El Salvador: los mareros entre rejas, los derechos humanos suspendidos hasta nueva orden
Muchos delincuentes mayores están entre rejas. Muchos inocentes les hacen compañía en la mega cárcel de la que se enorgullece el presidente Bukele de el Salvador. El precio de la estrategia para acabar con las maras es la suspensión y violación de los derechos humanos por parte del Estado. El rector de la Universidad Centroamericana, UCA, José Simeón Cañas, el sacerdote Andreu Oliva ofrece una mirada crítica en esta entrevista exclusiva
El primer tema esencial relacionado con El Salvador es el de los derechos humanos. Los informes del Gobierno sobre detenciones presentado el último día del año pasado del 2022, dicen que hay un total de 62.972 personas capturadas y puestas en prisión. Y esto es importante, detención provisional para un total de 1082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas. ¿Tan mala es la situación?
La situación refleja la política amparada en el régimen de excepción, contra todo aquello que tenga algún tipo de relación con las pandillas, ya sean familiares o personas que de alguna manera puedan estar vinculadas a ellas. Hay que decir que, de todas estas detenciones, casi 4000 han sido liberados porque no se les ha podido encontrar una relación real con las pandillas. Pero hay muchas otras más cuyo número desconocemos, que seguramente tampoco tienen una actividad criminal o delictiva. Simplemente pueden ser familiares de pandilleros.
Todo este régimen de excepción es una vulneración a los derechos humanos porque se detiene a las personas sin que estén en flagrancia, sin una orden judicial, sin que tengan ni siquiera alguna prueba. Muchas veces van a buscar a una persona a una casa y si no la encuentran, se llevan a los que están en el domicilio. Hay un mandato muy específico desde antes del inicio del régimen de excepción, en que hay que ir contra las pandillas y detener a todas aquellas personas sobre las que hubiera alguna sospecha de ser pandillero o de tener un vínculo con esas organizaciones. Eso ha generado una grave violación a los derechos humanos.
También pasa el tiempo de detención sin que el detenido sea presentado a un juez entre las 72 horas ( artículo 166 de la ley salvadoreña). Las audiencias con los jueces son masivas, en donde no se puede individualizar el delito cometido por cada una de las personas y todos son acusados de lo mismo: pertenencia a las asociaciones o agrupaciones ilícitas.
La otra cara de la medalla es que tanto en El Salvador como en otras latitudes hay mucha gente dispuesta a delegar su libertad a cambio de seguridad y piensa de manera bastante elemental: “Puedo dormir tranquilo, no tengo que temer al ir a mi casa pasando por sectores peligrosos. A los criminales los tienen en la cárcel. Las maras están moribundas. Entonces, ¡viva Bukele! Tanto es así que se asegura en las encuestas que a lo menos el 90% cree que la delincuencia ha disminuido en El Salvador.
Ciertamente, la delincuencia ha disminuido, eso es objetivo. Nosotros, que vamos siguiendo el caso a través de los estudios de opinión pública, vemos que la delincuencia disminuye y el índice de victimización ha venido también reduciéndose. Ha disminuido con el régimen de excepción, pero ya venía disminuyendo anteriormente. Es una realidad innegable.
Las comunidades que antes estaban asediadas por las pandillas hoy viven una tranquilidad que desde hace años no conocían. Por tanto, que esta situación ha mejorado la seguridad de la población no se puede negar. Lo que hay que ver es a qué costo y hasta cuándo. El haber detenido a tantas personas y seguir en este proceso, porque todavía no ha terminado el régimen de excepción, y continúan constantemente los operativos de la Policía y la Fuerza Armada con la misma política de detención: toda persona que pueda ser sospechosa de pertenecer a estos grupos pandilleros. No sabemos cómo se va a sostener en el tiempo la estrategia ni qué pasará cuando se realicen los juicios y si podrán presentar las pruebas suficientes para que todas estas personas sean condenadas.
Hay que reconocer que hay una mejora de la seguridad, pero junto a eso mucha gente ha visto como son detenidos inocentes, como son arrestadas personas honestas, a quienes no se les conoce ninguna vinculación con estos grupos criminales. y eso pues a las personas también les está. No digamos a los familiares de los detenidos que se han manifestado y se los criminaliza por hacerlo. Los acusan de que ellos también eran parte de las pandillas y que podían ser detenidos. Entonces se acabaron las manifestaciones. Pero los familiares de los detenidos están pendientes, están a las puertas de los penales esperando que sean liberados, esperando poder verlos porque no los han hecho desde que fueron detenidos.
Sabemos también que hay muchos casos reconocidos incluso por el gobierno, en los que más de 90 personas que han fallecido estando privadas de libertad e incluso algunos muertos han sido enterrados en fosas comunes. Entonces, hay toda una enorme preocupación de esta parte de la población relacionada con estas 60.000 detenciones y realmente no sabemos en que puede terminar.
El hecho de que una persona acapara el poder y ponga a las instituciones del país a su servicio es lo más parecido a una dictadura y en una dictadura el poder decidir sobre la vida y la muerte establece el reinado del miedo, en el que el pensamiento opositor puede ser fácilmente calificado de delito y, si es necesario, de traición a la patria. ¿Cuán paralizante es el miedo en El Salvador?
Es paralizante, pero también ha hecho que muchos abandonen el país. Participantes de los gobiernos anteriores, miembros de partidos políticos del FMLN y ARENA se han marchado por temor precisamente a una acción judicial contra ellos.
Por otro lado, muchas personas que no están de acuerdo con este régimen, que es autoritario, no podríamos todavía calificarlo de dictadura, porque aún existen partidos políticos, aún se puede, aunque con muchas limitaciones, hablar y expresar la propia opinión. Pero sí, el sector crítico es acosado, ese es otro aspecto importante, el acoso que mantiene el Gobierno contra todas las voces disidentes, principalmente a través de las redes sociales. Eso lleva a que estas personas se autocensuren porque son acosadas e incluso amenazadas o golpeadas a través de las redes sociales, en su prestigio, en su vida personal, entonces enmudecen, dejan de tener una voz crítica ante el gobierno.
El miedo está, lo hemos visto, por ejemplo, en los vendedores informales en el centro de la ciudad, que han sido desalojados. Dicen que fue voluntariamente, pero todos sabemos que han sido desalojados mediante el miedo, han sido amenazados de que si no desalojaban el centro de la ciudad podían ser sujetos a los que se les aplicara el régimen de excepción y ser detenidos.
Sé que voy a simplificar bastante las cosas, padre, pero da la impresión de que lo que tenemos en El Salvador puede entenderse como virtual fracaso democrático como consecuencia de una clase política que no ha estado a la altura de los desafíos que enfrenta el país después de la guerra civil.
Sin duda alguna es muy responsable la clase política de El Salvador de esta decepción que la gente tiene con la democracia. Porque, en primer lugar, los políticos se apartaron de la población y no escuchan las demandas ni atienden aquellas expectativas que tenía la sociedad después de la guerra civil. Pensaban que no solo se acabaría la guerra para vivir en paz, sino también que tendrían mejores condiciones de vida. Uno de los problemas de la clase política es que no se ha preocupado de que el país avance hacia una mayor justicia social, hacia una mayor equidad, hacia una inclusión de todos los salvadoreños y salvadoreñas en la vida del país.
La migración hacia el exterior no se ha detenido. Comenzó mucho antes de la guerra por motivos de seguridad, continuó después por motivos económicos. Se habla de que son más o menos 500 cada día que salen en busca de otro país donde poder vivir y apoyar económicamente a sus familias.
Por otro lado, también la corrupción de los políticos en los gobiernos tanto de ARENA como del FMLN ha decepcionado gravemente a la gente. Hablamos de corrupciones importantes en un país con tanta escasez de recursos, con tanta pobreza; el que los políticos se hayan enriquecido a costa del erario es inaceptable.
Sin duda el tema de la violencia de las pandillas ha sido muy importante, porque en las comunidades pobres, marginadas o excluidas, la presencia de las maras ha sido tan fuerte que ha llegado a tener control total en donde nada se podía hacer si no era con el permiso de las pandillas. Para la gente esta realidad deriva en una situación de temor continuo. Si a todo ello le agregamos el número tan elevado de homicidios, es como mirar constantemente la cara de la muerte.
La mega cárcel de Toluca, con una capacidad para no menos de 40.000 personas, se ha transformado en noticia internacional y subyace en la estructura y en el pensamiento que no está destinada a buscar la rehabilitación social de quienes hayan delinquido y eso es un problema grave, no solo para para las víctimas, no solo para El Salvador, porque eso atentaría en contra de todos los principios, tanto de la Constitución Nacional como del Derecho internacional.
Así es. Hemos oído tanto al Presidente de la República Nayib Bukele, como al ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, hablar de que las personas que son detenidas en esta mega cárcel, en este centro de confinamiento para terroristas, no saldrán con sus propios pies del recinto. Por tanto, se les está condenando a cadena perpetua que es una pena que no existe en nuestro Código. Tampoco está pensada la cárcel como para ser un espacio de rehabilitación como lo manda la Constitución para el sistema penal salvadoreño, como vehículo que debe servir para la rehabilitación de las personas que han cometido un delito o un crimen y poder reincorporarse a la sociedad al finalizar su condena Todo eso no está en el horizonte de la actual política del gobierno. Para él todas son personas que no tienen posibilidad de rehabilitación, y por tanto hay que detenerlos para toda la vida.
Es posible que la mayoría de los que sean destinados a esta cárcel no van a tener un juicio porque se ha modificado el Código Penal de manera que puedan permanecer de manera indefinida sin condena. Otra grave violación al derecho humano a tener un proceso y un juicio justo. Están implementando la cadena perpetua sin que haya un juez que la decrete, simplemente no generando un juicio que permita determinar la culpabilidad de estas personas y o darles una pena de acuerdo con los crímenes cometidos (El artículo 133 del Código Procesal Penal, establece que: Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente, y será tratada como tal en todo momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público)
En el fondo de esta realidad nacional persiste la situación irresuelta de los crímenes de lesa humanidad. Que se cobraron la vida de Monseñor Óscar Romero, de Ignacio Ellacuría y los suyos, de los cuatro periodistas holandeses, de las hermanas Serrano Cruz y de tantos otros. Parece, visto desde afuera, muy difícil imaginar, si no imposible, un país en paz en El Salvador si la impunidad sigue siendo la norma.
La mayoría de los defensores de derechos humanos pensamos que la violencia que vino al país después de los acuerdos de paz es fruto de esa impunidad de un Estado que no es capaz de juzgar a los criminales, sean del tipo que sean. A lo largo de 31 años después de la firma de los acuerdos de Paz, se ha mantenido un sistema judicial que no ha sido capaz de trabajar para determinar la culpabilidad de los criminales, tanto durante el conflicto como en el período posterior. La impunidad ha generado un aumento de la criminalidad, porque las consecuencias son muy pequeñas o inexistentes en muchos casos.
Mientras se detiene a 62.000 personas, sabemos que el Estado ha posibilitado la libertad de figuras importantes dentro de la estructura de las pandillas, incluso criminales, que eran solicitados por Estados Unidos y el gobierno ha permitido su liberación. Incluso en uno de los casos, un tal Crook (Élmer Canales Rivera, uno de los líderes de la MS-13) fue llevado hasta la frontera con Guatemala por un funcionario del gobierno. Entonces, la impunidad sigue existiendo para unos y no para otros. Se repite aquello que decía Monseñor Romero, “la justicia es como la culebra que solo muerde a los que están descalzos”. Si pudiéramos conocer el origen de los 62.000 detenidos y su estrato social, la mayoría viene de los sectores más pobres, los que no han tenido oportunidades en la vida para una educación, una vivienda digna, un trabajo.
Padre, nada más alejado de mi propósito que terminar de forma pesimista. Pero si vemos que la lealtad de los poderes del Estado es con el gobierno, si el presidente, por ahora, tiene todas las posibilidades de ser reelecto. Si la comunidad internacional mira para otro lado, la mantención del autoritarismo parece destinado a mantenerse o profundizarse.
No es pesimismo, es realismo de una persona bien informada, que sabe cómo están ocurriendo las cosas en el país y a nivel mundial. Lamentablemente la comunidad internacional ha fracasado en su capacidad para defender la democracia y los derechos humanos en países donde son vulnerados. Es un factor determinante en lo que ocurre aquí en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, o en países de África y de Asia.
Espero que sea la propia sociedad salvadoreña la que en un momento diga ¡Basta! Esto ya no se puede tolerar, el abuso del poder, que se haya perdido el Estado de Derecho, que estemos a la discrecionalidad de lo que decidan las autoridades porque no tenemos la posibilidad de poner una demanda en contra del Estado. La Corte Suprema de Justicia no responde a más de mil peticiones de habeas corpus. En el régimen de excepción, los jueces deciden lo que se les dicta desde el Poder Ejecutivo.
Se irá profundizando el autoritarismo, pero tenemos la esperanza y ahí creo que el optimismo es que en un momento el pueblo se de cuenta de que la libertad es fundamental, que el expresarse libremente, decidir sobre las autoridades, tener un Estado de derecho para defenderse de los abusos del poder es decisivo y puedan gritar: “queremos que el país vuelva a sus cauces democráticos”.
