España no juzgará crímenes internacionales
España ha presentado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que anulará prácticamente competencia para enjuiciar, entre otros, los delitos de genocidio y lesa humanidad, en juzgados españoles. Si se aprueba la ley, se pondrá fin a una docena de juicios internacionales que en están en proceso de instrucción. Entre los casos abiertos se encuentra uno contra la cúpula del Partido Comunista de China por el genocidio en Tibet, y los vuelos que la CIA realizaba, en secreto a través del espacio aéreo de diferentes países, con el fin de trasladar presos a la bahía de Guantánamo.
Motivo de la propuesta son la irritación y la amenaza china de tomar represalias contra España. Pekín es, después de Francia, el mayor tenedor de deuda española en manos extranjeras. Las autoridades chinas han expresado su irritación ante el embajador español en Pekín después de que un juzgado español anunciara, en noviembre pasado, que procederá judicialmente contra cinco miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino por el genocidio perpetrado contra el pueblo de Tibet.
La nueva ley, que cuenta con la aprobación de una mayoría absoluta del partido gubernamental PP, establece que las víctimas deben tener la nacionalidad española y que los autores deben encontrarse en territorio español. En la nueva legislación ya no se respetará el principio universal de defensa de los derechos humanos que fue aplicado, por primera vez en 1998, cuando el juez español Baltasar Garzón procedió judicialmente contra la dictador chileno, Augusto Pinochet.
La propuesta de ley ha motivado acerbas críticas de los partidos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos. Estas agrupaciones acusan al Gobierno español de anular, a toda prisa y por intereses económicos, un principio internacional.
En la nueva ley se hace referencia a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, como un instituto más adecuado para llevar a cabo este tipo de procesos. Sin embargo, en muchos de los casos que se juzgan en España, los países involucrados en no reconocen la Corte Internacional de Justicia.