El Fiscal de la Corte Penal Internacional demora la orden de arresto para Maduro

Instituciones como la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han documentado en los últimos años la falta de una administración de justicia efectiva y la inexistencia de independencia en el poder judicial venezolano. Ante esta realidad, Márquez argumenta que no se puede seguir hablando de complementariedad. En su declaración, enfatiza que «el deber del fiscal es actuar y enjuiciar a Nicolás Maduro y a los miembros de su cadena de mando».
Asimismo rechaza los argumentos presentados por Khan ante la Asamblea de los Estados Parte reunida en La Haya entre el 02 y el 07 de diciembre y exige que el fiscal cumpla con su obligación de emitir una orden de captura contra Nicolás Maduro, a quien identifica como el principal responsable de los crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela. Según él Maduro es responsable de los Crímenes de Lesa Humanidad como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, lo que incluye su responsabilidad personal en los hechos denunciados, según el Estatuto de Roma.

A la luz de estas preocupaciones, se subraya que más de 11,500 víctimas han buscado justicia entre 2023 y 2024 a través de la Sala de Asuntos Preliminares y la Sala de Apelaciones de la CPI.

La fiscal anterior, Fatou Bensouda, fue criticada por demora en los exámenes preliminares, y ahora el fiscal Khan enfrenta acusaciones similares al invocar el principio de complementariedad.

Karim Khan, quien lleva más de tres años al frente de la investigación, Y a pesar de las abundantes pruebas presentadas no se emite aún una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro.

Durante la Asamblea de los Estados Parte los gobiernos de Argentina, Panamá y Uruguay, manifestaron su preocupación por la injustificada demora en la tramitación del expediente sobre crímenes atroces cometidos y que se siguen cometiendo en Venezuela. A su vez exigieron a la CPI acelerar la investigación sobre estos crímenes.

Llamamos a Venezuela para conversar con Walter Márquez

El fiscal Karim Khan ha dicho tres cosas: que el principio de complementariedad tiene plazos que se agotan. Segundo, que la Corte no ve por parte del gobierno venezolano la implementación de medidas para restablecer el respeto de los derechos humanos. Y tercero, que existe gran preocupación por los presos políticos, especialmente por los jóvenes que han protestado pacíficamente. Sé que usted, como todos los familiares de las víctimas, desean que la orden de detención de Maduro sea ayer. Pero a lo mejor los tiempos de la justicia internacional no marchan al mismo tiempo que las urgencias de las víctimas.

Es importante para mí agradecerte, José, por este esfuerzo tecnológico de comunicarnos desde La Haya con San Cristóbal en la frontera entre Venezuela y Colombia.

El fiscal Karim Khan está empleando una estrategia dilatoria con el argumento de la complementariedad. Él dice que se está agotando la complementariedad. No es que se está agotando, es que se agotó, porque la complementariedad funciona cuando los países internamente investigan y cuando no lo hacen la Corte es una instancia de complementariedad de la justicia internacional. Pero en el caso de Venezuela, los denunciados son miembros del alto gobierno que sus causas deberían ser tramitadas por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y no hay una sola investigación en la jurisdicción interna contra Maduro y los miembros de la cadena de mando de su gobierno.

Por lo tanto, el fiscal está obligado a procesar a Nicolás Maduro. Él habla de que la cancha está abierta para que actúe Venezuela. Pero en esa cancha los porteros están alineados con las Fuerzas Armadas, con el Tribunal Supremo y con el Fiscal General de la República. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el Gobierno se autoincrimine y autocondene. Tal y como lo ha demostrado a lo largo del tiempo.

Segundo, no ha tomado ninguna medida porque el Gobierno no va a facilitar su crecimiento, no va a hacer reformas que vayan en contra del régimen para facilitar la administración de justicia.

Con respecto a los presos, es lo que se llama una puerta giratoria. Entran unos y salen otros y los que salen son como una negociación para que la comunidad internacional vea que el gobierno hace concesiones. Por esa razón nosotros condenamos no solamente la detención arbitraria de líderes políticos, sino en los meses posteriores a los resultados electorales han detenido a muchos jóvenes menores de 18 años, hasta niños y personas con discapacidad.

Por esas razones rechazamos que el fiscal no haya tomado medidas cautelares preventivas, como lo ordena el preámbulo del Estatuto de Roma y los artículos 25 y 53 de esta norma internacional. En otras palabras, el fiscal está obligado a actuar preventivamente frente a los crímenes que se han o se vayan a cometer.

Existen dos posiciones respecto de las posibilidades del futuro inmediato de Venezuela: una optimista en la que estaríamos a las puertas inminentes de un cambio político, social y económico en Venezuela. Y la otra, que lo que viene es un poco más de lo mismo, es decir, la reiteración de padecimientos de un gobierno totalitario. ¿Dónde se ubica usted?

Como historiador creo que en el tiempo se han dado una serie de procesos. El primero es que Maduro perdió la legitimidad popular y el 28 de julio, en el caso del Táchira, los resultados electorales fueron que recuperamos el 97% de las actas y la estadísticas fueron de 82% a favor de Edmundo González y 16% para Nicolás Maduro, ¡una diferencia de 66%! Un candidato que saca el 66% de diferencia es un resultado demoledor. Con respecto a los resultados nacionales, se recuperó el 83.5% de las actas y así se pudo contabilizar electoralmente que Edmundo González sacó el 67%, Maduro el 30%. Es decir, Edmundo González obtuvo una diferencia de 37% por encima de Maduro. Y Aunque faltaron 16.5% de las actas la diferencia es tan abrumadora que cubre cualquier deficiencia electoral.

El resultado electoral fue tan sólido que obligaba al Gobierno a buscar una solución negociada. Al no haberla hay dos posibilidades: la razón o la fuerza. Se está agotando la razón. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo señala que se debe garantizar el Estado de Derecho para no obligar a los pueblos a recurrir al extremo de la rebelión popular. En Venezuela puede haber un alzamiento popular apoyada por una rebelión militar. Nosotros no estamos en condiciones de decir que va a ocurrir, pero tampoco estamos en condiciones de decir que no va a ocurrir. Cualquier variable se puede imponer. Pareciera que se apaga la vía democrática y diplomática y pudiera haber una solución de fuerza que nadie quiere. Todos queremos la paz.

Si Maduro se aferra al poder, pudiera haber un estallido social acompañado de una rebelión militar espontánea, porque los militares son pueblo que también votaron y están pasando necesidades como el resto de la población.

La situación es muy compleja. Pero lo que sí es cierto es que a partir del 10 de enero, Maduro, además de legitimidad popular, carece de constitucionalidad en el ejercicio del poder y se convierte en un presidente de facto, en una dictadura y una tiranía. No sabemos lo que va a ocurrir el 10 de enero, pero ese día Maduro concluye su mandato constitucional y pudiera entrar en una etapa de dictadura, lo que puede acarrear responsabilidades de todo orden. Por eso el papel de la Corte Penal Internacional es fundamental, porque puede contribuir a una solución pacífica y democrática, imponiendo el Estatuto de Roma como una salida a la crisis producida por la violación de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad y la persecución política que se ha dado en Venezuela.

Señor Karim Khan, la cancha no está en Venezuela, está en La Haya y usted tiene que meterle el gol a la Justicia para que reine la democracia y la libertad en Venezuela.