Alan García: el suicidio no demuestra inocencia
Se mató para eludir la justicia. Los antecedentes de corrupción conseguidos por la justicia son abrumadores. Es comprensible los que lo defienden por compromiso político o simpatía personal. Ello no evita el deber de recordar que la muerte es el fin de la vida, no un acontecimiento purificador. Alan García ha privado a la justicia de su labor, al país de verlo encarar las acusaciones y a ver probada su inocencia o culpabilidad.
Los antecedentes personales no podían ser más auspiciosos para una carrera política de orientación popular: nació el 23 de mayo de 1949. Su padre era militante del Partido APRA, un hombre contrario a toda tiranía. García lo vio por primera vez a los cinco años, cuando nació, su padre estaba en la cárcel. La madre fue una humilde militante del mismo partido. Muy pronto demostró una inteligencia superior (una inteligencia perdida porque no sirvió al país). Tenía solo 36 años cuando fue elegido por primera vez presidente del Perú. Corría el año 1985.
Fue en esos días cuando una amiga adversaria del mandatario me dijo una verdad incontrovertible: “ser opositora a García tiene un precio, no debes escucharlo más de cuatro minutos. Al quinto te ha convencido”. Era cierto. Alan García poseía el verbo de los profetas, el conocimiento de quien dedicaba parte de su tiempo a la lectura. Eso y la naturaleza le confirió la atracción que conocemos como carisma y capacidad de liderazgo. Se hacía querer sin grandes esfuerzos. Se hacía odiar con la misma facilidad.
En 1990 finalizó su primer gobierno. Eran días en que los opositores sumaban muchos más que los partidarios. Las razones radicaban en el desastre económico, la inflación galopante. Empeoraba el balance hechos delictivos económicos, corrupción que no logró alcanzar los juzgados. Y en el campo asesino matanzas impunes y violación de derechos humanos todavía pendientes de ser aclaradas.
Acosado, buscó refugio en Colombia. Solo regresó al país cuando la Corte Suprema prescribió los delitos que se le imputaban.
El segundo gobierno, que comenzó en el 2006 fue sensato en lo económico y pródigo en la rapiña.
La Fiscalía peruana investigó a García por presunto lavado de activos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Las evidencias determinaron el arresto preliminar de diez días.
El golpe demoledor para García llegó el 14 de abril. Una noticia daba cuenta que su exsecretario general, Luis Nava, recibió transferencias de Odebrecht por más de cuatro millones de dólares durante el gobierno aprista, 2006-2011. El dinero, no cabía duda, provenía de la Caja 2 de la empresa constructora brasileña, dedicada a sobornar a los que fueran necesarios.
Esos son los antecedentes mínimos que concluyen con el suicidio.
Desde el instante mismo de su deceso emergió una controversia que está en pleno desarrollo. No puede ser de otro modo, Alan García era un gran político que no dejaba indiferente a nadie. Lo primero de todo es la carta de despedida en la que defiende su inocencia: «no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza (…). Por eso repetí: otros se venden, yo no”, …
Tras la carta miembros del Partido APRA rechazan el modo abusivo en que se conducían las investigaciones de corrupción en contra del exmandatario. Hablan de dolo y exhibicionismo de los funcionarios del ministerio Público. Más enfático, más desinhibido ha sido su amigo y compañero de partido, el senador Mauricio Mulder, quien asegura que García “ha sido sometido a un proceso de persecución de las más tenaces, de las más protervas que ha habido en la historia del Perú, a partir de un grupo de medios de comunicación, con la reciente complicidad del gobierno del señor Vizcarra (Martín) y utilizando como estilete de esta estrategia al ministerio Público”.
Cierra el capítulo de los adherentes el sepelio, en el que miles de simpatizantes acompañaron el féretro de Alan García al cementerio.
En la otra vereda la tesis más plausible se deriva de la personalidad arrebatadora de García, que nunca dudó de la grandeza que la vida le había otorgado, ni menos de la ascendencia que tenía sobre las masas. Siempre quiso pasar a la historia como un hombre grande, un héroe nacional. Por eso no dudaba un instante en decir que quienes pretendían denigrarlo con el arresto perpetraban un homicidio moral. Vivía el presente, pero con la vista puesta en la posteridad. El jurista peruano Luis Pásara no comprende la disputa porque recuerda que Alan García, de modos diversos dijo que prefería matarse a enfrentar la justicia. Era habitual que el exmandatario rechazara toda acusación, pese a las crecientes evidencias.
“Es difícil tomar en serio sus declaraciones porque, primero, están presididas por una gran megalomanía. Segundo, son contradictorias y, tercero, porque muchas veces ha hecho todo lo contrario que anunciaba”.
El suponerse superhombre lleva con frecuencia a la errada conclusión de: “puedo hacer lo que quiera”.
Parece acertar el historiador peruano Daniel Parodi cuando se lamenta que Alan García hiciese de su muerte un acto político, con la pretensión de establecer una visión personal tanto de la vida como de la muerte. Dictar como debe leerse su historia. El quitarse la vida es a la vez un acto teatral, porque fue un hombre dado a los gestos grandilocuentes.
Una parte importante de los peruanos espera que no prospere la intención exculpatoria de García porque si algo tiene méritos indiscutibles hoy en el Perú es el desempeño de la justicia. Alcanzar a los inalcanzables de siempre, juzgar sin dejarse intimidar o comprar por los poderosos es meritorio. En lugar de cuestionar a esta justicia el deber sería apoyarla, allanarle el camino para dignificar al país y especialmente ofrecer una lección a las nuevas generaciones. Una lección de honestidad moral y actuación ética pegada solo al derecho. Luís Pásara es cauto en su entusiasmo.
“La justicia peruana tiene altos y bajos, diferentes jueces y fiscales en sus relaciones con el poder. Alan García, hombre muy inteligente y además muy astuto se preocupó, en ambos períodos presidenciales, de ver de cerca los nombramientos judiciales. Entonces, hay muchos magistrados o bien vinculados al APRA o que le debe el puesto al APRA. Quiero ser prudente con si estamos frente a una fase histórica de la justicia del Perú. Creo que hay jueces que hacen lo que deben, pero no sé si esto va a producir finalmente condenas. Tengo dudas”.
Entre los diversos temas que aborda la controversia generada por el suicidio de Alan García sobresale el tema de la prisión preventiva. Un recurso judicial que ahora se cuestiona, que ha provocado incluso la reacción del presidente de la república. Luís Pásara junto a otros juristas, desde hace largo tiempo llaman la atención sobre esa figura y el modo que se ejerce en el país.
“40% de la población encarcelada, está bajo prisión preventiva. Quienes ahora se preocupan es de saludarlos porque tenemos un contingente de figuras destacadas incorporado al tema de los derechos humanos y la preocupación por la prisión preventiva. Lamento que solo cuando dos, tres, o diez personajes públicos son sujetos a esta medida, recién se den cuenta del uso abusivo de esta medida. Quienes nos hemos preocupado del tema hasta ahora no habíamos tenido éxito.
El segundo tema es que cuando se aprobó el actual código procesal penal la duración máxima de la prisión preventiva eran seis meses. El Congreso, desde el cual ahora se levantan voces en contra de la prisión preventiva, ha ido extendido los plazos máximos de la medida, y ha llegado a lo que a mí legalmente me parece absurdo: que la prisión preventiva puede durar hasta 36 meses. Es decir, mientras a usted lo investigan puede estar tres años sin que un juez, en un proceso, decida que es culpable o inocente.
Estos personajes que deberían aclarar que la ley hay que cambiarla porque es abusiva, dicen que los fiscales tienen la culpa. Entonces, hay un gran cinismo también.
En tercer lugar, en los que se está aplicando la prisión preventiva a estos personajes…lo subrayo porque cuando un infeliz se roba una bicicleta y lo mandan a prisión preventiva, nadie dice nada, por supuesto. No es noticia. No es asunto mediático. Pero con estos personajes, hay que verlos caso por caso. Porque efectivamente uno discute y le parece que existen razones poderosas para evitar la prisión preventiva. Le menciono el tema de Pedro Pablo Kuczynski, para quien se acaba de dictar prisión preventiva de 36 meses. Es un hombre que está en una unidad de cuidados intensivos, su estado es delicado, tiene ochenta años. A uno le llama la atención, máxime cuando su proceso judicial se inició poco más de un año. Su casa fue allanada, las cuentas bancarias que se pudieron detectar fueron intervenidas y entonces, por qué ahora la prisión preventiva. Según hemos sabido Kucziynski empezó a hacer movimientos bancarios para transferir más de medio millón de dólares a dos personas de su confianza, que son su secretaria y su chofer. Por eso el ministerio Público interviene y dice, está poniendo en riesgo pruebas del proceso. Entonces hay una razón.
En el caso de García el riesgo de fuga es más que evidente. Fugó el año 92 y logró la prescripción. Intentó fugar a fines del año pasado asilándose en la embajada del Uruguay. En la medida en que las pruebas en su contra se han desarrollado, se han ido descubriendo y que aún están gestionándose[1], era evidente que el riesgo de fuga aumentaba. No me parece que en su caso fuera absurdo decretar prisión preventiva. Convenía tenerlo detenido a efectos de lo que quiere la medida, que son dos cosas: una, que el encausado pueda comparecer ante el juez, que no escape a la acción del magistrado. Y en segundo lugar quiere evitar que perjudique, elimine o actúe sobre las pruebas de su caso.
Una elocuencia para concluir. La última información del Instituto Nacional Penitenciario del Perú señala que bajo prisión preventiva, a fines del año pasado, había 34484 personas.
El escándalo salta porque hay quienes se rasgan las vestiduras: ¡cómo es posible que a fulano de tal se le dicte prisión preventiva! ¿Y los otros 34484? Esos no importan, no cuentan, son sujetos anónimos.
[1] Jorge Barata, antiguo directivo brasileño confirmó que la compañía Odebrecht destinó fondos de la contabilidad paralela a las campañas electorales de los expresidentes peruanos Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
