Conclusión categórica del GIEI: el destino de los 43 estudiantes no está resuelto. Habla Ángela Buitrago

El cese del mandato del Grupo Internacional de Expertos Independientes para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, termina mal. No para el grupo que ha realizado un gran trabajo, pese a la incomprensible falta de voluntad de colaboración de muchas autoridades al más alto nivel. Mal para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, empeñado en cerrar el tema con la supuesta quema de los estudiantes en el basurero de Cocula. Tesis desechada por el GIEI. Ángela Buitrago es integrante del GIEI y en esta entrevista exclusiva con Radio Media Naranja traza en grandes líneas parte importante del trabajo y los obstáculos que ha enfrentado el grupo de expertos.

Deduzco del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI),  que el titular de la noticia podría ser: la mentira de la verdad histórica de Iguala. Creo no equivocarme.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI
Ángela Buitrago, integrante del GIEI

Quisiera decirle que lo que hizo el grupo fue establecer que, efectivamente, no pudo ser posible la historia del basurero del Cocula. Por lo tanto, de manera técnica, científica y objetiva se demostró por parte del perito del GIEI, como de los peritos de la EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) que era imposible hablar de una quema, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, en el sitio denominado basurero de Cocula. Además, se demostró fehacientemente que el tercer informe que se hizo para estos efectos tampoco pudo dar ningún dato porque faltaban ejercicios que realizaran los peritos.

Si usted lo quiere llamar la mentira de la verdad creería que sí está demostrado que no existió y por lo tanto debería, y esa fue una de las recomendaciones del GIEI, cambiarse la narrativa del Estado mexicano frente a ese hecho.

¿No se han ido ustedes de México con un sabor amargo en la boca por ofrecer finalmente más preguntas que respuestas?

No. Creo que todas estas preguntas eran necesarias desde el principio y actualmente para poder llegar a responder lo que la investigación debería haber hecho desde el primer momento, que era trabajar sobre las diferentes hipótesis. El sabor amargo nos lo llevamos porque no encontramos a los estudiantes ni su paradero. Y solo cuando se respondan estas preguntas se avanzará en esta investigación.

Es también la satisfacción de encontrar lo que sí sucedió, lo que no pasó y sobre esos supuestos queda pendiente encontrar el destino de los estudiantes.

El último informe dice que funcionarios públicos obstruyeron la investigación por falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencias. Si agregáramos corrupción, colusión estatal con el crimen organizado, justicia condicionada, ¿No estaríamos mostrando, más allá de Iguala, una foto de la institucionalidad mexicana de la actualidad?

Yo quisiera hacer dos precisiones. Lo primero es que hay una colusión de autoridades, de policía municipal, en este momento, que por lo menos la PGR (Procuraduría General de la República) la tiene identificada frente a organizaciones criminales. Por lo tanto, sí hay una connivencia, una cooptación de niveles de policía del Estado de Guerrero.

También nosotros advertimos que se debe trabajar sobre las investigaciones y denuncias que hizo el grupo acerca de la pérdida de información valiosa y significativa en términos de grabaciones y videos, como es el caso del Palacio de Justicia, de donde se sustraen a varios de los normalistas que después desaparecen.

Por qué no se han entregado informaciones relevantes que se solicitaron por la misma PGR, que no se han puesto de presente por algunas autoridades o algunos funcionarios públicos. Todos estos funcionarios, inclusive bajo la ley de transparencia, están obligados a entregar la información, salvo que justifiquen y motiven la no entrega por alguna razón. Cualquier clase de destrucción de prueba, de obstrucción en la obtención de la misma, también tiene un comportamiento significativo en términos de responsabilidad.

Pienso que cuando se investiga un caso de esta naturaleza de desaparición, no puede haber ni secretos ni reservas, porque las mismas disposiciones internas de México lo prohíben, pero además los estándares internacionales prohíben esta clase de velos en información que debe ser expuesta para la investigación.

Usted me pregunta en concreto si es una fotografía del modelo. Yo tendría que decir que se evidencia dentro de la investigación que es una práctica habitual no dar respuestas a la PGR, por parte de ciertas autoridades, ni de buscar información porqué se perdieron algunos elementos probatorios. Está práctica la vemos reflejada claramente en la investigación.

En consecuencia, no es un problema ocasional, es un problema estructural.

 Pienso que se está evidenciando a través de la misma investigación, y por lo tanto, puede responder a un problema estructural. Lo que pasa es que yo no puedo decirle eso porque no he tenido acceso a las demás investigaciones en México. Pero sí, en esta investigación es un tema recurrente.

Pasemos al Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, que habría manipulado videos, presentado acciones ilegales como legítimas. Como por ejemplo hacer aparecer a dos representantes de Naciones Unidas en el Rio San Juan a donde ellos nunca fueron. Uno se resiste a creer que cuando los ojos del mundo están sobre el caso, un funcionario de alto rango se atreva a hacer estas cosas.

La verdad es que independientemente de lo que suceda dentro de la investigación que nosotros solicitamos porque fue a través de los medios públicos que nos enteramos de esta diligencia del 28 de octubre, la que no tiene ninguna constancia en el expediente de la averiguación de los 43 desaparecidos. Se hacía necesario solicitar la investigación porque reñía incluso con normas internas del código de procedimiento penal mexicano. Todas las diligencias que surgen, una vez que se captura a una persona, tiene que tener un ministerio público, y en este caso ya había varios detenidos. En las fotografías y el video, captados por periodistas durante la actividad del 28 de octubre, primero, no aparecen en el expediente; segundo, no tenían razón o justificación desde el punto de vista de nuestro análisis, en términos jurídicos y, tres, al no haber constancia en el expediente la actividad se entiende que no tiene una legalización adecuada y que, además, esa zona del río San Juan, en las fotografías y en el video, que está colgado en la página del GIEI, hay claros elementos en donde debería haber participación de peritos de la PGR. Incluso se metieron al río y extrajeron una bolsa. También se aprecia un resto de hueso que no sabemos de qué naturaleza es. Debería haber constancia de todos estos elementos. Más aún, en esa zona, al día siguiente, se hace un hallazgo, en una bolsa, de uno de los supuestos restos óseos que fue reconocido por Innsbruck (Universidad Médica austriaca) como perteneciente a uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio.

Todo esto lo implica es que con la rigurosidad y formalidad que tiene el proceso mexicano, no solo extraña que no estén esas constancias, sino que es completamente contrario a la normalidad de la investigación. Como además también lo certificó y ratificó, en la presentación oficial el señor Cerón, cuando trata de salir a decirnos que el video tenía una justificación.

Y lo segundo, es que trata de utilizar a un organismo internacional como Naciones Unidas para justificar su comportamiento, lo que a todas luces era contrario a la realidad. Los miembros de la ONU, Omar Gómez y las personas que tienen protección por ser de organismos internacionales, las expone públicamente generando una afirmación que no es cierta. Ellos llegan, como se ve en la toma, a donde aterriza el helicóptero, en un lugar lejano al río San Juan. Ordenan trasladarlos al basurero de Cocula, que era donde estaba dispuesta la diligencia, que sí quedó consignada en la averiguación previa.

Da la impresión que hay una relación directamente proporcional en la medida que avanza la investigación del grupo de expertos y la desconfianza por parte de las autoridades mexicanas.

Uno de los muchos centenares de miles de recuerdos por los 43 estudiantes
Uno de los muchos centenares de miles de recuerdos por los 43 estudiantes

Siempre el gobierno mexicano ha reconocido la ayuda como el sentido positivo de la investigación del GIEI y aquí viene una ambivalencia bien particular,porque ellos reconocen la valía y el aporte del GIEI y la vez cierran la posibilidad de que nosotros sigamos investigando a partir de enero de este año. Yo no sé si el calificativo sería desconfianza o sería una decisión de alguna parte de que no continuáramos en la investigación. Acogieron el primer y segundo informe, pero hay una orden de cierre evidente, a partir de enero del 2016, en donde se impide la labor permanente del GIEI en términos de acceder a los detenidos, a documentación que se requería del batallón 27, de retrasar diligencias de búsqueda y el punto central es que todo esto genera un traumatismo en la labor efectiva de avanzar en una colaboración que había sido solicitada y ratificada por el gobierno mexicano.

Curioso. Es decir, nos parece muy bien lo que hacen, valoramos mucho la investigación que realizan, pero váyanse.

Correcto. Por eso le digo que hay una ambivalencia que no sé cómo definirla.

Sigamos con los representantes del Estado. El subprocurador Eber Betanzos ha dicho que en todo momento se brindó a la comisión internacional “las mayores facilidades y el pleno acceso” a la información. “Esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones del GIEI, de las cuales el 85% ha sido cumplidas en su totalidad y el resto se encuentran en vías de serlo”.

Esto se merece una aclaración. Nosotros tuvimos un segundo mandato en donde hacemos ese número de peticiones probatorias, las que hasta el diez de marzo del 2016 iban en cumplimento del 50%, precisamente porque se habían retrasado varías actividades. Se puede verificar en el expediente que solicitudes de noviembre y diciembre del año pasado, solo se tramitan a partir del 22 de marzo de este año. Cuando llegamos a la primera semana de marzo teníamos el 51%. A partir de ese momento se imprime orden inmediata para acordar algunas pruebas, porque otras se negaron diciendo que no eran procedentes. Llegamos a un cumplimiento efectivo de petición de pruebas del 83% en el momento que rendimos el informe. Lo que pasa es que muchas de ellas, como fueron solicitadas a partir del 22 de marzo no tenían respuesta en el expediente cuando terminamos el mandato.

La semana del 16, 17 y 18 de abril se toman en dos días 73 declaraciones. Vísperas de terminar nuestro mandato. Lo decimos en el expediente, que ya no podíamos evaluar ni cruzar la información que se iba recibiendo, porque no solo no teníamos acceso directo sino tampoco el tiempo para generar el análisis de toda la prueba. Inclusive hicimos el esfuerzo de analizar algunas de las declaraciones que se presentaron que habían sido retardadas por alguna decisión. Se podrá ver como hay oficios contradictorios en donde dice, no se decreta la prueba y después dice, decretémosla para el 19, 21 o 21 de abril.

Sí se cumple con ese porcentaje. Tenemos dos anotaciones: se lo hace en el mes final, pero además, se cumple de una manera muy difícil, porque las respuestas no habían llegado cuando se terminó el mandato.

Ustedes esbozan en su informe final a lo menos dos líneas posibles pendientes de investigación. Una de ellas es el famoso quinto autobús. ¿Está ligado esto al cultivo de la amapola?

Nosotros sacamos la teoría del quinto autobús como hipótesis investigativa por la naturaleza misma de cómo encontramos los hechos con respecto a ese bus. El bus, que es tomado de manera accidental por los muchachos en la camionera es el único de los cinco que llevan los chicos de la normal que no es atacado ni agredido por la fuerza pública, es escoltado del Palacio de Justicia, donde se encontraba el otro autobús que fue baleado y de donde desaparecieron los otros muchachos; lo sacan escoltado de Iguala, no tiene una sola huella de disparo, no tiene un solo daño; pero además, dentro de un contexto en donde hay una zona de cultivo de amapola, que todo el mundo sabe que Guerrero está incluido como región de traslado de droga y que Guerreros Unidos está presuntamente involucrado en estos temas, debería haber sido un elemento fundamental en la determinación del móvil, la agresión y desaparición que sufrieron los muchachos. También frente a la posibilidad de descartar o encartar que hubiese habido algo en ese bus que hubiera llevado a esa reacción.

Ese bus tenía unas particularidades que las pusimos de presente en el primer informe. No coincidía, según un perito canadiense que nosotros contratamos, las características físicas y estructura del bus con el que después nos pusieron a disposición, porque ese bus no había aparecido en la investigación hasta que nosotros llegamos. Qué pasó con el bus. Por qué lo manejan de esa manera, por qué realizan todas estas actividades.

Pedimos inclusive asistencia internacional para que el FBI determinara la relación entre el bus que sale de la camionera y el que nos ponen de presente, pero esa prueba no se llevó a cabo por el FBI.

No se verificó el hecho que el conductor niega un manuscrito que entrega el representante legal de la empresa, que confirmaría la versión de los muchachos, que fue sacado y escoltado de Iguala y los muchachos fueron bajados del bus.

Sobre esos elementos hay muchas preguntas sobre ese quinto bus que no fueron resueltas, en nuestro criterio, de manera adecuada y que simplemente la PGR da por cerrado el caso cuando tiene en el medio todas las dudas y contradicciones. Son temas de alto calibre, no son suposiciones, es una hipótesis que debería abordarse y concluirse.

La segunda línea es la que tiene que ver con esta petición reiterada de poder entrevistar al 27 batallón de infantería y en cada petición han tenido una negativa absoluta. Hay analistas mexicanos que han llegado a la tesis que esto se debe, principalmente, para evitar una posible y nefasta sorpresa en uno de los pilares del estado mexicano.

Ninguna institución, de ningún país, frente al tema de desaparición forzada puede negar la información. Si hay un mandato y un acuerdo como el que significó el suscrito por el estado mexicano con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para la medida cautelar, en el que se garantiza el acceso a la información que consideráramos necesaria y, además, existiendo la obligación en la ley de transparencia de México, en que las autoridades no pueden reservar información en casos de delitos de desaparición forzada y secuestro, nosotros consideramos que no solamente teníamos la competencia para hacerlo, sino que además la información era relevante y necesaria dentro de la investigación y perfeccionamiento de las líneas de investigación, con esa información que tuvieron personas que estuvieron en los lugares de los hechos, como está acreditado, y que nos podrían brindar mayores antecedentes sobre vehículos, sobre número de personas, sobre actividades, sobre formas de comportamiento de los policías que detuvieron y se llevaron a los muchachos. Esto fue completamente imposible. En todos los meses de este mandato se solicitó la información, que de una manera olímpica nos la contestan al final, diciendo que lo que pedimos, con ese nombre en concreto, no se encuentra por la Procuraduría Militar, y que por tanto, no dan respuesta. Siendo que nos hemos asesorado para solicitar todos los documentos pertinentes, con base en las reglamentaciones del ejército mexicano. Llevamos un año pidiendo información, bitácoras, informes de inteligencia que nunca fueron suministrados. La PGR los pidió y no les fueron suministrados. Lo que hay sería importantísimo de descubrir. No fue posible. El cierre fue absoluto desde el primer hasta el último día.

Aquí tenemos no una sino varias desgracias. La primera y fundamental el destino de los 43 estudiantes. Pero también el caso de los familiares de las víctimas. El caso de los heridos y lesionados. Cómo viven ellos este momento tan difícil.

Quizá nuestra preocupación mayor como grupo es la situación en la que están los familiares de los desaparecidos, lo de los muertos, y de todas las víctimas que sufrieron este atentado aleve y cruel. El desplazarse de sus sitios en donde tenían sus parcelas, sus cultivos, su vivienda, acarrea una sensación de desarraigo muy fuerte, también en términos de humanidad y de supervivencia. El poder estar tranquilos en algún momento, porque la incertidumbre los congoja permanentemente sin saber dónde están sus hijos, porque tenemos el destino cruel de que nunca van a tener tranquilidad. Las madres siempre están pensando que sus hijos pueden estar heridos, lesionados, ser objeto de múltiples abusos. Todavía esperan que lleguen en algún momento.

En este caso de la desaparición no es solamente la solidaridad y entender el fenómeno, sino que es la obligación del Estado acoger realmente a las familias. No con esa ambivalencia de “me toca atenderlos”. Me toca no, es un deber institucional, internacional. Entenderlas, respetar su dolor en cada proceso de comunicación. No es fácil para un familiar que salga un funcionario a decir una verdad sin que haya sido comunicada, sin saber qué pasa por dentro de ese familiar. Esas son cosas fundamentales que tiene que entender el Estado en un tema de desaparición. Inclusive los han puesto en el peor de los planos mediáticamente, se ha desatado una campaña en términos muy bajos y creo que el Estado debería salir a proteger a los familiares.

Hubo, hay y seguramente seguirá sucediendo, una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que ha concluido con su cese de funciones. En su caso se han ensañado porque han trasladado de propia Colombia al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado, merced a su gestión como Fiscal a 30 años de prisión por el caso del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Quien luego logra  salir por supuestas y graves irregularidades en el juicio. Le  acusa a Ud. de prevaricación, compra de testigos y beneficios judiciales. Quienes la defienden y valoran su trabajo la llaman la fiscal de hierro. Quienes la odian la llaman la fiscal canalla. Yo me imagino que no es fácil lidiar con estos extremos.

En la labor de juez, en cualquier parte del mundo, usted tiene amigos y enemigos. Al cumplir con su función tiene grandes enemigos que tratan de acabar con usted a cualquier medio y en cualquier tiempo. Pero lo que uno no puede admitir es que se digan mentiras, que una persona que fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia, por dudas, que tiene tres salvamentos de voto, que están en desacuerdo con esa absolución porque consideran que debía haberse mantenido la condena en toda su integridad y que, según eso, es imposible aceptar la decisión mayoritaria. Los tres concuerdan en la condena y dicen que debería ser investigado por otros hechos (por citar solo uno de los tres salvamentos, el del juez José Leonidas Bustos, asegura que el plan era que el enemigo debía ser exterminado, que no se contemplaba el rescate de los rehenes y que en contra del acusado reposaban graves denuncias internacionales sobre casos de tortura y desapariciones forzadas. Que en tal contexto tiene plena cabida la frase atribuida al Coronel Plazas Vega “cuelguen esos hijoputas”) pueda permitir que un señor sea utilizado por la prensa y algunas personas en México para difamar, desestimar y poner en la picota pública a un funcionario que cumplió con su deber y que ejerció la función de Fiscal en base a una prueba legal ratificada por la Corte. Nunca hubo una censura por parte de la Corte con la prueba que se recaudó en la investigación.

No es un tema personal, es la intencionalidad de disparar contra la credibilidad del GIEI a través de infamias, mentiras y calumnias, trasladando a esta persona a México para que hablara en contra mía. Pero no solo en contra mía, la campaña fue contra de Claudia Paz, en contra de Carlos Berestain, en contra de Francisco Cox y de Alejandro Valencia. Encontraron elementos para tratar de mentir, de tergiversar con una campaña completamente ruin.

Nosotros teníamos no solamente la condición de diplomáticos sino también de invitados del gobierno mexicano. Y por esa razón ellos deberían haber tomado medidas frente a esto. Sin embargo, la campaña fue monstruosa por estos personajes y de algunos medios de prensa. Aclaro que la prensa mexicana, en su gran mayoría, entendió que esta era una campaña de desprestigio orquestada. Querían que se perdiera la credibilidad en el GIEI sobre una investigación que lo único que estaba haciendo era aportar los hechos objetivos, en blanco y negro, de lo que estaba sucediendo.

Si uno ve los datos duros, como se acostumbra a decir, puede llegar la conclusión que va a ser prácticamente imposible creer que se vaya a conocer algún día la verdad del destino de estos 43 muchachos. Uno quisiera tener la esperanza de que al final de la noche triste y dramática de Ayotzinapa puede haber una luz que nos conduzca a la verdad. ¿Tiene usted esa esperanza?

No la quiero perder. Encontré gente que de manera individual quiere efectivamente llegar a esa verdad y a esa luz. Han querido luchar contra un sistema que quiere cerrar la puerta, que quiere regresar al basurero de Cocula. Esa gente vale la pena recuperarla para una sociedad que busca acabar con ese delito tan atroz que enfrenta todos los días.

Creo que hay gente que sabe cuál es el deber civil y moral y que tiene, en algún momento, que dejar el miedo para actuar en conformidad con lo que le exigen sus propios valores. Solo cuando la gente entienda que cuando hay justicia cambiará la situación de la criminalidad, de la cooptación, de la transversalidad de criminales y de la corrupción, la justicia tendrá que actuar y se impondrá la no impunidad. Cuando se actúa con función de tapete, de guardar todo debajo para proteger al Estado, así no se lo protege. El Estado se protege protegiendo a sus connacionales y la mejor forma de hacerlo es que la justicia actúe.

José Zepeda

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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