Si el Estado mexicano reconoce su responsabilidad en las desapariciones, sería el gran paso para planificar su remisión

Carmen Rosa Villa Quintana es presidente del Comité contra la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. En entrevista exclusiva la personera aclara responsabilidades, magnitud del drama y caminos de solución

Carmen Rosa Villa Quintana

Organismos de derechos humanos a nivel local e internacional cifran en aproximadamente 91.000 las personas desaparecidas en varios países de América Latina, fundamentalmente en el transcurso de las dictaduras militares. Hace escasos días, México ha superado la cifra de 100.000 desaparecidos. Doy el primer antecedente porque ilustra la magnitud de la tragedia humana por la que atraviesa México. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas que usted preside, publicó su informe sobre la visita a México que llevó a cabo los días 15 y 26 de noviembre del 2021. A propósito del informe, la prensa mexicana ha puesto variado énfasis en los presumibles responsables de las desapariciones. Por eso creo que importa, en primer lugar, aclarar este punto.

El informe menciona una serie de contextos en los que ocurren las desapariciones forzadas y hace una relación de los patrones que describen el fenómeno como una situación generalizada. El día de ayer, según el registro, hay 100.331 personas desaparecidas. Esto muestra la magnitud y la gran preocupación, pero sobre todo, es a partir de la información recibida que señalamos los patrones en los que estas situaciones ocurren. Por ejemplo, las cometidas directamente por servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, como también por la delincuencia organizada, perpetrador central de las desapariciones con diversas formas de connivencia, grados de participación, aquiescencia u omisión de los servidores públicos.

Si bien es cierto tenemos más de 100.331 personas desaparecidas, las víctimas no solo son las personas desaparecidas, sino sus familiares, quienes exceden grandemente a las 100.000 personas desaparecidas y se pueden contar por centenares de miles de familias directamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos: esposos, esposas, hermanos, primos.

En el mejor de los casos, se ha judicializado un máximo del 6% de las desapariciones y se han emitido 36 sentencias. En consecuencia, no es ninguna exageración decir que en México la impunidad es casi total.

Estamos frente a una impunidad casi absoluta, lo que constituye el paradigma del crimen perfecto y, sobre todo, el impacto que esta impunidad tiene para la sociedad en su conjunto. Los 100.331 casos muestra que la desaparición no paró. El incremento es significativo. Son más de cinco mil personas que han desaparecido en seis meses, que van de la mano con otro elemento, que también es parte del análisis, la crisis forense. Más de 52.000 personas fallecidas que se encuentran sin identificar a la fecha, al momento en el que se señalaba que estaban en fosas comunes, en los servicios forenses, incluso hay cuerpos que habían sido derivados a las universidades y se encontraban en el servicio o en los centros de resguardo forense.

Si la justicia no enjuicia, ello se debe en parte a que muchas veces los funcionarios judiciales mantienen una actitud pasiva o de franca indolencia. Da la impresión que esto se agrava si le sumamos que el Estado hasta el día de hoy no asume su responsabilidad en el tema de las desapariciones. Dicen que es herencia del pasado, que es causa del crimen organizado. Hay un dicho popular que todos conocemos en América Latina que cree que el reconocimiento de la enfermedad señala el comienzo de la mejoría.

Hay un reconocimiento público de que esta es una situación en la que el Estado se ha comprometido a implementar las recomendaciones del Comité. Eso constituye un primer paso muy importante.

De hecho estamos esperando como Comité a los cuatro meses de haber presentado este informe, que es la fecha que se le ha otorgado al Estado para sus comentarios.

El informe se basa en información oficial, en un diálogo con las víctimas, en documentación valiosa que nos fue alcanzada y que mereció de parte de la delegación un análisis a conciencia para hacer una recomendación efectiva que surge como paraguas de todo aquello que se debe hacer desde el Estado. Por eso hemos urgido al Estado a la adopción e implementación y a la erradicación de las desapariciones forzadas, que requiere una serie de condiciones y la atención de grandes prioridades.

Señalamos como base fundamental la importancia de la participación de todas las entidades del Estado. No en soledad, si no con el acompañamiento, con la participación de las víctimas, de los colectivos de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, como instancias esenciales para la construcción de una política nacional que recoja todas las particularidades. Entendemos, no todos los Estados tienen la misma situación y por lo tanto es un trabajo en el que tendrán que fijarse metas de corto, mediano y largo plazo. Hay que ser realistas. Es una situación bastante dolorosa y llama a la conciencia de la ciudadanía, de toda la sociedad mexicana a tener empatía con las víctimas.

El informe de Naciones Unidas recoge diversos testimonios de familiares de víctimas, uno de ellos, el una menor de edad, dice textualmente así: “Nunca había imaginado antes estar acá con ustedes hablando de la desaparición de mi mamá. No pensaba que esto existiera o que podría pasarme a mí. No es el tipo de cosas que te enseñan en la escuela cuando de pronto desaparece tu mamá. No tienes idea de lo que hay que hacer. Es una pesadilla que se reinicia cada día”. Aquí nos topamos, precisamente, con la necesidad de socializar el tema a través de toda la nación mexicana, tal cual lo señala el informe. Que se realice una campaña de concientización nacional.

Estuve presente en ese testimonio. Una cosa es contarlo y otra es escucharlo de viva voz. Imagínese, hay que visibilizarlo. Hacer campañas, para asumir que esta es una situación que está presente, que ocurre. De hecho hemos visto algunas campañas a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que a través de un mapeo ha puesto en conocimiento a la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes esta realidad. Es preciso recomendar a dónde recurrir, cómo informar, cómo acudir a las autoridades. Deben ser campañas que permitan además, medir el grado de apropiación o de conocimiento de esta dolorosa situación de la que son víctimas muchísimas familias.

La empatía que algunos funcionarios han mostrado en los diálogos que hemos sostenido, precisa ser multiplicada. Todo sugiere que es un drama que debe ser interiorizado como un problema en el que hay que dar una respuesta efectiva al fenómeno de la desaparición forzada.

El informe, si hay algo que señala constantemente, que está expresa o tácitamente incluido, es el hecho de que si no participa el Estado en su conjunto, cada una de sus dependencias en la solución del problema de las desapariciones, no se va a resolver el problema.

El diseño de la política nacional requiere de la participación de todos los poderes del Estado, de las autoridades en el ámbito federal, estatal y municipal. Las entidades autónomas con una activa participación de la sociedad, de los colectivos de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil. El diseño requiere la reflexión sobre la base de ¿cuáles son las condiciones mínimas? Las voy a repetir, porque me parece importante que se conozcan ampliamente.

Primero, reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos.

Erradicar las causas estructurales de la impunidad.

Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones en México. El fenómeno está ocurriendo cada día, afecta a miles de personas.

Implementar debidamente el marco normativo jurisprudencial e institucional en todo el país. Está la creación del Sistema Nacional de Víctimas, existen los protocolos homologados de búsqueda e incluso el protocolo especial para la búsqueda de niños, niñas y personas desaparecidas. Son herramientas que tiene que usar el Estado. Existen también protocolos de investigación, de búsqueda.

La norma en sí misma no soluciona el problema. Lo importante es cuando se tiene la norma, aplicarla, darle vida y a partir de ello, medir los resultados.

Como dice nuestra Convención, hacer efectivo el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido. A lograr justicia, a ser reparados y especialmente, establecer las garantías de no repetición.

Confiamos que el Estado va a tener muy en cuenta las recomendaciones. Y al término de nuestra presentación del informe, recibimos la noticia que hay que saludar, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, aprobado recientemente en la Asamblea como un centro que permitirá -tomando en cuenta que su implementación requiere de los fondos necesarios- hacer efectiva la identificación de los miles que han fallecido y que están sin identificar.

https://youtu.be/6Pf3eJfsr9s

El informe recoge una cara aspiración de mucha gente en México y fuera del país que es criticar la política de seguridad que ha llevado a la militarización de México para combatir el crimen organizado, afectando severamente al tema de los derechos humanos. Eso está claro. Pero si los militares vuelven a sus cuarteles, ¿no teme usted que podría empeorarse la situación?

De lo que se trata es de fortalecer a las fuerzas civiles. Hay que poner en ese empeño al Estado. El esfuerzo debe estar dirigido no a disminuir la capacidad de las fuerzas civiles del orden, sino a establecer mecanismos para darle todas las herramientas, todo el conocimiento, una doctrina basada en el respeto y protección de los derechos humanos, que es la que caracteriza a las fuerzas civiles en un país cuando reciben la formación adecuada para la protección y la seguridad ciudadana. Por eso la Guardia Nacional debería merecer todo el apoyo para generar cuadros dentro de la institución, así como su modernización con los recursos necesarios para abordar el tema de la seguridad pública. El plan hay que construirlo de inmediato y verificarlo. Estoy segura que el Estado mexicano está en la capacidad de desarrollar un plan para potenciar la intervención de la Guardia Nacional.

Señora Carmen Rosa Villa, gracias por sus declaraciones.

Muchísimas gracias por su interés. Creo que es importante que medios como el suyo puedan dar a conocer el informe del Comité. Esto no debe quedar solo en el espacio de las personas involucradas, sino que busca posibilitar una reflexión seria acerca del impacto de las desapariciones forzadas en el mundo hoy día. Este no es una aberración que solo ocurre en estas latitudes; es un fenómeno lamentable y dolorosamente qué está presente en toda la geografía mundial y afecta a diferentes segmentos de la sociedad.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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