La Reforma Procesal Laboral de Costa Rica es una gran noticia, aunque hay quienes no la desean
Costa Rica, cuenta con más de cien mil personas asalariadas que no gozan de ninguna garantía laboral. Más de medio millón labora jornadas superiores a las 48 horas extra. Dos de cada 10 personas trabajadoras no están aseguradas y una de cada cuatro no tiene derecho a vacaciones pagadas. Para superar estas y otras injusticias se ha aprobado este año la Reforma Procesal Laboral.
Habían pasado 71 años y los costarricenses seguían regiéndose por la ley aprobada en 1943. Fue la propia la Corte Suprema de Justicia la que en el año 2005 propuso una reforma de gran envergadura. Así, la ley fue aprobada en setiembre de 2012 por una mayoría casi unánime de los parlamentarios sin distinción del sector político al que pertenecían. Escasos días más tarde, el 9 de octubre, la legislación fue vetada por la expresidenta Laura Chinchilla.
El gobierno es del parecer que por el fondo, la reforma a la Ley de Procesal Laboral contribuye a la paz social.
Aspectos esenciales de la reforma
Descongestionar los estrados judiciales, pues los juicios laborales disminuirán en su tramitación. Esta disminución permitirá que los trabajadores no opten por abandonar estos procesos, que hasta el día de hoy duran décadas.
Protegerá contra despidos abusivos de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia y denunciantes de hostigamiento sexual, también a trabajadores por razones de sus creencias religiosas, etnia o por su orientación sexual.
Garantizará el funcionamiento de servicios esenciales en caso de huelga, pues un juez debe autorizarla, previa presentación treinta días antes de un plan que asegure la prestación de esos servicios. Las huelgas tampoco podrían durar más de 30 días calendario, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas décadas donde hemos visto huelgas de dos o tres meses en diversas instituciones del sector público. Esto brindará seguridad jurídica a país.
El Patronato Nacional de la Infancia dará asistencia legal gratuita a trabajadores menores de edad y a sus madres para reclamar sus derechos laborales o aquellos relacionados con la maternidad.
Habrá asistencia legal gratuita para personas trabajadoras cuyo ingreso mensual no supere dos salarios bases del cargo de auxiliar judicial.
El Colegio de Abogados y Abogadas u otras organizaciones podrán constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita.
El presidente Guillermo Solis ha dicho que “a pesar de estas grandes contribuciones, hay un elemento que no nos satisface a nosotros ni a diversos grupos de la sociedad. Me refiero a la posibilidad de huelga en servicios esenciales. Por un lado, como Poder Ejecutivo no puedo estar más en contra de permitir que la prestación de servicios de salud, seguridad, transporte de mercancías y personas puedan verse interrumpidos por una declaratoria de huelga. Por el otro lado, tampoco estimo conveniente echar por la borda el trabajo de más de una década, que se concreta en esta ley sustantivamente beneficiosa para la sociedad costarricense. Por ello esta ley, en sintonía con la vía costarricense de alcanzar acuerdo, establece un balance entre el derecho a huelga – consagrado en la constitución desde hace décadas – y la necesaria regulación que debe de existir para que este derecho no derive en abusos indeseables.
Así las cosas, para despejar dudas sobre los efectos de ley y reafirmar mi voluntad, emitiré en los próximos días un decreto ejecutivo que confirme la prohibición absoluta de huelga en servicios esenciales y establezca la necesidad de planes de acción para la operación continua de estos servicios.
Estas medidas serán de aplicación inmediata y están basadas en las leyes vigentes.
Ahora la Asamblea Legislativa tiene el reto de convertir estas disposiciones en ley de la República”.
¿Y los empresarios?
“Nuestro sector empresarial, mayoritariamente compuesto por la micro y pequeña empresa, no puede comprender como un presidente viaja al exterior para atraer inversión y dice que va a impulsar al empresario nacional, pero por otra parte toma este tipo de decisiones. Esas contradicciones propias de este Gobierno, le pone un ancla cargada de incertidumbre a cualquier persona que con un ahorro o capital desee montar una empresa y contratar gente, pues el clima nacional para desarrollar negocios está llegando a un punto insostenible”, manifestó Jose Manuel Hernando, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de Bebidas (Cacia).
Según el representante de los empresarios industriales de alimentos, los sindicatos del sector público han demostrado una inclinación hacia la protección de intereses muy particulares y poco solidarios con el resto de la población.
El diputado Edgardo Araya cuenta por qué en un país de larga y consolidada vocación democrática se dan estas paradojas de debilidades en la protección de los trabajadores
