Los asesinados en Pativilca amenazan con devolver a Fujimori a la cárcel

“El caso Pativilca es una operación que hizo el destacamento Colina. Fujimori sabía lo que estaba pasando. Él conocía cómo se estaba derrotando al terrorismo, nosotros éramos parte de las Fuerzas Armadas y estábamos bajo el comando del presidente de la República, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Fujimori sabía cómo se combatía el terrorismo”. Declaración del exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Hércules Gómez Casanova a la publicación peruana “Punto final”.

Una de las varias marchas en contra del indulto a Fujimori y a favor de las víctimas de las masacres perpetradas por el grupo Colina
Una de las varias marchas en contra del indulto a Fujimori y a favor de las víctimas de las masacres perpetradas por el grupo Colina

A fines de 1991 Inteligencia del Ejército, supo de supuestas actividades de Sendero Luminoso en Pativilca, próxima a Lima. El 29 de enero de 1992, el destacamento Colina llegó al lugar. En la madrugada ejecutó a seis personas: un maestro, líderes campesinos y un chico de 17 años. Tras el crimen dejaron rastros para que la gente creyera que había sido una matanza perpetrada por Sendero Luminoso. Los cuerpos torturados con soplete fueron arrojados a un cañaveral.

Recién el pasado lunes 19 de febrero un tribunal peruano resolvió que Alberto Fujimori debía ser juzgado por la masacre de Pativilca, perpetrada por el Grupo Colina, del ejército, que mató a cerca de 6 personas, entre ellas menores de edad y gente inocente. Si era tan grave el caso porque no se lo juzgó mucho antes. Gloria Cano es directora de la Asociación de Pro Derechos Humanos, APRODEH, y abogada de las víctimas de Pativilca.

Durante muchos años por el accionar del destacamento Colina, estos hechos fueron disfrazados para que se creyera que habían sido perpetrados por Sendero Luminoso. Así, luego de asesinar a los pobladores los militares hicieron inscripciones en las paredes reivindicando la matanza como autoría de los senderistas.

Posteriormente, en los años 2004-2005 miembros del destacamento Colina se acogen a la ley de colaboración eficaz para reducir su responsabilidad penal. En sus declaraciones narran muchos casos que no se conocían y entre ellos el de Pativilca.

Varios inculpados señalaron que en esta zona del norte de Lima se había detectado una columna de Sendero que amenazó a la gente para realizar lo que ellos llamaban escuelas populares y acciones de propaganda senderista.

El servicio de inteligencia del ejército le solicitó al destacamento una intervención para ejecutar a las personas que presumiblemente habían tenido algún trato o habían asistido al adoctrinamiento de Sendero Luminoso.

Recién entonces comienza la investigación de la Fiscalía y se inicia el proceso en el 2012 contra los miembros del grupo Colina. Contra Fujimori no se podía actuar mientras no fuese aprobada la ampliación de la extradición por parte del Corte Suprema de Chile, que finalmente la dio el cinco de junio del 2017.

Gloria Cano. Abogada de las víctimas de la masacre de Pativilca

Los integrantes del ex grupo Colina confirmaron la autoría de la matanza de Pativilca y dijeron que ninguna acción de esa naturaleza se hacía sin la autorización de los superiores. De allí se deduce solo un parte la responsabilidad del expresidente Fujimori en los años de guerra sucia. Agrava la acusación en contra del ex presidente el hecho de que a los integrantes del grupo Colina no solo se les entregó personal, armas, recursos económicos, lugares de entrenamiento, viviendas del ejército y dinero adicional al sueldo.

Uno de los aspectos más importantes para los integrantes del destacamento Colina fue la garantía de impunidad. Que no habría ninguna investigación y en el caso que se descubriera alguna acción del grupo había protección desde el gobierno para evitar toda sanción judicial. No solamente la amnistía, también las felicitaciones de la institución para que ascendieran en la carrera militar.

Todo era parte de un plan operativo aprobado por la Dirección de inteligencia del Ejército, que se llamó Plan Cipango.

El caso Pativilca sigue un procedimiento similar al de otras masacres perpetradas por el Grupo Colina, como las de Barrios Altos y La Cantuta (1991 y 1992, respectivamente)

Alberto Fujimori fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el pasado 24 de diciembre del 2017. El indulto especifica que deben cesar todas las causas pendientes en contra del condenado. ¿Por qué el colegiado del tribunal limeño declara que la Resolución Suprema que otorga derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori no tiene efectos jurídicos para este proceso?

Primero, al hacer un control de constitucionalidad, los miembros del tribunal se dan cuenta que no se cumplen con los requisitos establecidos por la constitución del estado para el otorgamiento de derecho de gracia. Los dos requisitos son, que la persona esté presa y segundo, que hayan pasado, no solo los plazos ordinarios, más uno extraordinario, es decir, 24 meses, para darle el derecho de gracia. En este caso no se da, porque a Fujimori se le contabilizan los plazos a partir del cinco de junio del 2017.

Además, la Sala Penal Nacional señala que en casos de delitos de lesa humanidad o que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, no se pueden crear obstáculos para la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables. La Sala recalca que no cumplir con la ley es violar los derechos de las víctimas, y desobedecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha ordenado a los estados derribar todas las barreras que puedan impedir el cumplimiento de la ley.

El resultado de una encuesta de fines de enero recién pasado asegura que el 49% de los peruanos está en contra del indulto a Fujimori. Un 50% está a favor. ¿Qué razones explican la todavía popularidad del ex presidente Alberto Fujimori?

Hemos vivido toda una serie de campañas para estigmatizar no solo a Corte Interamericana de Derechos Humanos, como a los defensores de derechos humanos y a las víctimas. Se ha tratado de justificar las muertes, la desaparición, señalando que eran terroristas y como tales era necesaria su ejecución, su eliminación. Eso cala mucho en la población, que piensa que había que hacer todo lo necesario para lograr la paz. Es una mentira que se ha difundido desde años, unido al hecho de que Fujimori sería el artífice de la paz. Que si era preciso matar para tener paz había que hacerlo.

Incluso el presidente Kuczynski lo utilizó como uno de los argumentos para liberación de Alberto Fujimori.

Si hacemos una encuesta hoy día, preguntando si es necesario ejecutar judicial o extrajudicialmente a los violadores, a los ladrones o a los corruptos, el 80% responderá que sí. Eso no significa que el estado tome ese resultado como aliciente para ejecutar extrajudicialmente o para aplicar la pena de muerte. El estado tiene obligaciones con las víctimas, tiene obligaciones con la sociedad y la comunidad internacional, que no es otra que establecer las bases necesarias para el desarrollo de una democracia. Una democracia no se puede asentar en bases a muertes, ejecuciones y desapariciones forzadas.

No cree usted que hay una percepción dentro de un sector de la población en donde el aspecto populista del gobierno de Fujimori todavía está presente. Es decir, sectores que aún le reconocen el apoyo económico…

Hay un sector netamente fujimorista que es un 20% de la votación electoral. Son aquellos que abrazan los principios fujimoristas, que efectivamente pueden haber sido ganados por el populismo, pero también están aquellos que abrazan los principios ideológicos de Fujimori: el golpe de estado, la creación de un aparato represivo organizado, la aplicación de castigos, la imposición de toda una política corrupta. Ellos dicen que eso es perdonable.

La gran mayoría del país están en contra de aquello. Sin embargo, un amplio sector todavía piensa que la paz había que conseguirla como fuera. Y hay que sumarlos al 20%.

Que es lamentable, sí, pero también es cierto que es responsabilidad del estado el haber cerrado las puertas a la difusión del informe de la Comisión de la Verdad, el haber, hasta hoy, tratado de estigmatizar cualquier proceso de memoria que exista en el país.

Debo concluir que en rigor Alberto Fujimori debe volver a la cárcel a pagar los delitos cometidos.

Para nosotros el indulto no ha sido resultado de un proceso transparente. Ha sido un pacto político, y por lo tanto no debería tener validez legal.

Alberto Fujimori debería continuar purgando prisión. El poder judicial le impuso una pena, y al igual que cualquier otro reo por graves violaciones a los derechos humanos, debería cumplir su pena. De ninguna podemos aceptar un pacto político disfrazado de razones humanitarias.

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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