Denuncia en contra del Presidente Correa ante la Corte Penal Internacional
Cléver Jiménez, exparlamentario ecuatoriano, del movimiento plurinacional Pachakutik, denunció, el pasado 17 de junio, al presidente Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Jiménez solicita que se realice un examen preliminar sobre los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, durante una revuelta policial. En los incidentes murieron los policías Froilán Jiménez y Efrén Calderón, y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez.
El gobierno asegura que se trató de un intentona golpista o de una manifestación que pretendía desestabilizar al país. La justicia ecuatoriana impulsó 41 procesos, en 17 provincias, para castigar a los autores intelectuales y materiales de lo que considera un atentado contra la democracia en Ecuador.
No obstante Cléver Jiménez es del parecer que el gobierno de Correa ha puesto a la Justicia de Ecuador bajo sus designios, tal y como lo ha hecho con otros poderes del Estado.
El ex asambleísta habla de persecución a los detractores y criminalización de la protesta social. Un relato pormenorizado de todo lo ocurrido durante la protesta, se recogen en libro 30 de septiembre, persecusión y impunidad, del que es autor Cléver Jiménez.
Paralelamente, Galo Chiriboga, fiscal General, abrirá probablemente una investigación por presunto desacato de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Ambos fueron condenados en el 2014 por injurias calumniosas en contra del presidente Correa, cuando afirmaron que en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 se cometieron delitos de lesa humanidad. Jiménez y Villavicencio huyeron de la justicia para evitar el año de prisión al que fueron sentenciados. Hoy ha prescrito la determinación judicial.
En la entrevista con Radio Media Naranja Jiménez ha sido categórico en señalar que no pagará los 140 mil dólares de indemnización que establece la condena, como tampoco pedirá disculpas públicas al Presidente por sus acusaciones descalificatorias del mandatario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, en su momento, medidas cautelares tanto para Jiménez, como para su asesor Fernando Villavicencio, y para el activista Carlos Figueroa. Sin embargo, el Congreso ecuatoriano, el ministro de Relaciones Exteriores y otras autoridades nacionales declararon que la Comisión no tenía potestad para solicitar medidas cautelares.
En medio de la turbulencia del 30 de septiembre, en medio de las pasiones desatadas, se captaron las imágenes de Jiménez, quien haciendo uso de la palabra en el Congreso, decía: “Rafael Correa actuó como prepotente. Su presencia (en el Regimiento Quito) fue una incitación al caos público. Pedía que lo maten. Me dio pena que nadie lo haya hecho”.
