La justicia chilena lucha contra el tiempo porque mueren los represores, los testigos, las víctimas y los familiares
Fue en enero de 2017, después de un año y cuatro meses de dedicarse a los casos de violación de los derechos humanos de La Serena, que lo designan como responsable para todo el norte de Chile, desde Arica a La Serena. Para Vicente Hormazábal es un honor que los superiores del poder judicial lo consideren el funcionario idóneo para el cargo. A él que siempre le ha gustado más el derecho civil, las circunstancias de la vida lo han llevado por la senda el derecho penal. Por ahora es uno de los jueces que representa la recuperación de la dignidad de la justicia chilena, con una gestión imparcial, que busca la verdad y que aplica la ley de acuerdo con la gravedad de los hechos. Lo dirá en la entrevista, no pertenece a ninguna corriente política, su partido es el poder judicial
Vicente Hormazábal Abarzúa, ministro en visita extraordinaria para causas por violación de los derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena. Señor Juez, esto del cargo se dice rápido. Pero ¿de cuántas causas hablamos?
Sobre 100 y esas causas suman alrededor de 370 víctimas.
Comencemos por lo crítico para terminar con lo bueno. La mayoría de los culpables de violaciones de derechos humanos se niega a asumir la culpa. Dicen: “Hicimos lo que debíamos. Obedecimos las órdenes. ¿Por qué se nos condena? Por haber cumplido con nuestro deber”. Es lo que se estila ¿No?
La mayoría dice: “Yo no estuve ahí. No sé por qué me inculpan. Yo no tuve ninguna intervención. Sí, es cierto. Yo pertenecía a la Sección Segunda, pero nosotros nos especializábamos solo la encriptación y desencriptación de mensajes. Teníamos que hacer la investigación para la gente que quería ingresar a las Fuerzas armadas. Pero no teníamos nada que ver con lo político. No participábamos en las detenciones. Por supuesto, no participábamos en la tortura. Por supuesto no participábamos en la ejecución.”
Hay que llegar por otras vías a determinar las responsabilidades. No hay nadie que haya dicho: “Sí, es cierto. Yo lo hice, pero lo hice en cumplimiento del deber.
Cuando ya se llega a reunir antecedentes suficientes como para desvirtuar sus primeras declaraciones, y hay tres o cuatro testigos que dicen él fue -hizo esto o lo otro- ante esa evidencia muchos recurren a que lo hizo en cumplimiento de una orden.
La mayoría de los juzgados actualmente, o eran capitanes o tenientes o subtenientes. Se defienden: “nosotros éramos como el lo último del eslabón y no podíamos negarnos, No podíamos decir que no, porque si nos negábamos podíamos correr la misma suerte.
Varios, no todos, de los que tuvieron participación en la represión, terminaron trabajando para organismos de seguridad, ya sea en el Servicio de Inteligencia Militar o en los organismos creados por el régimen, la DINA primero y después la CNI. Por ejemplo, hay un capitán de ejército que lo condené en Antofagasta. Él había terminado en la CNI.
Usted dicta sentencias por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, es decir, hace más de 49 años. La tardanza puede interpretarse como la obsecuencia de la justicia chilena durante muchos años. Por ejemplo, entre 1973 y 1983 se presentaron 5400 recursos de amparo. Sólo diez fueron acogidos.
Yo no voy a hacer una defensa institucional porque no me corresponde. El análisis de la jurisprudencia a lo largo de los años y a partir del retorno de la democracia tiene varios vericuetos, topes, trabas que se han originado con el tiempo a través de las distintas interpretaciones que ha asumido la Corte Suprema y que de cierta manera están influenciadas por el incumplimiento de deberes y obligaciones del Estado. Así lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sentencias de casos que ha atendido. Por ejemplo, la aplicación de la Ley de Amnistía del año 1978. La aplicación de la prescripción o, incluso, de la media prescripción. También es cierto que con el paso de los años ha variado la jurisprudencia.
Yo no quiero decir: “mire, lo que estamos haciendo ahora se pudo haber hecho siempre”. Habría que hacer un análisis político de la situación, incluso con el regreso a la democracia, para comprobar que no ha sido tan fácil. Se recordará que el jefe de la dictadura estuvo hasta después del año 2000 ejerciendo cargos de poder. Entonces no fue tan fácil como llegar y decir, bueno, ahora partimos de cero y como hay un dicho por ahí: “hágase justicia, aunque se caigan los cielos” (Fiat iustitia, ruat caelum)[1]
Al hacer un juicio de valor de las personas que conocieron esos recursos de amparo y los rechazaron, probablemente algunos lo hicieron por convicción, otros por miedo. No soy quien para pedirle arrestos de valentía a nadie. Probablemente me los podría auto exigir, pero reprocharle a otra persona de no haber sido valiente o kamikaze, eso no lo puedo hacer. Pero hubo personas que se atrevieron, como Carlos Cerda, que en algún momento se negó a aplicar la ley de Amnistía. José Cánovas Robles, que osó ir a un cuartel policial a ver el estado en el que estaban los detenidos. Era una actitud nada fácil de asumir ni de aplicar la ley, como pudiera exigírsele a un tribunal de la República en condiciones normales.
Yo entré al Poder Judicial el año 1986. Recuerdo que una jueza civil de Santiago tenía a su hijo preso en una cárcel de la CNI. La señora estaba desesperada. ¡Era una jueza! Parece que se lo mataron. Una situación como esa había que vivirla. Así como lo vivieron ustedes, el Poder Judicial también lo vivió. Yo no digo que todos hayan tenido miedo, que no tenían la valentía, probablemente hay muchos que lo hicieron también por convicción.
Usted nombró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sabe que el 24 de enero de este año salió un informe donde se habla de tres desafíos sobre el cumplimiento de acceso a la justicia en los crímenes del pasado:
La persistencia en el ordenamiento jurídico de figuras incompatible con los estándares interamericanos de Derechos Humanos.
La existencia de limitaciones normativas o institucionales a la investigación y el enjuiciamiento de determinadas causas
y la no aplicación en ciertas circunstancias de sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad de estos crímenes.
Me pregunto, señor ministro, si de enero a esta parte se han tomado medidas al respecto.
¿Qué motivó esas sugerencias? En cuanto a las sanciones, tenemos un principio de legalidad que respetar. El derecho penal tiene reglas que se aplican en todo el mundo. Cito el caso de la retroactividad de la ley penal. No puedo sancionar con una actual ley que establece una pena de presidio perpetuo calificado, algo cometido hace 50 años. Debo dictar la pena vigente en esa época. Por eso le muestro mi código de la Universidad, ajado, en una edición de 1979 que lo debo respetar.
Así, las sanciones para los casos no tipificados como torturas, sino como aplicación de tormento o de rigor innecesario, tienen una pena muy baja. Los delitos de secuestro calificado tienen una pena alta y se ha ejercido de ese modo. Yo aplico las penas que manda la ley. El secuestro calificado tiene la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, parte de cinco años en un día y puede llegar hasta 20.
Es cierto que hasta hace un tiempo algunos ministros de la Corte Suprema y tribunales aplicaban la media prescripción, que es una norma que está en el artículo 103 del Código Penal, que establece que cuándo ha transcurrido más de la mitad de la posible pena el tribunal puede considerar el delito con circunstancias modificatorias o atenuantes y con eso rebajar la pena. El juez está facultado, de acuerdo con el artículo 65 a 68, a rebajar la pena en uno o dos grados. Es lo que hacían y por eso hubo personas que se les aplicaba una pena que podía ser cumplida a través de algún beneficio de remisión condicional o de libertad vigilada, la ley 18.016 que está vigente, antes era un beneficio y hoy es una pena sustitutiva.
A través de la coordinación de la Corte Suprema, siempre se está conversando con los organismos de la Policía de investigaciones para que nos proporcione los funcionarios para las diligencias que corresponda. También se lo hace con el Servicio Médico Legal, para que agilice las diligencias, algunas de ellas engorrosas, como los informes de ADN que dejaron de hacerse en Chile, por lo ocurrido en el patio 29 (en el cementerio general de Santiago, el patio 29 fue utilizado por la dictadura para ocultar los cuerpos de asesinados por el régimen. El año 2006, 48 familias se enteraron de que sus familiares habían sido erróneamente identificados. Doble drama para los deudos y escándalo nacional) El Estado fue demandado por negligencia y condenado a pagar indemnizaciones. Resultó menoscabado el Servicio Médico Legal, y a pesar de que se hacen ingentes esfuerzos para contratar personal idóneo y obtener medios científicos modernos para determinar el ADN, no se atreven a hacerlo, por ello se recurre a laboratorios de Croacia y Austria. Los resultados a veces se demoran entre seis meses y un año.
En el conocimiento de la causa se busca agilizarla y de hecho se piden informes mensuales sobre los casos que se encuentran en la Corte. Asimismo, se otorgan las facilidades de contar con funcionarios necesarios para cumplir la labor. Se otorga dedicación exclusiva a los ministros. Estamos luchando contra el tiempo, porque las pruebas desaparecen, desaparecen los testigos, desaparecen las víctimas e incluso desaparecen los victimarios.
No se trata sólo del caso chileno, es en todo el mundo que ha vivido fenómenos de regímenes autoritarios, pero casi ningún cómplice civil es condenado.
En Chile, dentro de los de los autores de la CNI no todo eran militares, por ejemplo, el guatón Romo, que lo llamaban, fue condenado. Mario Acuña, un juez en Iquique que lo nombraron comandante y fiscal, murió en un Hospital Militar. Estaba preso en Punta Peuco. Hace un tiempo atrás se hablaba de la dictadura militar en Chile, de un tiempo a esta parte, por las informaciones que surgen, se habla de dictadura cívico militar. Un presidente habló de que hay algo así como cómplices pasivos o silenciosos (Sebastián Piñera, 2013). Los muchos que colaboraron con la dictadura en los comienzos del régimen, proporcionaron medios como vehículos, buses, micros. Yo no sé si los arrendaban, los requisaban; pero hubo civiles que colaboraban.
Por lo demás, se trata de delitos de lesa humanidad, que en general, se identifican con los organismos del Estado que atacan a sus propios compatriotas. Por eso se ha discutido si a ellos se les debe incluir dentro de los delitos de lesa humanidad, en los que no procedería aplicar la prescripción. Son discusiones doctrinarias. En el resto del mundo no se hace porque los que figuran en primera línea y los que tienen el poder para hacerlo son los organismos estatales de represión. Son los que asumen el poder.
Usted ha dictado varias sentencias y supongo bien si digo que cuando las dicta los familiares de las víctimas están presentes. Una cosa es la aplicación de la justicia y otra, el sentimiento que queda en los familiares. ¿Siente usted que la justicia es de una u otra manera un consuelo para esa gente que no va a poder recuperar a los suyos?
El hecho que se sepa la verdad es tranquilizador. Algunas personas que tienen un desaparecido y que nunca va a aparecer, probablemente sus sentimientos sean distintos. Hay otros como los de la Caravana de la Muerte (Una comitiva a cargo del general Sergio Arellano Stark recorrió las ciudades de ciudades de Cauquenes, Linares, Valdivia, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama), en las que masacró y asesinó a 26 personas en el sur y 71 en el norte, entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 1973) saber quienes fueron ayuda entender.
En el caso de la indemnización hasta hace un tiempo en la Corte Suprema, en una sala se aplicaba la prescripción civil y en otra no. Por lo tanto, algunos recibían indemnización y otros, no. Hace unos cinco años la Corte Suprema decidió que todas las causas, ya fueran civiles o penales, cuando se referían a indemnizaciones, para que existiera igualdad ante la ley, todos recibieran la indemnización que le corresponde.
Se han hecho algunos estudios a través de la Universidad de Concepción, para determinar parámetros de indemnización. Ojalá sea una suma fija y que no sea invariable entre uno y otro caso. Creo que no hay tanta diferencia, porque resulta que, en los casos de tortura, se fijan cantidades menores que en los casos de muerte. El daño pareciera que es más grande cuando hay una muerte de por medio. Pero, he visto casos de tortura en que los tuvieron meses torturando. Los tuvieron años detenidos y muchos de ellos ni siquiera tienen una sentencia que les diga, usted cometió tal o cual delito, sino que: “te vas y tendrás casa por cárcel y tienes que ir todos los días a firmar al cuartel de Carabineros.
Ahora que han pasado casi 50 años cuando recuerdan todavía se quiebran, lloran. Es algo sincero, no es una escena que interpretan. Entonces yo no sé que es más grave en realidad.
Sé que los funcionarios judiciales reciben una tarea por parte de la Corte Suprema. Sin embargo, tengo la más absoluta convicción que no todo funcionario judicial puede dedicarse al tema de los derechos humanos, tiene que reunir ciertas condiciones particulares, como ha sido el caso de Juan Guzmán, Alejandro Solís, Jorge Cepeda, Mario Carroza, Amanda Valdivia, Vicente Hormazábal, etcétera.
¿Cuáles son esas condiciones?
Todo juez debe tener presente cuando entra en este cargo que más que una profesión lo debe guiar el espíritu de solucionar problemas. Digamos que no todos ganan en un juicio. Por eso tenemos un 50% de personas que están desencantadas con el resultado y por eso en cualquier encuesta no tenemos la fama que podríamos tener.
Por otro lado, quien desea recoger votos reclama contra los jueces porque según ellos la justicia tiene puerta giratoria y todos salen en libertad. En algunos casos tienen razón, porque nadie es infalible. Pero si se estudian las estadísticas y los antecedentes que hay en el país con la aplicación del nuevo proceso penal, se puede establecer que existen muchos más condenados que lo que había antes. Y existe una buena cantidad de gente en prisión preventiva. No es verdad que todos salgan en libertad.
Emocionalmente, hay quienes no se sienten capacitados o que les cuesta mantener la imparcialidad que es exigible, sobre todo en temas que tienen alguna sintonía de orden político. A los jueces nos tildan de huestes de izquierda o de derecha, dependiendo de lo que uno resuelva. Yo digo que pertenezco al partido del Poder Judicial. Ahora, si alguien me va a buscar algo en contra debo advertirle que vengo de una familia de militares, no de alta graduación, pero militares, al fin y al cabo. Mi papá era suboficial de la Fuerza Aérea. Mi hermano era mecánico de avión. Mi abuelo fue suboficial del ejército.
Uno tiene que demostrar imparcialidad. Emocionalmente, como le digo, no soy de fierro, también me conmuevo con las vivencias que han tenido las víctimas que llegan a estas causas, e incluso -que no se interprete mal- también conmueve que alguien que han tenido durante toda una trayectoria de honores, llegue a la edad en que la vida lo está marchitando, que ya no tiene la misma fuerza, que le cuesta hasta caminar, y que se sepan estas cosas que hicieron cuando era joven, cuando recién iniciaba su carrera. Se ve gente muy afligida.
No es fácil esta labor, pero alguien la tiene que hacer y a mí me la asignaron y yo soy un subalterno obediente.
Lo que me ha enseñado la vida es que donde a uno lo pongan, uno tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible.
[1] Todos los párrafos entre paréntesis del artículo son de responsabilidad exclusiva del autor
