Apatía, impunidad y escasa capacidad institucional para responder al drama del feminicidio en México

Raül Romeva europarlamentario, vicepresidente del Grupo de los Verdes. Miembro de la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de género, logró, el 2007, que el Parlamento Europeo aprobara una resolución sobre el feminicidio en México y Centroamérica. Una amplia mayoría respaldó la propuesta en aquella ocasión: 560 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. En la resolución se hace una severa crítica al Gobierno mexicano por las escasas medidas de prevención, las débiles investigaciones, “un Estado de derecho deficiente” y porque ninguno de los responsables por los asesinatos cometidos contra mujeres ha sido procesado.

¿Cuánto ha cambiado la situación desde esa resolución? ¿De qué manera influye el acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea para encarar juntos el tema? ¿En qué pie están están las víctimas y los defensores de derechos humanos? Son todas preguntas que abarca esta entrevista con el eurodiputado.

La grabación fue realizada especialmente para el libro Grito de socorro desde Júarez, escrito por Arsene van Nierop, madre la chica que fue asesinada en Ciudad Júarez, hace 15 años, Hester. El libro será publicado por la editorial Rondom House Mondadori, de México, durante el primer trimestre del 2014. Desde ya les recomendamos este testimonio de vida, de dolor y de esperanza.

J.Z. Sr. Raül Romeva el año 2006 habían escasos eurodiputados que lo apoyaban cuando comenzó a preparar una resolución sobre los feminicidios en México, que finalmente aprobó el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 2007. Desde esa fecha hasta hoy ha crecido el apoyo del parlamento en contra de los feminicidios.

R.R. Creo que ha habido cierta internalización. En su momento había reticencias muy importantes, incitadas, no lo voy a negar, por el papel que ha tenido todo este tiempo la embajada mexicana en la Unión Europa. En ese momento existía una percepción por parte de mucha/os colegas de que este tema, como incomodaba al gobierno mexicano era mejor no tratarlo. Después el caso ha ido evolucionando dentro del Parlamento hacia una asunción e internalización, a tal punto que hay determinados aspectos, que en su momento eran muy cuestionados, que ahora se utilizan como bandera, incluso por parte de la Comisión Europea.Recuerdo que cuando comenzamos el informe había algunos aspectos que nosotros pedíamos que la Comisión Europea los consideraba absolutamente tabú y en cambio ahora es la propia Comisión la que se abandera, por ejemplo, con la posibilidad de tener la figura de los Grupos Focales, en la Comisión, en relación con los derechos de las mujeres. 

Creo que estas cosas demuestran también que al final, a pesar de las reticencias, la tenacidad es importante para normalizar temas esenciales en el debate político.

J.Z.  En los considerandos del texto del acuerdo de comercio México-Unión Europea se hace una «total adhesión» a los principios democráticos y derechos humanos fundamentales tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La cláusula democrática y los objetivos de adhesión común a la democracia, los derechos humanos, la paz y un orden internacional equitativo, estable y próspero. ¿Ha servido este acápite para avanzar en el tratamiento del tema del feminicidio en México?

R.R.  Quiero pensar que de algún modo es así, aunque no sea explícito. El gran problema y no solo en el caso de México de los acuerdos de asociación a escala europea, es que estas cláusulas están muy bien desde el punto de vista de la voluntad política de querer expresar un deseo, pero que en la práctica, hasta donde yo sé, es que nunca se ha aplicado en  serio este tipo de principios. En el caso de México quiero recordar que hemos tenido muchas ocasiones para denunciar no solamente el caso del feminicidio sino la violencia estructural, la situación casi de  guerra que se sufre en muchos aspectos y, sin embargo, nunca ha habido un apelo a esta cláusula democrática para revisar algunos de los principios. Es decir, el business as usual sigue siendo por desgracia, en el caso de México y el de otras tantas partes del mundo la forma que prima. No obstante, también es verdad que la existencia de esta cláusula es la que nos permite, a quienes somos sensibles a esta materia, recordar continuamente a las dos partes, la Unión Europea y México, que esta relación se tiene que basar en un respeto escrupuloso de ciertos principios, entre ellos el de los derechos humanos fundamentales.

La lucha en contra del feminicidio no tiene solamente componentes económicos políticos, sino también, claramente más estructurales como la necesidad de cambio de esa visión patriarcal que tenemos a escala global. Siempre he defendido que la lucha en contra del feminicidio no es algo que afecte solamente a México sino que es una lucha universal y en ese sentido precisamente esta cláusula es la que nos debería permitir tratar el caso, no como un problema de México, sino como un caso general a la que la Unión Europa y México tienen que enfrentarse de forma contundente. Lo digo porque muchas veces desde México hay quien ha criticado nuestra actitud como una injerencia de la Unión en un tema interno. Insisto, no es un problema interno  de México, es un problema universal que en México tiene circunstancias y unas visibilidades, en la forma específica que afecta a este país, pero que en otras latitudes tiene otras características.

El problema sigue siendo la violencia en contra de las mujeres por el propio hecho de ser mujeres.

J.Z. Que ha hecho el gobierno de México para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero emitida el 16 de noviembre de 2009.

R.R. La respuesta me temo que no es tan satisfactoria como algunos hubiéramos querido. Creo que esa sentencia fue un precedente extraordinario porque situó en el mapa jurídico, ya no solamente en México sino a escala latinoamericana una situación inadmisible, que además hacía mucho tiempo que se estaba denunciando.

En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México. 

La sentencia condena la negligencia de las autoridades locales, obliga al Estado a asumir su responsabilidad, pedir perdón, crear un protocolo para la investigación de estos casos, indemnizar a los familiares, retirar a los funcionarios que no actuaron conforme a sus obligaciones, abrir nuevas líneas de investigación y condenar a los responsables de los asesinatos. (Nota del autor)

La respuesta que yo hubiera esperado por parte del gobierno, hubiera sido que el gobierno se tomara la cuestión del feminicidio como prioridad política, económica, social, jurídica, fiscal y en cambio no ha sido así. Ha habido una reacción más bien tendente a minimizar el problema,  reducirlo a escala más bien local, muy específica, muy singular y no a entender que cuando hablamos de feminicidio  nos referimos a un fenómeno estructural, de un fenómeno que trasciende la propia realidad específica que en su momento tuvo Campo Algodonero. Para mí ese caso fue el detonante y las respuestas de los gobiernos, porque aquí tiene una responsabilidad concreta el gobierno federal, pero también otra el gobierno estatal, no ha estado a la altura de lo que es el problema de fondo.

Esto es lo que para mí preocupa más, porque esa percepción, más que el daño, más que el delito en sí, lo que alimenta la apatía o desidia por parte de algunas autoridades de gobierno es la impunidad, la percepción de que ella no solo es posible sino que es más bien la norma. Recuerdo que el propio gobierno y la Comisión Europea nos ha insistido en varias ocasiones que el 98% de los delitos que se comenten, especialmente aquellos de violencia sexual, quedan impunes.

El gran dilema que tenemos que afrontar es este y la sentencia del Campo Algodonero hubiera debido servir para afrontar esta cuestión y deploro que ni a nivel central ni a nivel de los Estados esto se ha afrontado de una forma razonablemente positiva.

J.Z. ¿Le ha dado un carácter internacional el hecho de que una ciudadana holandesa haya sido asesinada hace 15 años en Ciudad Juárez?

R.R. Sin duda. Este es para mí un déficit importante de lo que podríamos llamar la vanguardia europea en la defensa de los derechos humanos. Me refiero a que si no hubiera producido la situación triste y lamentable de tener a varias, especialmente la holandesa, víctimas con nacionalidad europea, quizá el interés de las Cancillerías europeas hubiera sido mucho menor.

Es verdad que el hecho de contar con esta situación ha permitido que algunos ministerios de Relaciones Exteriores se impliquen más directamente.

En otro ámbito tenemos también  el papel que ha jugado Finlandia por contar con víctimas de esa nacionalidad.

Ahora, tengo que valorar de una forma absolutamente extraordinaria el papel que ha jugado la familia de Hester en internacionalizar, hacer visible, implicar a la comunidad internacional y particularmente a la Unión Europea en este proceso y desde ese punto de vista creo que es fundamental romper el círculo de la fatalidad de que no deberíamos en ningún caso esperar a que haya víctimas de tu propia nacionalidad para tomar cartas en esta abominación que tiene dimensión global.

En todo caso, tampoco lo voy a negar, la familia ha sido usada políticamente para visibilizar un drama que de otro modo habría sido muy difícil.

J.Z. México tiene un régimen presidencial muy fuerte, de tal modo que la figura del Presidente es decisiva. ¿Ha cambiado de algún modo la situación con el reciente cambio de administración?

R.R. Me temo que no he percibido un cambio a mejor, en todo caso. La situación que constato es de estancación estructural. Sigue habiendo un déficit importantísimo en lo que debería ser la respuesta holística, integral a este tema no solamente desde el punto de vista de la investigación, de la capacidad de denuncia, de la prevención, de la educación, de la formación de fiscales e investigadores, incluso médicos forenses, de la capacitación formativa de los abogados que puedan asumir estos casos, de la lucha contra la impunidad. En todos estos aspectos, me temo, que tenemos un problema de fondo.

Enrique Peña Nieto tomó posesión de su cargo como Presidente de la República el primero de diciembre del 2012. (Nota del autor)

Por otro lado, el otro aspecto que es preocupante es el desamparo en el que se encuentran muchas organizaciones que de una forma u otra, jugándose la vida en muchos casos, pretenden romper esa apatía gubernamental estructural.

El cambio de gobierno, en ese sentido, no ha mejorado para nada y lo que es peor, hay una tendencia a esconder la dimensión real que tiene el feminicidio en un contexto global de violencia y con esa caracterización el acompañamiento a las víctimas y a los denunciantes es fundamental.

En este contexto sigue siendo un problema también la poca capacidad que hay para perseguir el delito, sobre todo buscar que las sentencias se cumplan de forma eficaz y ejemplar. No es menor el tema de que también perduran dificultades por parte de muchos estamentos del Estado, fiscalías, abogacías e incluso jueces, para entender y determinar en qué casos ha habido además de violencia perpetración clara y específica de feminicidios.

Creo que todos esos aspectos son graves. Ahora, tan preocupante como todo eso sigue siendo la voluntad casi explícita de difuminar el conflicto del feminicidio en medio de la idea global de la violencia o de falta de seguridad. Así, es muy importante visibilizar el feminicidio como hecho específico, en la medida que es una violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Aquí tenemos muchos aspectos que hay que tratar desde el punto  de vista de la educación, de la cultura, como también de la capacidad institucional de respuesta. Por todo ello la lucha contra la impunidad es fundamental.

Resumo. No ha habido grandes cambios, no he podido verlos en la medida que hubiera deseado verlos.

J.Z. Leía, hace unos minutos atrás, sobre una sesión en el Parlamento Europeo en la que una prominente defensora de derechos humanos decía, no quiero exagerar, pero bastante horroroso: lo terrible, decía, es que la sociedad en alguna medida justifica. Cuál es la actitud de la sociedad en este tema.

R.R.  Aquí hay un aspecto preocupante, por decir tramposo, que es el de querer justificar algunas situaciones o conductas o delitos simplemente con el argumento de que esto es algo cultural. Esto lo he tenido que escuchar muchas veces, en contextos distintos, no solamente en el tema mexicano que busca, si no justificar, si, de alguna forma, desentenderse del problema por la vía de aquello: “ah es que esto aquí es muy difícil enfrentarlo porque es un tema cultural”. Yo reitero cuando escucho este argumento que para mí, un principio fundamental es que las culturas pueden evolucionar y evolucionan necesariamente en función de cómo se encaren ciertas situaciones. La lucha contra la impunidad en el caso mexicano es el primer paso para garantizar un cambio social, un cambio en la percepción cultural. La sociedad acepta ciertas situaciones y parece hacerlo en la medida que percibe que no sucede nada cuando se producen ciertos delitos. El cambio estructural exige que haya ejemplos claros de que esto es inadmisible y que, por lo tanto, la sociedad como tal debe dejar de aceptarlo.

Más que escudarse, lo que me parece fundamental es entender que, a pesar de que hay quien quiera justificar esto con un elemento de tradición cultural, la responsabilidad de las instituciones públicas y sobre todo las políticas es corregir estas anomalías y que la sociedad asuma de forma intrínseca que esto es algo que no solamente no se debe permitir sino contra lo cual hay que luchar directamente.

Ver también:

Feminicidio

México