Violación de la constitución y fraude electoral en Honduras
Los argumentos de la oposición hondureña sobre la reelección del presidente Juan Orlando Hernández son dos: candidatura inconstitucional y fraude electoral. Las consecuencias parciales de las protestas sociales poselectorales arrojan la muerte de al menos 18 personas y la pérdida de millones de dólares para el estado y el empresariado nacional. Se habla de cerca de 600 millones de dólares. A pesar de la magnitud de los acontecimientos en materia democrática, en violación de la ley, en pérdida de vidas humanas, los medios de comunicación internacionales parecen, como siempre, indiferentes con lo que sucede en Honduras.
Según el censo de 2016 Honduras tiene cerca de nueve millones de habitantes, más un millón emigrado a estados Unidos. Una cantidad superior al 60% de la población sobrevive bajo el umbral de la pobreza, el 20% lo hace en la pobreza extrema.
El capítulo más reciente de la historia del país centroamericano comenzó en el momento en que 16 parlamentarios del partido del presidente Juan Orlando Hernández presentaron un recurso de derogación de la segunda parte del artículo 239 de la constitución. La petición es señera porque se trata de una maniobra poco delicada para perpetrar una ruptura flagrante de la ley. El artículo 239 consta de dos partes. La primera dice textualmente que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o Designado”.
Breve, categórico, inequívoco. El que haya sido presidente no puede volver a serlo. La constitución es de 1982 y fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente.
La segunda parte del artículo 239 se elabora con el propósito de evitar que intereses particulares pretendan revocar esta decisión. Para ello se amenaza a los futuros pretendientes con las penas del infierno. La segunda parte dice así:
“El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
El espíritu de la letra es cerrar a cal y canto la posibilidad de reelección. Es precisamente esta parte la que sala de constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha derogado.
El jurista Edmundo Orellana, ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores, entre otros cargos, asegura que el fallo de la Corte Suprema de Justicia “desconoce la voluntad del pueblo hondureño que es el único que tiene la potestad de constituir el estado, el ordenamiento jurídico como de reformar el texto fundamental que regula la vida institucional, establece los valores y principios que rigen las relaciones entre el estado y los particulares y la de los particulares entre sí. Se violentó la voluntad popular y la Sala se constituyó en soberano.
Ante esta realidad se impone una pregunta obvia: si se estaba violando de forma tan descarada la ley, por qué la oposición fue a las elecciones.
“El consejo más oportuno del momento era que no fueran parte del proceso electoral. Sin embargo, en la oposición prevaleció la idea de que, de no participar los grandes partidos, como el Liberal, no significaba que los demás no participasen, y esos partidos pequeños iban a legitimar las elecciones con la participación mayoritaria del partido Nacional”.
Además, personajes como Manuel Zelaya, acariciaban la posibilidad de ser candidatos en el futuro, ahora que se derogaba la ley que lo impedía. Es decir, la desaparición de la prohibición también tenía simpatías en los líderes de la oposición. Lo ocurrido al fin de cuentas fue una corresponsabilidad entre los perpetradores y los supuestos políticos defensores de la constitución. No se entiende de otro modo la participación. El haber acudido a las urnas legitimó las aspiraciones continuistas de Hernández.
Otra cosa es el fraude. El presidente de la república tiene el control absoluto de la institucionalidad electoral. La oposición fue incapaz de avanzar en reformas electorales que permitían abrir espacios para evitar que el presidente alcanzara el poder que hoy tiene. Por ejemplo, la segunda vuelta electoral, que hubiera sido un desahogo para la gran tensión que vive el pueblo hondureño.
La crisis es compleja. Las razones no son precisamente las que están en boga. El país parece atrapado en un conflicto por el poder entre dos extremos que se alimentan mutuamente. Calificar de conservador y fraudulento el papel del gobierno y en particular del presidente Juan Hernández es correcto, pero creer que es de izquierda la alianza opositora es un error.
Un amigo hondureño decía telefónicamente que quienes consideran a Salvador Nasralla un hombre de izquierda sufren de delirio. Salvador es neoliberal y populista. Declara, por ejemplo, no ser admirador de Pinochet, pero sí partidario de su modelo económico y, además víctima de injusta mala fama.
Lo cierto es que Nasralla no ha tenido jamás una preferencia política clara, ni una visión profunda de la realidad nacional ni soluciones viables para los problemas que aquejan al país.
Lo que sí tiene Nasralla es popularidad conseguida a través de las cámaras. Situación que fue aprovechada por sectores populares que estaban ayunos de un líder que los representara. Fue así como Salvador logró el apoyo de muchos de que los que estaban fuera de los partidos e incluso de militantes cansados del tradicional trasiego político hondureño. Además su verbo fácil gusta a la gente.
Tras el acto electoral del 26 de noviembre, la Organización de Estados Americanos, OEA, calificó el proceso como plagado de irregularidades. Pese a ello varios países, entre ellos Argentina, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Francia, Corea del Sur y, ciertamente, Estados Unidos han dado su respaldo a la reelección de Hernández.
Las particularidades de la crisis en Honduras han desempolvado el viejo agravio de “república bananera”. Orellana dice que sí y no. Sí, porque Honduras depende grandemente de la ayuda de los Estados Unidos y la influencia del gobierno de Washington siempre ha sido elevada. Un simple guiño puede ser suficiente para entorpecer la otorgación de un préstamo de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario internacional. No, porque existe una suerte de vasos comunicantes entre todos políticos, sean de color que sean, que los une y que en ciertos momentos han logrado enfrentarse a Estados Unidos. Ese fue el caso del golpe de estado del 2009, que se dio contra la voluntad expresa del gobierno de la Casa Blanca. Honduras, país su generis.
Todo parece indicar que continuarán las protestas por cierto tiempo, que el presidente Hernández tomará posesión de su cargo y que la nación irá a los tumbos entre la búsqueda de la estabilidad social y la indignación popular por el fraude.
Edmundo Orellana considera que la oposición no ha actuado con inteligencia. Cuando se cayó el sistema de conteo durante diez horas, era el momento en que la oposición hubiera exigido en forma pacífica pero masiva en todo el territorio nacional que se dieran los resultados con la tendencia manifiesta a favor de la oposición. No fue así y ello permitió el manejo de las cifras para terminar en lo que terminó.
Las idas y venidas, las contradicciones dentro de la oposición han favorecido al presidente y a los suyos. Se ha puesto de manifiesto que no había tal alianza, lo que había era un contrato entre partes desiguales unidas por intereses de corto plazo y escasa relevancia.
El problema está en la oposición, no en el gobierno. Aunque es preciso hacer una diferencia entre los dirigentes y el pueblo que ha rebasado a sus líderes. Unos líderes que están lejos de la estatura necesaria para enfrentar los dilemas que aquejan al país.
La desgracia de Honduras no se debe a Estados Unidos, sino al atraso político hondureño. Porque se anteponen los intereses de grupo, empresarial en la mayoría de los casos, a los intereses del país.
