Chile: 10 condenados por crímenes de lesa humanidad, ante la petición de perdón

A 48 horas de la celebración de la navidad, diez presos por crímenes de lesa humanidad piden perdón, en la cárcel de Punta Peuco, Chile. El sacerdote Mariano Puga, uno de los promotores de la conmemoración ecuménica dijo que no puede haber perdón si no hay reparación y aporte a la justicia. Las organizaciones de víctimas califican el acto de reconciliación forzada y búsqueda de impunidad.

El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno, el 14 de mayo de 2013, en su sesión 153, dijo que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad pueden acceder a los beneficios y medidas alternativas o penas sustitutivas al cumplimiento de la pena en la medida en que se garantice la investigación, la determinación de responsabilidades, se impongan sanciones adecuadas y proporcionales al daño ocasionados. Los beneficios en este sentido, deben ser ponderadas caso a caso y de manera individual. El INDH a su vez, constata que se plantea un tema controversial y que el debate público sobre estos temas ha sido pobre, por lo que se requiere profundizarlo sobre todo en la perspectiva de involucrar y recoger la opinión de los familiares y víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Está cada vez más claro que no existe en el Derecho Internacional ninguna norma que obligue a un país a mantener en la cárcel a los condenados por derecho humanos, como tampoco negarles el beneficio de excarcelación si se encuentran en fase terminal. Lo fundamental es legislar en términos generales, es decir que los beneficios y condiciones alcancen al conjunto de las personas privadas de libertad.
José Miguel Vivanco, Director para las américas de Human Rights Watch es la opinión que los condenados “deben cumplir con una serie de prerrequisitos como cumplir la mitad de la pena, sí como otros elementos que son subjetivos, como por ejemplo, que la persona haga esfuerzos serios para rehabilitarse, haya dado muestras de arrepentimiento. No se trata de alguien que reivindica las matanzas en las que haya participado. Lo importante es que existan estándares claros”.
Radio Media Naranja llamó a dos prominentes abogados defensores de los derechos humanos en Chile y que han dedicado parte importante de su vida a esta tarea. Se trata de Roberto Garretón, quien, entre otras cosas, trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y fue Representante para América Latina y El Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El otro abogado es Héctor Salazar, quien también fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad y Fasic, Fundación de ayuda social de las iglesias cristianas. Ha sido abogado defensor de las víctimas de casos célebres de la pasa dictadura.
Roberto Garretón entiende la posición de los partidarios de buscar algún modo de perdón, pero no comparte esa postura. Es enfático al decir que los sacerdotes, Montes, Puga, y los civiles Zalaquett y Salazar, entre otros, tienen una trayectoria inmensa en favor de los derechos humanos, que está por sobre cualquier crítica que se les haga.

Héctor Salazar, cree en las razones humanitarias, en la sinceridad de algunos de aquellos que han pedido perdón y, lo que es más importante, piensa que el tema central no debería pasar por Punta Peuco, sino por la reflexión y el cambio profundo de las instituciones de las fuerzas armadas, las que deberían entregar toda la información que tienen sobre el paradero de los desaparecidos y las circunstancias en que fueron asesinados tantos chilenos. Ese es el gran vacío que deben llenar los uniformados. También está pendiente la creación de una nueva doctrina militar, basada en el irrestricto respeto a los derechos humanos y el rechazo a toda concepción que pueda trasformar a parte de los chilenos en enemigo inter