La pésima realidad de los derechos humanos en El Salvador

En El Salvador es difícil diferenciar lo real de lo que no es. Así, los éxitos en materia de lucha en contra del crimen organizado ocultan o renuncian a aceptar las violaciones generalizadas de derechos humanos, el debilitamiento del Estado de derecho y la criminalización de la disidencia. El mayor ejemplo de esta realidad está reflejado en el informe anual 2023 del Observatorio universitario de Derechos Humanos. El estado de los derechos humano en El Salvador. En esta entrevista conversamos con Jorge Rodríguez, coordinador del observatorio

El informe se basa en cinco puntos centrales. El primero da origen a las conclusiones del documento: el Estado salvadoreño lleva dos años con los derechos fundamentales suspendidos. ¿Se justifica hoy el estado de excepción en El Salvador?

Desde la lectura que nosotros hacemos no se justifica por dos razones. La primera, por una razón de facto, la situación por la que nace el régimen de excepción fue el repunte de los homicidios que se calculó en 80 homicidios en menos de tres días. Esa es una situación superada. Entonces, la realidad de origen ya no existe.

Hay una segunda razón, el carácter de esta medida hace alusión a un caso excepcional y en la Constitución se establece de que puede ser dictaminado por un mes y prorrogable por 30 días. En términos concretos podría durar dos meses como máximo. Pero actualmente se ha vuelto una medida casi permanente.

Por estos dos motivos, creemos que debería terminar el régimen de excepción.

En segundo lugar, están las áreas principales de violación de los derechos humanos. La primera de ellas es el abuso, la violencia, la desaparición transitoria en las detenciones practicadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con especial mención al caso de detenidos asesinados en cautiverio. Se trata, no es difícil suponerlo, de una de las fuentes principales de dolor y angustia para miles de personas.

El régimen de excepción se ha caracterizado por una tendencia de detenciones masivas, que fue más fuerte en el año 2022, pero ha continuado en el 2023. Actualmente se registran más de 15.000 detenciones versus las 60.000 que se registraron en el año 2022. La Policía Nacional Civil ha seguido deteniendo en niveles altos, puesto que solo en los primeros seis meses del año 2023 se registraron casi 22.000 detenciones, con la particularidad de que el 80% son detenciones en flagrancia. Aquí en El Salvador hay tres modalidades en las que la policía puede llevar a cabo una detención: por orden judicial, por orden administrativa y en flagrancia. Las dos primeras son ordenadas en el marco de procesos de investigación, donde intervienen diversas instituciones como la Fiscalía General de la República, que es la encargada de la investigación penal o el tribunal competente que atiende el caso. Sin embargo, en las detenciones en flagrancia la única institución que opera es la Policía Nacional Civil. En ese contexto hay abuso de poder sin nada que lo controle.

Este patrón de detenciones masivas ha ido aparejado con la falta de información a la familia de las personas detenidas. Son los familiares los que se han acercado a las delegaciones policiales y a los centros penitenciarios para buscar información de su familiar detenido.

Uno de los elementos que señalaban las organizaciones de derechos humanos de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre del año 2023, es que cuando la familia solicita información, en el centro de detención no les dan seguridad de que ahí esté detenida la persona y ni siquiera le decían si se encontraba en otro centro de detención. Es decir, a efectos prácticos en muchos casos no se reconocía que la persona estaba detenida. Se trata de elementos constitutivos de desaparición forzada.

Que la familia no tenga información certera por parte del Estado de que su familiar está detenido, las condiciones en las que se encuentra, su estado de salud, etcétera, son omisiones graves de la autoridad.

En los casos más graves esto concluye en la muerte de la persona detenida. Es decir, que durante un buen tiempo la familia no tenía certeza de cómo se encontraba hasta que finalmente se le informa de que ha fallecido, con escasa información.

Entonces, como usted bien lo ha apuntado, esta forma de actuar ha sido fuente de mucho sufrimiento para las familias. En el régimen de excepción se ha detenido alrededor de 79.000 personas, hasta abril de este año. Sin embargo, como ya en el sistema penitenciario había una población específica antes del régimen de excepción, según nuestros cálculos -digo nuestros cálculos porque esta es información que ha sido reservada por el Estado- en el sistema penitenciario salvadoreño hay alrededor de 104.700 personas privadas de libertad hasta diciembre del año 2023. Es un hacinamiento del 241%. El hacinamiento en sí mismo ya es un trato cruel y humano porque genera y posibilita otras vulneraciones a los derechos humanos.

La tercera área vinculada directamente con la anterior es la claudicación de la justicia y su cooptación por parte del Estado. Voy a señalar un dato para ilustrar esta realidad: la Sala de lo Constitucional ha admitido a trámite cuatro solicitudes de habeas corpus de las mas de tres mil presentadas durante el último año. Una obsecuencia de esta naturaleza solo es conocida en regímenes totalitarios. ¿Cómo se ha llegado a esto?

Es el resultado de un proceso que se inició en mayo del año 2021, en el que tomó posesión una nueva Asamblea Legislativa. El primer día llevaron a cabo dos acciones que ayer y aún hoy configuran el escenario de la debilidad institucional: destituyen a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y entre ellos al Presidente de la Corte, que es uno de los tres órganos fundamentales del Estado. Lo hacen con vicios de forma porque no siguieron el debido proceso. El análisis que se hizo en su momento es que la defenestración es la respuesta ante el accionar de la Sala de lo Constitucional que había ejercido control sobre las acciones del Ejecutivo, por ejemplo, en el marco de la respuesta estatal a la pandemia. Había frenado una serie de medidas que eran contrarias a los derechos humanos. Así, en mayo del 2021 se destituye de forma arbitraria a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se imponen, sin el debido proceso, a nuevos magistrados y a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. A partir de ese momento vemos un cambio de la Corte Suprema de Justicia respecto al ejercicio del Poder Ejecutivo.

Hay otros elementos. También en el año 2021, se aprueba una ley que permite separar de sus cargos a una gran cantidad de jueces. No tenemos el dato oficial de cuántos magistrados fueron, pero curiosamente se trató de aquellos jueces que mostraban independencia respecto del órgano Ejecutivo. Vale decir, hubo todo un proceso de cooptación de la Corte Suprema de Justicia.

Hay una actuación negligente y el hábeas corpus, que es un recurso constitucional que debería servir para ejercer control constitucional sobre aquellas acciones que son efectivamente contrarias a los derechos humanos, es hoy un recurso inefectivo. Alrededor del 0.14% han sido admitido. Es decir, en términos prácticos, en lenguaje más coloquial, la población salvadoreña está en total indefensión, porque el sistema de protección de derechos humanos nacional no está siendo efectivo para controlar las acciones del Estado que son atentatorias con los derechos humanos.

El cuarto tema es el de la seguridad ante el combate a las pandillas y al crimen organizado que ha dejado en la sombra otros temas importantes relacionados con la seguridad. Una significativa es la violencia sexual, los feminicidios, entre otros, que tienen en parte explicación por esa controvertida política del gobierno frente al tema de la mujer y la sexualidad. Este es un problema serio que afecta a por lo menos la mitad de la población del Salvador.

Este es uno de los problemas estructurales ignorados por las actuales políticas de Estado, el tema de la violencia basada en género, en particular la violencia en contra de la mujer. Los índices de victimización para el año 2023 registran alrededor de 5400 víctimas, niñas, niños y adolescentes, es decir personas menores de edad. Nosotros hacemos el ejercicio de sacar la tasa para el año 2023, 526 niñas y adolescentes femeninas víctimas de violencia sexual por cada 100.000 que hay en El Salvador. Es una tasa sumamente alta que evidencia lo que nosotros llamamos “un problema epidémico de violencia” que debería concitar la atención que ha tenido, por ejemplo, el problema de los homicidios. ¿Por qué? La tasa más alta de homicidio de las últimas décadas fue de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2015. En El Salvador tenemos una tasa cinco veces más alta de violencia sexual, algo que no se responde en debida forma, consecuencia de un Estado que tiene una política de seguridad basada en una sola narrativa reduccionista de la violencia, que todo el problema se debe a las pandillas. Ciertamente, las pandillas han generado una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos a toda la población. Homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado interno. Pero hay muchos tipos de violencia cuyas causas son más complejas. Y este es uno de esos ejemplos. El hecho de rehusar reconocer la gravedad del problema habla de la lamentable indolencia estatal para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

Quinto tema. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es reconocido en el mundo como un presidente exitoso con un índice de popularidad de los más altos en el ámbito internacional. Es como si a la mayoría de los salvadoreños les importara mucho más los beneficios recibidos por el gobierno en materia de seguridad que cualquier veleidad democrática. Lo voy a decir de forma brutal: en democracia no podíamos casi vivir. Con las libertades suspendidas por el gobierno, podemos dormir tranquilos. No hay donde equivocarse.

Esa afirmación tiene ciertos matices. Si bien es cierto que al crimen organizado se lo ha combatido eficazmente y que muchos indicadores de violencia se han reducido, algo positivo que nosotros celebramos, eso ha ido aparejado con un papel del Estado que ha aumentado sus violaciones a los derechos humanos. Hay poblaciones específicas que no pueden dormir tranquilas. Nosotros recogemos los testimonios de personas que han vivido durante muchos meses dentro de cercos militares, ahí la figura de la Fuerza Armada ha generado temor y la posibilidad de ser detenido, aunque la gente no esté vinculada a estructuras del crimen organizado es muy alta, sobre todo en zonas estigmatizadas por la violencia.

Lo que ha causado el régimen es que, si bien es cierto, antes eran las pandillas las que generaban el mayor número de desapariciones, altos indicadores de desplazamiento forzado interno, de desaparición forzada de personas, ahora se ha invertido la realidad y es el Estado uno de los principales perpetradores de violaciones de derechos humanos.

El informe anual del Observatorio Universitario concluye con diez recomendaciones. Todas están orientadas hacia el mismo fin, la recuperación de las instituciones del Estado para que dejen de ser lacayas del poder. ¿Es muy pesimista pensar que esa aspiración democrática tendrá que esperar un cambio que va a tardar en llegar y que solo se va a alcanzar si crece una corriente civil capaz de ofrecer dos cosas, seguridad y libertad?

Desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos tenemos la vocación de aportar y sumar. Nuestra perspectiva es contribuir a las políticas de Estado, mantener las cosas que han tenido buenos resultados, y corregir el rumbo en cuanto a los graves retrocesos de derechos humanos. Todas las recomendaciones van en el sentido de que ya no es necesario un régimen de excepción, lo que no significa poner en libertad a las personas, sino que se traduce en hacer de funcione la institucionalidad. Que haya investigaciones concretas y que, si un individuo es responsable del cometimiento de delito, que se le aplique la ley. Pero que si las investigaciones establecen que hay inocentes que fueron capturados, que se les libere y se les repare. Esa y no otra es la perspectiva. Desde las organizaciones buscamos que en El Salvador se respeten los derechos humanos y que se restablezca el carácter democrático de la sociedad salvadoreña. Una democracia será efectiva y plena en la medida que se respeten los derechos de todos. Creemos que es posible, pero solo se va a alcanzar si todos los actores sociales estamos abiertos al diálogo y desde las organizaciones de derechos humanos estamos dispuestos a ello, a poner nuestra experiencia y perspectiva técnica para la construcción de políticas públicas de derechos humanos. Hay que preguntarle al Estado qué tan abierto está para construir un El Salvador donde quepamos todos y todas y donde se respeten de forma integral los derechos humanos.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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