional, como el aborto, los derechos de agua, la titularidad sindical y otros.

En este sentido la constitución chilena requiere una reforma profunda en esa materia. En este aspecto sobresalen dos cosas importantes. Hay urgencia en los temas de las pensiones, de la seguridad social, de la educación. Y yo no sé si aguantan para que, al final de un proceso constituyente, tengamos recién una luz sobre estas prioridades.

Las medidas urgentes de orden económico y social, hay que asumirlas de forma paralela al proceso constituyente.

Usted dijo en una entrevista reciente que la constitución del 80 había dejado de ser la de Pinochet, merced a todos los cambios democráticos que ha experimentado en los pasados treinta años. Es cierto. Pero no tiene usted la impresión que en la constitución permanecen dos aspectos que indeseables: Primero, el espíritu, el alma de constitución del 80 continúa teniendo como eje central al estado y no al hombre como reivindican la tradición liberal y la socialista democrática.

Es muy cierto. Ahora, en vez de hablar de espíritu, que es correcto, pero a veces resulta difícil comprender esa idea enteramente, yo prefiero decir que la constitución tiene un ADN autoritario.

Más que el problema del rol central del estado lo que tiene es un exceso de centralismo e hiperpresidencialismo. Es un estado que funciona por comando y control predicando la libertad, y por su naturaleza tiende a favorecer a los amigos del estado de forma notaria, perjudicando a los marginales, a los menos aventajados, que no están a la vista de los poderosos.

Y quiere que le diga más, tiene muchos otros problemas. No reconoce a los pueblos indígenas, tiene una separación entre la política y las organizaciones sociales que deriva del gremialismo y de la idea corporativista original de Jaime Guzmán. Tiene una estructura de mayoría excesiva, porque las leyes orgánicas europeas, en Francia, España, se aprueban con una mayoría calificada. Pero en Chile se requiere una mayoría mucho más alta. Entonces estamos permanentemente empatando a la mayoría con la minoría.

En democracia hay que respetar e intentar incluir a la minoría, pero lo esencial del sistema es que el gobierno democrático es de la mayoría.

El segundo aspecto y aquí la influencia viene de la neurociencia, es que la percepción, los ritos y símbolos que emanan de la constitución del ochenta son percibidos como ajenos por la mayoría de los chilenos. Como imposición y para peor, como resultado de unos de los mayores fraudes de la dictadura, en la que los opositores no tuvieron ni la oportunidad de plantear sus ideas ni mucho menos acceso igualitario a un proceso electoral controlado desde el poder cívico militar.

La percepción puede ser tan o más importante que la realidad. Pero el actual gobierno no le da la importancia correspondiente. Cuando se anuncia una nueva constitución, una esperaba que estuviesen presentes representantes de la sociedad civil, las organizaciones gremiales, los partidos políticos. Nada de eso ocurre.

Lo que usted dice es muy cierto. Todas las constituciones, además de ser un documento jurídico, técnico, que protegen derechos, organizan los poderes del estado y establecen reglas para todos, deben generar apego, adhesión, por los beneficios que emanan de la constitución. Por el mito que encarnan. Piense en el poder de la constitución norteamericana; en España, la constitución del 78 que fue la salida del franquismo. En muchos países la principal fiesta, es la de la constitución.

Y qué sucede en Chile, es una constitución que, inicialmente se nos quiso imponer, que luego hubo que negociarla, tratar de convertirla en otra cosa que es lo que hemos estado haciendo durante 30 años. Cambiarle la cara para que se parezca más a las cosas que son valiosas, pero es ajena.

Sobre el tema de lo que ha hecho el gobierno, lo cierto es que ha cometido muchos errores. Anunciar de manera informal, como saliendo el presidente en la noche de la casa, sin prestancia y sin claridad alguna, es muy objetante. Porque estos son temas serios y los símbolos y las forman importan mucho.

Ahí está la Asamblea Constituyente en el ideario chileno. Sobre la que se pueden tener muchas dudas, pero hay que reconocer que la imagen de una Asamblea, de que estén todos representados, aunque sea muy difícil de lograr es un símbolo integrador. Y eso es lo que tiene que ser la constitución. Un documento, un texto, un proceso que integre a todas las personas con su sociedad y que genere beneficios sociales y económicos.

Una nueva constitución puede contribuir a resolver varios temas que por razones de tiempo podemos englobar en un nuevo pacto social. Pero, uno de los riegos que siempre se corre con las leyes es la vieja tradición hispana, se acata, pero no se cumple. Hoy, hay voluntad desde la izquierda a la derecha para elaborar una nueva constitución.. pero hay voluntad para cumplirla.

Después de 30 años de enseñanza le puedo decir que las constituciones no resuelven todo. Son muy importantes, pero hay muchas otras cosas que le dan un tejido a la sociedad, una amistad cívica, un acuerdo político sobre los que la constitución debe sustentarse.

Me da temor el que se haya transformado el tema en una especie de divinidad mágica, en la que se puede llegar a creer que se va a encontrar solución a todos los problemas.

La constitución es una parte central de la vida en común en una democracia representativa. Ojalá cada vez más participativa.

Espero que las fuerzas  políticas no estén jugando al oportunismo y a la demagogia. Porque veo mucho oportunismo y demagogia en estos días. Creo que debe haber una visión de estado, de no hacer promesas que no se puedan cumplir, que después se pagan muy caras, como se ha podido ver en estos movimientos sociales, que han surgido en parte porque lo que se dijo en las campañas no se cumple. Un sector significativo de la población chilena está viendo que su vida es miserable, y no está dispuesto a seguir adelante soportando tanta injusticia, tantos beneficios para la élite, tanto nepotismo.

Entonces la clase política también tiene que hacerse una autocrítica. No creer que aprobando un texto todos los problemas van a desaparecer.

El domingo diez de noviembre pasado el gobierno chileno anunció la creación de un congreso constituyente para elaborar una nueva carta magna de la nación.

El comunicado suscita varias interrogantes.

La primera es el matiz entre Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente. Es decir, importa saber si habrá participación popular directa con derecho a voz y voto para la elaboración del proyecto o la gente podrá aportar insumos y sugerencias.

El gobierno no ha dado ninguna claridad sobre esta materia y una de las cosas fundamentales es saber cuándo se iniciará el proceso.

Pablo Ruiz Tagle-Vial es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta Casa de Estudios.

Es autor,  entre otras obras de «Cinco repúblicas y una tradición. Constitucionalismo chileno comparado», «Derecho justicia libertad», «El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y poder constituyente»:

Se podría suponer que el congreso constituyente sería el que se elija aproximadamente en dos años más. Lo que supondría un retraso sustancial.

La Asamblea Constituyente es un término de doctrina constitucional. A veces se ha usado para designar grupos nombrados por sorteo. En otras oportunidades por designación gubernamental o mediante elección. O una mezcla entre parlamentarios y agentes sociales.

La Asamblea Constituyente es, en consecuencia, un concepto abierto. Lo es en tal medida que en el congreso chileno hay siete mociones diversas para instalarla.

La figura ha devenido, en parte, en un término con muchos contenidos y que es necesario precisar a la hora de abocarse a elegir un método para resolver la cuestión constitucional.

La idea original es que el Congreso en sus tareas ordinarias no debe mezclar sus funciones con la de elaborar una constitución. Ello supone separar el trabajo parlamentario o crear puentes entre las labores del Congreso y las personas que se dedican a hacer la constitución.

La verdad es que la idea de una Asamblea Constituyente no es un mecanismo que se pueda definir como esencialmente participativo. Es una forma alternativa de representación y funcionamiento. La participación directa de la ciudadanía se expresa mediante plebiscito, o en procesos en los cuales la misma Asamblea o un Congreso escucha las propuestas de la ciudadanía.

Pero la ciudadanía no puede engañarse y pensar que en la Asamblea, por definición, va a participar en forma directa. No es posible hacer una Asamblea de 17 millones de personas. Esta instancia por lógica tendrá carácter representativo.

Lo que pasa es que cuando una clase política ha perdido prestigio o tiene tareas que la absorben de tal manera que no puede dedicarse con exclusividad y legitimidad al trabajo constitucional, se justifica la instalación de una Asamblea Constituyente y eso hay que hacerlo, por cierto, cumpliendo con tres principios básicos:

• En paz y mediante mecanismos democráticos. Con la fuerza de la mayoría y respetando a las minorías. La constitución no es para los adversarios de Pinochet. Sino que para el conjunto de la población chilena.
• Tiene que hacerse mediante un cambio que se ajuste al derecho y al estado de derecho. No debe recurrirse a procedimientos violentos. Porque entonces qué diferencia habría entre un golpe de estado y una constitución.
• Desde el punto de vista político la fuerza que lidera este proceso debe ser de coalición. No puede ser un partido único. Hay que garantizar la alternancia en el poder y la existencia de visiones políticas distintas. Los procesos conducidos por monofonías políticas están condenados al fracaso.

Se ha dicho con toda razón en este caso específico que se trata de una innovación histórica porque nunca antes el pueblo chileno tuvo la oportunidad de participación directa. Eso podría significar varias cosas fundamentales, como por ejemplo, que la nueva constitución cambie radicalmente el cuórum calificado para realizar cambios constitucionales. Porque hasta hoy un tercio tiene derecho a veto en temas de interés nacional, como el aborto, los derechos de agua, la titularidad sindical y otros.

En este sentido la constitución chilena requiere una reforma profunda en esa materia. En este aspecto sobresalen dos cosas importantes. Hay urgencia en los temas de las pensiones, de la seguridad social, de la educación. Y yo no sé si aguantan para que, al final de un proceso constituyente, tengamos recién una luz sobre estas prioridades.

Las medidas urgentes de orden económico y social, hay que asumirlas de forma paralela al proceso constituyente.

Usted dijo en una entrevista reciente que la constitución del 80 había dejado de ser la de Pinochet, merced a todos los cambios democráticos que ha experimentado en los pasados treinta años. Es cierto. Pero no tiene usted la impresión que en la constitución permanecen dos aspectos que indeseables: Primero, el espíritu, el alma de constitución del 80 continúa teniendo como eje central al estado y no al hombre como reivindican la tradición liberal y la socialista democrática.

Es muy cierto. Ahora, en vez de hablar de espíritu, que es correcto, pero a veces resulta difícil comprender esa idea enteramente, yo prefiero decir que la constitución tiene un ADN autoritario.

Más que el problema del rol central del estado lo que tiene es un exceso de centralismo e hiperpresidencialismo. Es un estado que funciona por comando y control predicando la libertad, y por su naturaleza tiende a favorecer a los amigos del estado de forma notaria, perjudicando a los marginales, a los menos aventajados, que no están a la vista de los poderosos.

Y quiere que le diga más, tiene muchos otros problemas. No reconoce a los pueblos indígenas, tiene una separación entre la política y las organizaciones sociales que deriva del gremialismo y de la idea corporativista original de Jaime Guzmán. Tiene una estructura de mayoría excesiva, porque las leyes orgánicas europeas, en Francia, España, se aprueban con una mayoría calificada. Pero en Chile se requiere una mayoría mucho más alta. Entonces estamos permanentemente empatando a la mayoría con la minoría.

En democracia hay que respetar e intentar incluir a la minoría, pero lo esencial del sistema es que el gobierno democrático es de la mayoría.

El segundo aspecto y aquí la influencia viene de la neurociencia, es que la percepción, los ritos y símbolos que emanan de la constitución del ochenta son percibidos como ajenos por la mayoría de los chilenos. Como imposición y para peor, como resultado de unos de los mayores fraudes de la dictadura, en la que los opositores no tuvieron ni la oportunidad de plantear sus ideas ni mucho menos acceso igualitario a un proceso electoral controlado desde el poder cívico militar.

La percepción puede ser tan o más importante que la realidad. Pero el actual gobierno no le da la importancia correspondiente. Cuando se anuncia una nueva constitución, una esperaba que estuviesen presentes representantes de la sociedad civil, las organizaciones gremiales, los partidos políticos. Nada de eso ocurre.

Lo que usted dice es muy cierto. Todas las constituciones, además de ser un documento jurídico, técnico, que protegen derechos, organizan los poderes del estado y establecen reglas para todos, deben generar apego, adhesión, por los beneficios que emanan de la constitución. Por el mito que encarnan. Piense en el poder de la constitución norteamericana; en España, la constitución del 78 que fue la salida del franquismo. En muchos países la principal fiesta, es la de la constitución.

Y qué sucede en Chile, es una constitución que, inicialmente se nos quiso imponer, que luego hubo que negociarla, tratar de convertirla en otra cosa que es lo que hemos estado haciendo durante 30 años. Cambiarle la cara para que se parezca más a las cosas que son valiosas, pero es ajena.

Sobre el tema de lo que ha hecho el gobierno, lo cierto es que ha cometido muchos errores. Anunciar de manera informal, como saliendo el presidente en la noche de la casa, sin prestancia y sin claridad alguna, es muy objetante. Porque estos son temas serios y los símbolos y las forman importan mucho.

Ahí está la Asamblea Constituyente en el ideario chileno. Sobre la que se pueden tener muchas dudas, pero hay que reconocer que la imagen de una Asamblea, de que estén todos representados, aunque sea muy difícil de lograr es un símbolo integrador. Y eso es lo que tiene que ser la constitución. Un documento, un texto, un proceso que integre a todas las personas con su sociedad y que genere beneficios sociales y económicos.

Una nueva constitución puede contribuir a resolver varios temas que por razones de tiempo podemos englobar en un nuevo pacto social. Pero, uno de los riegos que siempre se corre con las leyes es la vieja tradición hispana, se acata, pero no se cumple. Hoy, hay voluntad desde la izquierda a la derecha para elaborar una nueva constitución.. pero hay voluntad para cumplirla.

Después de 30 años de enseñanza le puedo decir que las constituciones no resuelven todo. Son muy importantes, pero hay muchas otras cosas que le dan un tejido a la sociedad, una amistad cívica, un acuerdo político sobre los que la constitución debe sustentarse.

Me da temor el que se haya transformado el tema en una especie de divinidad mágica, en la que se puede llegar a creer que se va a encontrar solución a todos los problemas.

La constitución es una parte central de la vida en común en una democracia representativa. Ojalá cada vez más participativa.

Espero que las fuerzas  políticas no estén jugando al oportunismo y a la demagogia. Porque veo mucho oportunismo y demagogia en estos días. Creo que debe haber una visión de estado, de no hacer promesas que no se puedan cumplir, que después se pagan muy caras, como se ha podido ver en estos movimientos sociales, que han surgido en parte porque lo que se dijo en las campañas no se cumple. Un sector significativo de la población chilena está viendo que su vida es miserable, y no está dispuesto a seguir adelante soportando tanta injusticia, tantos beneficios para la élite, tanto nepotismo.

Entonces la clase política también tiene que hacerse una autocrítica. No creer que aprobando un texto todos los problemas van a desaparecer.

 

Pablo Ruiz Tagle-Vial es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Yale. Profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta Casa de Estudios.

Es autor,  entre otras obras de «Cinco repúblicas y una tradición. Constitucionalismo chileno comparado», «Derecho justicia libertad», «El constitucionalismo del miedo. Propiedad, bien común y poder constituyente».