Protección de defensoras latinoamericanas de DDHH debe ser prioridad para la UE
Bruselas 8 de marzo, 2017. En el día Internacional de la mujer y un año después del asesinato -todavía impune- de la defensora hondureña Berta Cáceres, la red europea de ONGs Grupo Sur, con sede en Bruselas, pide a la Unión Europea que considere prioridad garantizar la seguridad, la vida y la labor de las defensoras latinoamericanas de derechos humanos en el marco del diálogo político, la cooperación y las relaciones comerciales entre las dos regiones.
Tal como denuncia la Resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 (2017/2565(RSP)), los defensores de derechos humanos en América Latina trabajan en un clima de hostilidad y se enfrentan a hostigamientos, criminalización, coacciones, campañas de desprestigio, intimidación y asesinato.
Grupo Sur busca visibilizar, en el día de hoy, que las mujeres defensoras se enfrentan a esta realidad desde una situación de mayor vulnerabilidad. Se les criminaliza no sólo por su acción activista, sino también por el quebrantamiento del rol que tradicionalmente se le atribuye a las mujeres al participar en la esfera pública. Las defensoras son, por ello, no sólo víctimas de la violencia política por el ejercicio de su trabajo, sino también de actos de violencia machista, abuso sexual y feminicidio por el hecho de ser mujeres.
Tal como decía Berta Cáceres, cofundadora del COPINH y defensora de derechos humanos y bienes naturales antes de ser asesinada, «no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
Así, según un reciente informe de la organización IM-Defensoras, entre 2012 y 2014 un total de 1.688 agresiones a mujeres defensoras fueron cometidas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Asimismo, entre 2012 y 2016, se registraron 42 asesinatos de defensoras de derechos humanos que, en su mayoría, permanecen en la impunidad.
Cabe destacar que multitud de ataques perpetrados y documentados contra defensores y defensoras tienen lugar en el marco de la defensa de los bienes naturales frente a la intervención de empresas y multinacionales, algunas de ellas con inversión europea. En este contexto, la violencia sexual contra las mujeres se usa como una herramienta para intimidarlas e inhibir su participación en la defensa de los territorios.
Las políticas extractivas y el incremento de los megaproyectos en la región, el cierre de espacios democráticos y el aumento de la militarización son sólo algunos de los factores que han generado el aumento, en los últimos años, de la violencia ejercida contra las defensoras de derechos humanos en América Latina.
Intereses comerciales vs Derechos Humanos
El Acuerdo de Asociación suscrito por la Unión Europea con seis países de América Central y el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Perú y Ecuador incluyen cláusulas de derechos humanos, “pero desde la aplicación de estos acuerdos, comprobamos el incumplimiento de estas cláusulas, mientras que todo lo referente a la protección de las inversiones y la desregulación de los mercados se aplica escrupulosamente”, afirma la responsable de la red Grupo Sur, Erika González.
“La coherencia de políticas de la Unión Europea en este terreno exige la activación de dichas cláusulas, o incluso la suspensión de los acuerdos, especialmente en aquellos países donde la situación de vulneración de DDHH, de violencia contra las mujeres, feminicidios y de impunidad alcanzan cuotas de auténtico desastre social”.
Por ello, continua González, “es necesario que la Unión Europea apoye y promueva la seguridad de las defensoras de DDHH mediante todos los medios a su alcance en el marco del diálogo político, la cooperación y las relaciones con la región latinoamericana”.
De este modo, Grupo Sur, pide a las instituciones de la UE que responda por el actuar de sus empresas en la región, promueva el cumplimiento de la legislación internacional, garantice una aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos en el marco de la política exterior, y preste una atención especial a la situación específica a la que se enfrentan las mujeres defensoras, tomando las medidas necesarias para garantizar la continuación de su labor en condiciones de seguridad e igualdad.
