No a la violencia del crimen organizado. No a la violencia del Estado en El Salvador

Es una voz que se levanta en medio de un discurso que se pretende único e indiscutible. Claudia Ortiz, diputada opositora del joven partido Vamos desea seguridad, pero con respeto a los derechos humanos, desea equidad social para todo el pueblo, no solo para los partidarios del gobierno. Claudia Ortiz se rebela en contra de los que desean sumisión y obediencia ciega.

El artículo 85 de la Constitución establece que el Gobierno es republicano, democrático y representativo, que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos; asimismo, la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en ella

Diputada salvadoreña Claudia Ortiz

Todo apunta a que es cierto el argumento que asegura que en El Salvador se ha instaurado una “dictadura elegida por el pueblo” con una popularidad presidencial que es superior al 90%. En esta realidad me imagino que debe ser muy difícil representar a la oposición como usted lo hace.

Lo que es difícil es poder llevar a cabo una representación cuando las instituciones que deberían controlar al poder lo protegen, ignorando las necesidades de la población. Nosotros como representación del partido Vamos, que es una organización nueva, se ha distanciado de la forma de hacer política del pasado. También se ha distanciado del carácter autoritario y poco transparente de la actual administración que gobierna El Salvador.

Nuestra forma de representar a los salvadoreños nos ha valido en la última elección legislativa cuadruplicar los votos que obtuvimos en la elección anterior, del 2021. Pasamos de 26.000 votos -luego de participar en cinco departamentos- a más de 90.000 votos en la elección del 2024. Si esto lo hubiésemos implementado a nivel nacional, habríamos obtenido un resultado importante. Esto nos habla de que existe espacio en la sociedad para una representación que encare los problemas de la población. Nos hemos puesto del lado de la gente, al lado de aquellos que necesitan que el gobierno los escuche y que no ha querido hacerlo sobre temas que han sido problemáticos desde siempre, como el acceso al agua potable, a una vivienda digna, junto a problemas que se han agudizado en los últimos años, como el alto costo de los alimentos, y la crisis del sector agropecuario.

A estas carencias hay que sumarle deudas históricas que no se han resuelto aún. Luego de tres años de una Asamblea totalmente controlada por el oficialismo todavía no existe una ley de justicia transicional para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. O las violaciones a derechos humanos que no han sido reparadas durante el periodo de violencia pandillera y en el marco de un régimen de excepción que tiene un coste negativo que no atiende a la violación a derechos fundamentales de personas inocentes.

Los partidos tradicionales, es decir, ARENA y el FMLN, están en el suelo, en gran parte por culpa propia y en parte por la acción depredadora del Gobierno. ¿Es dable imaginar que estamos ante un cambio estructural del ámbito político, de una renovación de la que es parte de su partido, Vamos”

El reciente proceso electoral que tuvo El Salvador en febrero y marzo de este año marca una nueva etapa en la que queda claro que la población desea un nuevo esquema político. Estamos en el proceso de definir qué características tendrá. El partido que represento es parte de ese futuro. Hasta ahora hemos tenido un sistema político pluralista pero polarizado. Este es el ciclo que se ha agotado.

El surgimiento del nuevo partido que está gobernando no significa que tenga una suerte distinta de la que ya vivieron los partidos tradicionales si no deja las mismas prácticas que la población rechaza.

El sistema de partidos ya está cambiando y lo seguirá haciendo. Por eso Vamos aspira a convertirse en una alternativa viable para la población salvadoreña.

El Gobierno ha instalado un relato poderoso, sostenido en gran parte por la realidad. Así, la Policía Nacional Civil de El Salvador ha detallado que tras casi cinco años de gestión hubo a lo menos 574 días en los que no se registraron homicidios en el país, gracias al Plan Control Territorial, puesto en marcha el 20 de junio del 2019 y al régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa. Se dice que a un buen relato hay que anteponer otro que conquiste a la gente. ¿Cuál?

Tenemos que luchar para que las condiciones permitan que a los salvadoreños se les garanticen sus derechos: una vida digna, con justicia y dignidad. Todavía no hay un Estado que los implemente de una manera viable.

Sobre el tema de la seguridad es un hecho que existe una percepción de mayor tranquilidad social, pero también es un hecho que hay una absoluta falta de transparencia en la manera de cómo esto se ha logrado. Existen señalamientos serios sobre un posible acuerdo entre funcionarios de esta administración y grupos del crimen organizado. Estamos a la espera del próximo mes para un juicio en donde uno de los más importantes cabecillas de las estructuras criminales enfrentará una vista pública en Estados Unidos por delitos de terrorismo y otros muy graves. Esta persona estaba detenida en El Salvador y de pronto apareció en México. Allí lo capturaron y fue extraditado a Estados Unidos. Nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa la propuesta de crear una comisión especial para investigar el caso. La bancada mayoritaria de Nuevas Ideas se negó a aceptar la iniciativa. Por lo tanto, hay mucho por profundizar en el tema de la seguridad, de manera que los avances que han existido y que le han reportado a la población un ambiente de mayor tranquilidad se traduzcan en una seguridad ciudadana sostenible, permanente y justa.

Por otra parte, esto no puede estar en contraposición con los derechos civiles de toda la población. Necesitamos que se complemente atacando las raíces de la violencia y de la criminalidad en nuestro país, que son causas económicas y sociales. En nuestra gestión, hemos venido poniendo el énfasis en la necesidad de crear condiciones económicas más justas que nos permitan un desarrollo humano y sostenible en el largo plazo.

Usted lo dijo al comienzo de nuestra conversación, se ha debilitado y cooptado a las instituciones del Estado. Se ha violado la Constitución, se han ignorado los derechos humanos y se pretende la instalación en el país de un partido único. Sin embargo, parte significativa de la población no acepta críticas al quehacer del presidente porque dicen que después de muchos años pueden respirar tranquilos sin temor a las pandillas. Incluso en otros países hay quienes ocupan cargos importantes que desean imitar la estrategia del presidente Nayib Bukele. A la gente pareciera importarle menos las virtudes democráticas que la seguridad.

Claro, y esto es normal que suceda cuando en nuestro país y en otros de América Latina, la ola democrática de los años 80 y 90 no cumplió la promesa que le hizo a la gente, que la democracia iba a generar una vida de derechos y de justicia para ellos y sus familias. Porque al final la democracia no debe ser solo una aspiración. Es un medio, no un fin. Y cuando los fines de la democracia son la igualdad de derechos, el acceso a la justicia económica, social y a nivel legal, no se cumplen, entonces al ciudadano le da igual el tipo de régimen político. Pero esto en abstracto, porque no le da igual cuando cualquier funcionario público puede violentar sus derechos sin consecuencias, cuando pueden quitarles sus tierras que han pertenecido a su familia durante años, que es su única fuente de ingreso y se la quita el Estado sin ningún tipo de compensación justa. O cuando se llevan detenida a una persona inocente y no hay nada que pueda hacerse para probar su inocencia. La revés, hay que someterse a un sistema totalmente arbitrario con procesos arbitrarios. Tal vez la gente no le llama democracia, no le llama Estado de derecho, pero comprenden que sus derechos están siendo violentados.

¿Cuál es la alternativa? Hablé anteriormente de una nueva etapa política en El Salvador, creo que en muchos países se está viendo esta nueva polarización, que ya no es entre izquierdas y derechas, es entre lo nuevo y lo viejo, y lo viejo va quedando atrás, se va desgastando y lo nuevo tiene una polaridad entre lo autoritario versus lo democrático. Como Vamos estamos en construcción de una alternativa democrática, que sí le cumpla la promesa a la gente. Una democracia que sirva para la igualdad de derechos, para el acceso a la justicia, para un sistema fiscal más justo, para una protección social para las personas vulnerables, para que el medio ambiente sea protegido, porque es lo que sostiene la vida de todos. Esta nueva forma de hacer política es la que defendemos.

Si hay una buena noticia en El Salvador en este mes de marzo, es que nuevamente las mujeres parecen encarnar la dignidad democrática y libertaria. Más de 3000 mujeres marcharon el pasado ocho, Día Internacional de la Mujer para exigir tanto el respeto a sus derechos como el respeto a las libertades democráticas, de opinión, de prensa, de asociación y acceso a la información pública.

Hay muchas señales que dan cuenta de que el futuro es de las mujeres y de que las mujeres estamos generando roles de liderazgo en la esfera de la lucha social, en sortear las crisis económicas a todo nivel y en diferentes sectores, en la agricultura, en la industria, en el comercio, etcétera, en la participación política, ya sea la política partidaria o desde la participación en la ciudadanía. Sí, desde los movimientos de mujeres hasta las mujeres que se organizan en cooperativas para producir alimentos. Las que reivindican su derecho de tener un ingreso, aunque sea vendiendo en las calles, porque son parte de una economía que las ha excluido de la protección social.

Es el tiempo de las mujeres. Es un mes donde hemos tenido espacios para la reflexión sobre los retos que las mujeres enfrentamos al participar en política, al ser sujetas de violencia muy agresiva, de una violencia vil que trata de silenciarnos, de desanimarnos. Estamos recibiendo mucha violencia en redes sociales. Incluso en el Parlamento, el presidente de la Asamblea Legislativa en un momento apagó mi micrófono y me dejó sin el uso de la palabra previo a las elecciones, porque tenía miedo de lo que yo iba a decir, porque no quería que le contradijera públicamente en algo donde tenemos argumentos sólidos.

Quiero que quede este mensaje para cualquiera que nos esté viendo para que conozca la situación que estamos enfrentando acá en El Salvador, quienes hacemos política de la disidencia. Esa violencia no solo se ejerce hacia nosotras las mujeres políticas, sino que a través de nosotras se extiende a toda la sociedad, porque cuando se ve que el agresor genera impunemente este tipo de violencia, la gente dice, lo mejor es callar, lo mejor es no expresar nuestra opinión. Lo mejor es no organizarnos, no hacer política, no participar. Al violentar a alguien activo tratan de disuadir a toda la ciudadanía. Por eso no podemos callar. Tenemos que seguir resistiendo y sobre todo construyendo, porque ahí es donde está la esperanza.

A propósito de lo que usted llama violencia vil y agresión verbal a través de las redes sociales, es un hecho que al gobierno no le gusta para nada algo que huela a oposición. ¿No teme usted que debido a ello la pasen a llevar en algún momento, la saquen de la cancha con cualquier excusa?

Es una posibilidad que siempre existe en gobiernos que tienen estas características, que son situaciones que empiezan de una manera menos grave, como en las redes sociales. Podría considerarse menos grave, aunque no lo es y van escalando. Obviamente es lógico tener temor ante tanta arbitrariedad, en donde hay tantos casos de violaciones a derechos, incluso de personas que han estado en la palestra pública. El temor en El Salvador es generalizado. Todo el mundo tiene miedo, lo tienen los empleados públicos, los gremios de médicos, los gremios de profesionales como los abogados, los empresarios tienen miedo, las organizaciones ambientalistas o los sindicatos. Miedo los periodistas. Seguramente hasta los diputados del oficialismo tienen miedo de expresarse libremente, de seguir su propia conciencia. Pero lo importante no es tener miedo, sino qué hacemos con él. Cómo lo enfrentamos y cómo, a pesar del temor, logramos ver los espacios de oportunidad y conseguimos quitarle la máscara al agresor que nos quiere temerosos, que nos quiere paralizados y escondidos. Por último, la sociedad debe darse cuenta de que tenemos más poder del que creemos, y ese poder hay que ejercerlo y sacarle provecho al máximo.

Es posible armonizar una política de seguridad, de tolerancia cero con el respeto irrestricto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

Es posible, es necesario y es urgente, porque no podemos aspirar a que la alternativa a la situación de grave inseguridad y violaciones a los derechos de la población que han sido perpetrados desde los grupos de crimen organizado sea pasar de la violencia del crimen organizado a la violencia del Estado y seguir viviendo con miedo. Precisamos de un sistema judicial independiente, con mayores controles, con investigación científica y con una depuración no solo de jueces, sino del sistema de justicia en su totalidad, quizás a través de mecanismos internacionales, como una Comisión Internacional contra la Impunidad que realmente apoye al país a desarticular las redes entre estamentos del sector público con el crimen organizado. Pasa también por una transición ordenada del actual régimen de excepción, que no es una política de seguridad pública, que ha sido instrumentada para tomar medidas en materia de seguridad pública, pero es una medida de emergencia que debería haber tenido una transición mucho antes.

Hay que terminar con la suspensión de tres garantías constitucionales de toda la población salvadoreña: el derecho de defensa en las diligencias iniciales de investigación, el derecho a que no intervengan las comunicaciones y el derecho a ser puesto a la orden de un juez luego de tres días de detención. No como actualmente que pueden pasar 15 días o incluso semanas.

Creo que debe haber un régimen especial jurídico para aquellos delincuentes de mayor peligrosidad para garantizar justicia y sin margen de error. Es decir que no existan inocentes detenidos en graves situaciones de tortura, de privación de alimentos, de atención médica, como tampoco que existan criminales que sean ayudados a evadir la justicia, porque ambas cosas están sucediendo. La alternativa va por ahí. Y definitivamente mantener los avances en seguridad pública y respetuosos de los derechos de la población.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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