El Salvador: someter a la justicia para gobernar sin incomodidades

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, modificó su biografía en las redes sociales. Debajo de su nombre, en la cuenta @nayibbukele escribe: «Dictador de El Salvador». Se trata de una ironía para sus partidarios y una confesión impudorosa para sus detractores. Entre sus políticas autoritarias destaca el asalto al sistema judicial. Conversamos con el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, trasladado de sede judicial por su crítica al golpe a la Sala de lo Constitucional y el rechazo a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial

Juez salvadoreño, Juan Antonio Durán

2021 es el año de la conmemoración de los 200 años del Bicentenario de la independencia de los países centroamericanos y son muchos los centroamericanos que se preguntan qué hay que celebrar. Quiero comenzar con esa consulta pesimista de los centroamericanos. ¿Hay mucho o poco que celebrar?

Creo que es muy poco, porque la situación de Centroamérica es, en términos de los sueños con los cuales los próceres de nuestra independencia fundaron nuestras repúblicas, se han frustrado. Si ellos pudieran ver en lo que se convirtió el esfuerzo de independencia, la lucha en contra de la tiranía, los anhelos de incorporar la visión de una república respetuosa de la Constitución, de la separación de poderes, estarían desilusionados con esos sueños y afanes en Centroamérica.

Ahí están el tema de la corrupción política, el del narcotráfico, la de los narco estados, el de las mafias, el del asedio de las pandillas, y la exportación de pandilleros al otro lado del mundo.

Todo ha sido producto de una crisis estructural cimentada durante décadas de desigualdad social y económica. Las cúpulas económicas, las oligarquías han antepuesto sus intereses y ansias para generar riqueza para ellos mismos. Hay poca o nula distribución de las riquezas. Eso genera un panorama social económico e institucional terrible, porque las instituciones han sido tomadas por personas que se han aliado con la delincuencia organizada a través de mafias, de pandillas, del narcotráfico.

Los esfuerzos, por ejemplo, de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que terminó expulsando, hace algunos años, al responsable de la CICIG, que hacía un trabajo excelente. Pero cuando tocó a las estructuras de poder lo expulsan prácticamente del país. Hay persecuciones contra jueces. La misma Corte Constitucional ha autorizado un antejuicio contra la jueza Erika Aifán. Honduras es prácticamente un narco estado. El hermano del presidente ha sido condenado por narcotráfico (Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos el 30 de marzo del 2021) y el mismo presidente es señalado por lavado de dinero. El caso de Nicaragua no se diga.

De las cinco República solo Costa Rica los próceres de aquellos días podrían decir, ahí caminamos hacia nuestros sueños.

De lo general a lo particular. Yo lo llamo por el artículo 144, mediante el cual se establece que no menos de 216 jueces deben renunciar a su cargo, de los cuales prácticamente un ciento ya lo ha hecho para obtener una compensación económica. ¿Tan grave es la crisis desatada por la promulgación de este artículo?

Esta es como la segunda fase de la cooptación del Órgano Judicial. La primera empezó con la decisión que tomó la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, cuando removió a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Además, impuso cinco magistrados, llamémoslos así, porque son los cargos que nominalmente ocupan, pero de modo inconstitucional, porque no fueron sacados de la lista que señala la Constitución, que es la del Consejo Nacional de la Judicatura para proponerse para el periodo 2018 – 2027.

El Decreto Legislativo 144 también pretende atacar la base de la judicatura independiente. Prácticamente se somete a los jueces a una jubilación forzada de quienes están en sus cargos y tienen 60 años o 30 años de servicio. Han desarticulado tribunales clave, por ejemplo, la Cámara Medioambiental o la Cámara Ambiental, que conoce de casos de conflictos entre los proyectos urbanísticos y los problemas de impacto ambiental en la construcción, o que afectan el patrimonio cultural histórico en territorios donde hubo mucha presencia indígena precolombina.

Es una manipulación de la institucionalidad del Órgano Judicial desde el Ejecutivo, porque el Legislativo, con el triunfo que le dio el pueblo al presidente Bukele, obtuvo la mayoría calificada para decidir sobre asuntos de interés. Pero, la Asamblea Legislativa no tiene competencia para remover a los magistrados de la Sala Constitucional porque no le gustaron los fallos al Ejecutivo.

No quieren límites, no quieren controles, por eso hoy tienen a disposición al Legislativo y buena parte del órgano judicial. Digo buena parte porque todavía hay algunos que vemos esto como una amenaza para la democracia.

El discurso del presidente Bukele puede tener una acogida importante dentro de la población, cuando él señala que lo único que hace el Gobierno es sanear una justicia que no ha cumplido con su deber a través del tiempo y necesita una transformación profunda para servir los intereses del pueblo.

Esa afirmación es falsa porque a los jueces independientes, los mejor cualificados, ven la importancia de lo judicial como órgano de control del poder, como un poder contramayoritario incluso.

Aquí el tema de la corrupción no es solamente aquel que recibe dinero a cambio de decisiones, sino que hay modalidades de corrupción, como el clientelismo, con una cadena de favores entre el poder político y la alta magistratura, desde la que baja al resto del órgano judicial con nombramientos irregulares, de personas menos preparadas. Hay una serie de lealtades personales en lugar de lealtad a la Constitución y a la ley que impregna a la judicatura. Es de allí que se ha afianzado el Presidente para llevar a cabo un plan para doblegar al judicial.

Así que es falso que él lo hace con esa intención de saneamiento. Por el contrario, se alía al esquema de corrupción y a estos funcionarios señalados por corrupción para hacer la purga contra los jueces independientes.

Él ha dicho también que lo que está haciendo es limpiar la casa. Él puede limpiar la casa del Ejecutivo, porque del Legislativo se deben encargar los legisladores y del Judicial nos debemos encargar los jueces. Hay una injerencia indebida que no se respeta la separación de poderes. Imagínese que un vecino quiera meterse a su casa a arreglársela, eso sería impensable. Por lo mismo, el Estado son tres casas distintas, separadas. Lo que podría hacer si tengo mal mi casa, es pedir herramientas al vecino. Es muy distinto que el judicial pida ayuda y este decreto legislativo 144 ha sido a iniciativa del vecino legislador, cuando según la Constitución, esa potestad solo la tiene la Corte Suprema de Justicia.

Cuando un gobierno, cualquiera que éste sea, comienza a monopolizar el poder, a juntar las instituciones y manejarlas desde el Ejecutivo, se producen fenómenos que son particularmente perjudiciales para la democracia. Uno es el miedo. ¿Sucede eso en El Salvador?

Por supuesto. No solamente con los jueces de todos los departamentos, sino con las organizaciones sociales. El golpe del 1 de mayo tuvo un impacto sicológico muy fuerte, en el que no solo se hizo uso de la mayoría de la asamblea, sino también de la fuerza de los miembros de la policía. Así como invadió la Asamblea Legislativa con el Ejército el 9 de febrero de 2020, el Palacio de Justicia fue también ocupado por la policía para instalar estos magistrados espurios, usurpadores, golpistas y allanaron los despachos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Eso impacta psicológicamente porque no solo es un tema de fuerza derivada del poder de las mayorías, sino además del uso de la fuerza que intimida a cualquiera. El miedo paraliza, genera inactividad, intenciones de huir, hace que la gente se vaya del país por miedo, porque no ve esperanzas y percibe riesgos que caigamos en la opresión y la represión, como las de la década de los setenta.

Muchos padres aconsejan a sus hijos que no pongan nada en sus redes sociales, que ni siquiera den un like, que no se pronuncien. Los padres no quieren que sus hijos vivan lo que les tocó vivir a ellos. Platico con mis alumnos y me dicen mi mamá me pide que no diga nada. Pensemos en el bullying en las redes sociales. El manejo mediático que tiene este gobierno con los troles y con la gente que todavía cree en su discurso mesiánico. Hay un bombardeo de publicidad, y una serie de herramientas retóricas con las que se ataca, se desacredita, se desprestigia a cualquier opositor o persona que exprese el disenso hacia el presidente.

Todo es lluvia y halagos hacia él, porque hay un culto a la personalidad en el que los ministros son invisibilizados. Todo recae en él, incluso las decisiones que ha tomado del no pagar la deuda política a los partidos antes de las elecciones. Todo se quiere centralizar desde el órgano Ejecutivo. Aquello que fue el esfuerzo y triunfo en la Constitución de la República para que los gobiernos locales y los municipios tuvieran derecho a que, desde el órgano central, se les repartiera un porcentaje de los impuestos en proporción a la población para desarrollar proyectos de desarrollo social y económico resulta que el Presidente no les da un cinco. Todo lo quiere centralizar y que sea su rostro el único relevante en cualquier rincón y en cualquier municipio. Esa es la visión de este culto a la personalidad enfermiza, impropia de las democracias. Y asusta. Pero también el 15 de septiembre marca un punto de inflexión, porque se demostró con esa marcha que la gente perdió el miedo y está harta de todas las ilegalidades y arbitrariedades del presidente.

¿Se van a medir fuerzas públicas el día 12 y el día 17, el día 12 por parte del gobierno y el día 17, por lo menos la convocatoria de 34 organizaciones sociales de El Salvador?

Se encienden ciertas señales de alerta, como por ejemplo el tema del incremento en la inversión militar, la reducción del presupuesto de la Universidad del Salvador. En vez de cumplir su promesa de campaña de fortalecer la inversión en materia académica, de educación, en salud, desea duplicar el ejército, poner 20.000 elementos más en el ejército. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué vamos a incrementar un ejército en estos momentos? Estas señales ponen en riesgo nuestra democracia, porque este ejército lo quieren para defender su régimen. Más que medir fuerzas es gente preocupada, saturada de tanta arbitrariedad. Entonces creo que se trata de un anhelo, un ansia expresarse.

Usted sabe que de una crisis profunda se puede salir solo de dos maneras, o peor o mejor.

Prefiero ver a las crisis como oportunidades y tengo la confianza que de esta vamos a salir fortalecidos. Hemos solicitado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y confiamos en que estará a la altura, que no tengamos que esperar 17 o 18 años para que dicten una sentencia como en el caso paraguayo. Una justicia que tarda demasiado no es justicia. Hay que rescatar lo poco que queda de institucionalidad del país. El llamado al sistema interamericano es para que actúe con una acción contundente frente a este comportamiento reñido con los derechos humanos.

 

José Zepeda

Periodista, productor radiofónico, capacitador profesional.

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