Guatemala busca abrir el candado que impide avanzar en democracia y luchar contra la corrupción
El pueblo de Guatemala eligió a Bernardo Arévalo para dos fines principales: lucha en contra de la corrupción y recuperación de las instituciones del Estado. Ambos propósitos no podrán implementarse mientras la Fiscal General Consuelo Porras permanezca en su cargo. Los anhelos democráticos chocan con lo que en Guatemala se conoce como “el pacto de corruptos”
Conversamos con Virginia Laparra, fiscal anticorrupción, encarcelada injustamente durante dos años por denunciar a un juez de corrupción. Ha sido condecorada recientemente por el presidente con la Orden a la Excelencia Laboral.
Luis Alberto Padilla. Embajador y académico. Exvicecanciller y embajador en Holanda y Naciones Unidas, entre otros. Además de Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz.
Lo cierto es que la Fiscal General Consuelo Porras se asume, después de la toma de posesión del presidente Arévalo, como una persona intocable y su discurso y modo es de alguien que se siente poderosa. Para que eso se necesita un respaldo político y económico de grandes proporciones. Nadie debería ser intocable en una democracia. Pero parece que la señora Porra sí lo es. ¿Por qué?
Virginia Laparra. La conducta de la Fiscal General ha sido así, porque se le ha permitido desde las altas cortes. Ella fue electa en este último periodo por una resolución que ordenó incluirla dentro de las personas elegibles para prácticamente escogerla como nueva Fiscal General. En la gestión anterior se tenía una completa claridad de cuál era la parcialización del actuar de la Fiscal General para cubrir o evitar continuar con los esfuerzos que se habían realizado y con los logros alcanzados en la investigación de procesos de corrupción, dirigido a altos funcionarios de gobierno y del sistema de justicia. Entonces, ¿cómo no decir que actúa como si tuviera una total impunidad para hacerlo? Porque tiene el respaldo político y jurídico de quienes necesitan, por un lado, tenerla como jefa del Ministerio Público para asegurar no ser investigados, no ser perseguidos y contar con la finalización de grandes casos de corrupción como los que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, si actúa así, es porque efectivamente es respaldada por esas élites.
Luis Alberto Padilla. Cabría agregar que, de acuerdo con la Constitución de la República, en su artículo 251, el Presidente está facultado para destituir a la Fiscal General por causa justificada. Esa famosa causa justificada es lo que motivó la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que ha traído como consecuencia la plena certeza, que se tiene tanto en las esferas de gobierno como en parte de la ciudadanía, de que si el Presidente recurre a esta disposición constitucional, y al mismo tiempo dice que la Ley Orgánica del Ministerio Público, por ser de inferior jerarquía y oponerse a las facultades que le concede la Constitución al mandatario, es nula, ipso iure, en el supuesto que el presidente hiciese eso, estamos muy conscientes de que la Corte de Constitucionalidad fallaría protegiendo a la señora. A esa razón se debe, creo, que Arévalo no ha querido actuar de esa manera, sino que ha enviado una propuesta al Congreso de la República, una iniciativa de ley para que se modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Nosotros estuvimos con el Presidente -al decir nosotros me refiero a un grupo de amigos pertenecientes a una instancia que se llama Movimiento por la Democracia y por el Rescate de la Democracia- platicamos de todo esto y su decisión va a ser difícil que prospere en el Congreso porque simple y sencillamente el gobierno no dispone de una mayoría dentro de los diputados.
Qué bueno que usted mencione el tema de la democracia, porque en realidad el Presidente ha optado en lugar del enfrentamiento, de decir esta señora se va, por el diálogo y la negociación con el Poder Legislativo. Pero para que haya diálogo y negociación en una democracia se necesita que ambas partes estén de acuerdo. Y me da la impresión de que se le piden actitudes democráticas a quienes no la tienen.
L.A.P. Efectivamente, porque el Congreso, en una mayoría, está integrado por diputados que han sido electos por los partidos tradicionales. Y justamente esta gente no es precisamente democrática porque para comenzar, ese es otro problema que tenemos, cómo reformar la ley electoral y de partidos políticos para que efectivamente los congresistas representen al electorado. Esta gente que es electa por planillas que presentan los partidos cuando se celebran las elecciones, no representan para nada a la ciudadanía.
Para que se apruebe la reforma a la Ley del Ministerio Público se requerirían 107 votos de los 170 diputados. Llegar a los 107 votos podría decirnos que a lo mejor hay 107 diputados conscientes de que representan a la ciudadanía y, por tanto, actúan democráticamente. Pero eso está por verse. Tal y como van las cosas, dudo mucho que, insisto, se vaya a producir esa reforma legislativa en el Congreso.
V.L. El tema aquí también es el respaldo que la Fiscal General siente que tiene y ha tenido de la Corte de Constitucionalidad. Fue fácil vislumbrarlo el seis de mayo reciente. Cuando se anunció la cadena nacional por parte del Presidente la Fiscal General, sin siquiera saber, solamente imaginar, porque no tenía ni idea de cuál era la actitud que asumiría el Presidente, se queja, digámoslo así, mediante un amparo con la Corte de Constitucionalidad. Los que conocemos de Derecho dijimos que esto tiene que ser rechazado, porque es un planteamiento de protección, de violación de garantías que todavía no ha sucedido. La Corte de Constitucionalidad, fuera de todo parámetro legal y razonamiento jurídico, admite y ampara a la Fiscal General.
Entonces ¿de que estamos hablando? De que cualquier acción que se oriente a removerla utilizando los procedimientos legales correspondientes, van a ser defenestrados y ella será protegida por las altas cortes, como en este caso. Es que no es posible ir a quejarse de algo que no ha sucedido. Pero así pasó. Es algo totalmente absurdo y pone de manifiesto el grado de impunidad, la medida del interés que tienen todas estas personas de mantenerla a ella en ese puesto. Es evidente que tiene que existir un interés especial, de mucho peso para que se atrevan a hacer este tipo de acciones mal utilizando a la ley.
Hace no muchas horas oficiales del ejército presentaron también un recurso de amparo en contra del Presidente de la República. Un hecho de esa naturaleza a lo mejor no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista legal, pero da la impresión de que es una señal de una parte del Ejército que dice: Miren señores, estamos aquí, no nos toquen, no hagan nombramientos que no nos gustan. Somos todavía una fuerza muy poderosa en este país.
V.L. Así se entiende que el Presidente está siendo relegado a quedarse solo. No obstante ser el jefe del Ejército es una manifestación de choque, de rebelarse, de no estar de acuerdo con las acciones que se toman por parte del gobierno.
Es realmente preocupante, porque significa que las conexiones que se tienen y que se descubrieron en las investigaciones que alcanzan a distintas instancias del Estado, incluido el Ejército, no están dispuestos a “bajar las armas” como comúnmente se dice, y seguirán luchando para mantener el status quo corrupto que persiste hasta el día de hoy.
L.A.P. Quisiera reiterar lo que ya dijo la licenciada Laparra, es sorprendente que la Corte haya amparado a la señora Fiscal General el día mismo que se iba a celebrar la conferencia de prensa. No se sabía que iba a decir el presidente. Ese es el punto. No se sabía y todos pensaban que el Presidente iba a actuar como nosotros le habíamos recomendado. El presidente la iba a destituir, cosa que no pasó porque lo que el presidente anunció fue que iba a enviar una iniciativa de ley al Congreso, pero como la señora supuso que la iban a destituir, presentó el recurso de amparo y la ampararon antes de que se supiera qué era lo que el presidente iba a anunciar. ¿Se dan cuenta?
El punto que tiene que ver con el ejército. Creo que el ejército se ha comportado bien en todo este tiempo. Cuando los golpistas fueron a tocar a las puertas de los cuarteles, cuando ganó la elección en primera y segunda vuelta el Partido Semilla, encabezando a los golpistas estaba la señora Fiscal General, pese a que un organismo del Estado como el Ministerio Público no debería jamás colocarse en una posición así. Pero es la realidad. No obstante, el Ejército se mantuvo al margen porque así lo manda la Constitución y no actuaron en favor de ninguna posición.
Sin embargo, cuando el ministro de la Defensa, junto con el ministro de Gobernación, acompañan a Arévalo lado a lado a la presentación de la iniciativa de ley al Congreso de la República hubo una manifestación de inconformidad dentro de los altos mandos del Ejército, porque al día siguiente que fue destituido el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el que tiene a su mando la tropa, un general fue sustituido por un coronel. Este coronel tendría que ser ascendido a general. Así es que muy probablemente esta acción ante la Corte de Constitucionalidad responde al interés de algunos oficiales, estoy especulando, haciendo conjeturas, para que no se ascienda al coronel.
El presidente Bernardo Arévalo y su gobierno tienen todavía un gran potencial político respaldado por dos pilares fundamentales: La esperanza que ha despertado la figura de Bernardo Arévalo y, un respaldo popular muy significativo. Son elementos poderosos, pero a la vez frágiles. Y si no se hacen las cosas que se prometieron o parte de ellas, se puede llegar a una situación muy lamentable que produciría frustración y desencanto. ¿Cómo evitarlo?
L.A.P. Como usted dice bien, el apoyo de la gente es fundamental para que el gobierno no solo se mantenga, sino que además lleve a cabo los objetivos de su plan de gobierno, dentro de los cuales uno de los objetivos principales -no acabar porque acabar con la corrupción en ninguna parte del mundo- es disminuirla a los niveles de normalidad de cualquier Estado democrático que se rige por las reglas del Estado de Derecho. Que se persiga a los responsables de hechos de corrupción.
Si lo vemos desde ese punto de vista, este apoyo popular se mantiene hasta la fecha y va a ser decisivo si es que las cosas llegasen a empeorar. Esperemos que no ocurra. Esperemos que el Congreso y los congresistas actúen sabiamente y modifiquen la Ley Orgánica del Ministerio Público, como les ha pedido el Presidente en su iniciativa de ley. En tal caso la nación se va a encaminar por el sendero que a todos nos interesa, o sea, la destitución de esta señora, sin que ella pueda alegar que tiene una ley que la protege. Tengo mis dudas al respecto, pero creo que estamos conscientes que ahora hay que apoyar al Presidente en esa acción que ha tomado y esperemos también que el Congreso actúe en consecuencia. Si no fuera así, entonces el Presidente tendría que actuar de una manera muchísimo más drástica. Habiendo agotado todos los recursos que el sistema legal vigente le otorga, destituir a esta señora o seguir el procedimiento que le parezca más apropiado en su momento, en cuyo caso va a necesitar del apoyo popular.
Hay que recordarlo, si no es por el apoyo popular y sobre todo por el de los pueblos originarios: los 48 cantones, las autoridades ancestrales y todos los pueblos que salieron a manifestar inicialmente y después mantuvieron un plantón, una presencia física en frente del Ministerio Público, pidiendo la renuncia de la Fiscal General durante más de 100 días desde que se celebró la segunda vuelta electoral hasta que el presidente Arévalo tomó posesión. Si no es por ese enérgico apoyo que recibió de la población mayoritaria del país, que además es la población indígena, el Presidente no estaría en donde está.
Ese apoyo lo mantiene, pero ¿en qué momento va a ser necesario recurrir de nuevo al pueblo? No lo sabemos. Esperemos que no sea indispensable, pero tendría que hacerse y no demorar demasiado, porque esta especie de periodo de gracia no se mantiene indefinidamente para ningún gobernante.
V.L. Es importante tener en consideración que, para cumplir con el plan de gobierno, que es claramente anticorrupción, tal y como lo dice Luis, erradicar la corrupción es bastante difícil, pero uno de los eslabones fundamentales para una lucha frontal y clara contra la corrupción es el ente encargado de la persecución penal. Y es que es ahí donde tenemos el mayor escollo, por parte de quienes no quieren ser investigados o de quienes tienen interés que personas afines se mantengan en sus puestos.
Creo que es un tema que se tiene que solucionar y el presidente Arévalo tiene una gran responsabilidad y presión popular, porque si no se aclara el caso de quién lidera la titularidad de la acción penal, va a ser difícil sanear el resto de las instituciones de gobierno. Es una de las bases fundamentales para echar a andar los proyectos de desarrollo nacional, disminuir los porcentajes de alta corrupción y sanear las instituciones.
Los organismos del Estado no serán saneados si las personas responsables de realizar este tipo de acciones permanecen y siguen siendo los dueños de esos puestos. En alguna investigación hacíamos el análisis de por qué, en algunos puestos de gobierno, los funcionarios no actúan como servidores públicos, porque de servir no sirven nada y algunos no sirven para nada. ¿Por qué pasa esto? Porque compran los puestos y lo que se compra es de su propiedad. Por eso actúan de esa manera. Esta es una buena visión para entender de qué forma llegan a determinados puestos, su forma de actuar, de modular el servicio y esa función pública.
En el tema que hoy nos ocupa, el puesto de Fiscal General, ¿cómo se maneja ese poder? Porque es un poder, pese a ser una labor pública que ha sido asignada y no es un extra poder, que simplemente tiene la capacidad de hacer lo que quiera sin rendición de cuentas. He aquí el problema. La Declaración de los Derechos del Hombre en el artículo 21, apunta que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas a quienes sirven. Entonces, mientras no tengamos esto, va a ser muy difícil que podamos avanzar porque es un candado que tiene sujeta la puerta de la oportunidad para que este país avanzce democráticamente.
