Verdad, justicia y reparación restituyen la dignidad a las víctimas.
Víctor Rosas Vergara es abogado y actual vicepresidente de la Organización Nacional de Expresos Políticos de Chile. Desarrolla su actividad en el campo de los Derechos Humanos y trabaja en la defensa y presentación de demandas colectivas de los Expresos Políticos en Chile.
¿Cómo comenzaron estas demandas?
Hubo un largo período, posterior al golpe de Estado en Chile, en el que quienes estaban en el exilio y en la oposición interna al régimen militar tenían como única preocupación y anhelo el fin de la dictadura y el retorno al país. Recuperada la democracia, en marzo de 1990, el gobierno de Patricio Aylwin ignoró a los prisioneros políticos en la Comisión Rettig (la Comisión de Verdad y Reconciliación fue creada en abril de 1990). No se les mencionaba como víctimas. Ello equivalía a decir: “A ustedes no les pasó nada. Están vivos”. Se desconocía que, entre otras cosas, la tortura, como la desaparición, son crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, por una convicción antigua, democrática, se esperaba que, en algún momento, se les hiciera justicia a los presos políticos. No fue así durante años. Su participación, muchas veces, se limitaba a declarar ante la Comisión Rettig como testigos para acreditar que habían estado recluidos con algún prisionero que luego había desaparecido sin que nunca más se volviera a saber de él.
En aquel entonces la situación económica de los expresos políticos era desastrosa, tanto en el interior como en países vecinos como Argentina, y Bolivia. Muchos subsistían en estado de miseria, pero no estaba en su horizonte, de modo alguno, la reparación.
En el momento en que se comenzó a exigir compensaciones económicas, las víctimas estaban divididas entre quienes consideraban legítima y necesaria la indemnización como lo establece el derecho internacional. Pero otras víctimas creían que sus luchas nunca podían compensarse económicamente. Les parecía denigrante. ¿Cómo encaraba usted ese desafío?
Recuerdo exactamente el Encuentro nacional que tuvimos en Talca, allá en el año 2009 (en mayo de 2009, la Agrupación Nacional de Expresos Políticos de Chile (ANEXPP) y la Unión Nacional de Expresos Políticos (UNExPP) presentaron demandas civiles dirigidas al gobierno y al Parlamento). Exigían juicio especial de reparación, verdad y reconocimiento.
En esa ocasión, un abogado presentó en un librito azul lo que era una denuncia del terrorismo de Estado, acerca de la responsabilidad de la dictadura y de las consecuencias para las víctimas. El texto provocó revuelo. Hubo oposición de parte de los más jóvenes. De la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sentían vergüenza de ser compensados por el daño recibido. Decían: “Si agarramos los fierros, no fue por plata”. Les repliqué que la gran mayoría de la oposición a la dictadura no andaba con ningún fierro. Las armas aparecieron cuando la dictadura se prolongaba y empezaron a organizarse para la lucha armada, incluso vivimos el fallido atentado contra el general Pinochet. Pero todas esas acciones ocurrieron al final de la dictadura. ¡Por cierto, no era por plata! Pero nosotros, la gran mayoría de los expresos políticos, habíamos sido parte de un gobierno legítimo, con un programa modelo para el mundo. Todos observaban lo que pasaba en Chile, donde socialistas y comunistas gobernaban juntos. El fenómeno chileno era interesante y, la inspiración heredada del presidente Salvador Allende era un verdadero desafío ante la situación económica del planeta, porque él reclamaba un gobierno para el pueblo y no para los intereses económicos de las castas privilegiadas.
Hay una sentencia brutal, salvaje pero certera y popular, que ilustra la obligación de resarcir económicamente a las víctimas. Muchas de ellas no dudan en exclamar: ¡Nos cagaron la vida!
Efectivamente, nuestro proyecto de vida se había truncado, se había destruido nuestra esperanza de cambiar el mundo. Para la mayoría, lo más grave, era que la experiencia chilena fue derrotada por la tenaza del imperialismo que derrocó al presidente Allende. Los casi tres años de jornadas de emancipación nacional terminaron con un golpe militar que no solo afectó a las víctimas directas, sino que también provocó daños colaterales a todo el entorno familiar. Los que sufrieron tortura al salir en libertad ya no eran los mismos. Eran diferentes, en la gran mayoría de los casos. La ola represiva destruyó muchos matrimonios. Hubo familias que no resistieron la separación. Numerosos prisioneros políticos cayeron en el consumo de alcohol. Dejaron de ser el sostén de su familia. Y pasaron a ser una carga para los suyos. Les destruyeron para siempre sus proyectos de vida.
Esta tragedia no puede quedar como cosa del destino. No, fue una obra planificada y ejecutada por torturadores entrenados en la Escuela de las Américas, en Panamá, para perpetrar un crimen contra la humanidad en nuestro país.
La represión transformó a compatriotas en enemigos de la patria, en sujetos descartables. No cuesta suponer que una compensación económica es bienvenida, sobre todo para las víctimas pobres. Sin embargo, persisten las preguntas decisivas. ¿Hay consuelo? ¿Es posible entender hoy que aún existen compatriotas, familiares, que niegan el sufrimiento, aprueban los padecimientos de quienes no cometieron delito?
Resulta inexplicable el fanatismo de ciertos sectores que los lleva a desentenderse del drama que sufrieron miembros de su propia familia. A mí me sucede. Tengo parientes que votaron por Kast, o incluso son admiradores de Kaiser. Eso duele. Que te digan que te tienen mucho cariño. Sin embargo, aplaudirían si te detuvieran de nuevo, te torturaran, te hicieran desaparecer o te mandaran al exilio.
Usted dedica parte importante de su vida a intentar devolverles la dignidad a las víctimas. ¿Queda mucho por hacer?
Mucho. La gran mayoría de los consejos de guerra, que condenaron a miles de compañeros, siguen vigentes como sentencias. Varios abogados trabajamos, mediante un recurso de revisión para que esos juicios espurios sean considerados nulos y que de los juicios sumarios se derive una compensación económica por el daño causado a los que sufrieron sin usar jamás la violencia.
Ahora, en cuanto a la indemnización a los prisioneros políticos, el resultado siempre dependerá del tribunal que les asigne. El Consejo de Defensa del Estado, vergonzosamente, hasta hoy, usa todo tipo de tretas para establecer que la deuda está pagada, incluso con la miserable pensión Valech (La pensión de reparación de la ley Valech es un beneficio económico mensual otorgado por el Estado a las personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura) Han pasado años desde que se empezó a pagar esa miseria y claro el cálculo que entrega el Instituto de Previsión Social, IPS, de cuánto ha recibido la víctima en todos estos años de pensión (desde enero del 2005) llega a algo más de 40 millones de pesos (cerca de 30 mil dólares en 20 años) Siempre han tratado de perjudicar los intereses de las víctimas de la dictadura , por eso establecieron la incompatibilidad entre la pensión de exonerado político y la de prisionero político, Como tienen un beneficio, no pueden tener otro. Sin dar ninguna razón, se aplicó esta discriminación a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Cuando decíamos que la sociedad mira mal a los expresos políticos, no es solo la comunidad; también lo son los poderes del Estado, los parlamentarios, los gobiernos de la Concertación o de Piñera; todos fueron adversarios de compensar de alguna manera el sufrimiento de las víctimas. Ha sido muy cuesta arriba. Cuando iniciamos las demandas civiles, la que se presentó en el encuentro de Talca ni siquiera fue admitida a tramitación. El fisco interpuso una excepción dilatoria de que el libelo era inepto, porque no era posible presentar una demanda de 140 casos diferentes. Era diferente si uno era detenido por los marinos, por carabineros o por civiles. También era diverso haber sido detenido en Punta Arenas o en Arica y, por lo tanto, no era posible una demanda colectiva. El objetivo era impedir el acceso a la justicia. Las víctimas, en su gran mayoría, eran de muy escasos recursos como para acudir a un abogado. Esa fue una manera de negar el acceso a la justicia. Lo discutí con la presidenta del Consejo de Estado, Clara Leonora Szczaranski Cerda. Me decía: “Soy solo un voto en el Consejo”. Era una manera de mentir. Al parecer había instrucciones desde las altas esferas del gobierno para que no se hiciera nada en beneficio de los que habían sido, detenidos, torturados, desaparecidos, enviados a prisión y al exilio.
Podríamos decir, en conclusión, que la lucha por la dignidad, por el resarcimiento económico, no es un camino finalizado. Y aquellos que pretenden dar vuelta a la página están equivocados.
Nosotros, porfiadamente, decidimos seguir el modelo de la demanda de Valparaíso. Con el colega Eduardo Contreras, que en paz descanse, iniciamos una demanda de cerca de 300 personas. Fue la primera demanda colectiva respaldada por toda la Agrupación Nacional de Presos Políticos. Se estrelló con la excusa de que el líbero era inepto. Incluso daban un ejemplo de cátedra: para que las víctimas pudieran demandar de consuno debía tratarse de un hecho comparable al accidente de un autobús lleno de pasajeros que se da vuelta, cae al río y hay muertos, heridos y algunos desaparecidos porque se los llevó la corriente. En tal caso, todas las víctimas o los parientes de los fallecidos pueden demandar al dueño de la empresa de autobuses y al chofer. Ese es un caso típico. Yo, sin haberlo pensado antes, en el mismo momento del alegato, se me ocurrió decir: “Ese bus al que se refiere el Consejo de Defensa del Estado es un país llamado Chile, en el que estábamos todos dentro del bus y hubo desaparecidos, personas que quedaron inválidas, afectadas, y algunos desaparecieron, a los que se los llevó el río. Y, además, tenemos personas que iban colgando de las pisaderas, fuera del bus; ahí tenemos la Operación Cóndor”.
Fue impactante. Después de muchos fracasos de admisión de demandas, se admitió por unanimidad esa primera vez. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado siguió porfiadamente con lo de la ineptitud del libelo, que tenía que ser individual. Después alegaban que “ya había pasado la vieja”, que operaba la prescripción, que tenía que haberse demandado dentro de cuatro o cinco años de ocurridos los hechos. Imagínense en plena dictadura, ¿quién se iba a atrever a presentar una demanda? ¿Quién podía haberlo hecho sin arriesgarse a que lo mataran, lo volvieran a encarcelar o lo hicieran desaparecer? El Poder Judicial fue servil al dictador. Todos los recursos de amparo eran rechazados. No había justicia. Entonces, ¿cómo podía haberse presentado una demanda en tiempo y forma? Resulta que estos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Hay tratados internacionales, especialmente en lo penal. Pero no, a ellos no les parecía absurdo que no prescribiera el crimen, pero sí la reparación a las víctimas, es una contradicción absoluta.
Costó años de lucha. Desde el año 2001, con la primera demanda, hasta el año 2015, cuando por fin ganamos en la Corte Suprema la demanda de los prisioneros de Dawson. 31 personas que, por unanimidad, desde la primera instancia en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema dictaminaron pagar 150 millones de pesos a cada una de las víctimas. ¿Es deseable que aquellas víctimas que no han presentado una demanda lo hagan? Sí. Es una obligación del Estado reparar a las víctimas, y no puede aceptarse la excusa de que la situación económica del país no es boyante como para pagar deudas de esa naturaleza. Es un subterfugio inhumano. Es como argumentar: “Lo hecho, hecho está. Confórmese con que usted está vivo todavía”. En este caso específico se rompe la impunidad cuando el Estado reconoce, mediante la indemnización, que actuó mal, que asume su responsabilidad y compensa a las víctimas y les restituye aquello que nunca, nunca debió violar: su dignidad.
