El desafío de la IA en los procesos electorales de América Latina y el Caribe

La expansión de la inteligencia artificial está modificando los entornos de los procesos electorales. También abre nuevas posibilidades de administración y supervisión de las elecciones. Los organismos electorales de América Latina y el Caribe exploran distintas formas de incorporación de estas tecnologías, para fortalecer capacidades institucionales, mejorar procesos internos y responder a desafíos emergentes asociados al entorno digital.
Carolina Martínez Elebi, investigadora argentina, especializada en el impacto de las tecnologías de la información en la comunicación y los derechos humanos, es coautora del estudio INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GESTIÓN ELECTORAL. Un mapa de América Latina y el Caribe.
Los países latinoamericanos implementan la inteligencia artificial en los procesos electorales de manera desigual. ¿Qué se puede decir de los beneficios de este recurso digital en los países más avanzados en la materia?
En tres casos en particular, Chile, Colombia y México, son los que más han explorado los distintos potenciales del uso de la inteligencia artificial en los momentos previos, durante y después del proceso electoral. Particularmente en el monitoreo de la desinformación.
Se trata de combatir narrativas que puedan afectar la integridad de la información, la integridad electoral. Esto ha permitido optimizar los procesos, teniendo en cuenta el volumen que deben examinar equipos pequeños. Son herramientas que posibilitan agilizar, ordenar e identificar la desinformación; sistematizarla y permitir al órgano electoral o a las distintas oficinas evaluar la actitud que asumen las entidades electorales. Este es el uso en el que más se ha avanzado.
Tenemos todo lo relacionado con la asignación de recursos, la gestión de la información y la planificación electoral. Este avance agiliza las operaciones y la logística en países grandes.
Los recursos limitados requieren el uso eficiente de los recursos económicos para la asignación de las mesas y la gestión de la planificación del proceso electoral. Todo indica que se van viendo las ventajas.
Es dable imaginar que en aquellos países en donde el resultado de las elecciones tarda a veces semanas —lo que crea inquietud y desconfianza— es posible que la inteligencia artificial ayude a reducir el tiempo de espera.
Llamó la atención en las entrevistas realizadas, por un lado, 13 encuestas a nivel regional con los distintos órganos electorales y, luego, siete entrevistas en profundidad con representantes de todos estos organismos, en algunos casos con los equipos completos, desde gente de comunicación, personal logístico e incluso del área de seguridad y de tecnología. Una de las cosas que emergieron fue prestar atención y cuidado en la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en aspectos más sensibles del proceso electoral, como la instancia de votación y el conteo de votos. Se empezó a utilizar, por ejemplo, en Argentina y México. Dos países que están avanzados en el uso de IA para el recuento, el análisis de voto y para las auditorías poselectorales. En esos casos la evaluación es positiva. La votación es a través de métodos tradicionales de cada país. Lo que sí se utiliza es en las actas, no en donde están volcados los resultados de los votos de las urnas y de las mesas electorales. Sí, se busca una sistematización en ese análisis.
Sin embargo, en otros países lo que apareció como bueno es que, para evitar posibles riesgos en áreas sensibles del proceso electoral, intentan cuidar y proteger todo lo que pueda conducir al aumento de la desconfianza. Sabemos que los sistemas de inteligencia artificial son cajas negras que, muchas veces, pueden aumentar la desconfianza de la ciudadanía respecto del origen de los resultados. ¿Quién los cuenta? Hay atención con eso, sobre todo en procesos que hasta hoy no se perciben con desconfianza, como es el caso de Argentina. Ellos dicen: quizás estamos un poco más atrasados en la incorporación de ciertas tecnologías, pero nos interesa resguardar la confianza en los resultados e incorporar la tecnología en aspectos menos sensibles.
Ya nos ocuparemos de las interrogantes y temores. Ahora interesa saber si los gobiernos están conscientes de que son necesarias varias medidas indispensables, como la eficiencia administrativa, la innovación institucional, la supervisión, la transparencia, la protección de los derechos y la confianza pública. Todo esto requiere un mayor esfuerzo.
Totalmente. Se percibe como prioridad para los órganos electorales ordenar algunas áreas administrativas y logísticas en sus rutinas productivas. Es decir, sistematizar, ordenar, y agilizar ciertas tareas. Yo mencionaba el área de comunicaciones, una de las que más ha incorporado el uso de tecnologías de inteligencia artificial. La orientación de la comunicación y de todos los servicios que estos órganos deben ofrecer a la ciudadanía. Algunos países han pasado de la etapa de exploración o de experimentación a la posibilidad de que la ciudadanía consulte directamente a los órganos electorales. La respuesta puede ser un diseño automatizado con inteligencia artificial, en algunos casos con alianzas con plataformas, como WhatsApp. Se ofrece, así, la información del día. El horario de votación. El número de mesas habilitadas; si la ciudadana está bien registrada en el padrón electoral.
Otro aspecto del uso de la IA se relaciona con los propósitos de transparencia. Este campo abarca el monitoreo de las campañas electorales, tanto de los partidos políticos como de los candidatos. Hay un gran potencial que aprecian los órganos electorales en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para avanzar en la transparencia, particularmente en todo lo relacionado con los fondos de las campañas. Un ejemplo concreto es averiguar el cumplimiento de las normativas en las campañas proselitistas en los medios digitales como en los medios tradicionales. Ahí también se ven oportunidades. Argentina y Chile ya comenzaron con la tecnología para estos objetivos.
Nada más alejado de mi propósito que exagerar, pero da la impresión de que estamos ante una mutación o transformación del Estado y sus instituciones, porque los procesos electorales y la inteligencia artificial impactan en diversos sectores de la administración estatal.
De hecho, hay esfuerzos de los distintos Estados. Por supuesto, como mencionaba usted al principio, con desigualdades propias de la coyuntura de cada país, sus capacidades presupuestarias, pero son conscientes del esfuerzo que se requiere y algunos lo pueden implementar de mejor manera que otros. Como son los casos de Chile, Colombia y México, que han modificado las estructuras de sus órganos electorales e incluso han comenzado a trabajar en normativas internas sobre los distintos modos de uso de estas tecnologías. Se han creado puestos nuevos en el sector público. Específicamente pensando en este rol tan importante, en lo que es ahora el territorio digital que el Estado debe ocupar, estableciendo reglas y extendiendo la presencia del Estado en el territorio digital.
Una suerte de puente para pasar de los beneficios y requerimientos a los temores e interrogantes es establecer que no se trata solo de una cuestión tecnológica y digital. Estamos ante el desafío de integridad electoral y garantías democráticas. ¿Cómo se hace eso? Sobre todo, ante las intromisiones no solo de agentes internos.
Ahí es donde la mayoría de los órganos electorales están más preocupados. Saben que el escenario actual, digital global, tal y como lo estamos viviendo, presenta desafíos y amenazas concretas a la integridad electoral. En una primera instancia la información que llega a la ciudadanía. Por eso los mayores esfuerzos a nivel regional están en el monitoreo de la información, de la desinformación en entornos digitales. Es decir, donde se constata que el factor de la información alterada por campañas, por manipulación informativa, por la orquestación de distintos tipos de narrativas, puede confundir a la ciudadanía y en algunos casos se ha identificado que son campañas que podrían provenir del extranjero. El comportamiento de actores digitales que alteran las narrativas, muchas veces son orquestados desde afuera. Por un lado, se trata de informar a la ciudadanía para que pueda decidir con información fiable y ejercer su derecho a votar. Por otro lado, el seguimiento de, si se quiere, del dinero, de dónde puede provenir el financiamiento de ciertas campañas. Ahí también hay actores centrales como las plataformas digitales, Meta, YouTube, Facebook, y otras en donde se encuentra la mayor proliferación de campañas que pueden alterar el proceso electoral. Por eso existen países que consideran arriesgado incorporar tecnologías de inteligencia artificial, que están diseñadas, la gran mayoría, por empresas situadas en otros países y con la imposibilidad, para los estados, de auditar, de monitorearlas. Entonces, como en el caso de Chile, se impulsa trabajar puertas adentro, con el desarrollo de capacidades, de presupuesto, de personal, para salvaguardar ciertos derechos y la integridad del propio sistema democrático. Se fomenta que el Estado no pierda el control de las herramientas de su sistema.
Sí, es un enorme desafío que se encara en diálogo, alianza y compartiendo los distintos hallazgos que van acumulando los organismos, porque entienden que esto es algo que no le compete solo a uno, sino que se trata de un tema generalizado.
Entre las recomendaciones del documento sobre Inteligencia Artificial y Procesos Electorales destaca la número cinco, que dice textualmente: “Impulsar regulaciones nacionales y marcos regionales específicos para el uso de la inteligencia artificial en contextos electorales”. Esta recomendación toca una de las principales preocupaciones a nivel mundial, la necesidad de una regulación urgente de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la percepción general en la región en estos momentos?
El escenario regional actualmente es un poco desafiante para el avance en ciertas políticas públicas que puedan llegar a poner límites a empresas no vinculadas con las grandes tecnológicas. Creo que la particularidad de la recomendación tiene que ver con pensar en una regulación que no sea amplia, ambigua y difusa, para regular a la inteligencia artificial, sino enfocarla en una problemática concreta, sensible para los estados como es tener un control sobre su sistema electoral y poner reglas o un marco que limite ciertos usos. No significa prohibir la innovación tecnológica, sino aprovechar las potencialidades que tiene.
Consideramos urgente establecer reglas y límites que pueden ser beneficiosos y en qué áreas de la gestión electoral. Donde conviene tener recaudos y actuar con precaución al incorporar tecnologías que hoy parecen opacas.




