En Nicaragua, por desgracia, los peores pronósticos se hacen realidad. Amnistía Internacional

En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades implementan para silenciar toda crítica o voz opositora. Así lo afirma Amnistía Internacional en su más reciente informe, La desaparición forzada transitoria como estrategia de represión en Nicaragua,  en el que se documenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Conversamos con Astrid Valencia, autora de la investigación de Amnistía Internacional

Astrid Valencia, de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando salió el informe de Amnistía Internacional hablando de las nuevas estrategias del Gobierno de Nicaragua en contra de los opositores y concretamente del caso de los desaparecidos, ¿se ha resuelto ese tema y con el pasar de los días?

Días después de la publicación de este informe recibimos noticias y los medios de comunicación también informaron de que las familias habían podido visitar al grupo de los últimos detenidos en Nicaragua, lo que es  un paso importante, pero insuficiente para el tipo de violaciones que sufren y sobre todo por el hecho de que están privados de libertad por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, por ser críticos del gobierno.

Entonces la reacción del Estado es totalmente insuficiente para cumplir con sus obligaciones internacionales. Las familias mismas de las personas detenidas y las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua vienen demandando que se conozca el paradero y las condiciones de vida de los suyos. La voz de Amnistía Internacional lo que hace es acompañar y hacer un llamado internacional de atención sobre lo que ocurre en Nicaragua, en este caso la desaparición forzada.

Voy a citar solo algunas instituciones, no puedo aquí nombrarlas a todas. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Partidos Políticos de América Latina, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, son instituciones que han estado atentas al tema de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Eso es bueno, pero no es suficiente, al parecer.

Las autoridades nicaragüenses se han caracterizado por darle un portazo al escrutinio internacional, por ignorar lo que dice la comunidad internacional, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los mecanismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han emitido fuertes recomendaciones y demandas claras y concretas al Estado nicaragüense. Pero el Estado durante los últimos años ha demostrado que es experto en ignorar a la comunidad internacional, ignorar el escrutinio internacional y por eso creemos que la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua debe de seguir en la agenda mundial.

Cada día nos acercamos más a la fecha de las elecciones en Nicaragua (7 de noviembre) ¿Cómo las califica Amnistía Internacional?

Emitimos un informe en febrero que se llamaba “Silencio a cualquier costo” en el que decimos que el camino a las elecciones vas a ser un sendero empedrado para el ejercicio de derechos humanos, y que a medida se fueran acercando íbamos a observar mayores violaciones de derechos fundamentales.

Lamentablemente en Nicaragua las peores predicciones siempre se cumplen y este caso no es la excepción. Hemos visto cómo el gobierno se dedica a detenciones arbitrarias. A desapariciones también. Hay importantes censuras a medios de comunicación. Una nueva ola de personas ha tenido que salir de Nicaragua para resguardar su vida y su libertad. El país está inmerso en un contexto muy adverso para el ejercicio de los derechos políticos.

Hace escasas horas atrás se giró una orden de arresto para Sergio Ramírez Mercado. Se trata de una figura internacional de renombre, un hombre dedicado a las letras y que, sin embargo, está acusado de los peores delitos en Nicaragua.

En el caso nicaragüense la pregunta es quién es el siguiente. Cualquiera que se atreve a criticar al gobierno, emitir juicios a las políticas públicas o exigir el ejercicio de los derechos humanos termina tras las rejas o demandado o perseguido o exiliado. Esas son las opciones para quienes alzan la voz en Nicaragua.

Como usted mencionaba, es acusado el galardonado escritor Sergio Ramírez. Esta es una muestra de que no importa a qué se dedica, pero si alguien tiene el valor de criticar o de exigir derechos humanos, tendrá consecuencias graves en Nicaragua.

Hay diversas organizaciones internacionales, las nombradas y otras más que reclaman el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Y nada hace suponer que la situación vaya a cambiar por una razón muy sencilla. Y es que todas estas instituciones no tienen capacidad coercitiva, salvo los gobiernos. ¿Cree usted que la comunidad internacional tiene en sus manos otros instrumentos que hagan posible una presión mayor al gobierno de Nicaragua para que respete los derechos humanos?

Creo que podría ser importante explorar el tema de la jurisdicción universal, es decir, que en los países en cuyo territorio se encuentre una persona acusada de crímenes al derecho internacional pueda ser llevado ante la justicia. Mecanismos intergubernamentales como la Organización de Estados Americanos, el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, deben de reforzar medidas para seguir denunciando y sobre todo, asegurarse que la situación en Nicaragua no salga de la agenda de estos mecanismos multilaterales. Eso es fundamental.

Pensaba también, aparte de lo que usted señala, de que México es parte de tratados internacionales, de comercio internacional, tanto con América del Norte como con la Unión Europea, y en ambos casos, sobre todo en el de la Unión Europea, hay un capítulo muy importante dedicado al tema de los derechos humanos.

En efecto, el acuerdo de asociación con la Unión Europea y Centroamérica tiene un capítulo que sobre desarrollo sostenible, derechos humanos, democracia para mí sea internacional. Es importante que cualquier medida que tomen los Estados no afecte a la población. Es algo que debe analizar la comunidad internacional. Es que la población no termine siendo la afectada, en lugar de promover acciones que hagan un esfuerzo por la rendición de cuentas, de perpetradores, de crímenes, del derecho internacional. Entonces ahí hay que tener la suficiente finura para diseñar medidas que no terminen afectando a la población nicaragüense

Con otras palabras. Si en algún momento se quisiera implementar un boicot o algo parecido, se trata de una materia muy delicada que habría que mirarla con muchos ojos.

Exactamente. Los derechos humanos de la población deben estar al centro de cualquier decisión de la comunidad internacional.

¿Cuáles son los próximos pasos para Amnistía Internacional?

Amnistía ha estado denunciado sistemáticamente la grave situación de derechos humanos en Nicaragua desde hace muchos años, y con la crisis que se inicia en el 2018, nos activamos desde el primer día. Hemos visitado Nicaragua en varias ocasiones, hemos ido a Costa Rica a conversar no solo con personas que han tenido que salir al exilio, sino que con el mismo presidente costarricense para  la protección de los derechos humanos de los nicaragüenses en Costa Rica. Hay un compromiso de Amnistía Internacional con la situación en Nicaragua y seguiremos monitoreando, acompañando las denuncias de las organizaciones nicaragüenses.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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