Guatemala. Justicia: cómo te extrañamos. Por favor, regresa a protegernos
Pobreza y desigualdad, dos factores determinantes de la realidad en Guatemala. La pobreza el año 2023 alcanzó el 56.2 por ciento y 15.6% sobrevive a duras penas en condiciones de extrema pobreza. Detrás de estas cifras, se parapeta la corrupción, la falta de acceso a la justicia para ciertos grupos, la ineficiencia en la aplicación de leyes y la debilidad de las instituciones judiciales. Lo dijo muy bien el escritor Carlos Fuentes en una visita a Guatemala: la corrupción es una de las formas execrables de robarle a los pobres
La mayor responsabilidad en la ausencia de justicia es la falta de independencia judicial sostenida por jueces y funcionarios al servicio de la depredación y la persecución a quienes no forman parte del pacto de corruptos.
Conversamos con dos personeros que debieron exiliarse para salvar la vida. Virginia Laparra, exfiscal Anticorrupción y Jordán Rodas, exprocurador
La noticia dice así. Al igual que la reunión extraordinaria del 30 de octubre, en la que el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez informó al Consejo de la OEA que la democracia del país se encuentra bajo un asedio de guerra legal organizado por actores corruptos dentro del sistema de justicia, con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Nuevamente, los representantes de los Estados miembros de la OEA brindaron hace dos días su respaldo total al mantenimiento del orden constitucional, el respeto a la democracia y la preservación de la estabilidad política en Guatemala. Pregunto ¿no es exagerado decir que está en marcha un proyecto de golpe de Estado en Guatemala?
Jordán Rodas. No es exagerado. Guatemala es un país en el que cualquier circunstancia política puede pasar y más vale prevenir que lamentar. Lo que sí es cierto es que el Pacto de Corruptos o Alianza criminal, integrada por empresarios inescrupulosos, políticos y funcionarios del Estado, especialmente del sector justicia y otros, no descansa porque les preocupa mucho que se acabe la impunidad de la que han gozado las últimas décadas. El temor es justificado porque hay un año clave en la designación de Fiscal General y jefe del Ministerio Público. El proceso de designación o elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral; no es cosa menor la elección del rector de la Universidad de San Carlos, que tiene un papel importantísimo en la conformación del Estado y también la Contraloría General de Cuentas. Todo eso hace pensar acerca de la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional. Hay que recordar que ese respaldo fue indispensable para que Bernardo Arévalo asumiera el poder ejecutivo. Como también no hay que olvidar el apoyo de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas.
Virginia Laparra. El presidente Arévalo solicitó una reunión extraordinaria de la OEA en el marco de la Carta Democrática Interamericana para abordar las amenazas al orden constitucional y democrático. Es algo que viene desde antes que tomará posesión, como lo ha dicho Jordán. Ahora, la embajadora Claudia Escobar Mejía, presentó los argumentos de Guatemala ante el Consejo denunciando las acciones arbitrarias e ilegítimas de operadores y del Ministerio Público que han buscado desde el inicio distorsionar los resultados electorales de 2023 como desestabilizar al Gobierno. Es alarmante que un juez penal se crea con las facultades para anular elecciones generales. Cuando en realidad es una responsabilidad que le compete únicamente al Tribunal Supremo Electoral. Pero eso Orellana no lo entiende (Orellana ingresó a la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. señalado como actor antidemocrático)
En ese contexto, los países miembros de la OEA aprobaron la resolución por unanimidad, reafirmando su apoyo a la democracia y al orden constitucional. Se insta a las instituciones del país que respete los principios democráticos que en teoría la Corte de Constitucionalidad no se atreve a establecer que Freddy Orellana cometió un delito en flagrancia. El hombre debería de estar fuera de la judicatura y procesado. ¿Quién es nuestra Fiscal general? Consuelo Porras, quien fue puesta ahí para defender los intereses corruptos de todas estas personas, para socavar la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho de Guatemala.
En esas condiciones la OEA anuncia el envío de una misión especial para acompañar los procesos de selección de autoridades judiciales y las de control del 2026.
Tenemos procesos de selección de autoridades judiciales, pero quienes han iniciado y mantenido este ambiente de terror, no solamente en lo individual, persisten en su proceder. Ahí está el tema de una clara afrenta al orden constitucional de un juez de primera instancia y los jueces de primera instancia, si los queremos remover de manera legal, es mediante un procedimiento administrativo que finalmente, como en este caso, es claro y es evidente que hay faltas tan graves que posibilitan una resolución clara de destitución. Pero lo que hacen es sembrar el miedo, porque personas como yo, Virginia Laparra, fueron encarceladas precisamente por eso, por hacer denuncias administrativas. Es lo que intentan, ganar espacios y tratar de convencer con estas acciones ilegales que no es posible actuar de manera legal.
Ante estas circunstancias no lo considero exagerado. Guatemala ha estado y sigue estando en un peligroso margen de ruptura del orden constitucional. Lo vimos con claridad cuando las estructuras capturadas, secuestradas, intentaron, evitar la toma de posesión del presidente Arévalo. Fracasaron. Con el apoyo de todas las comunidades ancestrales, se logró que él tomará posesión. Hoy en día los defensores de la libertad son perseguidos y tenemos personas presas. No hay ninguna exageración en la calificación de la crisis y la amenaza al estado de derecho.
A propósito del aprovechamiento de ciertas circunstancias y de ganar tiempo y terreno para que las cosas no vayan por el buen camino. Tres magistrados del Consejo Supremo de Justicia solicitaron días de vacaciones que impiden celebrar sesiones del Pleno enfocadas en la elección del presidente del Poder Judicial. Es decir, aquí no estamos hablando solo de Consuelo Porras y de unos dos o tres nombres más. Es mucho más amplio el abanico de quienes están integrados en este llamado pacto de corruptos.
J.R. Efectivamente, es más amplio. Pensar que el mal se termina con el cambio solo de Porra sería equivocarnos, porque el mal está enquistado en el sistema en general junto a un grupo de jueces y magistrados.
Así es como se determina que la Corte Suprema de Justicia, que fue electa en esta legislatura, debemos tenerlo presente, los 23 diputados oficiales del Partido Semilla, que fueron apoyados por Bernardo Arévalo, quedaron satisfechos, dijeron que eran una corte balanceada. Vamos a ver que tan balanceada es. Yo tengo mis dudas porque recibieron el apoyo de 159 votos de 160 diputados. Entonces vamos a ver que realmente de qué están hechos estos magistrados. Porque resulta muy sintomático eso de excusarse para retrasar el proceso, porque esta elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial es muy relevante porque va a tener un papel protagónico, voz y voto para la designación de las seis personas que enviarán al Presidente de la República para elegir al próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
V.L. Este tipo de acciones implican una maniobra para bloquear la renovación institucional que el Estado necesita en este momento de manera urgente. Es un abuso de poder por parte de ellos, porque basado en el poder que tienen, pueden hacer lo que quieran a pesar de que tienen obligaciones específicas que cumplir y no las ignoran. Eludir sus funciones revela el nivel de captura y la ausencia total de un compromiso con la justicia. Cuando un poder del Estado decide no trabajar, la democracia entera, sufre
Causó buena impresión la noticia, hace pocos días atrás, de que presidente Arévalo iba a tomar medidas para sancionar al juez Orellana. Al mismo tiempo, da la impresión de que el presidente ha sido hasta la fecha, vamos a decirlo así, demasiado cuidadoso, tolerante respecto de medidas que se deben tomar para atajar las maniobras del pacto de corruptos. ¿Significa este hecho de que estamos ante un cambio de mentalidad en la autoridad suprema del país?
J.R. Hay que interpretar su accionar en base a su experiencia. Él es un excelente académico, con una vasta carrera diplomática, tiene cuatro años de experiencia como diputado en la anterior legislatura; y el legado que le dejó su padre, Juan José Arévalo, fue importante para ganar, pero ahora ejerce el poder y ahí es cuestión de interpretaciones. Yo, por ejemplo, pienso que pudo haber destituido a la Fiscal General el 15 de enero pasado. Porque la Constitución Política -soy profesor de Derecho Constitucional- no exige una sentencia firme. Reformaron la Ley Orgánica del Ministerio Público y ahí pusieron como requisito una sentencia. Pero la pirámide Kelsen (jurista austriaco Hans Kelsen), que es conocida mundialmente, establece claramente que la Constitución está por encima de cualquier ley ordinaria. Y ahí, en ese momento, con las autoridades ancestrales en pleno apogeo para defender la democracia junto con la comunidad internacional, era el momento oportuno. Él sabrá, opto por una estrategia mesurada. Será la historia que encargada de juzgar si tuvo sus aciertos, pero por el momento ya va para la mitad de su periodo y con Consuelo Porras en la Fiscalía.
V.L. El presidente ha actuado con mucha prudencia, quizá demasiada. El juez Fredy Orellana cometió flagrantes violaciones a la ley, suficientes para justificar su destitución inmediata y procesos penales simultáneamente. Debió destituir a la Fiscal General a no más entrar en el poder, pero no lo hizo. Hoy le están cobrando factura no solamente a él, que es perseguido y todo el tiempo en peligro de otro y otro antejuicio. No ocultan que lo que desean fervientemente es llevarlo a prisión. No entiendo la estrategia de no confrontar abiertamente el sistema capturado mientras se recuperan espacios. Pero también sé, porque lo vivo en carne propia, que cada día de inacción es un día más de abuso para quienes seguimos pagando injustamente el haber actuado en pro y en la construcción del Estado de Derecho y de la democracia en nuestro país. Aquí está Jordán Rodas, aquí estamos (se estima que aproximadamente los 86 exiliados. Una cifra que incluye a jueces, fiscales, periodistas, estudiantes y activistas que abandonaron el país por amenazas y procesos judiciales arbitrarios) lejos de nuestro amado país, por una persecución injusta, por el hecho de haber hecho a cabalidad nuestro trabajo con ética, con profesionalismo. La verdad no puede esperar eternamente y las víctimas tampoco.
Me agarro de sus palabras, señora Virginia La Parra, para expresar una opinión optimista. Pongámonos en el escenario posible de que todo transcurrirá normalmente y que al final de cuentas, la señora Consuelo Porras y los suyos se van de la magistratura del país. ¿Significa eso que quienes han padecido el exilio, que es una manera de provocar una muerte laboral y además privar a la gente de su dignidad, se va a reivindicar a las figuras que han trabajado como operadores de justicia en Guatemala para que vuelvan a sus puestos?
Eso sería de esperar, tener una ruta hacia una vida digna. Que a los que estamos en el exilio se nos garantice el regreso a nuestro país, teniendo un debido proceso. Hoy, aquello es inviable, a pesar de que ya lo dijo la Comisión Interamericana en una visita que realizó Guatemala el año 2024. También el Alto Comisionado de Derechos Humanos se preocupa por los exiliados y ahí se precisa una empatía por parte del presidente Bernardo Arévalo para ponerse en el lugar de nosotras y nosotros en el exilio. Él dijo que se iba a asesorar de los exiliados. Ahí están la exfiscal está Vicky Sandoval; Gloria Porras, exmagistrada C.C.; Miguel Ángel Gálvez; Virginia Laparra y tantos otros con un perfil destacado para colaborar en la reconstrucción de la democracia. Coincido con Vicky Laparra en que se trata de una tarea por realizarse con prontitud, en la que podemos ser útiles y estamos prestos a ello.
V.L. El hecho de que se vaya la Fiscal General sería un paso necesario, pero no es suficiente para que nosotros podamos regresar. Quienes fuimos criminalizados por combatir la corrupción reclama que deben desmontarse las redes que sostienen la persecución. Fiscales que redactan acusaciones falsas, jueces que dictan resoluciones a cambio de favores, actores externos que financian y ordenan la represión. Empresarios, funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido señalados por actos de corrupción. La propia Fundación contra el Terrorismo, a cargo de Ricardo Rafael Méndez Ruiz y su vasallo, Raúl Falla.
La reivindicación de todas las personas perseguidas dentro del país que están presas, que estamos exiliados, no depende solo de que ella se vaya, depende de que la justicia vuelva a hacer justicia.
Como muy bien lo ha dicho Jordán Rodas hay talento para apoyar al país. Hasta el momento no se lo ha tomado en consideración como se dijo al inicio. Para que nosotros podamos tener un regreso seguro hay que desmantelar la sociedad para el crimen, porque mientras sigan fiscales serviles a cargo de este tipo de casos. Mientras sigan jueces como Orellana en sus puestos y se manteniendo ese ese alto nivel de impunidad que existe en Guatemala es muy difícil el regreso y una reivindicación a todo el daño que se nos ha hecho.
J.R. Complementando lo que dice Vicky, los que estamos padeciendo, hemos padecido y seguimos teniendo las consecuencias de nuestro actuar legal y ético es porque somos sujetos de unas venganza. Existe un severo rencor en contra de quienes fuimos protagonistas en mayor o menor medida, de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces nos vino como un bumerán de odio en contra de nosotros y ojalá que llegue el momento, como usted lo dice, de reivindicarnos a todo nivel.
